La publicación del
Informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dado a conocer
días pasados describe con minuciosidad las diferentes “técnicas de
interrogación” utilizada por la CIA para extraer información relevante en la
lucha contra el terrorismo. Lo que se hizo público es apenas un resumen, de unas
500 páginas, de un estudio que contiene unas 6.700 y cuya primera y
rápida lectura produce una sensación de horror, indignación y repugnancia como
pocas veces experimentó quien escribe estas líneas.[1]
Los adjetivos para
calificar ese lúgubre inventario de horrores y atrocidades no alcanzan a
transmitir la patológica inhumanidad de lo que allí se cuenta, sólo comparables
a las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la Argentina por la
dictadura cívico-militar, o las que en el marco del Plan Cóndor se consumaron
en contra de miles de latinoamericanos en los años de plomo.
El Informe es susceptible de múltiples lecturas, que seguramente animarán un significativo debate. Para comenzar digamos que su sola publicación produce un daño irreparable a la pretensión estadounidense de erigirse como campeón de los derechos humanos, siendo que una agencia del gobierno, con línea directa a la presidencia, perpetró estas atrocidades a lo largo de varios años con el aval –caso de George W. Bush- o la displicente indiferencia de su sucesor en la Casa Blanca.
Obviamente, si ya
antes Estados Unidos carecía de autoridad moral para juzgar a terceros países
por presuntas violaciones a los derechos humanos, después de la publicación de
este Informe lo que debería hacer Barack Obama es pedir perdón a la comunidad
internacional (cosa que desde luego no hará, o no lo dejarán hacer, como lo
demostró el escándalo de los espionajes), interrumpir definitivamente la
publicación de los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos
y del combate al terrorismo en donde se califica el comportamiento de todos los
países del mundo (excepto Estados Unidos, juez infalible que no puede ser
enjuiciado) y asegurarse que prácticas tipificadas como torturas por el Informe
senatorial no sólo no volverán a ser utilizadas por la CIA o las fuerzas
regulares del Pentágono sino tampoco por el número creciente de mercenarios
enrolados para defender los intereses del imperio, lo que tampoco tiene
demasiadas probabilidades de ocurrir.
Precisamente, la
idea de nutrir cada vez más a las fuerzas del Pentágono con mercenarios
reclutados por sus aliados en el Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos,
Qatar, etcétera) o por compañías especializadas, como Academi (la tenebrosa ex
Blackwater) es liberar al gobierno de los Estados Unidos de cualquier
responsabilidad por violaciones a los derechos humanos que pudieran cometer
estos “contratistas”, como eufemísticamente se los denomina.
Al “tercerizar” de este modo sus operaciones militares en el exterior la aplicación de torturas en contra de presuntos, o verdaderos, terroristas se realiza al margen de las estipulaciones de la Convención de Ginebra que establece que los prisioneros de guerra deben tener garantías jurídicas de defensa y ser tratados de modo humanitario.
Los mercenarios o
“contratistas”, por el contrario, son bandas contratadas por Washington para
operaciones especiales, actuando al margen de toda ley. No tienen prisioneros
sino “detenidos”, a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el tiempo
que consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y quedando a
merced de los maltratos o las torturas que sus captores decidan aplicarles,
gozando para ello de total impunidad.
En segundo lugar, el Informe obvia considerar que la tortura fue legalizada por el presidente George W. Bush. Tal como lo hemos señalado en un estudio publicado en 2009, la tortura como una práctica habitual venía siendo utilizada desde hace mucho tiempo por la CIA y otras agencias del gobierno federal.
En dicho texto
decíamos que “a partir de los atentados del 11 de septiembre y la nueva
doctrina estratégica establecida por el presidente George W. Bush al año
siguiente (“guerra contra el terrorismo”, “guerra infinita”, etcétera)
las torturas a prisioneros, sean éstos supuestos combatientes enemigos o simple
sospechosos, se tornaron prácticas habituales en los interrogatorios, así
como también los tratos inhumanos o degradantes infligidos a las personas bajo
custodia de las tropas estadounidenses.
A fin de evitar las
consecuencias legales que se desprenden de esta situación Washington adoptó
como una de sus políticas el traslado de sus prisioneros a cárceles situadas en
países donde la tortura es legal o en los cuales las autoridades no tienen
interés alguno en impedirla, sobre todo si se trata de favorecer los planes
estadounidenses; o enviarlos a Afganistán, Irak o la propia base norteamericana
de Guantánamo, donde se puede interrogar brutalmente a cualquier prisionero sin
ningún tipo de monitoreo judicial y sin la presencia de molestos observadores
como, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional.”[2]
Para estupor de propios y ajenos, aún después de haberse dado a conocer el Informe del Senado el vocero de la Casa Blanca apeló a ridículos eufemismos cuando transmitió el repudio del presidente Obama por sus revelaciones: condenó los “duros y atroces interrogatorios” practicados por la CIA, obviando utilizar el término correcto para definir lo que según la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes es simple y llanamente eso: tortura.
En su artículo
primero la Convención establece que “Se entenderá por el término
‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión; de castigarla por
un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido; o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a
estas.” [3]
De acuerdo a esta definición es imposible sostener que prácticas tales como la “rehidratación rectal”, la “hipotermia”, la “alimentación rectal”, colgar a una víctima de una barra, amenazar con violar a su esposa o hijas, la prohibición de dormir o el “submarino” (“waterboarding”, como se la llama en inglés) aplicadas cruelmente por horas y días para interrogar sospechosos de terrorismo no constituyan flagrantes casos de tortura.[4]
No obstante ello, en marzo de 2008 el presidente Bush vetó una ley del Congreso que prohibía la aplicación del “submarino” a presuntos terroristas, dando cumplimiento a un anuncio previo en el cual advertía que vetaría cualquier pieza legislativa que impusiera limitaciones al uso de la tortura como método válido y legal de interrogación. En respuesta a sus críticos la Casa Blanca dijo que sería absurdo obligar a la CIA a respetar los preceptos establecidos por la legislación internacional porque sus agentes no se enfrentaban a combatientes legales, fuerzas regulares de un estado operando de conformidad con los principios tradicionales sino a terroristas que actúan con total desprecio por cualquier norma ética.
De este modo Bush y
su pandilla intentaron justificar la violación permanente de los derechos
humanos bajo el pretexto del “combate al terrorismo”. No sólo eso: su secretario
de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizó explícitamente en diciembre del
2002 la utilización de por lo menos nueve “técnicas de interrogación” que
sólo en virtud de un perverso eufemismo pueden dejar de ser calificadas como
torturas.
Lo interesante del
caso es que Estados Unidos adhirió a la citada Convención (que cuenta con 145
estados partes) en el año 1994 pero se cuidó muy bien de ratificar el Protocolo
que le otorga facultades de control al Comité de la Tortura de las Naciones
Unidas. En otras palabras, la simple adhesión a la Convención fue una movida
demagógica, carente de consecuencias prácticas en la lucha contra la tortura.
El horror que despierta el Informe no debería llevarnos a pensar que allí se encuentra toda la verdad. Si bien destruye el argumento central de la CIA en el sentido de que esas “duras tácticas de interrogación” eran necesarias para prevenir nuevos ataques terroristas contra Estados Unidos, lo cierto es que la estimación de los números de los detenidos y torturados se ubica muy por debajo de lo que permiten inferir otras fuentes documentales.
En el Informe, por
ejemplo, se dice que “la CIA mantuvo detenidas a 119 personas, 26 de los cuales
aprehendidas ilegalmente”. Sin embargo, es sabido que para perpetrar
estas violaciones a los derechos humanos Estados Unidos habilitó numerosas
cárceles secretas en Polonia, Lituania, Rumania, Afganistán y Tailandia; y
contó con la colaboración de países como Egipto, Siria, Libia, Paquistán,
Jordania, Marruecos, Gambia, Somalía, Uzbekistán, Etiopía y Djibouti para
realizar sus interrogatorios, a la vez que algunas ejemplares “democracias”
europeas, como Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, España,
Finlandia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumania y Suecia, amén de otros países extraeuropeos, colaboraron en
facilitar la entrega y traslado de prisioneros a sabiendas de lo que les
aguardaba a esas personas.[5]
El número de
víctimas supera con creces las 119 del Informe. Téngase presente que según
Human Rights First, una organización no gubernamental estadounidense, el número
total de detenidos que pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su
inauguración fue de 779 personas.[6] Por otra parte, un informe especial
de Naciones Unidas asegura que sólo en Afganistán la CIA detuvo a 700 personas
y a 18.000 en Irak, todos bajo la acusación de “terroristas”.[7] Ni hablemos de
lo ocurrido en el campo de detención de Abu Ghraib, tema que hemos examinado en
detalle en nuestro libro.[8]
Para finalizar, tres conclusiones.
Primera: el Informe pone el acento en la inefectividad de las torturas
soslayando imprescindibles consideraciones de carácter ético o político.
De las veinte
conclusiones que se presentan en las primeras páginas del Informe sólo una, la
vigésima, expresa alguna preocupación marginal por el tema al lamentarse que
las torturas aplicadas por la CIA “dañaron la imagen de los Estados Unidos en
el mundo a la vez que ocasionaron significativos costos monetarios y no-monetarios.”
[9]
No existe ninguna
reflexión sobre lo que significa para un país que presume orgullosamente de ser
una democracia -o la más importante democracia del mundo, según algunos de sus
más entusiastas publicistas- además del “líder del mundo libre” incurrir en
prácticas monstruosas que sólo pueden calificarse como propias del terrorismo
de Estado al estilo del que conociéramos en América Latina y el Caribe en el
pasado. La tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la
sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena ejecutarla,
la justifica o la consiente.
Por eso este nuevo
episodio demuestra, por enésima vez, el carácter farsesco de la “democracia
norteamericana”. De ahí que la expresión que mejor conviene para retratar
su verdadera naturaleza es la de “régimen plutocrático.”
Régimen, porque
quien manda es un poder de facto, el complejo militar-financiero-industrial que
nadie ha elegido y a quien nadie rinde cuentas; y plutocrático, porque el
contenido material del régimen es la colusión de gigantescos intereses corporativos
que son, como lo anotara Jeffrey Sachs días atrás, quienes invierten centenares
de miles de millones de dólares para financiar las campañas y las carreras de
los políticos y los lobbies que cabildean en favor de sus intereses y que luego
obtienen como compensación a sus esfuerzos beneficios económicos de todo tipo
que se miden en billones de dólares. Todo esto, además, justificado por una
decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó los donativos
ilimitados que, en su enorme mayoría, pueden beneficiarse del anonimato.[10]
Segunda: el Informe se abstiene de recomendar la persecución legal de los responsables de las monstruosidades perpetradas por la CIA.
Segunda: el Informe se abstiene de recomendar la persecución legal de los responsables de las monstruosidades perpetradas por la CIA.
Ante una descripción
que parece inspirada en las más horribles escenas del infierno de Dante, los
autores se abstienen de recomendar al Premio Nobel de la Paz que la justicia
tome cartas en el asunto. Pero el pacto de impunidad está consagrado, y ante la
inacción de la Casa Blanca los torturadores y sus numerosos cómplices, dentro y
fuera de la administración Bush, han salido a apoyar abiertamente las torturas
y acusar a los redactores del Informe de parcialidad ideológica, todo esto en
medio de una desaforada exaltación del chauvinismo estadounidense y de una
cuidadosa ocultación de las mentiras utilizadas por Bush y su pandilla, desde
las referidas a qué fue lo que realmente ocurrió el 11-S, en donde hay más
incógnitas que certezas, hasta la acusación a Irak de poseer armas de
destrucción masiva.
Dado que Obama ha
dado a entender que no enjuiciará a los responsables materiales e intelectuales
de estos crímenes la conclusión es que no sólo se legaliza la tortura sino que
también se la legitima, se la aprueba, tal vez como un “mal necesario” pero se
la justifica. Ante ello sería bueno que algún tribunal del extranjero, actuando
bajo el principio de la jurisdicción universal en materia de delitos de lesa
humanidad, trate de hacer justicia allí donde el régimen norteamericano apaña
la impunidad de los criminales y consagra la perversión y la maldad como una
virtud.
Tercera y última: la deplorable complicidad de la prensa. Todos sabían que la CIA y otras fuerzas especiales del Pentágono tienen incorporada la tortura de prisioneros como un SOP (“standard operating procedures”, un procedimiento estandarizado de operación, en la jerga militar de los servicios norteamericanos), como se ha dicho más arriba.
Pero los grandes
medios -no tan sólo los pasquines rabiosamente derechistas de la cadena de
Rupert Murdoch y muchos otros de su tipo, dentro y fuera de Estados
Unidos- conspiraron voluntariamente o no, es irrelevante, para no llamar a la
cosa por su nombre y utilizar en cambio toda clase de eufemismos que
permitieran edulcorar la noticia y mantener engañada a la población norteamericana.
Para el Washington
Post, el New York Times y la Agencia Reuters eran métodos de interrogación
“brutales”, “duros” o “atroces”, pero no torturas; para la cadena televisiva
CBS eran “técnicas extremas de interrogación” y para Candy Crowley, la jefa de
la corresponsalía política de la CNN en Washington, eran “torturas, pero según
quien las describa”. Para el canal de noticias MSNBC (fusión de Microsoft con
la NBC) eran, según Mika Brzezinski, hija del estratego imperial Zbigniew
Brzezinski y, por lo visto, fiel discípula de las enseñanzas de su padre,
“tácticas de interrogación utilizadas por la CIA”.
Esta es la gente que
luego es señalada por los políticos y los intelectuales de la derecha para
darnos lecciones de democracia y de libertad de prensa en América Latina y el
Caribe. Sería bueno tomar nota de su complicidad con estos crímenes y de su
absoluta carencia de virtudes morales como para dar lecciones a nadie.
Notas:
[1] El Informe puede consultarse en la siguiente dirección: https://es.scribd.com/doc/249652086/Senate-Torture-Report
[2] Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 43-44.
[3] Ibid., p. 44.
[4] Sobre el tema de la tortura el libro de Roberto Montoya, La impunidad imperial. Como Estados Unidos legalizó la tortura y “blindó” ante la justicia a sus militares, agentes y mercenarios (Madrid: La esfera de los libros, 2005) es una fuente absolutamente imprescindible por la meticulosidad de su investigación y la sólida fundamentación de los casos examinados. Particularmente instructivo es su análisis de las 35 “técnicas de interrogación”, las cuales, como dicen los miembros de una Comisión ad-hoc convocada por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, podrían tener como resultado “que personal estadounidense involucrado en el uso de esas técnicas pudieran ser objeto de persecución por violación de los derechos humanos en otros países o que pudiera ser entregado a foros internacionales, como la Corte Penal Internacional. Esto tendría un impacto en futuras operaciones o viajes al exterior de ese personal.” Cf. Montoya, op. cit, pp. 130-134. Datos más específicos sobre las “técnicas de interrogación” se encuentran en http://globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/fm34-52
[5] “¿Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIA”, informe elaborado sobre la base de documentación aportada por la American Civil Liberties Union y la Open Society Justice Initiative, y publicado por La Nación (Buenos Aires) el 10 de Diciembre del 2014. Ver http://www.lanacion.com.ar/1751052-que-paises-colaboraron-con-el-programa-de-torturas-de-la-cia
[6] http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/gtmo-by-the-numbers-2014-11-24.pdf
[7] Cf. “Preliminary Findings on Visit to United States by Special Rapporteur on Human Rights and Counter-terrorism”, May 29, 2007, en El Lado Oscuro, op. cit., pp. 55-56.
[8] El lado oscuro, op. cit., pp. 47-48
[9] Informe, op. cit., pg.16.
[10] “Understanding and overcoming America’s plutocracy”, Huffington Post, 6 Noviembre 2014. http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/understanding-and-overcom_b_6113618.html
