Diana Aguiar
www.cpalsocial.org/050217
¿Qué
tiene que ver la lucha por justicia en la Amazonía ecuatoriana con los
movimientos que luchan por justicia ambiental y por derechos humanos en Brasil?
En este artículo, Diana Aguiar, de FASE, responde a esta cuestión señalando la
impunidad de varias empresas en todo el continente
El crimen de
Samarco/Vale/BHP en la cuenca del río Doce, que inició con la ruptura de las
represas que contenían desechos de minería en Mariana (MG) el 5 de noviembre de
2015, sin lugar a dudas se sumó a la lista de los mayores crímenes ambientales
de los últimos 50 años, junto con los de Chevron en la Amazonía ecuatoriana;
Shell en el
territorio
Ogoni, en Nigeria; entre otros. Y así como en el caso de esos otros crímenes
emblemáticos causados por las operaciones de las transnacionales, la solución
al caos generado, la reparación al medio ambiente y la necesidad de acceso a la
justicia para los pueblos afectados está lejos de encontrar desenlaces
razonablemente dignos.
Después de desastres como
estos, en donde vidas y territorios enteros han sido devastados, la
recuperación plena no es un horizonte posible. En todos estos casos, son
escandalosos los malos tratos a las víctimas, la impunidad de las empresas y el
descuido en establecer marcos que apunten a evitar la repetición de crímenes
similares. Ya que el tiempo no da marcha atrás, mirar el retrovisor de forma
detenida y cuidadosa debería garantizar el papel de la memoria en inspirar la
futura orientación de los sistemas de justicia.
Teniendo en cuenta lo
anterior y ante la falencia de los sistemas de justicia de diversos países para
hacer frente a los crímenes y violaciones en sus territorios, organizaciones
comunitarias, movimientos sociales y articulaciones de personas afectadas han
documentado casos para sistematizar el aprendizaje adquirido a través de las
resistencias. Aunque la mayor parte de los casos permanezca invisibilizada y
sea constantemente naturalizada, la experiencia muestra similitudes aterradoras
en el modus operandi de las grandes empresas, los Estados y la justicia.
Durante tres audiencias
(Viena en 2006, Lima en 2008 y Madrid en 2010) el Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP) escuchó 48 casos de violaciones a los derechos humanos y de los
pueblos perpetrados por transnacionales en América Latina.
El veredicto final señala
el carácter sistemático de esas violaciones; la repetición de ciertos patrones
en las operaciones que violan derechos; la persistencia de la impunidad; la
tolerancia y complicidad tanto de los Estados que son sede de las empresas
inversoras como de los Estados receptores de estas inversiones; el papel de las
estrategias de responsabilidad social de las empresas en dotarlas de una
fachada de legitimidad y la interdependencia y el tráfico de influencias entre
los sectores público y privado, que generan una alianza que se ha transformado,
a lo largo de los años, en una verdadera arquitectura institucional de la
impunidad.
Esta arquitectura de la impunidad se asienta no solo en la
asimetría del poder entre las grandes empresas y los pueblos que resisten y
sufren las expoliaciones causadas por megaproyectos de inversión, sino también sobre la asimetría de poder
entre esas empresas y muchos Estados receptores de las inversiones. Es
una arquitectura que posibilita y favorece la injusticia sistemática, la
continuidad de los patrones observados en los casos presentados y la certeza de
impunidad para las empresas.
En ese contexto, la
frecuente judicialización de los conflictos ambientales, en vez de demostrar la
pujanza de un sistema de justicia, es un síntoma de que las violaciones de
derechos son cada vez más inherentes al actuar de las empresas en los
territorios y de que el Estado, en sus diferentes instancias, ha sido
frecuentemente cómplice –por omisión o acción- de esas violaciones.
No por casualidad la lucha
por justicia para los 30.000 afectados por Chevron en la Amazonía ecuatoriana
se volvió un referente para movimientos sociales de justicia ambiental y de
derechos humanos. Enfrentar una batalla jurídica contra una gigantesca
petrolera es una tarea hercúlea. Es más, hacerlo a lo largo de dos décadas
manteniendo la cohesión comunitaria y la firmeza del propósito, aún con todas
las persecuciones e intentos de difamación por parte de la empresa, es digno de
la admiración que la Unión de Afectados y Afectadas por la Petrolera Texaco
(UDAPT) ha despertado alrededor del mundo. A pesar de que éste es el caso más
grave y emblemático de los actos de Chevron, la resistencia a la petrolera ya
demostró que sus características expresan un modo de operar de la empresa³.
A lo largo de los casi 30
años de la operación en Ecuador, Texaco (actual Chevron) utilizó tecnología entonces obsoleta para la
extracción de petróleo y tratamiento de los residuos, derramando 60 billones de
litros de desechos tóxicos de petróleo en cerca de 1000 “piscinas” que
contaminaron un total de 480.000 hectáreas de selva amazónica.
La UDAPT después de un
litigio iniciado en los años 1990 en cortes estadounidenses y después
ecuatorianas, obtuvo una decisión favorable para las víctimas, que determinó el
pago por parte de la empresa de 9,5 billones de dólares a un fondo de
reparación ambiental administrado por la población afectada. Desde entonces, la
empresa ha dedicado una suma enorme de recursos en abogados, lobby, propaganda
y persecuciones para evitar pagar la reparación. Como no existen más activos de
Chevron en Ecuador, la UDAPT decidió buscar la homologación de la sentencia en
otros países.
Uno de estos países es Brasil. El caso se
encuentra en evaluación en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ). El sistema de
justicia brasilero tiene la oportunidad histórica de hacer valer la justicia
para los 30.000 afectados de la Amazonía y abrir un importante precedente para
las víctimas de crímenes socioambientales, que buscan un amparo legal para las
violaciones que sufrieron.
Al participar del Tribunal
por los Derechos de la Naturaleza durante la COP 21 en París, en diciembre de
2015, Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT y originario de la región afectada,
hizo una conmovida referencia al crimen ambiental de Samarco/Vale/BHP en la
cuenta del río Doce en Brasil, ocurrido un mes antes de la realización del
evento. Pablo y la UDAPT además de ser importantes referencias en la lucha
global por la justicia ante la impunidad corporativa, ha actuado en solidaridad
con otras comunidades afectadas que enfrentan crímenes ambientales y
violaciones cometidas por las empresas.
En el aniversario de un
año del crimen socioambiental de Samarco/Vale/BHP, Robinson Yumbo, presidente
de la nación indígena Cofan, una de las cinco nacionalidades afectadas por la
Chevron en la Amazonía ecuatoriana, hizo parte de la delegación de la
Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale en una Marcha y
Encuentro de los Afectados que recorrió toda la cuenca del río Doce, desde
Regencia (ES) hasta Mariana (MG), en solidaridad con los afectados por
Samarco/Vale/BHP.
Esa actividad, entre
otras, ha demostrado que el desmantelamiento de la arquitectura de la impunidad
que favorece a las empresas es una lucha que une a todas las víctimas de
violaciones y crímenes corporativos y a los pueblos que resisten los
megaproyectos expoliadores en todo el planeta. Empapada de este espíritu la
UDAPT junto con la FASE y más de 200 movimientos, redes y organizaciones de
todo el mundo, componen el esfuerzo colectivo de la Campaña Global para
Desmantelar el Poder Corporativo y Parar la Impunidad.
Notas
Edición del artículo de
Diana Aguiar, integrante del Grupo Nacional de Asesoría (GNA) de FASE. El texto
original fue publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo Brasil en el boletín
Ponto de Debate junto a otro elaborado por Pablo Fajardo, de la UDAPT.
De las 100 economías más
grandes del planeta, 59 son países y 41 son empresas transnacionales. Diversas
empresas son más grandes que la economía de varios países, que muchas veces
eligen flexibilizar legislaciones ambientales, trabajadoras y sociales y
mecanismos de protección de sus poblaciones en pro de la atracción de
inversiones. Fuente: Planeta Tierra: un Mundo Corporativo, em Transnational
Institute: Estado del Poder, 2012.
