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AVINA y los mapuches chilenos: el saqueo continúa

www.ecoporta.net/070614

Un breve recordatorio para situarnos.

AVINA es una fundación fundada por Stephen Schmidheiny, heredero del criminal negocio del amianto en el mundo (que abandonó cerca del año 2000, cuando el barco de esta industria hacía aguas), por cuyos inmensos beneficios acumulados durante todo el siglo XX, a precio de sangre, necesitó crear en 1994 la fundación filantrópica a que nos referimos para intentar lavar su imagen.

Su relación (de la fundación y de su benefactor) con el pueblo indígena mapuche se produce cuando en la época en que gobierna en Chile otro criminal, el general Pinochet, se aprovecha de la ley 701 para comprar a precio de saldo 120.000 has de bosque primitivo, parte del cual es reclamado desde entonces por los mapuches como territorios ancestrales propios.

La situación forestal en Chile

Los bosques de Chile cubren una superficie de 15.637.233 hectáreas, lo que representa el 20,7% de la superficie del territorio nacional. De dicha cifra, 13.430.603 hectáreas (85,9%) corresponden a bosque nativo, esto es un 18,4% del territorio chileno, aproximadamente, mientras que un 3,1%, es decir 2,7 millones de hectáreas, corresponden a plantaciones forestales.

La Región del Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que corresponden al territorio ancestral del pueblo mapuche, constituyen zonas de importante presencia de bosques nativos y poseen la mayor concentración de plantaciones forestales, con un total de 1.559.185 hectáreas.

Tres son los grupos empresariales que monopolizan el mercado forestal en Chile, Forestal Arauco, Forestal Mininco (filial del grupo CMPC) y MASISA, que percibieron el 76,9% de las ganancias de las exportaciones del sector forestal en el año 2010, siguiendo una tendencia que se ha mantenido constante desde sus inicios. La denominada MASISA (junto a la Forestal Terranova y Millalemu) es la que pertenece a Schmidheiny /AVINA.

MASISA, los mapuches y los bosques chilenos

En la etapa de la dictadura militar de Pinochet, aprovechando la ley 701 de 1974, que privatizó el sector estatal, Stephan Schmidheiny compró, en muy buenas condiciones, 120.000 has de tierras que los mapuches reclaman como suyas. Así lo manifestó el representante de la organización mapuche Consejo de todas las Tierras, en la sesión consultiva organizada por el Alto Comisionado de NNUU de Derechos Humanos, en diciembre del 2007, que añade que “se trataba de un caso de tierras que la reforma agraria había devuelto a los mapuches y que la dictadura privatizó y después vendió a forestales extranjeras”.

Con tal motivo denunció que el acuerdo alcanzado en 1999 con la empresa Terranova (hoy Masisa) del citado empresario suizo, lo había roto la empresa, que además pidió protección policial para las tierras en disputa. El acuerdo consistía en dejar a la empresa explotar el bosque, y una vez sacada la madera dejar a los mapuches el usufructo, mientras éstos obtenían subsidios del Estado para recuperar sus tierras ancestrales, tal como prevén las leyes chilenas.

Asimismo, la empresa Terranova estuvo implicada en 1991, en la región décima de Chile, en un proyecto que según los afectados significaba “ la corta a tala rasa de 23 mil hectáreas de bosque nativo del tipo siempreverde y la posterior plantación de eucaliptos en su lugar” (Revista chilena Ambiente y Sociedad agosto de 1991, p. 71). Y en junio de 2007 vuelven a repetirse las denuncias de tala de bosque nativo, en la novena región, para su sustitución por pino por parte de, entre otras, por empresas vinculadas a Masisa (mapuexpress 18.6.2007).

Según el informe de octubre del 2002 de Qualifor- institución encargada por el FSC para la certificación de forestales- la Forestal Millalemu aplicó tóxicos, que están prohibidos no solamente por el FSC sino también por OMS. No sólo se constata la falta de cuidado al suelo, sino también que los conflictos territoriales con 11 comunidades aún no están resueltos...” “Forestal Millalemu realiza con la Genfor SA los primeros experimentos con pinos transgénicos en Chile, sin cualquier control”.
Igualmente, el Informe de valorización de Masisa, por Inversiones Security, de Noviembre 2007, declaró que esta empresa “es el principal productor de tableros en Latinoamérica con una capacidad de producción de 2,6 millones de m3 anuales. Su patrimonio forestal es de 374.505 has, en diciembre de 2006, de las cuales 212.347 son de pino, 28.084 de eucaliptos y 986 de pino Oregón. El total de plantaciones es de 241.417 has. El principal accionista de Masisa es el Grupo Nueva, que posee directamente el 31,1% de las acciones, e indirectamente a través de Inversiones Forestales Los Andes (22,2% de la propiedad) totalizando el 53,3% de las acciones. El volumen de negocio es de 1.000 millones de $ en 2007”.

En un informe emitido por la Universidad Austral chilena, en 2006, se confirma que la muerte del marisco de la zona se debe, entre otras causas, a los pesticidas usados por las forestales entre las que se encuentra Masisa, confirmando la denuncia de los productores gremiales.

El último episodio de confrontación ha tenido lugar el 23 febrero de 2013. En ese día la Comunidad mapuche de Loncoche- en la región de la Araucaria- denuncia que Masisa está destruyendo un sitio ceremonial, de significación cultural para el pueblo mapuche.

Schmidheiny, aunque va predicando el capitalismo sustentable y responsable socialmente, en su propio predio es altamente tóxico.

Masisa, GrupoNueva, Avina y Stephan Schmidheiny

Como estamos viendo, todos estos nombres aparecen interrelacionados: Stephan Schmidheiny (SS) compra bosques baratos (gracias a Pinochet) a nombre de MASISA y ésta pertenece al GrupoNueva. ¿Y Avina?

Avina es fundada por SS en 1994, pero en 2003 se lanza al mundo en Costa Rica. En un solemne acto en la en la Escuela de Negocios INCAE (que patrocina y financia SS), y ante la presencia de 200 invitados seleccionados de todo el mundo, SS anuncia la creación de una nueva entidad, Viva Trust, encargada de administrar los beneficios de tres empresas de SS englobadas en el GrupoNueva, que tienen un valor aproximado de mil millones de dólares, para financiar las actividades de la fundación Avina. Todo muy complicado pero así es como opera del capitalismo mundial. Un esquema nos permitirá visualizar este tinglado:

Las tres empresas de la base constituyen el GrupoNueva, cuyos flujos de beneficios pasan a Viva Trust y de aquí se trasladan a Avina. El que manda es SS. El capital originario que nutre a las empresas procede del criminal negocio del amianto en el mundo. Como se dice oficialmente: “el fideicomiso, llamado VIVA porque plasma la Visión y los Valores de Schmidheiny -y que será administrado desde San José de Costa Rica- establece que los dividendos pagados por el GrupoNueva se destinarán a financiar las actividades de la Fundación AVINA, que apoya iniciativas de líderes sociales en Latinoamérica y la península Ibérica” .

Los personajes que validan el acto de constitución de este tinglado se pueden ver en la siguiente foto, hecha con tal motivo.

Como se dice en el esquema explicativo anterior, las tres empresas cuyos beneficios están destinados a financiar AVINA han sido en gran parte vendidas a los cuatro y diez años respectivamente de constituirse el Trust, cuando eran empresas rentables.

En 2007, Viva Trust vende dos de esas empresas: Amanco a Mexichem (una gran empresa mexicana) y Plycem a Mexalit (que pertenece al grupo de Mexichen ), empresa que sigue trabajando con amianto en México. En 2014, MASISA vende 62.0000 has a la empresa americana Hancock Natural Resource.

Han dejado a Avina sin apenas financiación. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde habrá ido a parar el dinero de las ventas de estas empresas rentables de cuyas acciones iba a nutrirse Avina para sus devaneos? Posiblemente estén en puestas a buen recaudo, pues en tratándose SS de un magnate suizo que ha sido por algún tiempo directivo de la UBS, la mayor concentración financiera del mundo, no le resultará difícil. La opacidad y el misterio están asegurados, pero es evidente que Avina se está autodesmantelando. En España solo quedan los restos de la estrecha colaboración que hubo durante más de diez años con Víctor Viñuales y la fundación zaragozana ECODES.

Al magnate del amianto, después de estar condenado a 18 años de cárcel por un tribunal de Turín, se le acumulan tantos juicios en contra –Suiza, Italia, Nicaragua, etc.- que ya la máscara filantrópica no le sirve; además, los movimientos alternativos a los que iba dirigida su artillería han sido resueltamente advertidos de quién es Avina (y Ashoka, su fraternal acompañante) y su penetración en los mismos se antoja cada vez más dificultosa.

Los mapuches

En un discurso del pasado 21 mayo, la presidenta chilena Bachelet afirmaba que hay que apoyar a los bosques, pilar importante para la economía chilena, con inversiones que sean social y medioambientalmente sustentables, y para ello se proponía prorrogar el decreto ley 701 ya mencionada. Esto implica que los gastos de plantaciones forestales cuentan con una bonificación estatal del 50% para los grandes propietarios (que ya hemos visto que son tres empresas).

Aparte de confundir las plantaciones forestales con los bosques, la situación del pueblo mapuche no resulta beneficiada. En el trabajo del Observatorio Ciudadano IWGIA, arriba mencionado, sobre el pueblo mapuche y los recursos forestales en Chile, se preguntan los autores si un enfoque de derechos indígenas es compatible con el actual modelo forestal, y al parecer la única conclusión acertada es la negativa.

Porque: “Se observa la criminalización de los comuneros y líderes que han ocupado predios en conflicto, a través de la tipificación de dichas conductas como delitos. Ello ha permitido iniciar procesos judiciales e imputar a las organizaciones indígenas, comunidades, miembros y líderes, la comisión de delitos específicos que han concluido con su encarcelamiento y denostación ante la opinión pública.

“En la relación Estado, empresas forestales y pueblos indígenas, han sido proscritos los derechos indígenas: tales como el derecho a establecer sus prioridades en materia de desarrollo; el derecho a ejercer control sobre sus territorios y los recursos necesarios para asegurar su existencia colectiva, acorde a su propio proyecto civilizatorio; el derecho a mantener su cultura y consecuencialmente su sistema de vida y costumbre; el derecho de consulta y participación en la toma de decisiones de aquellos asuntos que le afectan directamente; el derecho a participar de los beneficios de las explotaciones que se ejecuten en sus territorios ancestrales; el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras; el derecho a la integridad del hábitat que conforma sus territorios.

Tampoco se han cautelado los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, pues la evidencia nos muestra las condiciones de empobrecimiento que viven las comunidades indígenas aledañas a las plantaciones forestales.

En los hechos se observan: violaciones al derecho a la vida y salud generadas como consecuencia de la contaminación de las aguas y los suelos por el uso masivo de pesticidas; al derecho al trabajo, como consecuencia de la imposibilidad de de mantener las economías indígenas asfixiadas por las plantaciones forestales; y, finalmente, el derecho a la vivienda, amenazado por las malas condiciones ambientales y los riesgos permanentes de incendios forestales. La situación descrita es insostenible y exige un cambio radical en la relación entre estos actores, que se sustente en el pleno respeto de los derechos humanos”.

La conclusión obvia que cabe sacar de estas indagaciones es la que formulaba el Grupo argentino de Reflexión Rural (GRR) cuando afirmaba, con motivo de la reunión de Cancún en 2010, sobre cambio climático, en la que rechazaron a Avina de la cumbre alternativa, que: “fundaciones como Avina y Ashoka son el enemigo de la Tierra Madre y de las poblaciones oprimidas”.