Juan
Jované
La reciente reunión
entre el Ejecutivo y la Comisión del Pueblo Ngäbe -Buglé, a la cual asistimos
como asesores de esta última, merece una profunda reflexión, no solo en
relación a la actitud sumisa del gobierno de turno frente a los poderes
económicos y financieros externos y locales, sino que también sobre la forma en
que se han venido entregando los recursos naturales del país.
En relación a la
posición gubernamental, en primer lugar, llama la atención el hecho de que
luego de haber aceptado, tal como aparece en el acta de la 10ma reunión de la
Mesa de Diálogo de Barro Blanco, una agenda de discusión en la que, de acuerdo
al cuarto punto, se deberían discutir posibles y diversos escenarios, la
representación del Ejecutivo decidió violar este acuerdo.
En efecto, la
delegación del gobierno, pese a que la Comisión Ngäbe – Buglé había propuesto
discutir como primer punto la suspensión del proyecto, se circunscribió a
anunciar la definitiva decisión gubernamental. De acuerdo a esta no solo se
debería terminar de construir el proyecto con la ayuda de una especie de
“project manager”, entendiendo, además, que una vez terminado el proceso de
construcción la misma empresa que sistemáticamente ha venido violando los
derechos humanos de la población originaria y las regulaciones ambientales del
país, quedaría en posesión de la concesión y del proceso de generación
eléctrica. De esto surge una pregunta: ¿Qué hay detrás de esta drástica
decisión gubernamental?
Desde luego que
parte de la respuesta está en la presencia de un gobierno temeroso,
antinacional y carente de un efectivo sentido de solidaridad
social, el cual es capaz de poner por delante la llamada “seguridad jurídica”
del capital, aún cuando éste visiblemente ha atentado contra los derechos
humanos del pueblo originario, trasgrediendo, además, prácticamente todas la
normativas ambientales del país.
Esta repuesta, sin
embargo, no es suficiente, por lo que debe complementarse con un análisis de
los intereses económicos creados que están en juego en este problema. Esto
permitirá evidenciar dejando que la radical decisión del ejecutivo constituye
una forma de defenderlos.
Para comenzar, se
debe recordar que, en base al llamado Plan Estratégico de Gobierno 2015–2019,
el actual gobierno resulta ser el primer grupo de administradores de la cosa
pública que en forma abierta y no solapada proponen constituir a Panamá, aún en
contra de sus propias promesas de campaña, en un país plenamente disponible
para las actividades de la minería a cielo abierto, así como a los diversos y
graves impactos ambientales que la misma origina. La vinculación con el
problema que nos ocupa es clara: la minería es una actividad muy densa en
términos de la utilización de energía eléctrica. El problema, sin embargo, no
se agota en este aspecto.
Existe otra razón,
también vinculada a la acumulación por desposesión y despojo, la que se vincula
con las personas naturales o jurídicas específicas a las que se les entregan
las concesiones. En efecto, la forma prácticamente gratuita en que los diversos
gobiernos han venido entregando las concesiones hidroeléctricas constituyen una
entrega deliberada, a nuestro juicio cargada de corrupción, del uso exclusivo
de determinados recursos naturales.
Esta entrega implica
que los beneficiarios pueden apropiarse de manera regalada de la renta de la
tierra, tanto en su forma relativa, absoluta, como monopólica. Se trata, para decirlo
en los términos de Thorstein Veblen, de la cesión graciosa de un ingreso
no ganado a los beneficiarios de dichas concesiones. También se trata, ahora
utilizando el lenguaje de la Economía Política, de la creación de una forma de
capital ficticio que se entrega a los concesionarios, en condiciones que los
mismos lo pueden usar, si así lo tienen a bien, con fines puramente
especulativos.
Se evidencia,
entonces, que el Gobierno Nacional, con su última propuesta, busca mantener y
consolidar el modelo de desposesión que sobre los bienes públicos y los
recursos naturales han venido aplicando las sucesivas administraciones
gubernamentales. Se trata de un esquema en el que la creciente acumulación de
riquezas por los sectores económicamente dominantes se realiza por medio de la
rapiña y la negación de los derechos humanos de los pueblos originarios, así
como los que corresponden al resto de la sociedad.
En este contexto la
solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé es una necesidad inaplazable. En el éxito
de su lucha se encuentra un punto de inflexión necesario para detener y
revertir la política de saqueo que implica la aplicación de los preceptos de la
política neoliberal.
Ñagare Barro Blanco.
