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El asesinato de Gerson Acosta, líder indígena del Cabildo Kite Kiwe en
Timbío Cauca, el pasado 19 de abril, a manos de un sicario, eleva a seis el
número de miembros de pueblos indígenas asesinados en escasos cuatro días de la
tercera semana de abril y pone en serio entredicho la implementación de los
acuerdos de paz.
Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del
pueblo awá, fueron asesinados el 16 de abril en el departamento de Nariño,
apenas con algunas horas de diferencia y en lugares diferentes pero no por ello
deben tenerse como casos aislados.
Pedro Nel Pai Pascal, 35 años de edad, perteneciente al resguardo Gran
Rosario fue asesinado a las 10:15 de la mañana en cercanías del corregimiento
La Guayacana del municipio de Tumaco; dos sicarios le propinaron dos disparos
en la cabeza.
Ever Goyes, 35 años, miembro del resguardo de Pulgande Tronqueria
Palicito del municipio de Barbacoas (Nariño) fue asesinado de tres balazos a
las 2 de la tarde en el municipio de Ricaurte (Nariño).
Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal, 33 años, perteneciente al resguardo Piedra
Sellada, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el
corregimiento Llorente del municipio de Tumaco, a las 5 de la tarde.
El mismo 16 de abril, en el Litoral de San Juan, sur del departamento de
Chocó en límites con el departamento del Valle del Cauca, fueron secuestrados
los indígenas wounaan, hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenas Victoria, quienes
fueron hallados sin vida el 20 de abril.
Para la Asociación de Autoridades y Cabildos Tradicionales Indígenas Awá
y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA “da tristeza ver, como
el proceso de paz que para nosotros significó la posibilidad de volver a vivir
en armonía, en la práctica, ha significado el incremento al exterminio físico,
cultural y espiritual de nuestro pueblo”. Pero de igual manera causa alarma,
como lo expresan en el comunicado, “que todos hayan sido realizados bajo la
modalidad del sicariato, lo que demuestra una acción sistemática por parte de
actores criminales” en contra del pueblo awá, a la vez que resaltan “que estos
hechos ocurren en lugares donde la presencia de la fuerza pública es
permanente”[1].
Los múltiples asesinatos han generado el repudio y la voz de alerta de
Amnistía Internacional. En comunicado del 21 de abril señala que la “Ola de
asesinatos de indígenas resalta fallas de implementación del Proceso de Paz”.
De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía
Internacional: “La situación de riesgo que atraviesan las comunidades indígenas
en Colombia es alarmante.
Estos crímenes dejan en relieve uno de los principales retos de la
implementación del proceso de paz, el de proteger a las comunidades que viven
en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y garantizar
que estos lamentables hechos no queden en la impunidad”. Critica igualmente la
“ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades colombianas para
asegurar la vida e integridad de líderes y miembros de comunidades indígenas”[2], toda vez que Gerson Acosta había
recibido amenazas y contaba con medidas de protección de la Unidad
Nacional de Protección.
Los ataques contra miembros de los pueblos indígenas no son recientes y
demuestran, sin lugar a duda, que el Estado colombiano está amañado en el
cumplimiento retórico de sus deberes; que de poco sirven las órdenes que
imparte la Corte Constitucional[3] y que el principal escollo del
conflicto armado que aqueja a Colombia no es lograr la firma de Acuerdos con
los grupos insurgentes, sino la consolidación de un ambiente propicio, el cual
no se podrá lograr si el Estado no está en capacidad de cumplir los mandatos de
la Constitución Política o no tiene la voluntad de hacerlo:
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares” (art. 2º); “El Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7º); “El
derecho a la vida es inviolable” (art. 11); “Se garantiza la libertad de
conciencia” (art. 18), etc.
Los ataques contra el pueblo awá revisten sistematicidad aún desde antes
de la firma de los Acuerdos con las FARC. El Foro Permanente sobre Cuestiones
Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas realizó visita oficial a
Colombia entre el 5 y el 9 de julio de 2010; su propósito era “observar la
situación de los pueblos indígenas que son víctimas de abusos relacionados con
el conflicto armado y que se encuentran en peligro de extinción y la situación
del pueblo awá”.
En el informe de su misión, el organismo concluyó en esa época que “Los
pueblos indígenas han enfrentado graves abusos a sus derechos humanos
relacionados con el conflicto armado interno, como la discriminación y la
marginación. La situación crítica de los pueblos indígenas ha sido bien
documentada. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
libertades fundamentales de los indígenas realizó visitas a Colombia en 2004 y
2009. En 2009, el Relator Especial concluyó que la situación de los pueblos
indígenas continua siendo sumamente grave, crítica y profundamente
preocupante”.
En el documento, presentado en New York en las sesiones de Naciones
Unidas del 16 al 27 de mayo de 2011, se dijo además: “Según datos de la ONIC,
entre 2002 y 2009, más de 1.400 hombres, mujeres y niños indígenas fueron
asesinados. La violencia se ha incrementado, en 2008 y 2009 se documentaron 111
y 176 asesinatos respectivamente. […] Los líderes indígenas han sido
frecuentemente objeto de asesinatos y amenazas por las partes en conflicto que
han invadido sus territorios. Durante los tres meses posteriores a la visita
del Foro, se registraron los asesinatos de 4 líderes indígenas, incluyendo el
de una líder que estaba embarazada. La esposa de otro líder también fue secuestrada
junto con su marido y posteriormente asesinada”.
Desde la visión de los observadores internacionales, encontraban
entonces que “Las raíces del conflicto se encuentran en problemas estructurales
del país tales como la pobreza y la desigualdad, la discriminación contra
grupos vulnerables, los abusos a los derechos humanos y el control sobre la
tierra. El conflicto está alimentado por la violencia relacionada con el
tráfico de droga, el crimen organizado y las tensiones con los países vecinos,
que han sido acusados de apoyar a grupos rebeldes. Los pueblos indígenas se han
mantenido neutrales ante el conflicto, sin embargo han sido objeto de graves
abusos tales como asesinatos, masacres, desplazamiento forzado, infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, entre otros y son la causa principal de
riesgo de su extinción”.
En 2011 el Foro reiteró el llamado a la “búsqueda de una paz auténtica y
duradera mediante una salida negociada al conflicto armado que está afectando
severamente a los pueblos indígenas”. Tal vez allí radica el problema esencial
en la consolidación del fin de la guerra. En que el gobierno colombiano está
empeñado en lograr una paz estable pero no auténtica. Y es que no puede
construirse una paz auténtica, ni estable ni duradera, sobre la base de los
viejos privilegios de los grandes terratenientes y grupos económicos; sobre los
escombros de las rancias castas políticas y sobre las estructuras malolientes
de un Estado que hiede a corrupción, impunidad, inmoralidad, inequidad, nepotismo,
concentración de poder y de riqueza, centralismo, paraestatalismo,
paramilitarismo y un interminable etc.
De ahí que los asesinatos de indígenas y líderes sociales, los
desplazamientos de pobladores como el ocurrido en la localidad de Peña Azul en
el Alto Baudó (Chocó) y los ataques de diversa índole contra la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó, perpetrados por parte de bandas paramilitares con
posterioridad a la firma de los llamados Acuerdos de Paz, continúen a
pesar de tales Acuerdos y a pesar de la negativa del gobierno a
reconocer la existencia de los grupos paramilitares de ayer y de hoy.
Asistimos a la macabra repetición de actos criminales cometidos hace
cincuenta años, quinientos años, los criminales son los mismos, solo cambian
los nombres de las víctimas. Los genocidas de los pueblos indígenas hoy, son
los continuadores del genocidio que iniciaron los invasores españoles ayer.
Notas
[1] Comunicado 004-2017 a la comunidad
nacional e internacional. http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1771-el-exterminio-contra-...
[3] La Corte Constitucional ordenó en el
Auto 004 de 2009 implementar un Plan de Salvaguarda Étnico en relación con el
Pueblo Awá. Dicho Plan fue entregado en el año 2010 por el Pueblo Awá al
gobierno nacional sin que a la fecha se haya adoptado.
