www.alainet.net / 150417
“Alzad vuestros rostros, tenéis una necesidad
imperiosa de esta brillante mañana que amanece para vosotros. La historia, a
pesar de su desgarrador dolor no puede borrarse, y si se afronta con valor, no
es necesario vivirla de nuevo.” Maya Angelou.
1. La crisis actual revela el contundente fracaso de
la gestión política y económica de la clase dominante y sus súbditos
La clase
dominante, este entramado de poderes fácticos que ha dirigido los destinos de
este país, ha utilizado a lo largo de la historia contemporánea todos los
medios a su disposición para evitar que los pueblos que aquí habitan, tengan
alguna posibilidad de convertirse en un sujeto colectivo que tome las riendas
de este Estado-Nación, construya una sociedad democrática, equitativa, y con justicia
social.
Combinando
eficazmente represión y cooptación de las masas populares, impuso sus intereses
particulares en el andamiaje jurídico-institucional, en los dispositivos de
dominación ideológica, control social y territorial. Su modelo de dominación
clasista, racista y patriarcal, revela en esencia su forma de entender el mundo
y a los seres humanos/as. Conceptos claves de la modernidad como la democracia,
los derechos humanos, la igualdad, y el desarrollo incluyente, le son útiles,
siempre y cuando, no implique tener que ceder poder, su tasa de ganancia o
sacrificar su modelo de dominación.
Sobre los
tres pilares TTT, despojo de la tierra, la sobreexplotación de la fuerza de
trabajo y no pagar los debidos tributos, han amasado sus enormes riquezas; una
y otra vez, ha reordenado el territorio en función del modelo de acumulación
vigente. Hoy combinan diversas modalidades basadas en el trabajo forzoso y
violatorio de todos los derechos laborales en el campo y la ciudad; el despojo
de las tierras, la privatización de los bienes naturales, la ampliación de los
monocultivos, la especulación financiera, el lavado de dinero, la corrupción, y
la concesión de amplias extensiones del territorio nacional a empresas
transnacionales. Están en plena consonancia con las fuerzas más destructivas
del capital a nivel global, con quien les une lazos e intereses.
La trama
discursiva de las elites siempre se ensañó contra el Estado, las iniciativas
democratizadoras y pretendió generar adhesión a sus falsas promesas de
desarrollo. El calamitoso estado en que se encuentra el país hoy es de su
responsabilidad casi exclusiva. Han tenido 2 éxitos: a) Enriquecerse
exponencialmente y b) Crear un muro de contención para que las luchas por crear
democracia, equidad y justicia social no fructifican.
El legado de
su particular y perversa forma de dominio trasciende las barbáricas relaciones
de explotación de clase; hoy, la institucionalidad estatal está al borde de una
virtual implosión, de tal manera que los ciudadanos, a modo de ejemplo, no
pueden documentarse, ni conseguir pasaportes, el correo dejó de funcionar desde
el año pasado, la mora judicial e impunidad se mantienen por encima del 90%,
los bienes naturales se están destruyendo a una velocidad difícilmente
recuperable, y se registran retrocesos significativos en los indicadores
sociales sea en el ámbito de salud, educación, vivienda, trabajo, y la pobreza
en vez de reducirse, se incrementa. Según el Informe del PNUD (2016):
A nivel de
país se observa que la dimensión con más privaciones es la relativa a los
ingresos: un 76% de la población no cuenta con ingresos para una canasta básica
de bienes y servicios que permitirían una vida medianamente decorosa. La falta
de servicios de salud impacta la dimensión respectiva: un 73% de la población
no tiene ningún aseguramiento y las condiciones de saneamiento y de calidad de
las viviendas muestran una alta precariedad. Las brechas en la cobertura
educativa tienden a cerrarse, pero casi seis de cada 10 adultos no terminó la primaria
y uno de cada cinco niños tiene altas probabilidades de no concluirla. La
intensidad de las privaciones económicas y de salud sobrepasa el 50%, lo que
indica una profundidad extendida de la pobreza.
La mayor
parte de los hogares en Guatemala no cuenta con cobertura de seguro médico o
seguridad social, incluso las pertenecientes al estrato alto. Al considerar las
privaciones agregadas, la proporción de la población en condición de pobreza
multidimensional se redujo en los primeros años posteriores a los Acuerdos de
Paz de 72 a 58%. Después de 2006, la incidencia se ha incrementado y alcanza a
dos terceras partes de la población. Al terminar el plazo para el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2015, la mayoría de las metas no
se cumplieron. Guatemala es el único país de América Latina que no logró
reducir la pobreza de ingresos en ese periodo (PNUD:2016;16)
¡Vaya qué
éxito tuvieron las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y la
conducción de la gestión estatal por parte de la clase dominante guatemalteca!
Ah, pero hay más, gracias a su extraordinaria capacidad, inteligencia,
superioridad “cultural”, eficacia y gestión, Guatemala se ha convertido en un Protectorado.
El
contundente fracaso de la clase dominante para dirigir los asuntos del Estado–Nación
es invisibilizado, se esconde intencional o ingenuamente en los análisis
parcializados abordados sectorialmente, mediante una fraseología que busca ser
políticamente correcta, pero que es corresponsable de ocultar lo que es: el
fracaso de la clase dominante guatemalteca -lo que debería tener obvias
consecuencias políticas-; la pérdida de legitimidad, demandas jurídicas por la
reparación de los daños colectivos causados y su destitución como actor
decisivo en los asuntos públicos, lugar que debería estar ocupado por parte de
las movimientos, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas de
este país.
2. A dos años de las movilizaciones ciudadanas
Guatemala se ha convertido en un protectorado
Hace
exactamente dos años, se apertura una coyuntura política impulsado por factores
externos (EEUU y CICIG como actores principales) que inician de manera
sistemática capturas y persecución judicial a través del MP, en contra de
quienes configuran el denso tejido de mecanismos de enriquecimiento ilícito
sean estos capitales tradicionales, emergentes o mafias, operados a través de
partidos políticos, bancos, empresas privadas, funcionarios públicos, empresas
de comunicación o las fuerzas armadas.
Más allá de
decenas de encarcelados, la destitución del binomio presidencial Pérez Molina/Baldetti,
la CICIG/MP han podido demostrar las modalidades del saqueo del Estado por
parte de grupos privados, la penetración de capitales mafias en los gobiernos
municipales, los tres organismos del Estado así como en el sector privado. La oportunidad
política que esto debería abrir, o sea darle impulso a una reforma política
para acotar la corrupción y la penetración de los capitales mafias, y retornar
a un Estado de derecho burgués relegitimado, hasta el momento ha fracasado.
Previo a la crisis
que estalla el 16 de abril del 2015, el sistema político estaba virtualmente
cerrado a las demandas sociales y ciudadanas, no se visualizaba disposición
alguna por parte de la clase dominante de ceder privilegios, cuotas de poder o
abrirse a un diálogo nacional en el que se consulte a la ciudadanía sobre el
modelo de país, que se ha impuesto autoritariamente. A dos años de este acontecimiento, esta situación no ha cambiado.
Algunas de
las contradicciones sistémicas que dentro del marco de las reglas actuales del
sistema no pueden solventarse y propician creciente inconformidad son:
a) El modelo
de acumulación por despojo, que impacta sobre la tenencia, uso de la tierra y
bienes naturales que afecta especialmente a los pueblos originarios y comunidades
campesinas;
b) El
racismo estructural y denegación de la autodeterminación de los pueblos
originarios;
c) La brecha
entre las expectativas que genera el modelo de “desarrollo” actual y su
incapacidad para generar bienestar, fuentes de empleo, trabajo decente, y
salarios dignos;
d) La persistencia
de la desigualdad, el empobrecimiento de la clase media y los obstáculos para
el ascenso social de nuevas generaciones; e) La profunda penetración de los
capitales ilícitos en todos ámbitos de las estructuras del poder y en la
sociedad como tal, lo que agudiza los niveles de violencia, el debilitamiento
del tejido social, y la creación de poderes paralelos;
f) Los anhelos
democráticos y transformadores de los movimientos y distintas fuerzas sociales
que se enfrentan a un sistema político que no se abre a las demandas
ciudadanas.
La primera
etapa (abril a agosto 2015) coincidió con la emergencia de un importante ciclo
de protesta ciudadana, que exigía reformas políticas y la renuncia de los
gobernantes. Esta movilización sin embargo se fue apagando paulatinamente.
Las
limitadas reformas propuestas no cuentan con la simpatía, ni suficiente
respaldo de quienes abogan por un cambio sistémico desde abajo, son
desconocidas por el ciudadano común y boicoteadas por los operadores políticos
de las mafias aun enquistados en el Estado. La falta de acuerdos y fuerza
política para respaldar estas u otras reformas políticas está poniendo en
riesgo la actuación de la CICIG/ MP y otorga cada vez más poder de decisión a
los EEUU.
El proceso
de depuración del Estado es impulsado primordialmente por factores externos, en
la que cobra cada vez mayor peso EEUU como administrador del protectorado,
reforzado por el Comando Sur y su despliegue de tropas en todas las fronteras
de este país. Es pertinente dialogar en torno a las implicaciones políticas de
la intervención norteamericano en el contexto actual, sus alcances, límites y
riesgos.
¿Permitiremos
la eventual instalación de sus bases militares? ¿Estamos de acuerdo en que el
Estado de Guatemala se convierta en una pieza de su estrategia de
desestabilización de los países del ALBA, como parece ser el caso de la
actuación en la OEA contra Venezuela? ¿Quién decide qué es aceptable y qué no
es aceptable? ¿Cuál y donde está el posicionamiento político de las fuerzas
socio-políticas democráticas?
3. La complejidad del momento actual: ¿Qué hacer?
El proceso
de democratización iniciado ya hace tres décadas se agotó, así como los pactos
políticos que se suscribieron con la Constitución de la República en 1985 y la
Firma de la Paz (1996). No existe una nueva plataforma programática nacional
consensuada que permitiría re-direccionar el destino de la nación hacia un
futuro distinto, y este vacío constituye un factor que tensa aún más la crisis
y pueda configurar reacomodos autoritarios y espurios.
En la
historia reciente del país se pueden identificar a lo menos tres momentos en
que se pretendía transitar desde un Estado autoritario, hacia un Estado
democrático:
a) La
Revolución de Octubre 1944-54;
b) La ANC de
1985 y la asunción del gobierno de la DC, 1986;
c) El
proceso y firma de la paz 1996.
Si bien el
contexto histórico, las fuerzas protagónicas y los alcances de estos procesos
fueron muy diferentes, tienen en común la pretensión de ampliar y profundizar
derechos ciudadanos, limitar y modificar poderes fácticos, instaurar un proceso
sociopolítico con cambios en el marco jurídico e institucional para favorecer
la transición hacia un Estado democrático.
La historia
nos ha enseñado que los cambios socio-políticos trascendentales son antecedidos
por procesos de:
a) acumulación
de criticidad con lo existente;
b) de la
emergencia de nuevas fuerzas protagónicas que construyen contrahegemonía en el
ámbito de los saberes y sus prácticas sociales, pero que aún no logran irrumpir
con fuerza;
c) la
existencia de una crisis en la forma de ejercer el dominio por parte de las
élites, que ya no logran suficiente legitimidad, ni son capaces de imponer
unilateralmente las reglas del sistema que ya está en crisis;
d) la
intensificación de contradicciones que ya no pueden resolverse con las reglas
del juego del sistema existente, iniciándose un proceso de reacomodos;
e) cuando se
visibilizan claramente diferentes modelos de Estado- Nación que están en
disputa y en torno a los cuales se movilizan distintas fuerzas socio-políticas.
Este es el momento preciso, en que los
movimientos sociales, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas
deben iniciar un proceso de diálogo entre sí, conformar un amplio frente
político y construir acuerdos que permiten accionar de manera conjunta en el
actual escenario político, convertirse en interlocutores nacionales frente a
los factores de intervención y crear condiciones políticas que conlleven a la
convocatoria de una nueva asamblea constituyente originaria para fundar un
nuevo Estado.
Esta constituye una tarea política ineludible
en el momento actual. Es un proceso complejo, lleno de tensiones y
contradicciones, con previsibles traiciones, pero impostergable. Profundamente
equivocados están quienes creen que esta crisis se puede solventar dentro del
marco del próximo proceso electoral y por ende priorizan actualmente la
conformación de nuevos partidos o movimientos socio-políticos. Ambos procesos
deberían impulsarse paralelamente.
Los pueblos
originarios, el movimiento de mujeres y los movimientos sociales aportan toda
una nueva base filosófica-política para este proceso, por ello impulsar una ANC
hoy es marcadamente distinta que hace 30 años, dado que no se puede reducir
solamente a la discusión de leyes o instituciones. Hoy este debate tiene un
nuevo piso político, gracias al enorme legado del pensamiento crítico
latinoamericano / caribeño, el feminismo, los pueblos originarios, los
ecologistas, la praxis de los movimientos sociales mundiales, las experiencias
revolucionarias y emancipatorias de la Patria Grande y del mundo entero.
Se trata de
sentar nuevas bases filosóficas –políticas; y “así contribuir a un modelo
civilizatorio alternativo basado en el Buen Vivir, El Utzilaj K’aslemal, el
Raxnaqil K’aslemal, que se erige en la defensa, reconstitución de la vida como
un todo, que promueve la convivencia, complementariedad, libertad y derechos de
la naturaleza, la libre determinación de los pueblos, a partir de prácticas que
descolonizan, despatriacalizan y desmercantilizan las
relaciones humanas[1]
En la
declaración política de IV Congreso Guatemala Florecerás (agosto 2014) se
plantea que “las relaciones deben estar basadas en el bien común, en el
reconocimiento de la corresponsabilidad del cuidado de la vida entre hombres y
mujeres y en la necesidad de que las nuevas formas de convivencia armónica
desestructuren las relaciones de poder de dominio basadas en la propiedad
privada.
Estas
relaciones deben potenciar la libertad, la autonomía, los placeres, la
autodeterminación de los pueblos, los cuerpos y los territorios para una vida
digna y en armonía, lo que implica desestructurar la violencia contra la
naturaleza, las mujeres y los pueblos.”
Todos estos
importantes aportes que se han construido desde los pueblos se quedarán en el
mundo de los sueños irrealizables, si no están acompañados de decisión política
para trascender de lo local-regional, sectorial hacia una fuerza política
nacional que disputa seriamente el poder de la clase dominante, sustituyéndolo
paulatinamente. ¿Estamos a la altura de los retos que el momento histórico
actual exige?
[1] Confluencia Nuevo Baqtun, El
Utzilaj K’aslemal, el Raxnaqil “K’aslemal, Guatemala, 2014.
