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El 18 de julio de 2012,
un abogado en Panamá y una asistente en ciudad de Guatemala acordaron la creación
de tres sociedades opacas para uno de los emporios azucareros del país.
Fernando Díaz, de la firma panameña Mossack-Fonseca, escribió a Mercedes
Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca dueña
de la planta de producción de azúcar, el ingenio Madre Tierra, para cerrar el
trato: “Según lo conversado, estaríamos incorporando las compañías Roydon
Trading Company, Wellon Sugar Commercial, American Trade Incorporated. Nos
confirma y procedemos acordemente”, escribió Díaz. Al día siguiente,
Irving-Bell dio la autorización: “Gracias Fernando, me parecen bien los
nombres. Sds, M”.
Esa semana, Mossack-Fonseca
inscribió cada empresa en un paraíso fiscal distinto. Roydon Trading Company,
en Panamá; Wellon Sugar Commercial, en Islas Vírgenes Británicas; American
Trade Incorporated, en Bahamas. La actividad de Wellon Sugar Commercial “es el
comercio del azúcar”, escribió otra ejecutiva de la empresa en otro correo.
Como ocurriría con las
214,000 sociedades creadas en paraísos fiscales con la ayuda de Mossack-Fonseca,
investigada internacionalmente por sus actividades, las empresas vinculadas al
Grupo Campollo serían dirigidas por directores de fachada, de nacionalidad
panameña. Ellos representarían los intereses de los hermanos Campollo: María
Eugenia, Ramón, Ricardo y Rosa María.
Entre 2007 y 2015, el
Grupo Campollo, dueño del ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con
un capital autorizado total de 282 millones de dólares. 47 sociedades están
vinculadas al comercio del azúcar, con un capital que suma 113 millones. Madre
Tierra está detrás del 7.2% del total de caña molida producida en Guatemala
desde 1983. Es el séptimo productor, de los 12 que hay en Guatemala.
La creación de
offshores en paraísos fiscales es legal aunque detrás de la práctica las
autoridades sospechan que se busca evadir al fisco de los países en donde se
concentra la actividad empresarial de los dueños de las compañías. En el caso
del azúcar, que el negocio salga de las fronteras guatemaltecas contradice la
identidad que la industria intenta proyectar cuando su logo y eslogan hablan
del bienestar nacional. “Desarrollo para todos”, dicen los azucareros, que no
tienen problemas en usar sociedades fuera de borda.
Además de las
sociedades offshore de los Campollo, esta investigación encontró vínculos de
otros 9 ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los
administradores, propietarios o empresas que participan como accionistas de los
ingenios aparecen como directivos en empresas offshore. Esta actividad ha
llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de
fiscalizarla por estar fuera de las fronteras guatemaltecas.
Los azucareros son un
grupo poderoso, tradicionalmente emparentado con el poder político, en un país
con enormes problemas para recaudar impuestos de sus 2,100 mayores
contribuyentes. Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal de
Latinoamérica. La autoridades reconocen que garantizar que “contribuyentes
especiales” como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por
ahora, imposible.
En Guatemala, hay
expertos, exjefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT),
empresarios, empleados de ingenios y organismos internacionales como la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la ONU, que
sostienen que la industria azucarera es un cartel a toda regla que se aprovecha
de la debilidad estatal, un “oligopolio colusorio” porque varias empresas se
comportan como una para tener una posición ventajosa en el mercado.
Desde 1983, siete
familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera
(ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa
Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo
(Madre Tierra), los González Bauer - Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas
familias están vinculadas con sociedades en Panamá.
El
control del mercado azucarero
Que 10 de los 12
ingenios guatemaltecos estén relacionados directamente con empresas offshore
casa a la perfección con el perfil de una industria que también ha financiado
campañas de presidentes y diputados, que ha puesto funcionarios en puestos
claves de gobierno, bloqueado leyes como la que regula el uso del agua, o
promovido otras como una que reducirá el pago de impuestos sobre el azúcar que
se exporta y otros productos agrícolas. Y el Estado responde siempre que se
declara incapaz para fiscalizar la industria como debería.
"Durante dos meses se buscaron entrevistas con las 12 empresas azucareras para que detallaran sus vínculos con el poder, sus conflictos laborales y medioambientales y el uso que dan sus administradores a empresas offshore. A excepción de Madre Tierra, el resto de ingenios guardó silencio.
La respuesta de Madre
Tierra fue tajante: “No tenemos ningún interés en llevar a cabo dicha
entrevista, debido a que la empresa es de carácter PRIVADO y como tal sus
operaciones tanto comerciales y mercantiles son de su exclusiva
CONFIDENCIALIDAD Y COMPETENCIA (sic)”, escribió en un correo electrónico el
abogado de la empresa, Marvin Sandoval.
Las
offshore de Moncho, Richard, Rosita y Magena
MT Holdings Capital INC, una sociedad en Islas
Vírgenes Británicas, ejerce la propiedad sobre el ingenio en una red de
empresas que se explica mejor si se tiene en mente a la matrioska, la muñeca
rusa que en su interior guarda otra muñeca, que a su vez guarda otra muñeca…
Madre Tierra es propiedad de Central Agro Industrial Guatemalteca S.A.
(Caigsa). Esta, a su vez, es propiedad de dos empresas panameñas: Gran Flora
Internacional S.A. y Perlino Internacional S.A. Y ambas son hijas de MT
Holdings Capital INC.
Los hermanos Campollo son accionistas de este
holding, según los correos de Mossack-Fonseca. Un documento muestra que el 13
de febrero de 2009, el holding entregó 12.500 acciones a cada uno de los
hermanos, a “Moncho”, “Richard”, “Rosita” y “Magena”, como les llama, según los
correos, el abogado de la familia, José Buitrón. “Magena” es María Eugenia
Campollo, aquella empresaria cuya asistente se comunicaba con el abogado de
Mossack-Fonseca para pactar el nacimiento de tres offshore.
MT Holdings Capital INC es la segunda offshore más
grande de los Campollo. Tiene un capital autorizado de 55 millones de dólares,
según los Panamá Papers, una serie de documentos del bufete panameño Mossack-Fonseca
filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100
medios informativos de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una
investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las fundaciones en Panamá, un paraíso fiscal, no
tienen un dueño y pueden ser propietarias de cualquier activo y encubren mucho
más a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, el reglamento de la Fundación
Niño Jesús, creada en 2008, tiene como beneficiaria de todos sus activos a
María Eugenia Campollo y como sustitutos a sus hijos.
Otro uso que los
Campollo dan a sus offshore es la suscripción de préstamos. Gala Assets
Corporation, sociedad panameña propiedad de los Campollo, dedicada a la
generación de energía y a negocios de azúcar, estaba tramitando un préstamo con
el banco guatemalteco GyT Continental por 75 millones de dólares a principios
de 2015. Un correo del 5 de febrero de 2015, muestra que la empresa del ingenio
Madre Tierra, Central Agro Industrial Guatemalteca y sus dueñas offshore iban a
garantizar el 73% del préstamo con su propio capital.
Azúcar
marca offshore
Así como los Campollo y su telaraña de 121 sociedades en paraísos fiscales, representantes o administradores de otros 9 ingenios guatemaltecos aparecen vinculados a 31 empresas domiciliadas en Panamá, según lograron documentar eldiario.es y El Faro.
De todas las refinerías
de azúcar en Guatemala, las únicas de las que esta investigación no ha
encontrado vínculos con paraísos fiscales son los pequeños ingenios de La
Sonrisa y Santa Teresa, que desde 1983 sólo han aportado el 0.5% de la molienda
de caña, unas 2.2 millones toneladas.
Al otro lado del
espectro, dos corporaciones (grupo Pantaleón-Concepción e Ingenio Magdalena)
que han controlado alrededor del 47% de la producción de caña en Guatemala en
los últimos cinco años son las que tienen más vínculos con paraísos fiscales,
según se descubrió. El grupo Pantaleón es un gigante construido hace 147 años y
que en 1980 compró al ingenio Concepción; y Magdalena, antes de dedicarse al
azúcar en 1983, producía mieles para ron. Los nombres de las offshore
relacionadas son similares al de las sociedades en Guatemala: Ingenio Magdalena
S.A., The Pantaleon Group INC, Pantaleon Land Holding...
Los dueños de Pantaleón
están vinculados a ocho empresas en Panamá y la matriz del grupo está
domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, según acredita un documento de la
Comisión para la Defensa de la Competencia en Honduras. Pantaleón ha sido el
máximo moledor de caña de Guatemala en las últimas tres décadas: 91.3 millones
de toneladas, el 26% de la molienda total. Entre 2008 y 2010, el ingenio
recibió dos préstamos del International Finance Corporation (IFC), entidad del
Banco Mundial, a través de su matriz en Islas Vírgenes, Pantaleón Sugar
Holdings Company Limited, por 130 millones de dólares. Es decir, el Banco
Mundial otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.
Hay ingenios cuyas
offshore sirven para administrar los ingenios en Guatemala. Por ejemplo, el
ingenio Trinidad, que se fusionó con la empresa San Diego en 2010, es arrendado
por la sociedad Servicios Agropecuarios San Diego, y la dueña de esta, en un
50%, es otra en Panamá, denominada Santa Luisa International Group INC. Ninguna
decisión como la suscripción de préstamos, contratos o la autorización para
competir en licitaciones puede efectuarse sin aprobación de la offshore.
De los ingenios
investigados, sólo se pudo tener detalles de las sociedades creadas para los
Campollo, quienes resultaron afectados con la filtración de los correos de
Mossack-Fonseca. El resto de familias crearon sus firmas offshore con otros
bufetes.
El
monstruo que lo aplana todo
Si pudieran juntarse
todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra
equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York. Es un monstruo verde de unos
2,687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura
injusticias sociales y violaciones laborales.
El cultivo de azúcar en
Guatemala está poco industrializado. Las plantas de la caña, que pueden
alcanzar los cinco metros de altura y consumen altas cantidades de agua, crecen
durante aproximadamente seis meses en las fincas. La zafra o cosecha empieza
con la quema de las plantaciones para debilitar el tallo de la caña, hacer más
eficiente el corte y ahuyentar a los animales.
Tras la quema, miles de
trabajadores entran a los terrenos y cortan con machetes las plantas mientras
se llenan del hollín producido por el fuego. Cargan la caña y la llevan al
punto de recolección, en largas jornadas de trabajo, algunas veces sin acceso a
fuentes de agua o servicios sanitarios. La caña es transportada a los ingenios
en “jaulas” a bordo de grandes camiones. En los ingenios se procesa la planta y
se produce el azúcar y todos sus derivados.
Dos oficinas del
gobierno de Estados Unidos califican a Guatemala como un país azucarero “de
bajo costo”, lo cual se explica porque los ingenios han “fracasado” en el
cumplimiento de las leyes laborales, según la agencia de tratados comerciales
de la Casa Blanca. En toda la industria, los sindicatos han desaparecido menos
uno en el ingenio Palo Gordo, el octavo productor de caña molida, según datos
de 2016.
Las denuncias
medioambientales tampoco se hacen esperar. Entre 2012 y 2016, el ministerio de
Medio Ambiente recibió 38 denuncias contra nueve ingenios, la mayoría de ellas
relacionadas al desvío de ríos para regar sus plantaciones.
El atropello
medioambiental es proporcional a los réditos económicos que genera la
producción de azúcar, opina Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal,
Ambiental y Social (Calas). “¿Quién no va a ser competitivo si el Estado le da
subsidios indirectos cuando no cobra por el agua que usan? ¿Quién no va a tener
esa rentabilidad si no han dejado que tengamos la ley general de aguas?”,
cuestiona Melini, excandidato presidencial de un movimiento de izquierda.
El río Madre Vieja, uno
de los más grandes de la costa sur de Guatemala es desviado frecuentemente para
alimentar las plantaciones caña. Este era el río, cerca de su salida al mar en
2010.
Este es el desvío hecho
entre 2011 y 2013 para alimentar una plantación de caña de azúcar.
"La industria azucarera guatemalteca representa el 3% de la economía total, unos 1,900 millones de dólares al año, según los propios azucareros, y eso en una nación en desarrollo no es poca cosa. La economía del azúcar en Guatemala es del mismo tamaño que el PIB total de Belice, su vecino. Hay 25 países con economías más pequeñas que la riqueza producida por el azúcar guatemalteco.
Los responsables de esta economía boyante son 12
ingenios activos que se distribuyen a lo largo de cuatro departamentos de la
costa sur. Cogobiernan con un poder paralelo al de medio centenar de
municipalidades. A veces sustituye al poder local, por ejemplo, en la salud
donde sus clínicas atienden más de 50.000 consultas al año o en la educación
donde sus escuelas preparan a más de 10,000 maestros en matemáticas.
Los movimientos del monstruo a veces son grandes y
torpes y terminan causando desastres. Cuando eso ocurre, las comunidades se
levantan, intentan hacerle frente, pero nunca ganan. La costa sur de Guatemala
ha estado salpicada de estallidos sociales en los últimos años. Por el uso del
agua, por la contaminación, por daños a la propiedad.
En enero de 2014 una comunidad de la etnia mam, en
Nueva Cajolá, Champerico, amenazó con quemar los camiones cañeros que
atravesaban y deterioraban la calle comunal. Los camiones eran del ingenio
Magdalena, que produjo la cuarta parte de todo el azúcar guatemalteco en la
última década. Lo que colmó la paciencia de la gente fue cuando derribaron
postes y un cerco con el objetivo de acortar el camino. El intento de revuelta
y protesta de los mam fue resuelto sin diálogos, pero con poder. En Guatemala
nada detiene a la industria, que ha construido 250,000 kilómetros de calles
internas dentro de sus propiedades para evitar a comunidades como la de Nueva
Cajolá.
Negocios
intocables
Entre 2011 y 2016, los
azucareros entregaron en impuestos unos 708 millones de dólares por la
producción de azúcar y de productos relacionados como la melaza. Pero el Estado
no sabe decir si esa es la cantidad real en impuestos que le corresponde
tributar a la industria.
Solo haciéndoles una
auditoría se puede saber si los azucareros pagan todos sus impuestos”, dice
Abelardo Medina, exjefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria
(SAT). El actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa lo dice claro:
“No tenemos todas las herramientas para controlar la tributación del sector”.
“No me gustaría
generalizar en decir que todos nos defraudan porque no es cierto, y tampoco
puedo decir todos son los mejores exportadores porque tampoco es cierto”,
añade.
Una base de datos de procesos judiciales, creada para esta investigación, muestra que ocho ingenios están involucrados en 78 procesos tributarios. El que tiene más es el ingenio Pantaleón con 25 casos, seguido del ingenio Magdalena, con 15. El acceso al contenido de estos casos es secreto en Guatemala.
Los antecesores de
Solórzano Foppa en el cargo y un técnico que conoce del trabajo de los ingenios
aseguran que la industria azucarera hace uso de empresas offshore para
reducirse el pago de impuestos mediante procedimientos legales.
Los ingenios suelen
utilizar las offshore como intermediarias ante el cliente final del lote de
azúcar que venderán. De esa manera se abre la oportunidad de reducir el pago de
impuestos sobre las rentas gravadas. Esto porque la factura que se reporta al
Estado podría tener un monto o precio menor al que se acordó la compraventa de
azúcar con el cliente final.
El exsuperintendente
tributario Abelardo Medina, señala la posibilidad de elusión: “No es ningún
secreto: lo que se utilizan son empresas subsidiarias, matrices, filiales, para
disfrazar los negocios de las empresas en el extranjero y evitar el pago de
impuestos. Simple”, dice.
Al viceministro de
comercio exterior, Eduardo Lacs, se le consultó si la oficina del ministerio de
Economía que está destacada permanentemente en las oficinas de Expogranel
tiene una manera de controlar que no se le oculte al Estado los negocios de los
exportadores. Expogranel es la empresa creada por los azucareros en los años 90
para tramitar las exportaciones y manejar las bodegas en Puerto Quetzal, el
único puerto guatemalteco que exporta azúcar.
“No nos compete el
control de precios de transferencia u otros controles con fines fiscales. De
esto se encargan las instituciones correspondientes, entre ellas la SAT”,
respondió. Este periódico también buscó a Expogranel durante dos meses para una
entrevista con el gerente Marcos Chang, pero nunca hubo respuesta.
El jefe de la SAT,
Solórzano Foppa, señala en la entrevista, limitantes para investigar:
—Las transacciones
comerciales que los azucareros nos reportan se realizan con entidades fueras
del país. Ese modelo se puede usar para defraudar y es una de las formas en las
que no podemos acceder a la información.
—Si sacamos las
facturas por las exportaciones de azúcar, ¿encontraríamos que la mitad de la
azúcar se vende a paraísos fiscales en lugar de a los países clientes que dice
el ministerio de Economía?
—No dudo que así sea.
También la forma de exportación es muy distinta a la dirección de donde va
finalmente el producto. Pero insisto, se dan transacciones válidas y hay una
razón de ser comercial y financiera de por qué se necesitan offshore y otras
herramientas. Que la SAT tenga todas las armas para poderlo controlar no es
cierto.
“Un
cartel a toda regla”
Depende de a quién se
le pregunte, la industria azucarera de Guatemala puede ser un cartel o un
oligopolio, o bien nada parecido a eso sino solo una industria con un esquema
de negocios sumamente eficiente y rentable.
Quienes sostienen que
la industria del azúcar en Guatemala es un cártel son la Comisión Económica
para América Latina (Cepal), dos exjefes de la SAT, un director de la Fundación
para el Desarrollo Económico (Fundesa), y diversos investigadores y
organizaciones como el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, y la
Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop).
Para ellos, se trata de
una industria en la que varias empresas actúan como una sola, se ponen de
acuerdo para fijar precios y para otros aspectos del negocio, aprovechándose
de una posición de poder en el mercado. La Cepal lo tiene claro desde el año
2006. La institución concluyó que la industria del azúcar es engranaje casi
perfecto en el que las partes de la cadena productiva se ponen de acuerdo desde
el cultivo hasta la distribución. Y en el que “los ingenios funcionan como un
cártel de distribución dentro del cual no hay competencia de precios”, dice el
informe.
En Guatemala, pese a
que existen 12 ingenios, no hay 12 marcas distintas de azúcar compitiendo en el
mercado. Todos los ingenios mandan su grano molido a una única empresa,
Máquinas Exactas, S.A., para su empaque y fortificación con vitamina y aquí es
donde se distribuye al mercado en envoltorios de media docena de marcas.
“Somos socios para el
bien del consumidor. El etiquetado, el peso exacto, todas esas son políticas
llevadas de la mano con el ministerio, solicitadas por el ministerio”,
justifica el vicepresidente de Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua),
Armando Boesche. Cuando se le quiere hacer preguntas a los voceros de los
ingenios, ellos responden que en su nombre solo habla Asazgua, que decide
cuánta azúcar le toca producir a cada ingenio, es decir, controla la oferta en
el mercado interno y controla el precio.
Boesche lo explica así:
“El único control por razón constitucional es la exportación porque el
ministerio de Economía y yo, como representante legal de Asazgua, debemos
verificar que con cada exportación se esté cumpliendo con el abastecimiento del
mercado nacional”, dice, tratando de matizar el poder que tienen para controlar
el mercado.
El exjefe de la SAT,
Abelardo Medina, tiene otra impresión del mercado del azúcar: “Como en nuestros
países no tienen regulación apropiada, no hay una satisfacción del mercado interno
porque primero exportan y sus excedentes los venden en el mercado local. Y como
tampoco tienen competidor en el mercado, ponen el precio que quieran”.
De las 2.7 millones de
toneladas de azúcar producidas entre 2015 y 2016 en Guatemala, el 27% se quedó
en el mercado interno, según datos de Cengicaña. Y aquí otra característica del
cartel es que el precio interno es sumamente rentable respecto de sus costos.
Según la Cepal, los azucareros guatemaltecos compensan con las ventas internas
lo que pierden cuando el precio de exportación está abajo. Asazgua se defiende
diciendo que en Centroamérica, Guatemala es de los países que vende el azúcar
más barato.
Expertos como Abelardo
Medina sostienen que por la bonanza en el mercado interno los azucareros protegen
la entrada de azúcar de otros países con medidas no arancelarias y la
obligación de que todo el azúcar que entre a Guatemala esté fortificada con
vitamina A. “Con eso no hay otro productor que pueda meter azúcar en el mercado
local”, dice Medina.
Pero la verdadera mina
de oro, sostienen todos los consultados para este reportaje, está en la
exportación. Alrededor del 70% lo que se produce en Guatemala se envía a otros
países. En 2015, los envíos de azúcar al mercado internacional sumaron 851
millones de dólares, según el ministerio de Economía. Esto es aproximadamente
el 9% del presupuesto actual del gobierno de Guatemala
Y hasta para exportar,
el cartel azucarero también controla quién puede hacerlo y quién no. El
requisito indispensable es ser accionista de Expogranel, la empresa de los
azucareros que maneja las exportaciones de azúcar. El que no invierte en
Expogranel, no exporta en el cuarto país que más exporta azúcar en todo el
mundo.
“(Es) un cartel en toda
regla, con vía libre en un país donde la legislación de regulación de
competencia lleva más de ocho años ‘congelada’ en el Congreso”, zanjaba un
informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, de 2008. Nueve
años después, la ley de competencia sigue siendo una deuda, y aun así, altos
cargos del Estado se resisten a llamar al cartel del azúcar por su nombre.
“No tenemos elementos
legales o económicos que puedan indicar que este sector es un oligopolio
colusorio. En nuestro país existen 15 productores y todos compiten en igualdad
de condiciones en el mercado internacional”, respondió vía correo electrónico
el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Lacs. En su respuesta Lacs
incluía dos ingenios que se han fusionado con otros y un tercero que aún no
está en funcionamiento.
Acabar
con la competencia
El terrateniente y
cultivador de caña José María Rodríguez Briz fue asesinado hace 25 años, el 23
de marzo de 1992 de un tiro en la cabeza, “en una emboscada” en su finca, según
tituló el periódico local Prensa Libre. Originario de Cantabria, España, en los
meses previos a su muerte enfrentó el rechazo de los ingenios guatemaltecos a
su idea de abrir una nueva refinería de azúcar en el país, según contó a sus
allegados. Rodríguez Briz proveía de caña a los ingenios de la costa sur y, en
un momento, estos decidieron dejar de comprársela porque veían en él un serio y
difícil competidor, con muchas tierras en Escuintla, departamento con la mayor
área cultivada de caña.
Otras trabas las puso
la banca: “José María encontró serias dificultades (…) también dentro del
sistema financiero guatemalteco, muy ligado al azucarero, a la hora de obtener
financiación para el nuevo negocio”, dice el excónsul honorario de Guatemala en
Santander, España, Enrique Sánchez, cercano a la familia de Rodríguez Briz.
Los herederos de
Rodríguez Briz, quienes se negaron a brindar una entrevista, se mudaron a
Belice donde sí recibieron el apoyo que necesitaban, ahí fundaron Santander
Sugar Group. “La familia era consciente de las dificultades para desarrollar el
ingenio en Guatemala”, explica Sánchez, quien acompañó a la familia en el
puerto de Santander, para el desembarque de 6 mil toneladas de azúcar de Belice
en agosto de 2016.
“La industria azucarera
en Guatemala está, casi en su totalidad, en manos de unas cuantas familias
poderosas y acaudaladas, dominantes en el país, las que no ven con buenos ojos,
como es lógico, el tener que repartir este negocio con nuevos ingenios”, dice
Sánchez, familiar político de la familia Rodríguez. “La industria del azúcar es
un círculo muy cerrado que no tolera, que no quiere que se amplíe con nuevos
azucareros, y esos son los problemas que José María encontraba”, agrega.
El crimen nunca se
resolvió, y aún hoy se sigue especulando sobre las causas de la muerte. El
excónsul Sánchez se niega a señalar culpables, lo que dice sería una
irresponsabilidad, pero dice que el rechazo de los ingenios a una nueva planta
era el contexto dentro del cual se dio el asesinato de Rodríguez Briz.
“Renunció… bueno, no renunció a su ilusión de poner un ingenio en Guatemala, no
le dejaron terminar porque lo mataron”, dice.
Los bloqueos contra la
competencia se repiten en el tiempo. En 2005, grandes cargamentos de azúcar
provenientes de Cuba, acordados por el entonces presidente de Guatemala,
Alfonso Portillo (2000-2004) fueron suspendidos cuando los azucareros así lo
ordenaron. El vicepresidente de Asazgua, Armando Boesche, es uno de los que
mejor puede contar aquella anécdota, ya que fue uno de los que ayudó a que la
importación de azúcar cesara.
Los azucareros se
oponían a aquella importación porque no habían participado del tratado
negociado por el presidente Portillo; porque dicen que el azúcar cubana no
venía fortificada con vitamina A, como lo ordena una ley que data de 1992. Esta
ley también ordenó que se agregara yodo a la sal, para reducir enfermedades
como la ceguera infantil y el bocio.
El azúcar cubana se
vendía a un precio más barato de los controlados por Asazgua, además Cuba no pagaba
aranceles, mientras que el azúcar que Guatemala enviaba a la isla sí lo hacía.
“Pedíamos, como siempre, igualdad de condiciones, eso es todo”, dice Boesche.
Boesche viajó a Cuba a
principios de 2005, cuando en Guatemala ya mandaba otro presidente: Óscar
Berger Perdomo, quien está emparentado con azucareros. En Cuba, Boesche asegura
que se reunió con el presidente del gabinete Ricardo Cabrizas, uno de los
hombres más fuertes después de Fidel Castro. Según Boeshe, Cabrizas le confesó
que “aquí, un presidente vino y dijo que ustedes (en Guatemala) iban a tener
escasez de azúcar y que iban a necesitar importar azúcar. Tú no le puedes
negar, si un presidente dice que va a necesitar azúcar, el azúcar al
presidente”.
Un empresario guatemalteco que participó de aquella importación de azúcar cubana asegura que las últimas importaciones fueron en tiempos de Berger. “Cuando ganó Berger en las elecciones de noviembre del 2003, recuerdo que esa noche los de Asazgua le subieron 20 quetzales (unos 2.50 dólares) al saco de 50 kilogramos, era la manera de decirnos que el candidato de ellos había ganado, y ya con eso nosotros teníamos que salir del mercado, no podíamos traer un barco arriesgándonos a no poder descargar”, dice.
Este empresario asegura
que alejado de cualquier trama de corrupción (Portillo fue condenado en Estados
Unidos por un millonario desvío de fondos donados a Guatemala por la república
de Taiwán), la idea del expresidente era contrarrestar al cártel del azúcar y
beneficiar al consumidor final. “Sabíamos que nos estábamos metiendo con uno de
los grupos más poderosos”, dice.
Portillo se negaba a conceder cita a los azucareros y había permitido que el azúcar cubano se vitaminara estando en Guatemala. Pero meses después de que Berger asumiera la presidencia, su ministro de Salud cerró la torre fortificadora ubicada en la almacenadora del ejército, Alsersa. “Fue una decisión política, nada más, no hubo justificación, la voluntad política de importar azúcar de Cuba desapareció con Berger”, se queja el empresario.
Asazgua admite que bloqueó la importación de azúcar de Cuba, pero que lo hizo por salud pública. “Lo que pedíamos es que si va a entrar azúcar, que la fortifiquen, que la empaquen y que tenga un proceso”, dice María Silvia Pineda, de la Fundazúcar, el brazo social de la Asociación de Azucareros con la que impulsan las políticas de responsabilidad empresarial. “¡Si va a entrar azúcar que no deteriore la salud del pueblo”, añade, Boesche, el vicepresidente de Asazgua."
La
tierra es para el cartel
Guatemala tiene el 3%
de su territorio sembrado con caña. Hay departamentos de la costa sur que han
transformado su paisaje por la expansión de la caña. Suchitepéquez, por
ejemplo, que en siete años cambió el 40% de sus tierras cultivables para
sembrar caña, según un estudio de la socióloga Katja Winkler.
Cuando Guatemala cerró
36 años de guerra con los Acuerdos de Paz de 1996, comenzó la pugna por la
distribución de la tierra. Con la constante expansión de los monocultivos como
el azúcar, la palma africana, el banano, el melón y el hule, la presión sobre
la tierra creció. En 2002, el 1.5% de fincas concentraban el 62.5% de la tierra
cultivable, según el censo agropecuario de aquel momento. Para 2008, más de
1,500 conflictos por la tierra se habían registrado en la Procuraduría de
Derechos Humanos, y un escuálido Fondo de Tierras de Guatemala, sin dinero
suficiente para comprar tierra a buen precio y distribuirla mejor, no ha podido
mejorar el panorama.
Cuando campesinos sin
tierra han querido tomarse fincas azucareras para vivir, como ocurrió en 2010
en el valle del Polochic, a unas tres horas al norte de la ciudad de Guatemala,
la respuesta de los azucareros ha sido llamar a su aliado más poderoso: el
Estado.
Uno de los casos más
emblemáticos ocurrió entre el 14 y el 19 de marzo de 2011, cuando cerca de 750
familias fueron sacadas de sus viviendas por soldados, policías y guardias
privados de seguridad en el valle del Polochic. Hubo quema de chozas, quema de
cultivos para consumo doméstico, y el asesinato extrajudicial del campesino
Antonio Beb Ac. Detrás del desalojo estaba la familia Widmann, cuyo patriarca
Carlos Widmann Lagarde es cuñado del expresidente Berger. Los Widmann querían
mover su ingenio Guadalupe de la costa sur al norte, y los campesinos que se
habían instalado en esas tierras se los impedían.
El episodio fue
sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir el
protocolo para desalojo de asentamientos, pero a la fecha el Estado
guatemalteco no le ha respondido a las víctimas ni ha logrado reubicarlos con
acceso a tierra.
La comunidad es de la
etnia q’eqchí’, casi nadie habla español pero a través de un traductor explican
que siguen esperando por la ayuda del Fondo de Tierras. Hasta ahora solo unas
150 familias, de las 750, han recibido una casa del Estado. Y por eso esta
comunidad sin servicios básicos no piensa abandonar el lugar después de seis
años del desalojo. No importa el hambre, no importa el frío, que no hay comida…
no importa la pobreza. “Nos vamos a quedar aquí porque Antonio (Beb Ac) aquí
murió, aquí derramó la sangre, entonces ya está pagada esta tierra por él”,
dice José Caal, uno de los líderes de la comunidad.
Los q’eqchí’ se
quedarán en esa tierra hasta que los verdaderos dueños lo permitan o hasta que
el Estado los reubique de una vez por todas. Esa tierra sigue siendo y seguirá
siendo de los Widman, del ingenio SER Chabil Utzaj, de un cartel de 1.900
millones que no se deja vencer por nada ni por nadie.
