Gloria Muñoz Ramírez
Tixtla, Guerrero
Ojarasca, oct 2014
www.jornada.unam.mx
La escuela
Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” parece un campamento de
damnificados. La comunidad de 540 alumnos que la conforman y los padres,
hermanos, abuelos, tíos, primos y vecinos de los 43 estudiantes desaparecidos
durante la matanza de Iguala del pasado 26 de septiembre, han hecho de las
instalaciones su centro de encuentro. La ropa tendida en los salones
convertidos en dormitorios, los comedores improvisados, el va y viene de
autobuses retacados de estudiantes que realizan movilizaciones en las
carreteras y brigadas de información, son el escenario que alberga lo que ya se
califica como uno de los crímenes de Estado más atroces e indignantes en la
historia del país. Otro Acteal, cuando menos.
Los padres y las madres
lucen agotados. Se han hecho ya las pruebas de ADN para ver si pertenecen a sus
hijos los cuerpos sin vida encontrados en seis fosas clandestinas. Desde el
gobierno del estado casi dan por hecho que los 28 cadáveres calcinados y
algunos desmembrados son de los alumnos de entre 16 y 20 años que fueron
detenidos el 26 de septiembre, luego del operativo de la policía municipal de
Iguala que impidió el paso a tres autobuses tomados por estudiantes de la
Normal que se dirigían a recaudar recursos para asistir a la marcha
conmemorativa de otra matanza de estudiantes, la del 2 de octubre de 1968. Los
policías los balacearon y mataron a tres y luego se llevaron, relatan los
testigos, a decenas de estudiantes que hasta el cierre de esta edición no
habían sido presentados. Otras tres personas fueron también asesinadas en
hechos vinculados a la primera agresión.
El domingo 5 de octubre, el
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iñaki Blanco Cabrera, informó
que 28 cuerpos fueron exhumados de seis fosas localizadas en las faldas de un
cerro en Pueblo Viejo, municipio de Iguala. Dijo también que de acuerdo a las
versiones de los 22 policías arrestados, al menos 17 fueron llevados a ese
lugar, donde fueron quemados y desmembrados. Las cuentas no salen. Son 43
desparecidos, 28 los cuerpos encontrados y 17 los que afirman son de los
estudiantes.
En los bloqueos que
realizaron los estudiantes y familiares en la Autopista del Sol, y en la cancha
de basquetbol de la Normal Rural, donde se concentran todos, rechazan las
declaraciones oficiales. Manuel Martínez, vocero de los padres de familia,
desmiente que los cuerpos encontrados en las fosas sean los de sus familiares:
“Que quede bien claro que desmentimos lo que dijo el gobernador, porque no se
vale, es una falta de respeto. Que nos los entreguen el día de hoy porque si
no, en sus manos está lo que vaya a pasar en el estado, así de claro quedamos”.
Martínez reclama la
renuncia del gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel
Aguirre, “y que entregue a los 43 jóvenes, que él sabe dónde están, y que están
vivos. Que desmienta la situación que hizo el día de ayer (respecto a las
fosas), porque jugó con las mentes de las personas a nivel nacional e
internacional. Y que vaya contando sus días en este estado, porque sabe bien
que en esta ocasión sí se va de Guerrero”, remata.
Sobre las declaraciones del fiscal del estado, que
refieren que el director de seguridad pública municipal de Iguala, Francisco
Salgado Valladares, dio la instrucción de detener a los 17 estudiantes, y una
persona conocida como El Chucky, del grupo Guerreros Unidos, de
la delincuencia organizada, ‘‘ordenó’’ a los policías ultimarlos, el
representante de los familiares apunta: “no sabemos cómo está la narcopolítica,
no inmiscuimos a ese tipo de personas aquí. Los que se llevaron a los
compañeros fueron los policías municipales, por eso los culpamos a ellos. Hasta
nos sabemos los números de las patrullas: la 017, 018, 020, 021, 022 y la que
más anduvo contraatacando a nuestros compañeros normalistas fue la 302. Incluso
después de que se los llevaron acudimos a varias instancias para ver si estaban
nuestros compañeros, al ejército y nada, a barandillas en la policía municipal,
y nada, a hospitales y nada, a Semefo (Servicio Médico Forense) y nada.
Entonces, ¿qué está pasando aquí?”. Lo cierto es que nadie da respuestas.
En la Normal de Ayotzinapa
se respira la incertidumbre. Grupos de jóvenes curtidos en el arte de pintar
mantas, dibujan las que en estos días los convocan: JUSTICIA, se lee en una
pintada de color rojo sangre. ASESINOS, se lee en otra. Los padres hablan entre
ellos sentados en sillas dispersas. Otros se mantienen en silencio, con la
mirada perdida. Hay tensión y zozobra alrededor de un altar con velas y flores
colocado al centro de la cancha, frente a un estrado enmarcado por las imágenes
de la triada Marx-Engels-Lenin, de un lado, y del otro El Ché Guevara y Mao Tse
Tung. Casi no hay espacios sin murales y consignas políticas en esta escuela
construida en la década de los treinta, en periodo posrevolucionario, por
órdenes del entonces presidente Lázaro Cárdenas. “Ayotzinapa, cuna de la
conciencia social”, dice el letrero colocado en la entrada de esta
escuela-internado multilingüe conformada por estudiantes de bajos recursos, en
su mayoría indígenas, provenientes de diversas partes del país. Aquí se forman
los maestros que a su vez forman a los alumnos de primaria y secundaria de las
regiones más empobrecidas de México.
Proveniente de Cerro Gordo,
en Ayutla, el padre de Carlos Iván, de 18 años, uno de los
detenidos-desaparecidos, ya se hizo las pruebas de ADN para que las
comparen con los cadáveres encontrados. Reclama que “no hay resultados. No
sabemos nada de ellos, de su paradero, queremos que los liberen ya, estamos
desesperados”. Otra madre familia, con los ojos bañados de lágrimas exige sin
parar: “Que nos los entregue vivos, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Los muchachos no son asesinos ni son vándalos, que nos los regresen”.
Mirada Internacional
Aunque desde los gobiernos
federal y estatal se intenta enfocar la masacre en el nivel local,
responsabilizando al alcalde de Iguala, a quien se le dieron todas las
facilidades para escapar, y al director de seguridad pública municipal,
Francisco Salgado Valladares, también prófugo, la prensa internacional recorre
Guerrero, el estado que destapó con claridad lo que todo el mundo sabía: la
complicidad del Estado con el crimen organizado. Por si faltara más información
sobre estos vínculos, el lunes 6 de octubre el grupo delictivo Guerreros
Unidos amenazó públicamente al gobierno colocando gigantescas mantas en
Iguala, en las que exigen la liberación de los 22 policías detenidos por el
caso: “Les damos 24 horas para que los suelten, si no aténganse a las
consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del
gobierno… ya empezó la guerra. atte: GU”.
Mientras continúa
destapándose la cloaca, el PRD insiste en la defensa del gobernador que surgió
de sus filas, mientras el presidente Enrique Peña Nieto se concretó a lamentar
en cadena nacional que “sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado
afectados y violentados en sus derechos”. Como “afectados” se refirió el
ejecutivo federal a los “asesinados”. Y días después de la masacre envió a la
Gendarmería y al Policía Federal a resguardar Iguala, mientras el ejército
desarmó a la policía municipal.
