Marco
A. Gandásegui, h.
www.marcoagandasegui14/blogspot.com/041214
El actual gobierno,
los medios de comunicación y las organizaciones cívicas panameños están
empeñados en aparentar que no dejarán piedra sin remover en la cacería de
quienes saquearon el erario público durante la gestión administrativa del
período 2009-2014. Al mismo tiempo, los candidatos a diputado impugnados por
mal uso de fondos públicos han ganado tres elecciones especiales seguidas. Los
observadores señalan que hay una contradicción en esta conducta política de los
panameños.
Por un lado, hay un
clamor generalizado para que castiguen a los corruptos. Por el otro, a los
acusados los vuelven a elegir en comicios especiales. Los ‘entendidos’ le echan
la culpa a los ciudadanos, alegando que son ignorantes, inocentes e, incluso,
deshonestos. En realidad, la situación es otra muy diferente.
La ciudadanía,
aquella población convocada a elegir representantes políticos cada cinco años,
es muy ajena a la lógica de los partidos políticos y el manejo de los fondos
públicos producto de las componendas entre los poderes del Estado: Presidencia,
Asamblea y Corte Suprema.
Un buen ejemplo de
esta situación es la ley que privatizó la Caja del Seguro Social (CSS) y que
transfirió la mitad de las cuotas de los asegurados a unas pocas empresas
privadas. En 2005 el principio solidario de la CSS fue transformado en un
principio de ahorro individual. En otras palabras, los trabajadores que deben
cubrir sus necesidades de salud mediante un régimen de seguridad social fueron
engañados.
Todavía no hay una
explicación de porqué los trabajadores panameños fueron expropiados de su
institución que garantiza, mediante un sistema de solidaridad, la salud de
todos los que pagan cuotas. El gobierno, nueve años más tarde, anunció que en
10 años la CSS no tendrá recursos para cubrir las demandas de los asegurados.
Los fondos que
religiosamente trabajadores y empresarios le transfieren a la CSS son
transferidos de igual manera a unas pocas empresas dedicadas a especular con
esos dineros en las bolsas de EEUU. Esta medida se tomó siguiendo
recomendaciones de los ‘asesores’ neoliberales’ que se impusieron en muchos
países de la región.
Según Dulcidio de la
Guardia, ministro de Economía y Finanzas (MEF), el programa de Invalidez, Vejez
y Muerte (IVM) de la CSS, que garantiza el pago de las pensiones y las
jubilaciones, requiere reformas que garanticen su futuro, porque agoniza. De la
Guardia, anunció que el IVM se quedará sin plata entre 2024 y 2025. Ante esta
situación, que se sabía desde el 2005 que iba a ocurrir, el ministro dice que
hay que hacer algo.
Según el titular del
MEF, “es importante que la sociedad panameña empiece a plantear una discusión
sobre cómo asegurar la sostenibilidad del programa más allá del 2014”. En 2005,
cuando se hizo la última reforma a las pensiones y jubilaciones se creó un
sistema de cuentas individuales, que correría paralelo al solidario, que
seguiría funcionando para los nacidos hasta 1970. Los más jóvenes (menores de
35 años a esa fecha) se jubilarían con sus propios aportes. El ministro agrega
que desde 2005 no entran nuevos cotizantes al sistema solidario, pero siguen
ingresando pensionados, el sistema entrará en un déficit progresivo hasta que
se agoten las reservas en 2024.
De la Guardia
explica cuál es la causa de este desastre: No ingresan nuevos cotizantes al
sistema solidario. Pero no propone la solución correcta. En cambio, el
empresario Carlos Abadía sugiere, para evitar la inminente quiebra del IVM,
aumentar la edad de jubilación, aumentar la cuota y el subsidio del Estado.
Los trabajadores que
cotizan cargarán con la deuda, mientras que un pequeño grupo de empresas
reciben las cuotas de los asegurados. El MEF tratará de ejecutar las políticas
ya concebidas por los políticos de administraciones anteriores. En la
actualidad, la CSS recibe anualmente cuotas obrero-patronales que suman cerca
de $2,000 millones. Cantidad suficiente para financiar los servicios de salud,
las pensiones de los trabajadores y otros gastos de apoyo.
Sin embargo, la
corrupción y la mala administración causan enormes pérdidas en la CSS. El
actual director de la CSS, Estivenson Girón, le acaba de escribir al director
anterior Guillermo Sáez Llorens acusándolo de desgreño e irresponsabilidad en
el manejo de los fondos de la CSS durante su gestión (2009-2014).
La solución al
problema del programa de Vejez de la CSS es regresar al sistema solidario que
les garantiza a los trabajadores que sus cuotas serán utilizadas solamente para
su salud y pensiones.
