¿Asilarse o indocumentarse? He ahí el dilema

José Luis Rocha

www.envio.org.ni/sept.2014

La diferencia entre los millones de indocumentados que evadieron los controles migratorios y los miles de migrantes que piden asilo consiste en que quienes aplican al asilo han cedido a “la migra” y a los jueces la última palabra sobre su posibilidad de permanecer en Estados Unidos y en cambio, los indocumentados no renunciaron a esa palabra y se están concediendo esa posibilidad por sus propias manos. Por cada migrante indocumentado que detiene “la migra”, otros tres logran entrar a Estados Unidos.

Muchos de los migrantes centroamericanos que recién cruzan la frontera mexicano-estadounidense y también algunos que llevan meses o años viviendo en Estados Unidos se enfrentan a un dilema: Entregarse a “la migra” o seguir su camino por su cuenta y riesgo. Ponerse en manos de la lotería de los funcionarios de inmigración del ICE para aplicar al asilo o huirle como a la peste a las autoridades migratorias. He ahí el dilema: aplicar a un improbable asilo o continuar con la incertidumbre de ser un indocumentado que no sabe si esa noche truncarán su sueño americano.

¿ENTREGARSE A “LA MIGRA” O AGUANTAR?

La combinación de cardos que erizan de obstáculos y de pétalos que suavizan las políticas migratorias ha creado ese dilema. Y es difícil dar una respuesta certera a cada persona. Benito -quiché guatemalteco con más de siete años de vivir en Los Ángeles- me preguntó: “¿Qué te parece si voy a la migra y me entrego para pedir asilo? Mi pueblo vive violencia y vivió un genocidio”. Reboté su pregunta a un abogado experto en migración y muy comprometido con los centroamericanos. Sin vacilar me respondió: “Mi recomendación es que aguanten, que sigan como están hasta que la reforma migratoria los ayude a regularizarse”.

La ley sólo exceptúa los nítidos casos de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), el memorándum por el que en 2012 Obama permite la suspensión de deportación a migrantes de 15 años o más, bachilleres (o en proceso de serlo), llegados a Estados Unidos antes de los 16 años y antes de junio de 2012, que cancelen los 465 dólares de la aplicación. Menos del 10% de los indocumentados son potenciales beneficiarios de DACA. Lo que denota la opinión del abogado -para muchos absurda e incluso apologética del delito- es que lo que puede ser una solución para algunos migrantes no necesariamente lo es para todos.

LA LEY DE REFUGIO DE 1980: POCAS APROBACIONES Y MUCHOS RECHAZOS

La historia de la institución del refugio y sus cifras nos muestran que el reconocimiento oficial como asilados o refugiados no es un beneficio al que pueda aspirar el grueso de los centroamericanos que llegan sin papeles a Estados Unidos. La figura del refugiado es relativamente nueva. Hizo su aparición tras la Primera Guerra Mundial, cuando los tratados de paz y la caída de los imperios ruso, austro-húngaro y otomano alteraron el orden demográfico y territorial de la Europa centro-oriental. En un lapso muy reducido, se desplazaron de sus países un millón y medio de rusos blancos, 700 mil armenios, 500 mil búlgaros, un millón de griegos y cientos de miles de alemanes, húngaros y rumanos. En Estados Unidos el refugio fue refrendado legalmente de forma muy tardía.

La ley de refugio de 1980 fue la primera enmienda comprehensiva en Estados Unidos de la ley de migración. Fue una enmienda diseñada para hacer frente a los nuevos conflictos bélicos con una política clara y soluciones flexibles a fin de adaptarse a las condiciones cambiantes de un mundo turbulento, según afirmó Maurice A. Roberts, conocido como “el decano de la ley migratoria”.

Sin embargo, las tasas de éxito de las aplicaciones al refugio y las formas de argumentar de los organismos humanitarios -que no apelan al corazón de la ley de refugio, sino a la piedad hacia los niños migrantes que llegan sin compañía hasta la frontera- no son un indicador de su claridad y flexibilidad. Los abogados migratorios tampoco corroboran el optimismo de quien fuera uno de los cerebros tras esa ley. Las cifras dicen que los casos de asilo ganados por los centroamericanos son casi insignificantes comparados con las miles de solicitudes.

En términos generales, en Estados Unidos las tasas de aprobación del asilo y del refugio han exhibido una marcada tendencia a la baja y a ser bajas. El presidente Carter despidió su mandato con el 55%, y promedió 50% en toda su administración. En 1980 dio refugio a 207,116 damnificados por diversos conflictos bélicos, un récord histórico imbatible hasta la fecha. Reagan bajó las aprobaciones a 27% en su primer período y cerró su segunda ronda con 37%, pese a que su mandato empezó después de que entrara en escena la ley de refugio de 1980.

Bajo la administración Reagan, la mayor parte de la década de los 80 fue relativamente pobre en admisión de refugiados, pese a las intervenciones directas del ejército estadounidense en Grenada, Panamá, Líbano y Sinaí; a la recurrente presencia de asesores militares en Honduras, El Salvador, Colombia, Bolivia y Perú; y a las operaciones navales y aéreas en el Golfo Pérsico, Irán, Libia, Egipto y Filipinas. La identificación militar de eventos conflictivos -luego agravados con las intervenciones estadounidenses- no ha trotado al mismo ritmo que la disposición de recibir a las víctimas de esos eventos. Probablemente esta asimetría es síntoma de un alto grado de autocomplacencia estadounidense en su rol como exportador de la democracia: si las intervenciones instauran o restauran la democracia, ¿qué sentido tiene recibir a refugiados de los países intervenidos?

La administración de Bush padre fue en términos absolutos más generosa en la provisión de refugio con 458,073, un promedio anual de 114,518, cifra que superó con creces los 82,478 anuales que redondeó Reagan. Después de 88,006 refugiados anuales con Clinton, Bush hijo bajó a los 47,500 que han sido el promedio más deprimido. Y en 2002 desplomó las concesiones de refugio a 26,788, la cifra más exigua de acogidos en Estados Unidos desde que rige la ley de 1980. En 2009-2012, Obama ha promediado 65,615.

Las tasas de aprobación y rechazo de las solicitudes suelen variar mucho de una a otra de las ocho oficinas donde se tramita el asilo en Estados Unidos. En 1996, San Francisco, Arlington y Miami tuvieron las mayores tasas de aprobación: 45, 32 y 30%. Newark, Los Ángeles y Houston registraron las menores tasas: 12, 14 y 20%. En 2004, la oficina de San Francisco aprobó el 47% de los casos. Arlington y Miami la siguieron de cerca con un 40%. En contraste, Houston y New York destacaron con su 19 y 18%. Esta desconcertante variedad de tasa es un indicio de discrecionalidad. También implica que la distribución geográfica de los migrantes tiene un impacto sobre sus posibilidades de obtener asilo. Y puede servir como indicador para los migrantes de dónde aplicar y dónde no. En cualquier caso, queda claro que la vía del asilo está pespunteada de baches.

UN COLADOR CADA VEZ MÁS RÍGIDO

La membrana coladora de refugiados ha ganado rigidez en las dos últimas administraciones. El gobierno de Estados Unidos parece haber decidido que el tiempo del refugio quedó atrás. Y aunque salvadoreños, guatemaltecos y hondureños se encuentran entre las diez nacionalidades más beneficiadas por el asilo en Estados Unidos, junto a chinos y mexicanos (un ranking notorio si consideramos la brecha entre los volúmenes poblacionales de estos dos países y los de las pequeñas naciones centroamericanas), las reducidas aprobaciones de las cada vez más numerosas peticiones de asilo indican que la voluntad de acogida es insuficiente.

En los diez años que van de 2003 a 2012, Estados Unidos apenas aprobó 9,656 solicitudes de los cuatro países más afectados por la guerra de los años 80 y por la violencia actual. En esos diez años deportó a 623,408 personas de esas nacionalidades. Eso nos da una idea del mensaje: el refugio no es una puerta de ingreso, sino una diminuta escotilla para una reducida selección.

Para entender cuán estrecha es esa selección, tomemos la serie que va de 2012 a 2006, el año en que ACNUR empezó a proporcionar el suficiente nivel de desagregación de las variables. En ese lapso Estados Unidos recibió 48,550 peticiones de asilo de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Solamente aprobó 7,541 solicitudes, el 15.5%. El monto de las solicitudes aumenta cada año, pero las tasas de aprobación han ido descendiendo desde el 27% en 2006 hasta el 9 y 10% de 2011 y 2012.

EL “GRAN CASO”

En cierta forma, las políticas de asilo y refugio de Estados Unidos pueden ser relacionadas con una tácita admisión de su responsabilidad en los conflictos. Por eso, la concesión del asilo se vincula al cálculo geopolítico y a la presión de las condiciones internas. En ausencia de presiones, las cortes migratorias regatean el asilo apelando a los exigentes entresijos de la ley. No a su flexibilidad. Por eso el gobierno estadounidense concedió a cuentagotas el refugio a salvadoreños y guatemaltecos en los años 80 -al 3% de los solicitantes o menos-, aduciendo que no eran refugiados, hasta que una coalición de la sociedad civil, liderada por iglesias evangélicas, interpuso una demanda que fue aprobada en enero de 1991: American Baptist Churches versus Thorn-burgh Settlement Agreement (ABC).

Después de casi seis años de arduas y complejas argumentaciones, las iglesias le torcieron el brazo al fiscal general y al director de migración para conseguir simplemente la aplicación de la ley de refugio, un triunfo que en sustancia se apoyó en la bárbara represión que guatemaltecos y salvadoreños padecían en sus países y que hasta entonces no era reconocida por el gobierno estadounidense.

No está claro que el actual enfoque en los menores no acompañados que llegan a la frontera -minoría entre los centroamericanos que huyen de la violencia, y que no son tan menores- sea una mejor táctica. Sólo está claro que aquel único tanto que la sociedad civil estadounidense se ha marcado a favor de los refugiados salvadoreños y guatemaltecos apuntó hacia la médula de la ley de refugio: acoger a las víctimas de la violencia.

Al acuerdo de la ABC apeló William, un salvadoreño que vive en Los Ángeles y asesora un grupo juvenil de indígenas quichés. Llegó a Estados Unidos a los 16 años siendo un menor. Hoy tiene 50 años. En cuanto pudo se acogió a ABC y no a ninguna iniciativa que beneficiara a los migrantes menores.

EN EL RÍO REVUELTO DE HOY

La insistencia en el drama de los menores ha revuelto el río de las discusiones migratorias de tal manera que, por el momento, sólo los pescadores republicanos han obtenido ganancias. Cuando el fiscal general Eric Holder anunció que un partenariado con AmeriCorps -programa federal que ofrece representación legal a niños indocumentados- garantizaría “los derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad” y que “la manera en que tratamos a los más necesitados, especialmente a los jóvenes que deben enfrentar procesos por haber migrado -muchos de los cuales están huyendo de la violencia, la persecución, el abuso o el tráfico- toca el núcleo de lo que somos como nación”, no hizo una declaración efectiva, sino una que atizó el fuego xenófobo de quienes, como Ryan Lovelace, columnista de la National Review, opinan que esas declaraciones y la posibilidad de suspender un proceso de deportación acogiéndose a la DACA servían como un imán para atraer ilegales.

Quizás al señor Lovelace no le falte razón: la desproporción entre la cantidad de menores detenidos en Estados Unidos y en México es llamativa. Los menores no acompañados de Guatemala, Honduras y El Salvador tienen en Estados Unidos mucho mayor peso porcentual dentro del total de detenidos. En 2013 fueron 20,805 de los 106,420 deportados (19.5%). Ese año, en México sólo fueron 5,389 de 77,232 (7%). El año anterior las proporciones habían sido del 11 y el 4% en Estados Unidos y México respectivamente.

¿Significa esto que algunos migrantes se están poniendo en manos de las autoridades migratorias, apelando al amparo de una legislación y unos procedimientos temporalmente benévolos? Es posible. Si es así, fue una táctica efectiva hasta que la administración Obama reculó y nuevamente hizo alarde del rigor con que aplicaban la ley, insistiendo en que los niños serían devueltos a sus países de origen.

LOS “SIN PAPELES” SE CONVIERTEN EN LOS “SIN PALABRA”

Zygmunt Bauman sostiene que “los refugiados son residuos humanos, incapaces de desempeñar ninguna función de utilidad en el país al que han llegado y en el que permanecen de manera temporal, y sin ninguna intención ni perspectiva realista de verse asimilados e incorporados al nuevo cuerpo social”.

En un ensayo titulado We Refugees, que Hannah Arendt escribió en 1943, dos años después de su arribo a Estados Unidos, difícilmente podía imaginar una actitud más peligrosa que la discriminación que la sociedad aplica como un arma y que permite matar sin derramar sangre debido a que los pasaportes y certificados de nacimiento, habían dejado de ser documentos formales para convertirse en un asunto de distinción social.

Años después, en Los orígenes del totalitarismo, Arendt afirmó que la fundamental privación de derechos humanos se manifiesta primero y ante todo en la privación de un lugar en el mundo donde las opiniones sean significativas y las acciones efectivas. Quienes carecen de derechos humanos son privados “no del derecho a pensar lo que les plazca, sino del derecho a opinar”.

Esta visión retoma el retrato del destierro que Eurípides plasmó en la tragedia Fenicias, en el diálogo sobre las penurias del exilio entre el desterrado Polinices y su madre Yocasta:

“Yocasta- ¿Cuál es su rasgo esencial? ¿Qué es lo más duro de soportar para los desterrados?

Polínices- Un hecho es lo más duro: el desterrado no tiene libertad de palabra.
Yocasta- Eso que dices es propio de un esclavo: no decir lo que piensa”.

La parresía -libertad de palabra, de decirlo todo o la libertad de opinar sin restricciones- distinguía al ciudadano griego de los esclavos y los bárbaros. El parresiastés es aquel que dice la verdad. Según Foucault, el que dice lo que debe decirse y para los otros resulta desconcertante “no tanto por la aceptación o la coincidencia con lo que se dice, un cierto estar de acuerdo, sino porque convoca a una tarea” y porque transmite “una incitación en la que de tal modo llama la verdad que pone en acción hacia sí, procura condiciones para el cuidado de sí, es un discurso como mano amiga que acompaña y desafía”.

Pero dice su verdad porque tiene ese derecho. La condición del exilio produce los parresiasless, los no autorizados para decirlo todo. Los “sin papeles” se convierten en “sin palabra”. Ni siquiera -o sobre todo- la palabra que concierne a su destino. Y ése es el rasgo que Polinices considera la mayor privación de los desterrados. “Si no se tiene el derecho de hablar libremente -sostiene Foucault, explicitando el argumento de Polinices-, se es incapaz de ejercer ningún tipo de poder, y de este modo se está en la misma situación que un esclavo”.

EL REFUGIADO: ¿EL NO CIUDADANO?

Y eso es lo que ocurre, según Giorgio Agamben, en el sistema del Estado-nación, donde “los pretendidos derechos sagrados e inalienables del hombre aparecen desprovistos de cualquier tutela y de cualquier realidad desde el momento mismo en que deja de ser posible configurarlos como derechos de los ciudadanos de un Estado”.

La presunta universalidad de los derechos humanos queda así constreñida a la función histórica: la inscripción de la criatura humana en el orden jurídico-político del Estado-nación. Por efecto de esta biopolítica, el nacimiento es el portador inmediato de la soberanía, pero el ser humano como tal -supuesto portador de esos derechos- se disipa para dar paso al ciudadano. El nacimiento aparece como base de los derechos, pero el ejercicio de esos derechos está ligado a la nación. Por eso el refugiado, en el que nación y nacimiento están disociados, muestra la oculta vulnerabilidad de la vida desnuda. El refugiado “representa la primera y única aparición real del hombre sin la máscara del ciudadano que constantemente le encubre”.

El refugiado es una figura inquietante porque muestra cómo el ordenamiento jurídico del Estado-nación rompe la identidad entre hombre y ciudadano. Partiendo de que el exilio es la figura de la vida en su inmediata y originaria relación con el poder soberano, Agamben sostiene que el refugiado es la única categoría en la que hoy nos es dado entrever las formas y los límites de la comunidad política por venir. El refugiado podría ser, a su juicio, la única figura a partir de la cual reconstruir la filosofía política, una vez que nos decidamos a abandonar sin reservas los conceptos fundamentales con los que hasta ahora hemos representado a los sujetos de lo político: el Hombre, el ciudadano con sus derechos, el pueblo soberano, el trabajador...

El planteamiento de Agamben pierde capacidad explicativa no porque sea inútil cuando habla de la total carencia de derechos, como sostienen los críticos que lo rebaten echando mano del inalienable derecho a tener derechos que asiste a todos, según Arendt, sino por haber elegido una metáfora equivocada: la condición de exiliado no remite a la vida desnuda, sino a la carencia de palabra, a no poder decir y decidir sobre el propio destino, a una condición política que se ubica más allá de la política, como la del esclavo en la Grecia antigua, según sostuvo hace más de dos mil cuatrocientos años Eurípides por boca de Polinices.

CON SU PALABRA Y POR SUS PROPIAS MANOS

La mayoría de los centroamericanos que ingresan a Estados Unidos optaron por no ceder esa palabra y así eligieron ante la disyuntiva de “asilarse” o “indocumentarse”. La diferencia entre los millones de indocumentados que evadieron los controles migratorios y los miles de aplicantes al asilo consiste en que los aplicantes han cedido a los jueces y a otros funcionarios de migración la última palabra sobre su posibilidad de permanecer en Estados Unidos.

Los indocumentados no renunciaron a esa palabra. La mayoría de los centroamericanos se están concediendo el refugio por su propia mano. Las indocumentadas y los indocumentados distribuidos en miles de ciudades de Estados Unidos tienen en común no haber renunciado a decir su palabra. Se niegan a ser homo sacer, consagrados a la muerte en la que a veces se convierte su deportación. No le cedieron al Estado todo el derecho a decidir sobre su futuro inmediato.

Agamben afirma que “la supervivencia política de los hombres sólo es pensable hoy en una tierra donde los espacios de los Estados hayan sido perforados y topológicamente deformados y en que el ciudadano haya sabido reconocer al refugiado que él mismo es”.

POR CADA DETENIDO Y EXPULSADO ENTRAN Y SE QUEDAN TRES

Lo que está ocurriendo es que son los indocumentados quienes perforan y penetran los espacios de los Estados y reconocen a los ciudadanos en potencia que ellos mismos son. Por lo pronto, los migrantes se están tomando los espacios por su propia mano. Los 11,598 centroamericanos que solicitaron asilo en Estados Unidos en 2013 probablemente apenas representan el 3% de los que entraron ese año sin papeles. La migra mexicana calcula que por cada detenido hay tres migrantes más que se escaparon del alargado colador de migrantes en que por voluntad de sus políticos se ha convertido México. Y en Estados Unidos, entre 1990 y 2010 se expulsó a un promedio de casi 180 mil migrantes por año, pero en ese lapso lograron entrar 8 millones, casi 381 mil cada año.

Tampoco es el asilo el principal peldaño previo a la residencia: los 3,623 refugiados/asilados salvadoreños que obtuvieron un ajuste de estatus como residentes apenas representaron el 2.5% de los 146,980 salvadoreños que entre 1991 y 1996 se asentaron legalmente en Estados Unidos. Ni siquiera en su edad de oro -con la implementación de la ley de refugiados de 1980- el asilo/refugio fue una vía masiva hacia el establecimiento legal en Estados Unidos. Entre 1987 y 1996, sólo 31,921 refugiados y asilados centroamericanos accedieron a la residencia permanente.

Esta cifra representó apenas el 5% de los 589,577 centroamericanos legalmente admitidos, cifra que incluye a los centroamericanos que ingresaron por la puerta grande abierta a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses (cónyuges, hijos o padres). También equivale a sólo el 3.5% de los indocumentados que había en 1996, lo cual da una idea de lo lejos que estaba de ser una solución a la indocumentación ese ajuste de estatus. De hecho, los centroamericanos que desde los años 70 hasta 2004 usaron la ruta del refugio como vía de acceso a la residencia apenas equivalen al 6% de los 660 mil centroamericanos indocumentados de 1996.

Mientras sigue la tercia de tirios y troyanos en la que republicanos y demócratas están enzarzados, los centroamericanos, que merecen el refugio por tantas y tantas razones, y a quienes se les otorga con mezquina tibieza, siguen ganándose esos espacios por sí mismos, con su palabra y por sus propias manos.

MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PHILIPPS, MARBURG.