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Hoy lunes 11
de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se abrió en 2012 sobre
los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En medio de numerosas
protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera y dentro del
Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que los 11
procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -homicidio doloso
consumado y en grado de tentativa, según el caso- y establecieron condenas que
van de los 30 a los 4 años de prisión.
I
La matanza
de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición en el Parlamento para
iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando Lugo. Ocurrió el 15
de junio de 2012 cuando alrededor de 300 policías fuertemente armados -grupos
de élite- intentaron desalojar a unos 70 campesinos unas tierras -en litigio
entre el Estado y una empresa- que habían ocupado en reclamo por su
incorporación a los beneficios que el gobierno estaba otorgando a las
organizaciones campesinas.
El
Presidente Lugo había ordenado tiempo antes la ejecución de desalojos pacíficos
-sin armas- de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior
relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos. En el
caso de Curuguaty, hoy resuelto, se determinó que los campesinos se habían
negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad, que habían iniciado
los disparos que dieron lugar a la masacre y que fueron los responsables de las
17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en
las filas campesinas (11).
El proceso
judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos
campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su
inicio, hace ya cuatro años. Entre otros, destacan la toma de testimonios sólo a policías, que no se hicieron
adecuadamente las pericias, incluida la de balística para determinar qué grupo
poseía los proyectiles de alto calibre, que se “perdieron” posteriormente evidencias
forenses que indicaban el ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de
fuertes indicios de parcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes
en el caso, que sesgaron la orientación de la investigación hacia la
culpabilidad de los acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el
comienzo, la inversión del principio de presunción de inocencia -desde su
inicio los acusados están privados de su libertad-.
II
Que a
escasos dos días de la masacre se presentara un pedido de juicio político
contra Fernando Lugo y que cinco días después se votara mayoritariamente por su
destitución en el Legislativo no deja de ser altamente llamativo; tampoco -por
la misma razón- la constante parcialidad de la corporación judicial en la
manera en que llevó adelante el juicio contra los campesinos.
El rojo es
la constante en ambos procesos. Las tierras ocupadas por los campesinos estaban
siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al hoy
fallecido Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado y de fuertes
vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras
más importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad del
gobierno actual-.
Y ya en el
plano político, fue a instancias del Partido Colorado -a través del diputado
Luis Gneiting- que se interpuso el pedido de juicio político contra Lugo por su
supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y, de modo más
general, por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos
social, entre otros cargos investigados de manera express.
Así, la
culpabilidad de los campesinos era necesaria para terminar de legitimar
transitivamente la culpabilidad de Fernando Lugo, razón esgrimida para el golpe
perpetrado por las élites políticas y económicas del Paraguay. Su tradicional
dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del
Estado fue puesto en cuestión por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo. Éste
quebró seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado, y su
destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido, tras el interregno
del vicepresidente Federico Franco y la victoria electoral del actual presidente,
el empresario ganadero y tabacalero Horacio Cartes.
La quiebra
del “orden establecido” en los cuatro años que duró su mandato también apuntó a
la propiedad de tierras en un país en el que el 2% de los propietarios rurales
siguen monopolizando el 80% de los predios cultivables. A pesar del pánico
causado entre los terratenientes, las medidas en pro del campesinado no
modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad en tanto, a pesar de
las denuncias de usurpación empresarial de tierras comunales y estatales
presentadas por el Gobierno, el opositor Poder Judicial encargado de dirimirlas
dilató su resolución hasta que cayeron en el olvido.
Los
campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de
indefensión institucional que hace décadas aunque hoy, la justicia que debía
ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley
caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido. Y los campesinos
no son los únicos destinatarios de la advertencia.
