SENAFRONT EN LAS
CALLES:
EL NUEVO GOBIERNO
PREPARA LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO
José
Ángel Garrido Pérez
Hace un par de
semanas, el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que
alrededor de mil unidades del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá
(SENAFRONT) y del Servicio de Protección Institucional (SPI) recibirían orden
de patrullar las calles al instalarse su administración.
La medida ha sido
recibida con beneplácito por buena parte de la población y por sectores de la
“sociedad civil”, los cuales consideran que ello aumentará el nivel de
seguridad en las calles, donde campea el delito.
Sin embargo, en
primer lugar puede notarse que si los agentes de policía actualmente
desplegados, con todo y haber recibido importantes ascensos y aumentos de
sueldo, tener toda clase de trato preferente, equipos de alta sofisticación e
incluso impunidad garantizada por el presidente de la República, no han sido
capaces de detener la ola de crímenes que azota las ciudades, entonces
estamos ante un fracaso total del sistema de seguridad pública que debe
recurrir a agentes con un tipo distinto de preparación para tratar de
componer la situación.
En efecto, los
agentes del SPI están capacitados especialmente para la protección de la vida,
honra y bienes de los altos personeros del Gobierno y de las instalaciones que
estos administran, mientras que los del SENAFRONT, que tienen entrenamiento
militar propiamente dicho, están especialmente preparados –se supone- para la
guerra irregular.
Según el nuevo
ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, estos agentes, de todos modos, antes
de especializarse reciben entrenamiento básico de policía, por lo que considera
que están habilitados para realizar su trabajo como tales.
Hasta allí la
apariencia se figura alentadora. El pueblo panameño, optimista ante su
nuevo presidente, es proclive a confiar en que traer de las fronteras a una
parte de la gente que las cuida aumentará su tranquilidad.
Pero varias son las
razones que nos impulsan a concluir que esto no es sino una vuelta más que se
le da al tornillo de la represión contra el pueblo y que en ello se han
entendido maliciosamente tanto el gobierno saliente como el entrante. Veamos
los indicios:
1. Durante
el gobierno de Martín Torrijos se realizaron maniobras conjuntas de los
servicios de seguridad panameños con unidades y equipos militares de Estados
Unidos y otros países que han supuesto el enfrentamiento contra una
insurrección popular, específicamente contra un alzamiento indígena. En estas
maniobras, el SENAFRONT tuvo participación destacada.
2. Esta
experiencia fue la que tomó en cuenta el gobierno de Ricardo Martinelli para
enfrentar las protestas con ribetes insurreccionales a las que el pueblo
panameño se abocó en Bocas del Toro (Changuinola), San Félix (Chiriquí-comarca Ngäbe-Buglé)
y Colón. En todas ellas, fueron las tropas de SENAFRONT las desplegadas
para sofocarlas.
3. En
el empeño de reprimir, las tropas de SENAFRONT usaron, además de equipo
antimotines, armas de fuego y equipo militar propiamente dicho. Su mal uso del
equipo antimotines mató a varias personas y lisió de por vida a muchas otras,
mientras que las armas de fuego también se apoderaron de vidas humanas.
Esto echa por tierra la idea de que su “entrenamiento básico de policía” es
garantía de seguridad en la que se puede confiar.
4. Las
tropas de SENAFRONT fueron derrotadas por el pueblo en las protestas, las
cuales solo cesaban cuando el presidente Ricardo Martinelli, ante la derrota y
amenazado su dominio del poder, terminaba cediendo a las exigencias
populares. Por ello, es dable esperar que en ellas haya rencor que bien
puede aflorar en cualquier circunstancia en la que alguien se resista a sus
actos represivos o abusivos. Olvidémonos del “profesionalismo”, pues la
impunidad a la que el gobierno saliente acostumbró a la Policía es plataforma
para reacciones subjetivas y actos delincuenciales.
5. La
plataforma de la impunidad policial y de los agentes de SENAFRONT está alentada
por varios factores:
5.1 Un
marco legal que da impunidad a la Policía aprobado en 2010 por el gobierno de
Ricardo Martinelli en que a la sazón participaba el presidente electo y su
partido, el Panameñista, contra el cual luchó el pueblo en Bocas del Toro y cuya
derogación no se pudo lograr.
5.2 Una
ley que penaliza las protestas, también aprobada por el gobierno
Martinelli-Varela.
5.3 Un
sistema de escuchas telefónicas ilegales por parte de la Seguridad del Estado
que se ha puesto en práctica profusamente durante el actual Gobierno, incluso
desde tiempos en que Varela era parte activa en él. Algunas grabaciones
ilegalmente obtenidas han sido difundidas por esbirros del presidente
Martinelli. No se ha oído hablar al presidente electo Varela de que vaya a eliminar
este sistema ni menos de que vaya a eliminar esas prácticas.
5.4 Un
ilegal e inconstitucional sistema represivo de alta tecnología llamado
“Pelepolice” por el cual los agentes abordan a cualquier ciudadano y presumen
su culpabilidad antes que su inocencia. El nuevo presidente tampoco ha
manifestado que lo vaya a eliminar o controlar.
De este modo, el
gobierno saliente de Ricardo Martinelli deja a Juan Carlos Varela servida la
mesa de la represión. Este no tiene intenciones de cambiar ninguno de los
cubiertos ni manjares de ese banquete. Es altamente probable que, durante su
primer año, el nuevo gobierno mantenga una relación de aceptable cordialidad
con el pueblo que lo eligió, habida cuenta de que, efectivamente, por ser su
oferta electoral mucho más pequeña, es consciente de que le debe la victoria
electoral y el pueblo organizado estará pendiente de que cumpla algunas de sus
promesas más publicitadas.
También es probable
que, durante el segundo año, las discusiones sobre la constituyente tengan
entretenido el ámbito político nacional y que las contradicciones que surjan
ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades del país sean diferidas u
opacadas por esa circunstancia; pero como las contradicciones serán,
finalmente, inevitables, dado que no habrá cambios sustanciales en las
estructuras de dominio político, social y económico y las situaciones críticas
aflorarán, es muy posible que para antes de que termine ese período haya
importantes iniciativas populares de resistencia política y social.
Para cuando ese
tiempo llegue, las tropas de SENAFRONT y del SPI habrán hecho un importante
trabajo de inteligencia en las calles, ya que sus unidades estarán más cerca
del pueblo al que, arteramente, reprimirán cuando así les sea ordenado.
Igualmente, los mandos del SENAFRONT tendrán mayor agilidad y versatilidad en
sus operaciones represivas, pues las tropas no tendrán que ser mandadas a
buscar desde las fronteras, conocerán mejor las calles y los modos de actuar de
sus gentes, tendrán mejor identificados a sus potenciales enemigos, habrán
creado una red de “soplones” y estarán en condición de, por medio del miedo y
la intimidación, aterrorizar a la ciudadanía y desalentar cualquier
movimiento social que reaccione a las decisiones y medidas impopulares que,
inevitablemente, deberá tomar el gobierno habida cuenta de que no tiene
intenciones de reformar ni corregir las fuentes de las contradicciones
sistémicas, por más nueva constitución que promueva.
De eso precisamente
se trata. Tanto el gobierno saliente como el entrante defienden el mismo
sistema que garantiza sus intereses de "casta", según el modelo que
les ha dictado Washington y como muy probablemente le fue reafirmado a Varela
en su conversación con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. En
tal defensa, recurrirán a los mecanismos represivos que han sido promovidos por
ese país y coordinados con él.
De este modo, la
ciudadanía en general, y las organizaciones populares en particular, deberemos
estar preparados para prevenir, enfrentar y derrotar un esquema represivo
primorosamente preparado. La élite de las fuerzas represivas de
nuestro país será puesta en las calles para aplastar a quienes salgan a las
calles. Solo queda apercibirnos a tiempo de estas intenciones y diseñar
la estrategia necesaria para confrontarlas
