Iván Restrepo
www.jornada.unam.mx/060217
Todavía estaban frescas
las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (la
COP13), celebrada en Cancún en diciembre. Entre ellas, respeto a los derechos
humanos y reconocimiento que los pueblos originarios tienen del patrimonio
natural en cada país; de cómo son los mejores aliados para defender y conservar
la flora y la fauna del planeta. Y es asesinado Isidro Baldenegro,
integrante del pueblo rarámuri, con larga trayectoria en defensa de
los bosques de su comunidad y los del estado de Chihuahua, saqueados por los
intocables caciques. Sobre su asesinato, ni una expresión de duelo por parte
del mundo oficial.
Ninguna promesa de las
agencias gubernamentales para castigar a quienes cometieron el crimen. Quizá
porque, como ya es costumbre, la muerte de los defensores de la naturaleza
queda en la impunidad. Los últimos 40 años en la Tarahumara han asesinado a 11
activistas ambientales.
Cabe recordar cómo el
becario de Harvard, el señor Calderón, prometió hacer justicia en el caso del
joven Aldo Zamora, asesinado el 15 de mayo de 2007.
Fue una clara venganza porque su padre, Ildefonso, ha encabezado la lucha
contra los talamontes en la región de Zempoala, estado de México.
En Honduras asesinaron en marzo del año pasado a la líder ambientalista Berta
Cáceres. Ella, igual que el líder tarahumara, fue reconocida con el
Premio Medioambiental Goldman, el máximo que se otorga a escala internacional.
Berta es símbolo de la lucha contra las políticas depredadoras del Banco
Mundial y los inversores chinos. Uno de sus victimarios fue detenido hace dos
semanas en Tamaulipas.
Como sucede con el
asesinato de defensores del medio ambiente, en México, la solución de
relevantes casos de corrupción de funcionarios y empresarios, las autoridades
pretenden que el tiempo los borre de la memoria colectiva.
Dos casos recientes
ilustran lo anterior. El primero se refiere a la constructora brasileña Odebrecht, enjuiciada en
un tribunal de Nueva York por sobornar a importantes personajes de 12 países
con 788 millones de dólares. Para cerrar el caso en el tribunal de esa ciudad,
la poderosa firma brasileña pagó, por lo menos, 4.5 millones de dólares. El
asunto salpicó ya a los gobiernos de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela,
Panamá y Colombia, donde funcionarios y familiares de politicos y hasta
presidentes de la republica aparecen implicados. Ya hay algunos detenidos. Como
el ex viceministro de transporte de Colombia cuando Álvaro Uribe era
presidente. Recibió 6.5 millones de dólares.
En México la constructora
brasileña pagó entre 2010 y 2014 sobornos con 10.5 millones de dólares a
funcionarios de Petróleos Mexicanos a cambio de beneficios por casi 40 millones
de dólares. Emilio Lozoya, anterior director de la paraestatal (muy cuestionado
por su desempeño), afirmó ser ajeno a esos sobornos. ¿Quiénes entonces los
recibieron? Además, ¿qué otros funcionarios otorgaron obras a cambio de recibir
ilegalmente dinero de la mayor empresa constructora de América Latina?
Otro caso de corrupción,
conocido también gracias al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se
relaciona con el sector salud durante el gobierno del becario de Harvard, ahora
dedicado a hablar de combate a la corrupción y a tratar de ocupar por segunda
vez Los Pinos a través de su esposa, la señora Margarita. Se trata de la
empresa israelí Teva, la mayor fabricante de medicinas genéricas en el mundo.
Como denuncié aquí
oportunamente, Teva aceptó haber dado sobornos millonarios a funcionarios de
Ucrania, Rusia y México con el fin de que le aprobaran sus productos, se los
compraran y los incluyeran en las recetas expedidas por los médicos de los
hospitales públicos. Gracias a los sobornos, Teva incrementó su participación
en el mercado de genéricos en los países citados y sus ganancias. En México sus
ventas al sector salud sumaron casi 17 millones de dólares. Seguramente el
doctor José Narro Robles conoce los nombres de los involucrados en esa trama de
corrupción. Y ha presentado la denuncia ante las instancias correspondientes.
Es su obligación. Igual que en Pemex.
