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070717
Aung San Suu Kyi,
Premio Nobel de la Paz 1991, que es la figura política más importante de su
país, Myanmar (antes Birmania), desde finales de marzo de 2016 ocupa los
ministerios de Exteriores, Energía, Educación y la Oficina de la Presidencia,
además de ser una de las figuras más protegidas por el Departamento de Estado y
la prensa internacional a nivel mundial, se ha visto obligada a impedir el
arribo a su país de una misión de las Naciones Unidas (ONU) para
investigar las denuncias de asesinato, torturas y discriminación de la minoría
ética musulmana rohingya, (Ver: Los
Rohingya más allá del mar) con una población cercana al millón de
personas, en el remoto estado noroccidental Rakhine, donde viven hacinados en
campos de concentración, despojados de todo tipo de derechos políticos y
sociales, incluido trabajar, vivir en pareja y tener hijos. En esos campos la
mayoría de los pobladores sufren de hepatitis B o C.
El gobierno
birmano volvió a negar las acusaciones de estar sometiendo al pueblo rohingya a
un genocidio. Aunque recientes denuncias han demostrado que el gobierno birmano
en febrero último perpetró una nueva matanza de menores, ejecutados con
cuchillos y machetes, en un nuevo capítulo de las operaciones de limpieza étnica
en el área de la provincia de Rakhine que incluyó por parte de las fuerzas de
seguridad golpizas, desapariciones, violaciones colectivas, torturas y
asesinatos, también perpetrados contra la población adulta. La gente de
Birmania, que es un país de mayoría budista, ha visto durante mucho tiempo a
los rohingyas como inmigrantes ilegales de Bangladesh (Ver: Rohingya,
sin derecho a nombre).
Se calcula en
cerca de 80.000 los rohingyas que desde Rakhine huyeron a Bangladesh el año
pasado tras las operaciones del ejército birmano. Por lo que en marzo la UE
pidió que una misión examinara las denuncias de abusos en el norte del país.
Hace más de dos
años los medios internacionales relataron con detalle los padecimientos de este
grupo racial y religioso originario de Bangladesh que desde hace por lo menos
diez siglos está instalados en la antigua Birmania (Ver Rohingya,
la deriva constante).
Tras el estallido
los enfrentamientos en 2009 y 2012 entre musulmanes y budistas, que fue la
eclosión de décadas de hostigamientos por parte de la larga y sangrienta
dictadura militar, el fundamentalismo budista del grupo 969 y el
ultranacionalista e islamófobo Ma Ba Tha, (asociación patriótica de
Myanmar), recientemente ilegalizada, aunque ya actúa encubierta bajo otro
nombre, la persecución a la minoría rohingya obligó a muchos de sus integrantes
a lanzarse al mar en una desesperada huida sin rumbo prefijado en embarcaciones
improvisadas y obsoletas.
Así fue como miles
de niños, ancianos, mujeres y hombres arriesgando sus vidas intentaron llegar a
países como Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia, de donde también fueron
rechazados por las autoridades que les impidieron atracar, quedando al garete y
sin víveres, de aquellos nada se sabe tampoco.
Jamás se conocerá
el número de muertos de la gran huida de 2015, acontecimiento que tras varias
semanas de atención de la prensa se terminó hundiendo en la nada sin que los
rohingyas tuvieran una respuesta humanitaria más allá de algún urgente y
fallido encuentro de países de la región.
Las autoridades de
Naypyidaw consideraron “exagerado” el informe de la ONU y negaron cualquier
tipo de acusación tras haber destruido los vestigios de las matanzas.
Mientras dan
como buena la investigación encabezada por el exteniente general y actual
vicepresidente Myint Swe, un hombre de la línea dura del ejército puesto en el
cargo para monitorear al presidente Htin Kyaw, un civil de máxima confianza de
Aung San Suu Kyi.
A su vez, el mes
pasado, la señora Suu Kyi, en Bruselas, sostuvo frente a los cuestionamientos
de la Unión Europea que no aceptará la resolución de la ONU y el envío de una
comisión investigadora: “La desconfianza entre las dos comunidades (budista y
musulmana) se remontaba al siglo XVIII y que lo que su país necesitaba era
tiempo” y que: “La resolución de la ONU había creado una mayor hostilidad entre
las diferentes comunidades”.
Recién llegados de
toda la vida
La comunidad de
Myanmar, de amplia mayoría budista un 89% de los cerca de sesenta millones de
habitantes, ha considerado desde siempre a los rohingyas inmigrantes
ilegales provenientes de Bangladesh. Asentados en el norte de la provincia de
Rakhine y que constituyen apenas un 4% del total de la población y que las
diferentes dictaduras militares que asolaron el país convirtieron en el enemigo
jurado.
En 1982 la
dictadura militar dividió a la población en tres estamentos, los ciudadanos de
pleno derecho de la Unión de Myanmar, los reconocidos por asociación y otra por
naturalización. Siendo los musulmanes de Rakhine considerados inmigrantes
ilegales, llamados “bengalíes”, a pesar de que su presencia se remonta a
siglos atrás.
A los rohingyas se
les otorgó una tarjeta temporal conocida como “tarjeta blanca”, que a pesar de
ser considerados como ciudadanos de segunda clase, se les permitía votar. En
2014, el gobierno birmano puso en marcha un proceso de verificación de la
ciudadanía de las poblaciones musulmanas y se comprometió a naturalizar a las
personas que se registran como bengalíes pero no como rohingyas.
Aunque a partir
del 31 de marzo de 2015 las tarjetas blancas perdieron validez dejando a la
comunidad rohingya en un estado de inmigrantes ilegales, a pesar de poder
constatar varias generaciones en el país.
El poderos
ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, desde 2009 ha organizado la
Border Guard Force (BGF) que actúa particularmente en la frontera norte,
donde existe una fuerte presencia de cárteles del opio, Myanmar es el segundo
productor mundial de opio detrás de Afganistán, junto a un importante grupo de
organizaciones armadas separatistas unas veinte en todo el país como las Kachin
Independence Army (KIA), T’ang National Liberation Army, National
Democratic Alliance Army (NDAA) Shan State Army (SSA) Myanmar
National Democracy Alliance Army (MNDAA) o la Shan State Arm. Que
por momento junto al Tatmadaw y los cárteles del opio conforman alianzas
netamente “comerciales”.
Esta situación ha
convertido el norte del país en una de las regiones más controladas y permite
abiertamente el abuso constante contra los rohingyas, que siguen huyendo de Myanmar
sin encontrar refugio en ningún lugar. Por ejemplo Kutupalong es el mayor
campamento de refugiados rohingyas de Bangladesh, apenas cruzando el río Naf,
límite natural entre ambas naciones, con una población aproximada de 70.000
personas a las que se niega el rango de refugiados y que son denominados
“ciudadanos indocumentados de Myanmar”.
Los rohingyas
siguen flotando en la burocracia y el desinterés de las grandes potencias que
esperan, como todo el mundo, que finalmente se hundan en el olvido.
Rohingya,
la deriva constante
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Con la presencia
de diecisiete países y organizaciones internacionales comenzó el día
veintinueve en Bangkok, capital de Tailandia, la esperada reunión para analizar
y ¿resolver? la crisis del pueblo rohingya. La reunión, que no tuvo rango de
ministerial, duró tan solo unas horas y sin duda dio la razón a aquellos observadores
que habían pronosticado su inutilidad.
Más allá de
algunos discursos y exposiciones que hablaron de ir al fondo de la cuestión y
todo el palabrerío habitual en estos casos: la nada misma. Los representantes
de Afganistán, Australia, Bangladesh, Birmania, Camboya, India, Indonesia,
Irán, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa, Filipinas, Sri Lanka,
Vietnam y Tailandia y los observadores de Estados Unidos y Suiza, más los
delegados de las agencias de Naciones Unidas para los refugiados, las
migraciones y contra el crimen, han vuelto a sus casas con las manos vacías sin
contar la adquisiciones en los duty free.
Como hemos
informado en “Los rohingyas más allá del mar”, este pueblo musulmán sunita,
originario de Bangladesh, pero establecido desde hace siglos en el estado
birmano (actual Myanmar) de Rakhine, obligados por las persecuciones del
gobierno birmano, se han lanzado al mar intentado dejar atrás las permanentes
humillaciones a las que son sometidos por la mayoría budista del país y las
estrictas leyes que coartan sus derechos más elementales.
La cifra que se
manejaba hace apenas quince días era tan incierta como la sigue siendo hoy
mismo, se hablaba entonces de entre siete y veinticinco mil almas que habían
optado por lanzarse al mar en todo tipo de embarcaciones, casi siempre
piloteadas por inescrupulosos traficantes de personas.
La cifra oficial,
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), es de tres
mil los miembros de la etnia rohingyas y también bengalíes, que siguen a la
deriva entre el golfo de Bengala, el mar de Andamán y el estrecho de
Malaca, en el sudoeste asiático.
El desorden de la
crisis ha sobrepasado por mucho la acción de las autoridades de los países
involucrados, sus prefecturas y marinas no han podido dar (o no han querido
dar) la cifra actual de los miembros de esta etnia que todavía sigue sin
encontrar un lugar seguro donde refugiarse. La situación se hace todavía más
apremiante, ya que las condiciones climáticas en el mar de Andamán están
empeorando. Según los informes meteorológicos se están presentado fuertes
vientos y olas de hasta dos metros, anunciando la temporada de monzones.
La reunión
convocada por Tailandia, a principios de mes, después de haber descubierto
varias fosas comunes en campos clandestinos para inmigrantes en Songkhla en el
sur del país, donde detuvieron cerca de cincuenta miembros de la banda de
traficantes. El hecho puso en alerta a las autoridades tailandesas e intentando
curarse en salud, Bangkok decidió denunciarlo.
Por su parte
Birmania adelantó que no asistiría a ninguna reunión, ni iba aceptar que se
plantee la cuestión de los rohingya. Naypyidaw ni siquiera les reconoce la
ciudadanía birmana. En el último censo publicado en agosto pasado, donde se
constataron ciento treinta y cinco grupos étnicos y casi cincuenta y un
millones y medio de habitantes, de los sesenta que se creía, quedaron fuera del
censo el millón cien mil rohingyas.
Birmania cuenta
con una gran agente de prensa que atenúa en mucho la condena internacional y es
nada menos que la Nobel de la Paz 1991, Aung San Su Kyi, hoy diputada, que
junto a su gobierno ignora los reclamos de la minoría rohingya. Quizás su
silencio se deba a las elecciones del mes de noviembre, donde el tema rohingya,
sin duda pesará en contra de quien lo trate.
Las autoridades
birmanas tienen como política de estado asistir a cualquier evento en que se
pueda pronunciar la palabra “rohingya”.
¿Cuándo comienza
un genocidio?
El destino de
estos desesperados puede ser variado, pero nunca envidiable, en algunos casos
se les promete pasaje y trabajo en Malasia o Singapur, una vez que han pagado
su pasaje son embarcados y después se deshacen de ellos a como dé lugar. En
muchos casos sencillamente después de terminar de quitarles lo poco de valor
que llevan, la tripulación los abandona. En otros casos son obligados a
lanzarse al mar, y en otros son secuestrados e internados en campos de
concentración, establecidos en Tailandia, por bandas de delincuentes que luego
piden rescate a sus familias, en algunos casos han llegado a pedir dos mil
dólares, para los rohingyas una cifra imposible de alcanzar, y por la que
quedarán endeudados por años. Está comprobada la vinculación entre los
secuestradores y algunos oficiales del ejército tailandés, que han permitido el
establecimiento de estos campamentos.
Muchas de las
naves que ingresaron a aguas tailandesas fueron detenidas y remolcadas por las
autoridades a alta mar y allí abandonadas. En esa dirección el primer ministro
y jefe de la junta militar tailandesa, Prayuth Chan-ocha, advirtió que su país
no tenía capacidad para acoger inmigrantes indocumentados y que temía que
robaran empleos a los tailandeses, lo que provocó una ola de xenofobia contra
los rohingyas y pedidos de que no se les permita ingresar al país. Existen
denuncias que la marina tailandesa después de entregar víveres a uno de los
tantos barcos varados repletos de inmigrantes amenazó con abrir fuego si no se
alejaban de la costa.
En sentido
inverso, pescadores indonesios han denunciado haber encontrado lanchas a la
deriva con docenas de personas insoladas, deshidratadas, heridas e incluso
muertas, perdidos en alta mar, las que han remolcado a tierra firme. Así es
como ya se han registrado la llegada a las costas de las provincias indonesias
de Aceh y a la isla de Langkawi de varios miles de rohingyas.
Sobrepasado por la
crisis humanitaria, los gobiernos de Malasia e Indonesia en espera de la
finalmente inocua reunión de Bangkok, se habían reunido de urgencia en la
capital de Malasia, Kuala Lumpur, el día veintiuno para acordar dar refugio
temporal a los migrantes. Con algunos condicionamientos como el apoyo económico
de la comunidad internacional y el “reasentamiento” (palabra muy usada por
estos días en el sudeste asiático) y la repatriación de los migrantes en un
año.
Otros países
involucrados han tenido diferentes actitudes. Filipinas, uno de los pocos de la
región signatario de la Convención sobre los Refugiados de la ONU, anunció que
aceptará siete mil por un año. Mientras que Tailandia solo se comprometió a no
seguir regresando los barcos a alta mar.
El ministro del
Interior de Malasia, Ahmad Zahid Hamidi, ha reconocido que en la localidad de
Padang Baesar, en el norteño estado de Perlis, fronterizo con Tailandia, fueron
halladas una treintena de fosas comunes cada una con entre tres y cuatro
cadáveres. Aunque se estima que todavía se pueden hallar más tumbas. Las
próximas temporadas de lluvias, que ya se aproximan, harán crecer la jungla,
que no tardará en borrar cualquier vestigio de campo de detención y de tumbas. Malasia,
de mayoría musulmana, ha recibido cincuenta mil rohingyas en los últimos años.
Por su parte, el
gobierno de Bangladesh, anunció que tiene previsto enviar a miles de
inmigrantes rohingyas a la isla de Hatiya, en el golfo de Bengala. Mientras el
primer ministro australiano, Tony Abbott, a la pregunta de un periodista sobre
la posibilidad de recibir migrantes declaró: “No, pues no, pues no”.
Sin duda la
diplomacia internacional y particularmente Naciones Unidas, deben estar muy
atentos que el número de muertos no alcance al genocidio, como para mantener
tranquilas sus conciencias.
Rohingya,
sin derecho a nombre
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Hace apenas un
año, los titulares de la prensa del mundo, durante algunas semanas, pusieron su
atención en el drama de los rohingyas (*), un pueblo sin país, una minoría
musulmana de confesión sunnita de un millón de miembros, de habla bengalí.
Originarios de una
región de Bangladesh, fronteriza con Birmania, donde comenzaron a instalarse
entre los siglos VII y VIII, cuando comerciantes árabes musulmanes se asentaron
en el antiguo estado de Arakán la actual provincia de Rakhine, el oeste del país,
a lo largo de la frontera occidental con Bangladesh e India, uno de los más
pobres de Birmania o Myanmar.
Durante la guerra
por la liberación de Bangladesh en 1971, importantes contingentes de rohingyas
huyen hacia Birmania, donde, desde siempre han padecido toda clase de
arbitrariedades de mano de los diferentes gobiernos birmanos.
La etnia Rohingya
siempre fue considerada ajena a la sociedad birmana, de absoluta mayoría
budista con más de un 90% de los 60 millones de habitantes, ya que ni siquiera
son racialmente sudasiáticos, sino bengalíes. La diferencia de raza, lengua y dioses
fueron las razones de ser estigmatizados y sometidos a un silencioso apartheid
por el que fueron excluidos, segregados y despreciados.
Estas políticas
desembocaron en campañas de exterminio o limpieza étnica, impuesta por los
diferentes gobiernos birmanos lo que generaron dos grandes éxodos en 1978 y en
1992.
En el marco de ese
apartheid los rohingyas, tiene prohibido casarse con personas de otras etnias,
viajar sin permiso de las autoridades, y son obligados a vivir hacinados en
campos de desplazados como el ghetto de Aungmingalar y otros a lo largo del
país. No pueden poseer ni tierras, casas o animales. No se les permite tener
más de dos hijos, en muchos casos las mujeres rohingyas son sometidas a abortos
clandestinos. Las parejas sólo pueden vivir juntas si estuvieran casadas, para
lo que deben cumplir con diez requisitos burocráticos y el pago de elevados
impuestos. La política represiva permite a las fuerzas de seguridad métodos
arbitrarios para el control poblacional, como el registro de hogares en el cual
obligan a las mujeres rohingyas a amamantar a sus hijos en presencia de los
policías para comprobar que son las madres biológicas y controlar el número de
integrantes por familia. Con estas condiciones, sin ningún apoyo internacional,
privados de cualquier derecho viven perseguidos por el fantasma del exterminio.
Liderados por el
monje budista Ashin Wirathu, la banda terrorista 969, (por los 9 atributos de
Buda, los 6 atributos de sus enseñanzas y los 9 atributos de la orden de Buda),
centran sus acciones contra la minoría musulmana. El grupo aprovecha de los
prejuicios contra los rohingyas para alentar el fantasma de “la conspiración
islámica para la toma del poder”, acusándolos de multiplicarse más rápido que
los bamar, para desplazarlos étnicamente.
En mayo de 2015,
los cables internacionales comenzaron a mencionar que cientos de embarcaciones
repletas de pasajeros comenzaron a lanzarse al mar en búsqueda de refugio.
Nunca se ha podido
conocer el número exacto de cuantos han huido y cuántos han naufragado en el
mar de Andamán. Solo en las primeras semanas de la huida algunas fuentes
estimaron entre 7 y 25 mil en un número desconocido de precarias e inseguras
naves a la deriva, sin agua, ni comida. Desde entonces, mayo 2015, las cifras
también han naufragado por el descuido o la culpa.
Después del
naufragio
Poco más se ha
sabido a lo largo de este último año del destino de los miles de almas que se
lanzaron al mar, huyendo de lo que consideraban un genocidio anunciado.
En su momento se
generaron algunas reuniones de países del área, como: Australia, Bangladesh,
Birmania, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, y
Tailandia entre otros con el fin de superar la crisis, sin conseguir más que
alguna declaración de buenas intenciones.
El primer ministro
y jefe de la junta militar tailandesa, Prayuth Chan-ocha, había advertido
entonces que su país no tenía capacidad para acoger inmigrantes indocumentados
y que temía que robasen empleos a los tailandeses, lo que provocó una ola de
xenofobia contra los rohingyas y pedidos de que no se les permita ingresar al
país. Existen denuncias que la marina tailandesa, amenazó con abrir fuego si no
se alejaban.
El gobierno de
Bangladesh, sin reconocer la remota relación con los rohingyas birmanos, los ha
concentrados en algunos centros como el de Nayapara, que no son más que un
conjunto de casuchas, montadas sobre barriales, sin ningún tipo de instalación
sanitaria. El gobierno amenazó con reinstalar a unos 35 mil rohingyas en la
isla de Thengar Char, que se sumerge completamente durante la marea alta, sin
carreteras, ni diques de contención. Solo Indonesia y Malasia cedieron a la
presión internacional y autorizaron en la condición de un “reasentamiento”, en
el plazo de un año.
Las últimas
informaciones acerca del pueblo Rohingya, hablan de un incendio en Rajine al
oeste de Birmania el martes tres de mayo que destruyó parte del campamento de
refugiados de Baw Du Phan II, que abarcó unas 50 tiendas, donde se calcula,
viven seis familias, en cada una y de una manifestación frente a la embajada de
los Estados Unidos, en Rangún, la antigua capital birmana, a finales del mes de
abril, para acompañar el pedido “no oficial” por parte del gobierno para que
los Estados Unidos, dejé de denominar como rohingyas, a esa comunidad, que ya
no solo carecerán de patria y derechos, sino también de nombre.
