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/ 040717
La extracción de
minerales por parte de poderes externos a la región es algo que siempre ha
estado presente en América Latina. Hoy en día, un gran origen de explotación
minera en la región son las mineras canadienses. Según un informe presentado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 22 proyectos mineros
canadienses en América Latina que presentan graves impactos en el ambiente y
vulneraciones de Derechos Humanos. ¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a
cambio de qué se llevan los recursos mineros?
Minería
en América Latina
En América Latina
existen muchos conflictos por la resistencia de las comunidades a modelos de
minería que afectan el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. La base
de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)
registra actualmente 219 conflictos activos debido a la minería, en 20 países
de la región.
De estos, 39 están
en Perú, 37 en Chile, 37 en México, 27 en Argentina y 20 en Brasil. En Perú, la
Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos
sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148
conflictos socioambientales. En todos esos países operan empresas mineras
canadienses.
“En total tenemos
registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas a conflictos mineros en
América Latina. No tenemos el dato exacto sobre cuántas están vinculadas a
conflictos activos pues ello es muy dinámico pero consideramos que al menos el
70 por ciento de los conflictos de nuestra base muestra algún grado de
actividad”, dijo a Distintas Latitudes César Padilla, coordinador del OCMAL.
De acuerdo con
Padilla, además de Canadá, tienen fuerte presencia minera en la región empresas
de China, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Mineras
canadienses
La extracción
minera es una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá, e incluso
al país se le considera “una potencia minera”. Un estudio elaborado por Grupo
de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, titulado “El
impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de
Canadá”, aborda los casos de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas
canadienses en nueve países de la región, en donde se pudieron determinar las
tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de
derechos humanos.
Esto resulta
relevante al tener en cuenta el peso de la minería canadiense en la región. En
el 2012, un 57% de las empresas mineras del mundo estaban registradas en la
Bolsa de Toronto. De los 4,322 proyectos llevados a cabo por esas empresas
fuera de Canadá, 1,526 estaban en Latinoamérica. Los países de la región donde
las empresas canadienses tienen más activos son México (20,000 millones de
dólares) y Chile (19,000 millones de dólares).
Entre el 50 y el
70 por ciento de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas
canadienses. En el 2012, operaban 67 empresas mineras canadienses en Argentina;
50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en Colombia; 17 en Brasil; 201 en México y 89 en
Perú.
Actualmente, las
siete empresas mineras canadienses más importantes, en cuanto a los ingresos
provenientes de la explotación minera en América Latina son Barrick Gold,
Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia
Gold.
De acuerdo con el
informe, Canadá, como país, debería asumir una mayor responsabilidad sobre el
impacto de sus mineras en América Latina, teniendo en cuanto el respaldo
financiero y político que el gobierno canadiense ha dado a sus empresas mineras
a través del departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del
Export Development Canada y de sus embajadas.
Esto no ha
cambiado siquiera bajo la administración de Justin Trudeau, primer ministro que
se ha hecho viral en redes sociales por sus visiones progresistas y pro
refugiados. The New York Times se ha referido a esto como “el lodo de las
mineras canadienses en América Latina”.
En Costa Rica, en
2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto minero de oro en el pueblo de
Crucitas (norte del país). El abogado ambientalista, y ahora diputado
izquierdista, Edgardo Araya, fue uno de los integrantes de la lucha contra este
proyecto, también de origen canadiense, de la empresa Infinito Gold. Él asegura
que las empresas canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el
gobierno de ese país debería responsabilizarse.
“La minería
canadiense, según la experiencia que hemos tenido, es de las más despiadadas en
ese sentido. En Costa Rica, Industrias Infinito nos dejó la experiencia de un
comportamiento cuasi mafioso, de un manoseo de la institucionalidad de este
país. Mostraron una cercanía política con el expresidente Óscar Arias, al punto
que el ministro de Ambiente de ese gobierno fue juzgado por el delito de
prevaricato, es decir, por emitir resoluciones contraria a la verdad”, dijo
Araya a Distintas Latitudes.
“Si me quedó algo
claro en toda la lucha contra la minería en Crucitas, fue que la embajada
canadiense en Costa Rica se comportaba como un gerente más de la empresa
minera, y hacía una defensa a ultranza de esa empresa. No me queda duda que el
gobierno canadiense de ese momento tiene una corresponsabilidad en lo que
sucedió aquí en Costa Rica”, agregó.
Posterior a esto, en
Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Recientemente, El Salvador
fue un paso más allá y prohibió la minería metálica en el país.
Para Araya, el
gobierno de Canadá debe aceptar que la responsabilidad y definir mecanismos
para que el Estado de ese país pueda dar apoyo a víctimas de las actividades
mineras en América Latina.
Impacto
Tanto las empresas
canadienses como el gobierno de Canadá conocen el grave impacto ambiental de
estas actividades. En los proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre
Minería y Derechos Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que
ver con la contaminación del aire, las aguas y el suelo.
En seis de los
casos se observa un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente
a fuentes de agua.
“En Argentina, en
el proyecto Bajo de la Alumbrera, la contaminación afecta especialmente las
aguas y es generada, entre otros factores, por la deficiente instalación del
dique de colas en el origen de un cauce de agua, sin garantizar su
impermeabilidad”, señala el informe.
“En Honduras, en
el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las
quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido
en 2008. En junio de 2009 se realizó una nueva inspección con expertos en minas
de la universidad de Newcastle, encontrándose nueva evidencia documental de un
grave evento de contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.
Por otro lado, en
Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la afectación de varios de los
glaciares. En Panamá, el consorcio Minera Petaquilla S.A. taló 54.2 hectáreas
de bosque primario, secundario y de galería y un estimado de ocho hectáreas
adicionales de vegetación para la construcción de la carretera de acceso, de
helipuertos, de campamentos y de la planta de procesamiento. En Guatemala, se
ha determinado que en torno a las actividades de la Mina Marlin se ha causado
una fuerte contaminación del agua.
Además, varios
proyectos mineros a gran escala han generado la alteración de la organización
social de las comunidades y de sus formas de vida, provocando desplazamientos
forzados. Estos desplazamientos son característicos: son previstos y
gestionados directamente por la empresa para lograr la efectividad del
proyecto.
Un ejemplo es el
desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde
se ha denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó
a que se vendieran terrenos, argumentando que la ley les autorizaba expropiar
las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas.
“También, el
desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares de residencia, por
alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la Alumbrera, Argentina, en
donde los vecinos de la región se vieron obligados a abandonar sus lugares
históricos de residencia por la mortandad de sus animales, el deterioro de sus
fuentes de agua y el cercamiento de sus caminos”, señala el informe.
Asimismo, la
presencia de mineras en la región ha contribuido a la criminalización de la
protesta. También se han dado muertes violentas y heridas graves a opositores a
los proyectos y trabajadores de las minas.
En el informe se
señala que en diez de los proyectos estudiados se registró la muerte violenta
de por lo menos 23 personas y 25 casos de lesiones graves. Estos casos siguen
en la impunidad. Los diez casos corresponden a proyectos mineros en México,
Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Las consecuencias
de las actividades mineras extranjeras en suelo latinoamericano son demasiadas:
afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua, afectación la
calidad de vida de las comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño
de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. De todo
orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer ministro
progre como Trudeau, al igual que para Estados Unidos y Europa, Canadá ve en
América Latina un patio trasero donde hacer lo que en sus tierras no haría.
Pero la contaminación, sea en el norte o en el sur, es contaminación de (y
para) todos.
