El
sistema oficial de justicia guatemalteco no garantiza el debido proceso a miles
de personas que no hablan español. Pese a ello, los grupos más conservadores se
oponen al reconocimiento constitucional de la justicia indígena, un sistema
ancestral que ha demostrado su eficacia. Estos son algunos de los hallazgos más
importantes de una investigación regional que lideró Univision Noticias en los
últimos seis meses, en la que participaron periodistas de Animal Político
(México), Plaza Pública (Guatemala), Semanario Universidad (Costa Rica), El
Tiempo (Colombia), CIPER (Chile), Ojo Público (Perú) y Agência Lupa (Brasil).
www.plazapublica.com.gt / 190417
La niebla envuelve a
las montañas que rodean Nebaj, un municipio situado en el occidente de
Guatemala, a 225 kilómetros de la capital del país. Adentrarse en ese espesor
blanco típico de la zona es la única manera de llegar al centro del pueblo.
En esta comunidad del
departamento de Quiché viven 98,000 personas, el 95% es indígena. El idioma
predominante es el ixil, una de las 22 lenguas indígenas que existen en el
país.
En Nebaj se localiza
una de las 15 defensorías especializadas en la atención de indígenas del
Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Pero acá, como en otras cinco
oficinas, el abogado a cargo no habla el idioma local; solo español. Esto pese
a que las defensorías fueron creadas para atender a las personas en su idioma
materno y con conocimiento de las prácticas culturales de estos pueblos.
El IDPP provee
defensores públicos a aquellos ciudadanos acusados penalmente que no pueden
pagar uno privado. De las 15 oficinas con enfoque intercultural –cada una tiene
un abogado– depende el cumplimiento del derecho fundamental de defensa del 40%
de los guatemaltecos que se autodenominan indígenas. Es decir unos 6.5 millones
de personas –la mayoría en condición de pobreza– según el Instituto Nacional de
Estadística.
Un presupuesto
limitado, abogados bilingües sin interés en trabajar en la defensa pública, nombramientos
casi forzados en algunos municipios porque el puesto no puede quedarse vacío,
sobrecarga de trabajo e interpretaciones de mala calidad son algunos de los
problemas que enfrentan estas defensorías en Guatemala.
Sobrecarga de trabajo
La oficina del IDPP en
Nebaj está situada frente a la sede del Ministerio Público (MP), en el sótano
del edificio del Organismo Judicial. Karen Cashely Cárdenas Reyes es la
defensora asignada en esta sede desde junio del año pasado. Ella solo habla
español, es abogada litigante desde 2014 y toda su experiencia antes de llegar
a Nebaj se dio en Coatepeque, Quetzaltenango.
“Mi función es conocer
los procesos penales de personas que no tienen dinero para pagar un abogado que
los defienda y que estén señaladas de cometer un delito”, explica Cárdenas
desde su escritorio pegado a una ventana por donde se ve una estantería llena
de expedientes judiciales.
Esos fólderes contienen
la información de habitantes de Nebaj, así como los de Chajul, Cotzal,
Sacapulas, Cunén, Uspantán y Chicamán, los otros municipios de Quiché que están
bajo la jurisdicción de esta unidad de la Defensoría Pública. En estos siete
pueblos además de ixil, sus vecinos hablan los idiomas mayas kiche, uspanteko y
sakapulteko.
En la actualidad,
Cárdenas tiene bajo su responsabilidad la defensa de 67 personas, entre ellas
11 que están en prisión preventiva. Lo delitos más recurrentes aquí son
violación sexual, violencia contra la mujer y la negación de asistencia
económica.
Para atender cada uno
de esos casos la abogada cuenta con un asistente, una traductora del idioma
ixil, y un vehículo para trasladarse a las aldeas y demás municipios. En total,
según las estadísticas del IDPP, el año pasado fueron atendidos 202 casos en Nebaj.
“En el juzgado hay una
persona que habla kiche y uno que domina el ixil, nunca nos ha tocado esperar
que venga un intérprete, pues normalmente (los sindicados) son bilingües,
hablan español y otro idioma”, dice la abogada.
Para
atender cada uno de esos casos la abogada cuenta con un asistente, una
traductora del idioma ixil, y un vehículo para trasladarse a las aldeas y demás
municipios. En total, según las estadísticas del IDPP, el año pasado fueron
atendidos 202 casos en Nebaj.
Diferentes letreros con
mensajes bíblicos, colores llamativos y escudos de universidades ofrecen
servicios privados de abogacía en el pueblo. Los anuncios están pintados en los
muros de las calles cercanas a las sedes del IDPP, la Fiscalía y los tribunales.
Uno de esos rótulos pertenece a la oficina de Cornelio Benjamín Santiago Ceto,
un abogado indígena que domina el ixil. Desde 2011 ejerce su profesión en
distintos municipios de Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango, pero
principalmente en Nebaj de donde es originario.
Santiago ha litigado en
diferentes casos penales como defensor o querellante. Eso le ha permitido
observar la labor de los defensores públicos. Una visión opuesta a la de
Cárdenas. “Deben mejorar ciertos aspectos, por ejemplo, la barrera lingüística,
es una debilidad que afecta los derechos de las personas”, señala.
El abogado enfatiza en
la comunicación y confianza que debe entablarse entre el defensor y su cliente.
Señala que si ambos no dominan el mismo idioma, la defensa no será eficaz.
Lamenta que en esta región eminentemente indígena no haya un abogado público
que hable ixil y critica el uso de traductores, pues considera que no se
garantiza una interpretación adecuada.
El jurista comenta que
en algunas audiencias los traductores no comunican la esencia de las
declaraciones de los acusados o no trasladan detalles de los testimonios, lo
cual puede ser perjudicial en las resoluciones.
“Imposible, no se
puede”, es la respuesta de Santiago respecto a si es posible controlar y
ejercer un defensa adecuada para la cantidad de casos que conoce la defensora
pública de Nebaj. “Yo primero hago una entrevista a mi cliente sobre el hecho
que le imputan, luego leo en uno o dos días el expediente de la fiscalía. Una
primera lectura para conocer el caso y otra para cotejarla con la versión de mi
defendido. Después le hago otra entrevista, y de ser necesario tres, para
definir lo que se alegará frente al juzgado. La defensa pública no tiene tiempo
para eso”, señala.
El abogado cobra
distintas cantidades en cada etapa del proceso: una audiencia de primera
declaración puede costar desde 1,000 hasta 5,000 quetzales (133 a 666 dólares).
Cuando el caso ha llegado a juicio, cobra 10,000 quetzales (1,330 dólares) por
audiencia. El monto varía según el delito y la complejidad de la causa penal.
Santiago ha conocido delitos como estafa, asesinato violencia contra la mujer y
violación.
Karen Cárdenas cuida
cada una de sus palabras, más cuando se le pregunta sobre las deficiencias de
la defensa pública. “Lo que hacemos es quedarnos fuera del horario, terminamos
las diligencias que estén pendientes. Si podemos sacar el trabajo, lo hacemos”,
contesta al consultarle sobre la sobrecarga de casos y el tiempo que le dedica
a cada uno.
Para ejercer una
defensa técnica personalizada, opina Cárdenas, deberían ser por lo menos dos
abogados los que laboren en la sede. “Eso sería lo ideal, pero para suplir esa
debilidad nos proveen de un intérprete que traduce para el abogado a cargo”,
comenta.
No saber, no entender
La presencia de un
defensor que conozca el idioma local es importante para que no ocurra lo que le
pasó a Petrona Xol, una indígena q'eqchi de 63 años que ha permanecido en
prisión los últimos doce años por un crimen del que asegura es inocente.
En junio de 2004, un tribunal
penal de Alta Verapaz la condenó a 70 años de prisión por el linchamiento de
tres hombres. La sentenciaron pese a que varios testigos sostuvieron su
inocencia y dijeron que estaba en su casa cuando se dieron los hechos. El juez
rechazó esos testimonios porque se presentaron fuera del plazo legal, según lo
denunció la Asociación de Abogados Mayas.
Xol nunca entendió lo
que ocurría en la sala donde se realizó el juicio: ni las acusaciones que la
Fiscalía presentó en su contra, ni las declaraciones de los testigos, ni el
veredicto del tribunal. Todo el proceso se desarrolló en español, un idioma que
ella no entiende. Sólo se puede comunicar en q'eqchi, su lengua materna. Ni
siquiera el abogado que la defendía hablaba su mismo idioma.
La apelación de su
sentencia fue rechazada, porque el defensor la presentó fuera de tiempo. Y así
terminó en la cárcel.
“Yo no sé nada acerca
del problema del cual se me está acusando”, dijo Xol en el inicio del juicio,
según lo interpretó la traductora presente en la sala. Esas palabras las
repitió en 2010 a una periodista que la entrevistó en la prisión
donde se estaba recluida. En esa ocasión Petrona Xol afirmó que no entendía la
razón de su encierro.
Lo mismo les dijo a los
integrantes de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, antes de solicitar
un amparo a favor de las mujeres indígenas que guardan prisión en cárceles
donde sólo se habla español. “Ella aseguró que nunca comprendió el proceso
judicial en su contra”, indicó Cristian Utzin, miembro de esa asociación.
El amparo presentado
por Carmela Curup Chajón, integrante de la Asociación y la exfiscal general
Claudia Paz y Paz, hizo que la Corte Suprema de Justicia ordenara cambios a
favor de los indígenas que permanecen en prisión, incluida Petrona.
Las abogadas
argumentaron que el derecho a la salud les era violentado a las reclusas, pues
los médicos no comprendían sus dolencias. Además, señalaron que las presas
tenían dificultad para entender las tareas que les eran asignadas y por eso
mismo recibían críticas, burlas y rechazo.
Los magistrados
ordenaron al Ministerio de Gobernación proteger los derechos de los indígenas
por medio de programas inclusivos y personal bilingüe. Gracias a esa
disposición, en febrero pasado, Petrona Xol salió de la cárcel por unos días,
para ser atendida en un hospital por problemas médicos. Pero pronto volvió al
Centro de Orientación Femenina, para seguir cumpliendo su sentencia.
Sólo 15 abogados
Las otras 14
defensorías con enfoque intercultural del país, al igual que la de Nebaj, están
integradas por un abogado, un asistente y un intérprete. Son responsables de
los casos que surgen en los municipios que les rodean, necesiten o no
pertinencia lingüística y cultural. Atienden a personas de las etnias q’eqchí,
achí, kaqchikel, chortí, q’anjobal, k’iché, ixil y mam; ocho de las 22
comunidades lingüísticas que existen en Guatemala.
La cantidad de personal
para atender a la población indígena es similar en las fiscalías y los
tribunales. El Ministerio Público cuenta con 35 intérpretes en 14 de los 22
departamentos del país, donde se concentran 10.3 millones de habitantes. En
tanto, la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial tiene a 101
personas contratadas como intérpretes distribuidas en 13 departamentos.
En 2016, las 15 defensorías
tuvieron a su cargo 1,779 casos. La unidad situada en el municipio Santa Cruz
del Quiché atendió 380 y Nebaj 202. Esas dos sedes, al igual que las de
Chiquimula, Puerto Barrios, Ixchiguán y Mazatenango, carecen de defensores que
dominen los idiomas indígenas locales.
—¿Cómo un abogado que
no domina ningún idioma indígena llega una defensoría con enfoque
intercultural? —se le cuestiona a Marta Juan Tojin León, jefa de la
Coordinación de Defensorías con Enfoque Intercultural, quien asumió el cargo hace
dos meses.
—Se hacen rotaciones
dentro del Instituto. En las convocatorias se establece el dominio de un idioma
como requisito específico, pero la gente no acude, entonces se llenan esas
plazas con abogados de carrera que no hablan el idioma, pero sí conocen el
contexto social del pueblo, responde la funcionaria.
Ni el Colegio de
Abogados y Notarios ni la Asociación de Abogados Mayas o la Corte Suprema de
Justicia tienen datos sobre la cantidad de abogados indígenas que hay en el
país.
La jefa de las
defensorías indígenas también menciona que una de las desventajas en la
búsqueda de defensores más capacitados, es que los salarios que ofrece la
institución no son competitivos. El sueldo mínimo para los abogados del IDDP es
de 10,000 quetzales (unos 1,350 dólares) y el máximo de 15,000 quetzales (2,000
dólares), pero este se conseguirá después de varios años de carrera. Lo que
ganaría en todo el mes un defensor público con poca experiencia es lo que en
ocasiones consigue Santiago, el abogado privado, durante un día de juicio.
Hasta diciembre de
2016, en la entidad laboraban 622 defensores. Poco más de la mitad (381) son
abogados privados a quienes convocan en determinados casos para brindar el
servicio de asistencia jurídica gratuita. El IDPP desconoce cuántos de ellos
son indígenas y bilingües.
Tojin asegura que está
buscando defensores que hablen el idioma local para enviarlos a las sedes donde
hay carencias. Hasta el momento solo un abogado ha presentado su expediente,
pero su aspiración salarial es superior a lo que puede otorgar la entidad
estatal.
Presupuesto sin cambios
El espacio físico de la
defensoría en Nebaj, en comparación al del Organismo Judicial y el del
Ministerio Público, es diminuto, al igual que el presupuesto que le han
entregado en los últimos 11 años al Instituto de la Defensa Pública Penal.
Nydia Arévalo Flores, directora de la institución, considera que de los tres
aparatos de justicia, el que ella lidera siempre ha sido el menos afortunado.
“Sin defensa pública no hay justicia”, enfatiza.
El Ministerio de
Finanzas otorgó este año un presupuesto de 205 millones de quetzales (27
millones de dólares) al IDPP, muy lejos de los 2,137 millones de quetzales (284
millones de dólares) para el Organismo Judicial y los 1,742 millones de
quetzales (231 millones de dólares) del Ministerio Público. El 60% de los
fondos son utilizados para salarios.
En los operativos
masivos realizados en 2016 contra las pandillas, como Rescate del Sur y Guatemala es Nuestra, fueron
detenidas unas 150 personas señaladas de integrar bandas dedicadas a la
extorsión. La mayoría necesitó defensores públicos. En esos casos la entidad se
vio en aprietos, al no contar con personal suficiente para atender los
requerimientos y tuvo que contratar abogados externos.
Arévalo asumió la
dirección del IDPP en abril de 2016. “Encontré fue un presupuesto deficitario,
sin cambios durante siete años", dice y explica que para lograr un
funcionamiento adecuado el Instituto necesita al menos 400 millones de
quetzales anuales.
Antes de Arévalo, la
Defensa Pública fue dirigida durante una década (2004-2014) por Blanca Stalling
Dávila, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detenida el pasado
8 de febrero, señalada de corrupción por el Ministerio Público y la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el instituto
Stalling fue señalada de nepotismo, pero fue también durante su administración,
en 2004, que el proyecto de defensorías indígenas se institucionalizó.
Retroceso institucional
14 de febrero de 2017.
Falta una hora para que inicie la sesión plenaria del Congreso de la República
en la que se conocerán las propuestas de reforma de la Constitución de
Guatemala; una de ellas pretende darle reconocimiento jurídico a los sistemas
de justicia indígena.
El diputado indígena
Amílcar Pop, del partido Winaq, las respalda, así como apoyó y puso en marcha
el proyecto que dio origen a las defensorías con enfoque intercultural en 2001,
un plan ideado para que el Instituto de Defensa Penal Pública respondiera a los
Acuerdos de Paz, firmados en 1996.
Sin embargo, el
legislador ahora lamenta que el proyecto se haya debilitado. “Hubo un retroceso
en la institucionalidad que se impulsó. Se debilitó la capacidad técnica de
atender una sociedad multicultural”, dice.
Las estadísticas del
IDPP parecen respaldar su opinión. En 2013 tenía 13 abogados públicos que
dominaban alguna lengua indígena. En 2015 la cifra disminuyó a 11, y en 2016 a
nueve.
El congresista cree que
el sistema judicial guatemalteco mantiene una deuda histórica con la población
indígena, que empezó a ser solventada hace apenas 17 años. “Irresponsablemente
se condenaba a gente que no entendía ninguna palabra en su idioma. Era un
desastre, y lo vivimos hasta la fecha por no reconocer los derechos indígenas“,
explica Pop.
En 1995, Pedro Rax
Cucul, indígena de la etnia q’eqchí, fue condenado a la pena de muerte por el
asesinato de su esposa. Después de un largo proceso en el que intervino la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el entonces presidente Alfonso
Portillo le concedió el “indulto presidencial” (perdón), tras constatarse que
durante el juicio en su contra se violó su derecho de defensa al no ser
escuchado por el tribunal en su lengua natal. El reo no comprendió el proceso
penal en su contra y nunca tuvo un intérprete.
En esa época los
juzgados no contaban con intérpretes oficiales. Si una persona indígena era
capturada y acusada de algún delito, el conserje o el guardia que fuese
bilingüe era el designado para traducir las audiencias, así era por lo menos en
la judicatura localizada en el departamento de Totonicapán, recuerda el abogado
indígena Pedro Ixchíu, quien fue jefe de la coordinación de defensorías con
enfoque intercultural.
La actual propuesta
para reformar el sistema judicial del país se encuentra entrampada en el
Congreso desde noviembre de 2016. Contrario a Pop, los diputados de los
partidos conservadores se niegan a reconocer los métodos de justicia indígena
(el cual se práctica desde siempre en las comunidades indígenas) y homologarlo
con el régimen oficial.
Dos justicias en Nebaj
Amílcar Pop y Pedro
Ixchíu afirman que la justicia estatal no cubre todo el país. En las zonas
donde no llega, existen vías de justicia indígenas responsables de mantener la
armonía de sus comunidades. En otros casos ambos sistemas jurídicos coexisten y
coordinan su labor. Un ejemplo es el municipio de Nebaj.
Diego Santiago Ceto,
alcalde indígena de la localidad y secretario de las tres alcaldías de la
región ixil —Nebaj, Cotzal y Chajul—, afirma que cada año, en promedio, se
resuelven 300 casos en el área urbana de Nebaj; en las otras 147 comunidades
del municipio, son las autoridades indígenas las que resuelven los conflictos.
Ceto explica que
realiza su trabajo en coordinación con el Organismo Judicial, la Fiscalía y la
Policía Nacional Civil. El sistema de justicia local, explica, se aplica sólo
cuando el acusado está de acuerdo, de lo contrario es sometido al sistema
ordinario. Los casos más recurrentes para las autoridades ancestrales son los
relacionados a linderos, robos, problemas maritales y faltas en las vías
públicas.
Ranulfo Rojas Cetina,
magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue defensor público
entre 1999 y 2005. Recuerda que pese a la existencia de traductores, en algunas
ocasiones no se conseguía una interpretación adecuada, pues existen variantes
en el idioma que provocan que parte de los testimonios o declaraciones estén
incompletos.
Esto es lo que hace tan
importante para muchos indígenas poder contar con un proceso en su idioma,
según dice Petrona Velasco Brito, una mujer de la etnia ixil, jueza del Juzgado
de Paz en Nebaj. La mayoría de sus audiencias son realizadas en su lengua y no
en español. Una singularidad en el sistema ordinario del país.
Ceto y Velasco son el
rostro del pluralismo jurídico en Guatemala. Ese que Pop e Ixchíu esperan que
sea reconocido algún día en la Constitución.
Pero esta propuesta ha
dado origen a una campaña mediática que se opone a reconocer la justicia
ancestral y podría nuevamente cerrar las puertas para estos pueblos
guatemaltecos. Y ahora más con la decisión de las autoridades indígenas, que
dieron un paso atrás y acordaron no insistir en la inclusión de sus sistemas
judiciales, para evitar que se estanquen las demás reformas del sector
justicia.
