Juan
Andrés Pérez Rodríguez
www.cpalsocial.org/020415
Un genocidio que no
interesa a los grandes medios de comunicación. La nación indígena Wayúu, la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed.
Esta comunidad ha
presentado su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
-CIDH-, de la OEA, por la violación de sus derechos vitales fundamentales. Hay
que agregar que la escasa ayuda del gobierno colombiano no llega a los indígenas
Wayúu. Buena parte del dinero -se invierten más 15 millones de dólares- del
Programa de Alimentación y Nutrición se queda en redes de corrupción y termina
siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos, denuncian
los voceros de Wayúu.
Como los medios de
comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas bien definidas y
orientadas, especialmente contra Cuba,
Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente; usted no
sabrá que la nación indígena Wayúu
[1], la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre de la
región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la
industria agrícola y la explotación de la mina de carbón -a cielo abierto- más
grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará, seguramente, la denuncia que
esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos -CIDH-, de la OEA, con sede en Washington, por la violación
de sus derechos vitales fundamentales.
Los datos que
existen del crimen que se comete contra la etnia Wayúu no son precisos, informa
la web las dos orillas.com. Según esta fuente, en el extenso territorio que
ocupan en el extremo Norte del país sudamericano, la nación de origen
prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier
caso, según Armando Valbuena, autoridad tradicional Wayúu, unos 14 mil niños
de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene.
A todo esto hay que
agregar que la escasa ayuda que el gobierno colombiano los Wayúu no llega a los
indígenas. El caso del Programa de Alimentación y Nutrición, en el que
se invierten más 15 millones de dólarez, es un ejemplo. Buena parte de ese
dinero - denuncian los voceros de Wayúu Armando
Valbuena y Javier Rojas Uriana- se queda en redes de corrupción y
termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos.
Téngase en cuenta, además, que La Guajira posee una población de 500 mil
habitantes y ha recibido, durante los últimos 20 años, más de mil millones de
dólares por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del
dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. Pero ese dinero es
robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales.
En medio de ese
panorama, en febrero de este año cinco autoridades tradicionales indígenas, a
través de su representante legal Javier Rojas Uriana, solicitaban a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictase medidas cautelares
urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen para
detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción
pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las
compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada
en la represa El Cercado.
Según la abogada Sáchica Moreno, del Consultorio Jurídico de
la Universidad de Bogotá, el agua del río, un bien público, fue
privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en
que se encuentra esta etnia colombiana, sumida en la miseria y el abandono.
La cruda realidad
para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente
seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del
sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón de
Cerrejón.
De acuerdo a la
solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a
estudios de la Defensoría del Pueblo y
la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros
destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después
de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten
pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.
Por otra parte, además
de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua
llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera
inmediata las tomas de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes
públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una
evaluación técnica idónea e imparcial determine si, después de abastecer
satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua
para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las
minas.
Finalmente, del
conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas a la Comisión se destaca
el documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano Gonzalo
Guillén, ”El río que se robaron”, donde se testimonian los hechos
denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y declaraciones
de los protagonistas.
[1]
El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por
parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte
de su obra.
