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Paraguay, que se
convirtió en el primer país latinoamericano del siglo XXI en que la oligarquía
derechista logró dar un golpe parlamentario para detener a las fuerzas
progresistas en la región (después lo lograron en Brasil y lo intentaron sin
éxito en Venezuela) padece, a cinco años de aquella acción, una grave
conjugación de pobreza e inequidad.
Recordemos que el
presidente elegido democráticamente, Fernando Lugo, fue destituido de forma
arbitraria bajo la excusa de la masacre ocurrida en Curuguaty, en la que
murieron 11 campesinos y seis policías, un complot planificado por los poderes
involucrados en un cambio de gobierno por cualquier vía.
Tras ese hecho, en
junio de 2012 asumió como presidente Federico Franco, un político ligado a los
intereses oligárquicos, a las transnacionales y al narcotráfico y que influyó
para el regreso al poder del Partido Colorado, que había sido derrocado en 2008
tras 60 años de mandato.
Franco
inmediatamente marcó pautas al favorecer a las transnacionales agroalimentarias,
liberalizó aún más el comercio de las semillas transgénicas, pactó con la banca
extranjera y emitió el primer grupo de bonos soberanos al mercado internacional
por 500 millones de dólares.
La bondadosa
política neoliberal de entrega de recursos naturales, económicos y financieros
asumida por Franco, continuó ampliándose un año después, en junio de 2013, con
la llegada al poder de Horacio Cartes.
En los últimos
cinco años Paraguay duplicó su endeudamiento, que hoy se cifra en alrededor de
6.500 millones de dólares.
El modelo agrario
exportador implantado en esta nación sudamericana, donde predominan los
cultivos de soja con semillas genéticamente procesadas, genera el 40% del
Producto Interno Bruto (PIB). Recientemente el Gobierno introdujo una propuesta
de ley para imponer un 15 % de impuestos a esas exportaciones, lo cual
inmediatamente protestaron los grandes productores y se opusieron a tener que
entregar una mínima fracción de sus enormes ganancias.
En Paraguay el 80%
de los suelos está sembrado de soja y de acuerdo con un informe de la ONG
inglesa Oxfam el 71,3% de esos terrenos está controlado por el 1 % de los
terratenientes.
Este modelo de
desarrollo excluyente concentra las riquezas en pocas personas, que además de
los dividendos obtenidos poseen gran influencia en la política.
Los cultivos de
soja, pese a que se exportan a varios países, han sido incapaces de generar
suficientes puestos de trabajo en una economía primaria dependiente, pero sí son
responsables de una deforestación acelerada con incidencia directa en el
desplazamiento de la agricultura familiar.
En sentido
directo, la sobreexplotación de soja provoca el uso de elementos tóxicos con
semillas genéticamente manipuladas, destrucción de los suelos, siembra de menos
alimentos para consumo humano y solo genera el 15% de los empleos.
Según Elizabeth
Barrios, titular de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
(DGEEC), con el nuevo resultado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la
pobreza total durante el gobierno de Horacio Cartes se incrementó en relación
con el año pasado, del 26,58% al 28,86%. Esto significa que al menos 1.950.000
paraguayos son pobres.
La cifra significa
que el 29% de los 6.700.000 habitantes de esa nación se encuentra en esa
desafortunada categoría que se vuelve más preocupante en las zonas rurales,
donde se sitúa en 39,72%.
El titular de la
Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas, anunció en un acto
celebrado en un hotel de Asunción que la pobreza extrema se sitúa en el 9,97%,
lo que equivale a 687.000 personas: 494.000 en el área rural y otras 193.000 en
áreas urbanas
Esos números
resultan alarmantes para un país que aparece como el cuarto exportador mundial
de soja y el sexto de carne y produce alimentos para 60 millones de personas de
diferentes continentes.
Para el economista
Isaac Godoy, "el aumento de la inequidad refleja el hecho de que la mayor
parte de los beneficios del crecimiento económico se está quedando en manos de
los capitalistas (empresarios o inversionistas), quienes favorecidos por la
baja presión tributaria acumulan ganancias”.
El economista
Godoy obvia reconocer que las políticas neoliberales aplicadas en el país son
las causas directas de esos problemas y solo se las achaca a los bajos
impuestos tributarios que abonan empresas e individuos adinerados.
La realidad
consiste en que no hay disposición política para llevar adelante programas
sociales que permitan acceder a servicios de educación, salud, saneamiento, vivienda
y otros de primera calidad a una gran mayoría del pueblo que no puede
satisfacer sus necesidades básicas.
El gobierno de
Cartes se ha caracterizado por beneficiar a las compañías transnacionales
financieras y del agronegocio. Una de las primeras leyes promulgadas a solo un
mes de su asunción fue la conocida como Alianza Pública Privada, que consiste
básicamente en que el Estado paraguayo asume todos los riegos relativos a la
inversión, con amplias ventajas para el capital extranjero, como la anulación
de la jurisdicción de la justicia nacional ante eventuales litigios.
Amparado en esa
legislación el presidente tiene las manos libres para rematar el país, sin
costo para los inversores, incluyendo las inversiones especulativas o fondos
buitres.
En esa línea a
favor del agronegocio ya se han liberado 20 semillas transgénicas: 14 de maíz,
tres de soja y tres de algodón. Pobres campesinos, el neoliberalismo los deja
sin tierra, sin semillas originales pero sí les otorga pobreza.
