SÍ A LA VIDA
Francisco
Discurso en la ONU/250915
Señor Presidente, Señoras y Señores:
Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el
Secretario General de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a
esta honorable Asamblea de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la
comunidad católica, Señor Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y
cordial agradecimiento. Agradezco también sus amables palabras.
Saludo asimismo a los Jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, a
los Embajadores, diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que les
acompañan, al personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 70ª Sesión de la
Asamblea General, al personal de todos los programas y agencias de la familia
de la ONU, y a todos los que de un modo u otro participan de esta reunión. Por
medio de ustedes saludo también a los ciudadanos de todas las naciones
representadas en este encuentro. Gracias por los esfuerzos de todos y de cada
uno en bien de la humanidad.
Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo
hicieron mis predecesores Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi
más reciente predecesor, el hoy Papa emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos
ellos no ahorraron expresiones de reconocimiento para la Organización,
considerándola la respuesta jurídica y política adecuada al momento histórico,
caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y,
aparentemente, de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta
imprescindible ya que el poder tecnológico, en manos de ideologías
nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas
atrocidades. No puedo menos que asociarme al aprecio de mis predecesores,
reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y
las esperanzas que pone en sus actividades.
La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por
las Naciones Unidas, que festeja en estos días su 70 aniversario, es una
historia de importantes éxitos comunes, en un período de inusitada aceleración
de los acontecimientos. Sin pretensión de exhaustividad, se puede mencionar la
codificación y el desarrollo del derecho internacional, la construcción de la
normativa internacional de derechos humanos, el perfeccionamiento del derecho
humanitario, la solución de muchos conflictos y operaciones de paz y
reconciliación, y tantos otros logros en todos los campos de la proyección
internacional del quehacer humano.
Todas estas realizaciones son luces que contrastan la oscuridad del
desorden causado por las ambiciones descontroladas y por los egoísmos
colectivos. Es cierto que aún son muchos los graves problemas no resueltos,
pero es evidente que, si hubiera faltado toda esa actividad internacional, la humanidad
podría no haber sobrevivido al uso descontrolado de sus propias
potencialidades. Cada uno de estos progresos políticos, jurídicos y técnicos
son un camino de concreción del ideal de la fraternidad humana y un medio para
su mayor realización.
Rindo por eso homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido
leal y sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular,
quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación
de los pueblos, desde Dag Hammarskjöld hasta los muchísimos funcionarios de
todos los niveles, fallecidos en las misiones humanitarias, de paz y de
reconciliación.
La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y la adaptación a los tiempos es siempre necesaria, progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en las decisiones. Tal necesidad de una mayor equidad, vale especialmente para los cuerpos con efectiva capacidad ejecutiva, como es el caso del Consejo de Seguridad, los organismos financieros y los grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar las crisis económicas. Esto ayudará a limitar todo tipo de abuso o usura sobre todo con los países en vías de desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sustentable de los países y la no sumisión asfixiante de éstos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia.
La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del
Preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser
vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que
la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad
universal.
En este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea
implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la
definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano
se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y
de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones
sociales. La distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa,
tecnológico, etc.) entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema
jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación
del poder.
El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos
derechos, y -a la vez- grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal
ejercicio del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres
excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas
y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad.
Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del
ambiente y acabando con la exclusión.
Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero «derecho del
ambiente» por un doble motivo.
Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en
comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción
humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de
«capacidades inéditas» que «muestran una singularidad que trasciende el ámbito
físico y biológico» (Laudato si', 81), es al mismo tiempo una
porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos,
químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente
ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a
la humanidad.
Segundo, porque cada una de las creaturas, especialmente las vivientes,
tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de
interdependencia con las demás creaturas. Los cristianos, junto con las otras
religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de
amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación
para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede
abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas las
creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental (cf. ibíd., 81).
El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van
acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e
ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos
materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya
sea por tener capacidades diferentes (discapacitados) o porque están privados
de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente
capacidad de decisión política.
La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad
humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más
pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo: son
descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte
y deben sufrir injustamente las consecuencias del abuso del ambiente. Estos
fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada
«cultura del descarte».
Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus
claras consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos
otros a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por
lo cual alzo mi voz, junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones
urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en la Cumbre mundial que iniciará hoy mismo, es una importante señal
de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre cambio climático
logre acuerdos fundamentales y eficaces.
No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aun
cuando constituyen un paso necesario para las soluciones. La definición clásica
de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento esencial una
voluntad constante y perpetua: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad
efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas, para
preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la
exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres
humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y
niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de
armas, terrorismo y crimen internacional organizado.
Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes
que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo
declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar
que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos
estos flagelos.
La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con
instrumentos técnicos de medida. Esto, empero, comporta un doble peligro:
limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos
propósitos -metas, objetivos e indicadores estadísticos-, o creer que una única
solución teórica y apriorística dará respuesta a todos los desafíos.
No hay que perder de vista, en ningún momento, que la acción política y
económica, solo es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial,
guiada por un concepto perenne de justicia y que no pierde de vista en ningún
momento que, antes y más allá de los planes y programas, hay mujeres y hombres
concretos, iguales a los gobernantes, que viven, luchan y sufren, y que muchas
veces se ven obligados a vivir miserablemente, privados de cualquier derecho.
Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza
extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo humano integral y el pleno
ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. Deben ser
edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los
demás hombres y en una justa relación con todos los círculos en los que se
desarrolla la socialidad humana -amigos, comunidades, aldeas y municipios,
escuelas, empresas y sindicatos, provincias, naciones-. Esto supone y exige el
derecho a la educación -también para las niñas, excluidas en algunas partes-,
que se asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho primario de
las familias a educar, y el derecho de las Iglesias y de agrupaciones sociales
a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos. La
educación, así concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y
para recuperar el ambiente.
Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de
que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad
y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier
desarrollo social. Ese mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres:
techo, trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad del espíritu,
que comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y los otros
derechos cívicos.
Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del
cumplimiento de la nueva Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo,
práctico e inmediato, para todos, a los bienes materiales y espirituales
indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado,
alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más en general
libertad del espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo
humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más
en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma
naturaleza humana.
La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la
biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.
Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía
mundial, guiado solo por la ambición de lucro y de poder, deben ser un llamado
a una severa reflexión sobre el hombre:
«El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El
hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza»
(Benedicto
XVI, Discurso al Parlamento Federal de Alemania, 22 septiembre 2011; citado en
Laudato si', 6). La creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos
somos las últimas instancias [...] El derroche de la creación comienza donde no
reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos
vemos a nosotros mismos» (Id., Discurso al Clero de la Diócesis de
Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008; citado ibíd.).
Por eso, la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen
el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que
comprende la distinción natural entre hombre y mujer (cf. Laudato si', 155), y el
absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones (cf. ibíd.,
123; 136).
Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y
sin la actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral,
el ideal de «salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra» (Carta de las
Naciones Unidas, Preámbulo) y de «promover el progreso social y un más
elevado nivel de vida en una más amplia libertad» (ibíd.) corre el riesgo de
convertirse en un espejismo inalcanzable o, peor aún, en palabras vacías que
sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una
colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida
anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término,
irresponsables.
La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión
al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos,
se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las
naciones y entre los pueblos.
Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el
infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como
propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental.
La experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones Unidas, en general,
y en particular la experiencia de los primeros 15 años del tercer milenio,
muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas internacionales
como la ineficacia de su incumplimiento.
Si se respeta y aplica la Carta de las Naciones Unidas con
transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones, como un punto de
referencia obligatorio de justicia y no como un instrumento para disfrazar
intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz. Cuando, en cambio, se
confunde la norma con un simple instrumento, para utilizar cuando resulta
favorable y para eludir cuando no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora
de fuerzas incontrolables, que dañan gravemente las poblaciones inermes, el
ambiente cultural e incluso el ambiente biológico.
El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas
indican los cimientos de la construcción jurídica internacional: la paz, la
solución pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad
entre las naciones. Contrasta fuertemente con estas afirmaciones, y las niega
en la práctica, la tendencia siempre presente a la proliferación de las armas,
especialmente las de destrucción masiva como pueden ser las nucleares.
Una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua -y
posiblemente de toda la humanidad- son contradictorios y constituyen un fraude
a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser «Naciones
unidas por el miedo y la desconfianza». Hay que empeñarse por un mundo sin
armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de no proliferación, en la
letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos.
El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de
Asia y Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad
política y del derecho, ejercitados con sinceridad, paciencia y constancia.
Hago votos para que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados
con la colaboración de todas las partes implicadas.
En ese sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas
de las intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros
de la comunidad internacional. Por eso, aun deseando no tener la necesidad de
hacerlo, no puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con
la dolorosa situación de todo el Oriente Medio, del norte de África y de otros
países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o
étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión
mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido
obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su
patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes y han sido puestos en
la disyuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia
vida o con la esclavitud.
Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de conciencia de los que están a cargo de la conducción de los asuntos internacionales. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino en cada situación de conflicto, como en Ucrania, en Siria, en Irak, en Libia, en Sudán del Sur y en la región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos antes que intereses de parte, por legítimos que sean. En las guerras y conflictos hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que se convierten en material de descarte cuando solo la actividad consiste en enumerar problemas, estrategias y discusiones.
Como pedía al Secretario General de las Naciones Unidas en mi carta del
9 de agosto de 2014, «la más elemental comprensión de la dignidad humana
[obliga] a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y
los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para detener
y prevenir ulteriores violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y
religiosas» y para proteger a las poblaciones inocentes.
En esta misma línea quisiera hacer mención a otro tipo de
conflictividad no siempre tan explicitada pero que silenciosamente viene
cobrando la muerte de millones de personas. Otra clase de guerra viven muchas
de nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra «asumida» y
pobremente combatida. El narcotráfico
por su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del lavado de
activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de
corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida
social, política, militar, artística y religiosa, generando, en muchos casos,
una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras
instituciones.
Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores.
Quisiera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación de
las palabras finales del discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi
exactamente 50 años, pero de valor perenne: «Ha llegado la hora en que se
impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración:
volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro
destino común. Nunca, como hoy, [...] ha sido tan necesaria la conciencia moral
del hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que,
bien utilizados, podrán [...] resolver muchos de los graves problemas que
afligen a la humanidad» (Discurso a los Representantes de los Estados, 4 de
octubre de 1965).
Entre otras cosas, sin duda, la genialidad humana, bien aplicada,
ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la
exclusión. Continúo con Pablo VI: «El verdadero peligro está en el hombre, que
dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la
ruina como a las más altas conquistas» (ibíd.).
La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre
una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la
sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer; de los pobres, de
los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los
desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se
los considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos
los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta
sacralidad de la naturaleza creada.
Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que acepte
la trascendencia, renuncie a la construcción de una elite omnipotente, y
comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el
servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación
para el bien común. Repitiendo las palabras de Pablo VI, «el edificio de la
civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos
capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo» (ibíd.).
El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura en mi tierra natal, canta: «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera».
El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una creciente
y sostenida fragmentación social que pone en riesgo «todo fundamento de la vida
social» y por lo tanto «termina por enfrentarnos unos con otros para preservar
los propios intereses» (Laudato si', 229).
El tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen
dinamismos nuevos en la sociedad hasta que fructifiquen en importantes y
positivos acontecimientos históricos (cf. Evangelii gaudium, 223). No podemos
permitirnos postergar «algunas agendas» para el futuro. El futuro nos pide
decisiones críticas y globales de cara a los conflictos mundiales que aumentan
el número de excluidos y necesitados.
La laudable construcción jurídica internacional de la Organización de
las Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier
otra obra humana y, al mismo tiempo, necesaria, puede ser prenda de un futuro
seguro y feliz para las generaciones futuras. Lo será si los representantes de
los Estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar
sinceramente el servicio del bien común.
Pido a Dios Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi apoyo, mi
oración y el apoyo y las oraciones de todos los fieles de la Iglesia Católica,
para que esta Institución, todos sus Estados miembros y cada uno de sus
funcionarios, rinda siempre un servicio eficaz a la humanidad, un servicio
respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar, para el bien común, lo mejor
de cada pueblo y de cada ciudadano.
La bendición del Altísimo, la paz y la prosperidad para todos ustedes y
para todos sus pueblos. Gracias.
