www.rebelion.org / 240417
No es posible entender la crisis actual en
Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde
adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de
comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta
que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la
intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso
venezolano ni es una especificidad regional de ese país.
A su vez planteamos que se están desbordando
el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que
se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual
situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos
informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte
compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos
ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que
comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un
progresivo socavamiento del tejido social.
El trato que se le da a Venezuela en los
grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el
mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo,
demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.
Más allá de las versiones cretinizantes de la
neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de
‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa
heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo
lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay
muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar
adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en
Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde
adentro’.
El criterio de acción e interpretación basado
en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los
partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las
clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar
por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que
contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura
actual.
Presentamos 7 claves para su comprensión,
analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se
están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en
las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el
neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.
I. No es posible comprender lo que pasa en
Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea
El rico y vasto conjunto de los llamados
‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial
a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la
integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un
notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores
intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas
dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el
país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los
diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.
En este sentido, estos sectores se encargan
de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional
como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto
de interpelación política.
Sin embargo, desde la instauración de la
Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo
estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más
agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de
agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América
Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de
2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and
extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United
States’ [1] . Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de
esta manera por la potencia del norte.
Actualmente, además de las amenazantes declaraciones
del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017),
planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar
adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela
could eventually compel a regional response’ [2] –, y de la evidencia de la
agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a
Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, encabeza, junto a varios países de la región, el intento de
aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la
democracia’ en el país.
Los ideólogos y operadores mediáticos de la
restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación
de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus
análisis por qué extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del
mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y
Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y
prefieren callar.
Sea pues, por razones de intencionalidad
política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los
organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder
que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una
lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos
globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de
su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de
mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas
instituciones de gobernanza global y regional.
Pero hay algo importante que agregar. Si
hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay
crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas
económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía,
incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de
flexibilización económica.
Una parte de la izquierda ha preferido callar
estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser
señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están
desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la
apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las
reivindicaciones populares.
II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el
caso venezolano
Casi desde el inicio de la Revolución
Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto
sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha
sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y
ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada,
lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.
La ‘dictadura’ suele estar asociada a
regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está
concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una
ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de
libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto
ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.
El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido
utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial,
visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una
especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de
la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.
El asunto es que en Venezuela en la
actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin
limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país
estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez
fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–,
en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien
estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.
Aunque exista un gobierno con un componente
militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta
capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay
dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos
de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, ‘caotizando’
aún más la situación.
El hecho de que la oposición venezolana
controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía
electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de
poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la
combinación Ejecutivo-Judicial.
Antes pues que hablar de un régimen político
homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis
de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o
bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.
Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto
romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está
gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un
declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En
nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y
del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas
mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo
omitidos.
Destacan por su gravedad políticas de
seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan
intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en
diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para
"combatir el hampa", los cuales suelen tener polémicos saldos en
muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las
elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán;
crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto
de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización,
resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.
Este es el mapa político que, junto a las
diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de
baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana
de los venezolanos. En este marco se desenvuelven las libertades individuales,
la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas,
expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras
formas de la llamada democracia en Venezuela.
III. En Venezuela se están desbordando el
contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal
Si hay algo que podría definirse como una
especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual
está desgarrado, profundamente corrompido y altamente ‘caotizado’. Hemos
sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas
de toda América Latina [3], haciendo referencia con esto al conjunto de las
instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que
conforman la República venezolana.
La crisis histórica del modelo de acumulación
rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas
vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial
desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado
en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de
la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía
de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.
En el ámbito económico, la corrupción se ha
transformado en un mecanismo transversal y ‘motorizador’ de distribución de la
renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos
pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera
determinante con PDVSA [4], la principal industria del país, así como con
fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas
nacionalizadas.
El colapso de la economía formal ha hecho de
la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional.
Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad
de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de
alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)
[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de
divisas, medicinas, gasolina, etc.
En el ámbito político-jurídico, el estado de
derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores
políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas
políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional
enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y
conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan
operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras.
En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy
vulnerable a la población venezolana.
Cada vez reina una mayor impunidad, la cual
se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se
enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la
población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con
sus propias manos.
El colapso del contrato social genera
tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder
también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos
poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que
controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que
dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905 [6].
El marco presentado implica nada más y nada
menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el
país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.
IV. La crisis de largo plazo del capitalismo
rentístico venezolano (1983-2017)
El hundimiento de los precios internacionales
del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero
no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80
hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el
extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual
fase de ‘caotización’ de la economía nacional (2013-hoy) es también producto
del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?
Varias razones lo explican. Alrededor del 60%
de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son
económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de
procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del
negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores,
cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el
modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social
no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en
aumento.
La hiper-concentración poblacional en las
ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en
el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas
de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los
efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los
ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a
fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún
más débil para enfrentar una nueva crisis.
La corrupción socio-política del sistema
también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que
impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la
crisis.
La creciente volatilidad de los precios
internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en
torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen
también significativos impactos en la economía nacional.
Mientras se desarrollan todos estos vaivenes
económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando,
lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y
futuro.
La actual solución que impulsa el Gobierno
nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir
la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y
favorecer al capital transnacional.
En suma, cualquiera de las élites que
gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites
históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No
bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo
suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para
enfrentarlos.
V. ¿Socialismo? En Venezuela se está llevando
a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo
En el país se está desarrollando un proceso
de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas
regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los
avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana.
Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución,
aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.
Destacan políticas como la creación de las
Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales
de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los
capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones
dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la
Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90,
bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
También resaltan la paulatina flexibilización
de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del
Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente
emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio
flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en
dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos
de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las
importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.
Se está impulsando el relanzamiento de un
extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas
fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del
Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un
territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida
claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos
proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de
dependencia que produce el extractivismo [7].
Cabe destacar que estas reformas se combinan
con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos
aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las
organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e
antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales
objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.
Estamos en presencia de lo que hemos llamado
un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de
mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de
intervención estatal y asistencia social.
Parte de la izquierda ha estado muy enfocada
en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la
‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas
también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil
neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza [8].
VI. ¿La alternativa? El proyecto de los
partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal
La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’
(MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno
nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y
es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más
definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con
esta.
La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio
existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha
–que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de
conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia
distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre
ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.
A pesar de sus diferencias, a los diferentes
grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz
ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el
Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte
popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.
Su matriz ideológica está profundamente
determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador,
enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’
por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.
Estos pilares ideológicos son más claros en
la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde
la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más
acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el
Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’ [9]. Se trata de una
versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al
proyecto del actual Gobierno venezolano.
Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar
la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea
llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles
diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera
del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas
petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso) [10] y
Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela [11]) son gemelas, y consensuan
con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El
cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más
rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos
socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.
VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo
socavamiento del tejido social
En todos estos procesos de guerra de baja
intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La
potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la
Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva
desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula
de los tejidos comunitarios del país.
La precariedad para cubrir las necesidades
básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y
competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de
la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía
de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la
polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a
experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por
parte de diversos actores políticos y territoriales; forman parte de este
proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los
verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación
popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante
un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.
Mientras tanto, diversas organizaciones de
base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en
construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cuál será su
capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para
articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto
político nacional.
Si hay una solidaridad irrenunciable que debería
impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este
pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la
explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y
se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y
atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que
suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el
verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a
estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación
del poder podría ser muy alto.
Caracas, abril de 2017
*Emiliano Terán Mantovani es sociólogo
venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.
[5] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/leon-bachaquero-invierte-400-revender-gana-mil_21462
[6] http://efectococuyo.com/principales/van-al-menos-24-fallecidos-en-enfrentamientos-entre-cicpc-y-bandas-delincuenciales; http://www.radiomundial.com.ve/article/enfrentamiento-en-cota-905-deja-14-muertos-y-134-detenidos-audio
