Carlos del Castillo
www.publico.es/06/04/2017
Fabricar armas es legal. Solo unas
pocas, como las bombas de racimo, las químicas o biológicas son consideradas
inaceptables, al ser imposible argumentar en contra de que su uso afecta tanto
a civiles como a combatientes. El resto, incluidas las nucleares, son
perfectamente legales.
En un mundo en guerra, fabricar
armas es un negocio lucrativo. Los conflictos abiertos de Siria, Irak, la
franja de Gaza, Ucrania, Yemen, Libia, Sudán, Somalia o la guerra contra el
narcotráfico en México necesitan abastecimiento continuo de armamento. Sumando
a la ecuación a los señores de la guerra en África o las guerrillas
que operan en latinoamérica el resultado es un jugoso pastel a repartir.
España entró fuerte en ese mercado
espoleada por la crisis económica. Es desde hace años el séptimo
exportador de armas a nivel mundial, solo por detrás de los grandes
fabricantes como EEUU, Rusia, China y las potencias militares europeas,
Alemania, Francia y Reino Unido.
Fabricar y exportar armas es legal,
y financiarlas también lo es. Las grandes entidades bancarias españolas
participan en el negocio, lideradas por el BBVA y el Santander. "Los
bancos, aseguradoras y empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011
y 2015 casi 5.900 millones de euros al sector de las armas", revela Jordi
Calvo, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.
Calvo, autor del informe Los bancos que invierten en armas,
advierte de que las entidades financieras españolas han apostado claramente por
el negocio de la muerte. Apoyándose en el crecimiento de España como
exportadora, están "poniéndose a la altura de los mayores inversores de la
industria armamentística".
Teniendo en cuenta que el ratio de
endeudamiento de las empresas de armas es del 73%, similar a la del resto de la
industria española, el "floreciente negocio armamentístico no solo
beneficia a las empresas de armas sino también a los bancos y
aseguradoras", recoge el investigador en el informe.
La investigación
internacional Don't Bank on
the Bomb de la organización neerlandesa PAX arroja cifras
similares. Incluyendo datos de 2016, PAX —que audita las actividades que
favorecen la proliferación de las armas nucleares en el mundo— eleva la
inversión española en la industria militar por encima de los 6.500 millones de
euros desde 2013.
Amnistía Internacional (AI) ha
interpelado en varias ocasiones a gobiernos y entidades sobre la importancia de
cerrar el grifo de la financiación. Al menos si están interesados en evitar
"violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho
internacional" como las que ocurren casi a diario
en Siria.
"La financiación y la
inversión no son actividades neutrales; determinan y facilitan la actividad
económica, incluso en el sector armamentístico. Los bancos y otras
instituciones financieras desempeñan un papel crucial en los esfuerzos globales
para frenar la fabricación, transferencia y uso de armas", explica David
Pereira, presidente de AI en Luxemburgo. Pereira
encabezó un estudio que analizó la importancia de la falta de
restricciones en ese país —gran centro financiero europeo— para la distribución
de la inversión mundial en la industria militar.
El estudio del Centre Delás, que
también recoge las inversiones de entidades internacionales, señala que
empresas como Airbus y Boeing (aeronaves militares), Maxam (explosivos),
Navantia (buques), Finmeccanica (aeroespacial) o General Dynamics
(propietaria de la española Santa Bárbara Sistemas) son las principales
destinatarias de la inversión.
"BBVA, Santander, Deutsche
Bank, Citibank e ING son los más importantes financiadores armas, seguidos en
un segundo nivel de importancia por Banca March, Bankia, Caixabank, Banco
Popular, Banco Sabadell y Bankinter. Sin olvidar que Unicaja, Banco Mare
Nostrum (BMN), Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Banco Alcalá, Banco
Caminos, Caja de Arquitectos y Banco Mediolanum invierten en armas, aunque en
cuantías menores", concluye Jordi Calvo.
Las
armas, un rastro imposible de seguir
Cuando no es directamente secreto,
el negocio de las armas está oculto, desdibujado con eufemismos. El Gobierno,
encargado de evitar que las armas españolas terminen en países en conflicto —lo
que sería ilegal— no concede licencias para la exportación de armas, sino de
material de defensa. Dentro de este, la mayor parte es material de doble uso.
Las actas de la junta
interministerial responsable de autorizar las ventas al exterior son secretas.
Además, para el Gobierno el concepto de "en guerra" no es tan claro
como podría parecer, puesto que sigue autorizando ventas a Arabia Saudí, que lidera
una coalición de países árabes que bombardea a discreción Yemen. Todo ello da
forma a un entramado que resulta muy útil cuando se encuentran armas españolas
sobre el campo de batalla yemení, ya que hace casi imposible exigir
responsabilidades.
La misma táctica que el Gobierno
utilizan las empresas productoras de armas. El gigante español Maxam, el mayor
fabricante de explosivos de Europa y segundo del mundo asegura que
solo el 20% de su negocio es militar, y que este "se ocupa
de la destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la
descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos".
Maxam es un importante cliente de las inversiones de BBVA, Santanter o Bankia.
Factura 1.000 millones de euros al año.
"Los bancos intentan evadir su
responsabilidad diciendo que no trabajan con armas prohibidas y que siempre
siguen la legislación en vigor, que no financian armas que van a acabar en
conflictos armados. Pero ¿cómo lo saben? El problema de las armas es su
trazabilidad. Es imposible saber si un banco ha financiado un arma que acaba en
Yemen", alerta Audrey Esnault.
"Se
escudan en que las empresas hacen de todo"
Esnault es activista. Forma parte
de la campaña de la campaña Banca Armada, que pretende "concienciar", visibilizar
una situación "sobre la que normalmente hay mucho secretismo" como es
la de la financiación del sector armamentístico.
Miembros de la campaña participarán
este viernes en la junta de accionistas del Banco Santander para denunciar la
colaboración de la entidad con los fabricantes de armas. Será la quinta y
última junta de 2017, tras tomar la palabra en las de CaixaBank, Bankia, BBVA y
Sabadell. La reacción del presidente y los accionistas depende de cada banco,
"desde lo más frío como Santander o BBVA donde haces la intervención y no
dicen nada, hasta la de junta del Sabadell de la semana pasada, en la que
aplaudieron", relata Esnault a Público.
"Siempre dicen que las
empresas son muy grandes y hacen de todo. Por ejemplo Indra, como es una
empresa española, tienden a defenderla. Son empresas que hacen muchas cosas,
pero Indra tiene un 20% de producción militar", expone la activista sobre
la multinacional española, a la que el Instituto para la Paz de Estocolmo,
referencia mundial en esta cuestión, llegó a
colocar en su top 100 de productores de armas: "Fabrican
electrónica militar. Un arma no es solo una pistola o una bomba, es todo lo que
se usa para matar como destino final. El software de un misil que destruye un
edificio es un arma. Indra diseña ese tipo de software".
"Los bancos forman parte de
este negocio. Es imposible negar su corresponsabilidad. Para estar seguro al
100% de no financiar un arma que será utilizada contra la población civil en
Yemen, la única solución es no financiar armas, dar préstamos o tener acciones
en empresas que las producen".
