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El gobierno argentino
ha iniciado una campaña de desarmar la política de DDHH. Empezó con
funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la
dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es
decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos
que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que
afectó a todo el pueblo y a la humanidad.
¿Acaso alguien
cuestiona que en los campos de concentración nazi murieron seis millones de
judíos? ¿Quién cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas
turcas asesinó a un millón y medio de personas? Sólo los nazis, sólo el Estado
turco.
Los desaparecidos
son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa
humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas
ausentes. ¿Quién explica a las madres y familiares víctimas de la represión que
los genocidas reciban beneficios, cuando hasta la fecha ni siquiera hay
arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el
paradero de sus seres queridos?
La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por tres votos contra dos, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes, no se otorgan los mismos beneficios. Y en paralelo se endurecen las leyes penales y de ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad, no afectarían la seguridad. No olvidemos la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y hostigamientos a los testigos de los juicios.
Toda persona que cumple una condena por delitos cometidos, debe ser tratado humanitariamente y darle todas las garantías dentro del marco de las leyes vigentes en cada país. Pero eso no significa reconciliación, ni mucho menos que el Estado les brinde beneficios por los peores crímenes cometidos en la historia de nuestra nación.
Ya de por sí se alojan en pabellones "vip" en mejores condiciones que los restantes detenidos, y son tratados de manera preferencial con regímenes permisivos, acceso a visitas especiales, computadoras y celulares. Gran cantidad de jueces les otorgan arrestos domiciliarios ante enfermedades leves o afectaciones menores, mientras que pocas veces otorgan la domiciliaria a presos comunes que padecen gravísimas enfermedades y mueren en la cárcel. La desigualdad ante la ley es muy clara.
La cúpula de la Iglesia Católica argentina, que tuvo en muchos de sus exponentes jerárquicos una activa complicidad con la dictadura genocida, ha impulsado en varias oportunidades iniciativas tendientes a asegurar la impunidad de los represores, como la llamada “Ley del Olvido”, señalando que el pasado fue doloroso, pero hay que mirar para adelante y pensar en la reconciliación.
Hoy vuelve a
plantear la reconciliación, que lejos de su concepto doctrinario, no tiene otro
sentido que favorecer el retroceso en materia de juicios de lesa humanidad y
resulta altamente funcional a un gobierno neoliberal que procura desdibujar las
políticas de memoria, verdad y justicia por las que nuestro pueblo ha luchado
durante años.
Pero no basta con
decir a la sociedad que todo es un hecho doloroso y que hay que mirar hacia
adelante. Lo que se siembra se recoge, no hay otra alternativa. Todos y todas
queremos cerrar las heridas pero no de cualquier forma y a cualquier precio. No
hay reconciliación posible sin siquiera reconocimiento de las culpas,
arrepentimiento y perdón, por eso la reconciliación no es ni será posible con
los represores argentinos. La reconciliación no es el olvido, ni impunidad.
El derecho es a la
Verdad, la Justicia y la Reparación del daño hecho. En este caso concreto
saber, dónde están y qué hicieron con los desaparecidos o sea, que las Fuerzas
Armadas y de Seguridad, rompan su pacto de silencio, esa suspensión de
conciencia que los lleva a la complicidad colectiva.
El Papa Francisco
está colaborando con la desclasificación de archivos del Vaticano sobre lo
ocurrido en la dictadura, porque sabe que no existe reconciliación, no existe
paz sin justicia. Queda mucho camino por delante, y desde que asumió el
gobierno de Cambiemos sólo ha crecido el negacionismo del terrorismo de Estado,
el fortalecimiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de
los organismos de inteligencia, la violencia institucional, la persecución
política, así como también han empeorado todas las áreas vinculadas a la
justicia social que nos permiten pensar a los Derechos Humanos desde una
perspectiva integral y no sólo acotados a un período histórico determinado.
No es casualidad
que los dos jueces que propuso este gobierno para la Corte Suprema hayan votado
a favor de estos beneficios a los represores, de esta afrenta al pueblo
argentino, equivalente a los indultos de Menem en los años 90’s. No es
casualidad que esta misma nota haya sido primero solicitada y luego explícitamente
rechazada por la agencia de noticias oficial de la República Argentina con el
argumento de que “la agencia decidió no sacar opiniones sobre el tema del 2x1”.
Los grandes medios de comunicación, de antes y de ahora, siguen jugando un
papel central en legitimar u ocultar estas injusticias.
Frente a estas
provocaciones hay que ser claros, responderemos como siempre lo hemos hecho con
la movilización no violenta de nuestro pueblo, reclamaremos la vigencia
vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de DDHH como instancia
internacional, pese al rechazo de esta Corte Suprema dependiente del poder
ejecutivo.
Adolfo Pérez
Esquivel. Presidente del Servicio Paz y Justicia y de la Comisión Provincial
por la Memoria y Premio Nobel de la Paz.
Publicado en el
Diario Perfil el día 9 de mayo de 2017.
Disponible en
línea en: http://www.perfil.com/columnistas/beneficio-a-los-represores-suprema-verguenza.phtml
