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Las falsedades que ha usado Donald Trump para justificar su salida del Acuerdo de París

Raúl Rejón
www.eldiario.es / 030617

El negacionismo del cambio climático es más una creencia que una teoría política. El presidente de EEUU cree que el calentamiento global provocado por la acción humana no existe. El Partido Republicano de EEUU cree que el cambio climático no es un problema.
A pesar de haber hecho patente esa fe desde el inicio de su candidatura, Donald Trump ha venido diciendo que estaba reflexionando sobre la postura que iba a tomar respecto al Acuerdo Climático de París. Después de meses, ha decidido abandonarlo. Y ha despachado la salida con una batería de argumentos formulados para satisfacer su creencia previa que los datos desmienten.

"En interés de nuestra economía"

Incluso un buen puñado de las locomotoras de la economía norteamericana, entre las que están Goldman Sachs, Unilever, Procter & Gamble, Disney o Pacific Gas & Electric, han dicho al presidente que la mejor manera de "crear empleos e impulsar la competitividad es permaneciendo en el acuerdo".

La petrolera Exxon Mobil, al menos de manera oficial, reniega del negacionismo de Trump: "El riesgo del cambio climático es claro y ese riesgo demanda acción. El aumento de las emisiones a la atmósfera está teniendo un efecto de calentamiento", admite esta empresa que gana dinero con la principal causa de ese calentamiento, los combustibles fósiles. El que fue presidente y consejero delegado de Exxon durante diez años y actual jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, se ha opuesto a la decisión de Trump.
La española Repsol también ha aceptado que el cambio climático necesita ser combatido y está unida junto a Shell, Pemex, Total, Eni o BP en un grupo para, al menos, rebajar las emisiones de sus operaciones.

Los empleos del carbón "se irán" a China e India

Los empleos del carbón son empleos que "nadie quiere", ha dicho el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Son puestos de trabajo asociados a enfermedades graves. En España los mineros pueden jubilarse con edades tempranas por esto. Sin embargo, fueron sacados al ruedo por Trump en su explicación sobre la estampida climática.

En EEUU, esos empleos ya están cayendo por su propio peso. El mismo departamento de Energía norteamericano ha contabilizado en su informe de enero de 2017 que la generación de electricidad a base de carbón dio 87.000 empleos. Y la extracción genera 57.000, pero han caído un 39% desde 2009.

Por el contrario, el mismo informe muestra que la generación solar de electricidad ya está proporcionando 373.000 puestos de trabajo. Y la eólica otros 101.000 puestos directos.

Donald Trump ha esperado a tener algún documento que relacionara directamente el Acuerdo de París con menor empleo. Le llegó en marzo pasado cuando se publicó un informe que decía directamente que los compromisos climáticos de su antecesor Barack Obama destruirían 2,7 millones de puestos en el sector industrial. Así lo repitió en su discurso del jueves. Detrás del informe, financiándolo, han estado dos instituciones conocidas de antemano por su negacionismo, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Si se cumple el acuerdo, "solo se evitará el calentamiento en 0,2 ºC"
Trump se parapetó en una organización de gran prestigio como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para sostener esta frase: irse del acuerdo sería "bueno para la economía y el clima no se resentirá mucho".

La cuestión es que los investigadores del MIT que hicieron esos estudios han salido a  refutar a Trump. "Nosotros no somos esos investigadores", han dicho. Su informe, reiteraron, decía que tal y como está el Acuerdo de París, el freno del calentamiento se quedará en 0,9 grados. Que París se quedaba corto ya era conocido nada más analizarse los compromisos de reducción enviados por los países. El texto es abierto y contempla una revisión en 2020 para una posible "mayor ambición".

"El país más limpio. El aire más limpio"

Para quitar importancia al hecho de desentenderse de la lucha contra el cambio climático, Trump ha contado que su país "continuará siendo el más limpio. Con el aire más limpio y el agua más limpia". Aparte de que los registros de emisiones de gases le colocan como segundo más contaminador, el Índice de Actuación Medioambiental de la Universidad de Yale da a EEUU el puesto 26º. Si se atiende a los esfuerzos para contener sus emisiones, la universidad lo coloca en el 128º. Y para deshacerse de la intensidad en el uso del carbono, el 50º.

"Una reafirmación de nuestra soberanía"

Eso es lo que cree Trump que ha hecho. "¿En qué punto quedó EEUU degradado? ¿En qué momento empezaron reírse de EEUU como país?", se preguntaba. El Acuerdo de París se llama acuerdo y no tratado porque la administración de Obama lo quiso así debido a las vinculaciones legales que, entendía, se derivaban de la denominación.
Este acuerdo se basa, desde el punto de vista funcional, en las contribuciones que cada país decide aportar: Cada Estado ha calculado cuánto está dispuesto a recortar sus emisiones, ha optado por la línea base desde la que contar esa reducción  y cómo recorrerá ese camino. Todo es voluntario. Por eso la suma no ha conseguido llegar a los 2ºC. Es el camino inverso al Protocolo de Kioto que estableció el nivel de reducción global y luego trató de repartirlo. No salió.

Trump no ha estado solo en esta creencia. No solo los grupos conservadores negacionistas le apoyan en esto: 22 senadores republicanos le enviaron una carta en mayo para que se saliera del acuerdo. Rivales en la carrera para la candidatura del partido como Ted Cruz o Marco Rubio denigraron el compromiso de París. Todos comparten esa fe. El jueves por la noche, según Trump iba desgranando sus razones para boicotear el esfuerzo mundial contra el cambio climático, el presidente republicano repetía con cada dato "creedme, creedme".


¿Los pueblos deciden?

Carmen Quintela

Pese a que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo recoge el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados sobre actividades extractivas en sus territorios, su aplicación es discrecional en Latinoamérica.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala registra 85 consultas comunitarias de 2005 a la fecha. Todas han sido organizadas por las propias comunidades y no por el Estado, como establece el Convenio 169. Ninguna de ellas ha sido vinculante y los proyectos continuaron. En otros países de Latinoamérica, los Tribunales han logrado que el Estado realice consultas a las comunidades. En Colombia, por ejemplo, hay tres casos emblemáticos de comunidades que fueron escuchadas y que dijeron “no” a dos proyectos petroleros y uno minero.

En Cumaral, Meta, se realizó recientemente una consulta popular para decidir si la empresa petrolera Mansarovar Energy debía ejecutar o no actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en la jurisdicción del municipio. La población se negó al proyecto. En 2013, en el municipio de Tauramena (Casanare) se vivió una situación similar. La comunidad votó en contra del proyecto Odisea Tres D de la empresa Ecopetrol. Y en Cajamarca (Tolima), se realizó en marzo de 2017 una consulta para conocer si las comunidades de la zona aprobaban un proyecto minero de oro a cielo abierto, ejecutado desde 2009 por la empresa AngloGold Ashanti. 97% de los votantes se negó.

Por su parte, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha dicho que la consulta previa se convirtió en “un dolor de cabeza” y busca regularla a través de una ley específica.

En Perú se aprobó en agosto de 2011 la Ley de Consulta Previa, que permitió a los pueblos indígenas pronunciarse sobre proyectos extractivos. Allí se detallaba que las entidades estatales debían identificar a los pueblos que tenían derecho a la consulta.

Sin embargo, el gobierno ocultó durante años esta información. Solo cuando se conoció el listado, se supo que 63% de las comunidades que se encontraban en territorios quechua tenían derecho a la consulta, algo que el Estado había obviado al aprobar varios proyectos mineros sin su consentimiento. La plataforma de periodismo de investigación Ojo Público lo desveló en una investigación publicada en 2015.

En otros lugares, las comunidades continúan protestando para que se respete su derecho. En Ecuador, varias organizaciones indígenas y shuar denunciaron en marzo de este año la ausencia de consulta previa para la ejecución de los proyectos mineros Mirador y San Carlos Panantza, los primeros a cielo abierto que se desarrollan en la Amazonía sur del país. “Sabemos que no se ha respetado este derecho porque el pueblo shuar en un comienzo se pronunció en contra de la actividad minera en su territorio ancestral”, señaló uno de los dirigentes en su momento.

Costa Rica y la provincia argentina de Córdoba fueron más allá: aprobaron leyes para prohibir y limitar la minería. Costa Rica se convirtió en 2010 en el primer país de Latinoamérica en vetar la minería y el uso de sustancias tóxicas. En Córdoba se aprobó en 2008 una prohibir la explotación a cielo abierto. Grupos empresariales de esa región argentina trataron de tumbar la legislación, pero el Tribunal de Justicia puso fin a la discusión y ratificó la legitimidad de la ley en 2015.

En la mayoría de casos en la región, la consulta previa únicamente se produce después de que la población la solicita y cuando ya han iniciado las actividades exploratorias o extractivas. La otra parte de la discusión es si la consulta es o no vinculante.

El Convenio 169 habla de un diálogo “de buena fe” pero no se menciona la palabra “vinculante” en ningún artículo, y eso abre la puerta a que los gobiernos y el sector empresarial hagan su propia interpretación del texto. Mientras que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas menciona que antes de aprobar cualquier proyecto que afecte el territorio de las comunidades, los Estados deben obtener su consentimiento libre e informado.

Aun así, en varios países de América Latina, no se han implementado las consultas de manera sistemática. Por ahora, el derecho pleno de los pueblos a decidir sobre sus territorios continúa siendo una utopía. El primer reto es lograr que los estados escuchen a sus comunidades, que establezcan mecanismos de consulta antes de aprobar licencias para cualquier proyecto extractivo. Lo segundo, el desafío más grande, conseguir que la respuesta a la pregunta se respete, y no quede en un mero trámite a cumplir.


Seguridad Vial: ¡No hacemos lo suficiente!

Jorge L. Prosperi

Sobre este tema se ha escrito abundante material, pero el deterioro de la situación obliga que lo tengamos presente todos los días pues no hacemos lo suficiente y nuestros ciudadanos siguen falleciendo en accidentes de tránsito. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, en los últimos diez años fallecieron en accidentes de tránsito cerca de 4,300 personas. La mayoría de los accidentes y las muertes fueron durante los fines de semana y días feriados.

Siguen siendo las principales causas de estos fallecimientos: el exceso de velocidad, las distracciones como chatear frente al volante, el estrés cotidiano, manejar bajo los efectos del alcohol, la impericia y el incumplimiento de los reglamentos de tránsito, como el no usar el cinturón de seguridad o, en el caso de los motociclistas, no usar casco.

Muy preocupante es el hecho de que el año pasado, las muertes por atropello y fuga se incrementaron en el país un 20 por ciento, lo que implica, además de lo anterior, una falta de solidaridad y humanidad. En Panamá este tema debería ser de la más alta prioridad nacional, tanto del Gobierno, como de la Sociedad, pero no lo ha sido, como lo demuestran las cifras que nos proporciona el INEC.

Como he manifestado antes, nuestros barrios residenciales ya no lo son. Ahora, con el beneplácito de las autoridades municipales y nacionales, se han convertido en bulliciosas e inseguras zonas comerciales. Y digo inseguras, porque, a excepción de los domingos, los residentes estamos en riesgo diario de sufrir accidentes de tránsito, por el solo hecho de tratar de salir de nuestras casas. Es eso lo que quiero reiterar hoy, la “inseguridad” vial, porque en las calles rige la ley del más fuerte y el más vivo. Se vive la esencia de la anarquía, ante la ausencia casi absoluta de autoridad que haga cumplir las ordenanzas.

En nuestras ciudades cruzar una calle o una autopista es equivalente a jugarse la vida. Vehículos que adelantan por la derecha, autobuses y taxistas que exceden de forma irresponsable y peligrosa los límites de velocidad… Este es el día a día de las carreteras de Panamá, un país que tiene en la educación vial una de sus grandes asignaturas pendientes.

En ese contexto la oficina de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT firmó en 2014 un convenio con el Ministerio de Educación (Meduca) e imparte nociones básicas de educación vial en algunos colegios de educación primaria. La verdad que el convenio debe ser con las secundarias y las universidades, porque no se ven los resultados, pues en lo que va de este año, la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito, ya supera los 200, de los cuales las muertes por atropello representan casi la mitad de las víctimas totales.

A eso agreguemos que el año pasado el parque vehicular llegó a 1.2 millones, superando por más de 300,000 vehículos la cifra de 2015, lo que implica que en 2017 tendremos en las calles una mayor exposición al riesgo de accidentes y muerte, para todos los usuarios del sistema de transporte terrestre y una nueva generación de conductores, con escasa experiencia en el manejo. Tengamos presente que el año pasado el 52% de los accidentes de tránsito fueron protagonizados por jóvenes entre 19 y 30 años.

En conclusión, a pesar del mencionado convenio y los esfuerzos de la ATTT, nuestra sociedad pierde todos los años un promedio cercano a los 440 ciudadanos, la mayoría en edades productivas, por causas que pudieron y debieron evitarse. Y, lo más doloroso es que las cifras se mantienen y aumentan año tras año, lo que indica que como sociedad no hemos sido capaces de controlar y disminuir el número de heridos y fallecidos por accidentes de tránsito, con su secuela de sufrimientos y pérdidas emocionales, sociales y financieras para las familias afectadas y para todo el país.

En medio de este lamentable contexto nacional, del 8 al 14 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas de Seguridad Vial, titulada Salve vidas: Reduzca la velocidad. La Semana se centró en la velocidad y en las acciones y políticas que se pueden adoptar para abordar este factor de riesgo de las muertes y lesiones en el tránsito.

Nuestras autoridades, fiel cumplidoras (al menos en el discurso) con los mandatos de las NNUU, llevaron a cabo el lanzamiento de la campaña en la Gran Terminal Nacional de Transporte de Panamá, con la participación de instituciones, organizaciones y empresas claves del sector que realizan actividades relacionadas a la seguridad vial. Adicionalmente la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), instituciones gubernamentales y sectores representativos de la sociedad civil, firmaron un “Acuerdo Nacional de la Seguridad Vial para una Movilidad Segura“, con la finalidad de asumir un compromiso conjunto para mejorar la seguridad vial y la convivencia en las vías públicas del país. Es importante destacar que acuerdo promoverá la implementación del programa “Escuela-Familia”, el cual, en el año 2016, llevó un mensaje de prevención de hechos de tránsito a 250 padres y maestros de las 10 provincias y comarcas.  Además su suscribió un acuerdo con el Ministerio de Educación que establece el marco legal para poder incorporar la Educación Vial como Eje Transversal, a partir de este año 2017, lo cual reviste gran importancia. Amanecerá y veremos…

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su nuevo informe titulado “Gestión de la velocidad” señala que la velocidad excesiva o inadecuada es la causa de una de cada tres víctimas de accidentes de tránsito en el mundo. Las medidas de control de la velocidad previenen muertes y traumatismos en la carretera, y contribuyen a mejorar la salud de las personas y la sostenibilidad de la vida en las ciudades.

Los panameños tenemos que comprometernos con revertir esta tendencia, comenzando por la recuperación de nuestros valores cívicos y morales, y cuando nos subamos a un vehículo o seamos peatones; tomemos conciencia de los factores de riesgo que influyen en la posibilidad de un accidente y en la gravedad del mismo. Cumplamos con las leyes y normativas de tránsito, y seamos responsables, cuidándonos y protegiendo las vidas de los demás conductores y peatones.

Por su parte el gobierno debe honrar su compromiso, desarrollar una política real de prevención vial y fortalecer el la aplicación efectiva de las intervenciones propuestas en nuestro Plan Nacional para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, el cual lanzamos con bombos y platillos, confirmando nuestro compromiso nacional con el Plan Mundial de Naciones Unidas para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.

El desarrollo exitoso del plan requiere que gobierno y sociedad construyamos una cultura de trabajo intersectorial, para que la participación de los sectores gubernamental, la sociedad civil y privado se consolide y profundice.

Es evidente que los logros del plan han sido muy limitados, como lo reflejan las estadísticas citadas al inicio. Es cierto que se han intensificado y modernizado los controles policiales, aunque los retenes prefieren los viernes y días de pago y, según algunos expertos, las formas cómo se han venido practicando son abusivas y violadoras de los derechos humanos. Es cierto que se ha mejorado notablemente la infraestructura vial, y tenemos un moderno sistema de Metro, aunque ahora sabemos que los sobrecostos y las coimas estuvieron a la orden del día, y recientemente los busitos piratas y los temibles “diablos rojos”, están recuperando las calles, frente a la mirada indiferente del gobierno.

Nos toca a los panameños cuidar nuestras vidas en las carreteras, ¡Hagámoslo!


Por la prevención y el control integral del cáncer

Jorge Prosperi

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, actualizada al 2015, alrededor de 3,000 ciudadanos fallecen cada año por tumores malignos (ocho personas por día). De ellos el 53% fueron hombres y el 47% mujeres. Por su parte el Ministerio de Salud nos informa que los principales tumores malignos que afectan a la población panameña son los de cuello uterino, próstata, mama femenina, estómago y tráquea, bronquios y pulmón. Destaca que los dos cánceres con mayor incidencia son el de próstata y el de mama, los que se pueden captar oportunamente a través de las campañas de prevención que se realizan cada año.

Cabe destacar que cáncer cérvico uterino muestra un descenso gradual, producto de los esfuerzos en las mismas campañas. Los cánceres de estómago, colon, pulmón, bronquios y tráquea la tendencia es a mantenerse estables. Aunque es muy probable que la distribución señalada se mantenga, no puedo ni debo omitir subrayar que la información del MINSA corresponde a datos del 2012, por lo que recomiendo a nuestra institución rectora, actualizar los datos que ofrece en su página Web.

La Organización Mundial de la Salud nos manifiesta que los cánceres causan casi una sexta parte de la mortalidad mundial. Cada año se diagnostica algún cáncer a más de 14 millones de personas, cifra que, según se prevé, ascenderá a 21 millones para 2030. Destaca que cada año mueren de cáncer 8.8 millones de personas, y que uno de los problemas es que muchos casos se diagnostican demasiado tarde. Por esa razón insiste en que las estrategias de mejoramiento del diagnóstico temprano se pueden incorporar fácilmente en los sistemas de salud a bajo costo. A su vez, un diagnóstico temprano eficaz puede facilitar la detección del cáncer en una fase más precoz, lo que posibilita la aplicación de tratamientos que suelen ser más eficaces, menos complejos y menos costosos, especialmente para los cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal. Aumentando el número de personas que sobrevivan al cáncer.

Añade la Organización que entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello, es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención abarca también la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes.

Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. Se subraya que el tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer.

En ese contexto los participantes en la recién concluida Asamblea Mundial de la Salud, entre ellos nuestro Ministro de Salud, aprobaron la Resolución WHA70.12: “Prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado”. Presento a continuación un resumen de los que considero prioritarios, y recomiendo la lectura de la totalidad de la Resolución.

Mantener el cumplimiento de los compromisos nacionales para la prevención y el control del cáncer y otras enfermedades no transmisibles incluidas en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles;

+Integrar las actividades nacionales de prevención y control del cáncer y ampliar su escala como parte de la respuesta nacional a las enfermedades no transmisibles, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

+Elaborar, poner en práctica y fortalecer un plan nacional de control del cáncer que sea inclusivo para todos los grupos etarios; que esté dotados de recursos suficientes y de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas; y que propicie eficiencia en relación con los costos y sinergias con otras intervenciones sanitarias;

+Reunir datos poblacionales de alta calidad sobre la incidencia del cáncer y la mortalidad conexa para todos los grupos etarios por tipo de cáncer, e incluir mediciones de las desigualdades por medio de registros de casos de cáncer basados en información demográfica, encuestas domiciliarias y otros sistemas de información sanitaria, a fin de orientar las políticas y planes;

+Mantener la aplicación efectiva del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, toda vez que una reducción sustancial del consumo de tabaco supone una contribución importante a la prevención y el control del cáncer; y tomar medidas para impedir que la industria tabacalera interfiera en la política de salud pública, con el objetivo de reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles;

+Promover la prevención primaria de diferentes tipos de cáncer;

+Promover un mayor acceso a vacunaciones costoeficaces para prevenir las infecciones relacionadas con el cáncer, como parte del programa nacional de inmunizaciones, sobre la base del perfil epidemiológico de la población y la capacidad del sistema de salud.
Movilizar recursos humanos y financieros propios de forma sostenible y contemplar soluciones innovadoras y voluntarias de financiación para contribuir a la lucha contra el cáncer y promover así el acceso equitativo y asequible a la atención oncológica;

+Fortalecer las alianzas con la sociedad civil, utilizando como base la contribución de las organizaciones no gubernamentales activas en el campo de la salud y las organizaciones de pacientes, a fin de apoyar, cuando proceda, los servicios de prevención y control, tratamiento y atención oncológicos, incluidos los cuidados paliativos;

+Promover la investigación sobre el cáncer, en particular acerca de los desenlaces clínicos, la calidad de vida y la costoeficacia, a fin de mejorar la base científica de su prevención y tratamiento;

+Promover la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos (sobre todo, aunque no exclusivamente, los de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales), vacunas y medios de diagnóstico del cáncer seguros, eficaces y de calidad;

+Promover el acceso a la prevención, el tratamiento y la atención amplios y costoeficaces para la gestión integrada del cáncer, mediante, entre otras cosas, un mayor acceso a medicamentos, medios de diagnóstico y demás tecnologías que sean asequibles, seguros, eficaces y de calidad;

La Resolución también insta al Director de la OMS a apoyar a los países, lo cual es importante recordar para aprovechar plenamente los recursos disponibles de la Organización Panamericana y Mundial de Salud.
En ese contexto decidí investigar qué estamos haciendo como país para prevenir el cáncer, utilizando para ello las páginas Web de nuestras instituciones. En el caso del MINSA recibí hace una semana como respuesta a la pregunta sobre prevención del cáncer: “La búsqueda introducida no devolvió ningún resultado”. Hoy por la noche ofrece dos noticias extemporáneas (2011 y 2013). Diferente fue la búsqueda en la página Web de la CSS, la que arrojó más de 30 resultados, pero mezclando información internacional y nacional, sin ofrecer al lector una visión clara de lo que hace la CSS sobre este tema. Por su parte la página del Instituto Oncológico Nacional sí que arrojó información importante sobre lo que están haciendo para prevenir el cáncer. Aprovecho para recomendar respetuosamente al MINSA asesorarse con la CSS y el ION para el mejoramiento de su página Web.

A nivel no gubernamental tenemos varias instituciones dedicadas a prevenir este flagelo. La Asociación Nacional contra el cáncer, ANCEC, que tiene el propósito fundamental de “educar a la población del país, sobre la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer”. La ANCEC es miembro titular de la Unión Internacional Contra el Cáncer, con sede en Ginebra, Suiza y de la Asociación de Liga Iberoamericanas contra el cáncer, dando presencia a Panamá como aliado en la lucha contra la enfermedad.

Por su parte Fundacáncer es una organización sin fines de lucro creada para brindar asistencia a los pacientes con cáncer en Panamá, particularmente los más pobres. Trabaja muy de cerca con el ION y colabora con las principales asociaciones a nivel nacional que participan en la lucha contra el cáncer. Destaco la cantidad de información valiosa que ofrecen am os sitios Web.

No puedo omitir en esta entrega las actividades promovidas por el Despacho de la Primera Dama durante el mes de la prevención del Cáncer con la campaña de la Cinta Rosada y Celeste con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la importancia de examinarse a tiempo. Así mismo es válido reconocer la campaña denominada “La India Despierta”, llevada a cabo el año pasado, también coordinada por el Despacho de la Primera Dama, esta vez dirigida a prevenir el cáncer de mama y de próstata.

Comprometámonos para que todos los meses sean para sensibilizarnos sobre el Cáncer. Aprovechemos para fortalecer desde ya mismo la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de este terrible flagelo.

Tienen la palabra nuestras autoridades y nosotros la sociedad, ¡actuemos!


Pedir perdón a los mapuches, gesto “insuficiente” de Estado chileno

Orlando Milesi

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los “errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.

“Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”, declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona. Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista”.
Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente, que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.
Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa”.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio, durante el solemne acto en que pidió perdón a los mapuches en nombre del Estado por los “errores y horrores” contra su pueblo, y durante el que también lanzó el plan para la región de la Araucanía. Crédito: Presidencia de Chile

Bresciani cree, asimismo, que habrá diálogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida” e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el diálogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo. Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión trae más violencia”, dijo Pinto.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato) debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”, afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

El misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.
“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapudungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.
Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.

“Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.


Demanda contra Norberto Rivera

Carlos Martínez García

En vísperas de su cumpleaños el cardenal Norberto Rivera Carrera fue demandado por encubrir pederastas. Ayer cumplió 75 años, edad a la que según el derecho canónico un arzobispo debe presentar su renuncia al Papa en turno. Corresponde a éste aceptar inmediatamente o posponer la dimisión y el nombramiento de quien tomará la vacante dejada por Rivera Carrera.

José Barba Martín y Alberto Athié presentaron hace cinco días en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra el cardenal Rivera por el presunto encubrimiento de casos de pederastia al interior de la arquidiócesis de México. Argumentan que el propio prelado reconoció en conferencia de prensa, efectuada en noviembre del año pasado, haber sancionado en la arquidiócesis de México al menos a 15 sacerdotes por abusos sexuales cometidos contra menores. Esos casos no fueron dados a conocer por Rivera Carrera a las autoridades judiciales mexicanas, lo que debió hacer de acuerdo con la legislación, por tratarse de delitos penados por las leyes del país.

Rivera Carrera asumió el arzobispado de México en 1995, fue designado por el papa Juan Pablo II. Dos años después explotó el escándalo del pederasta serial y fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Al conocerse los abusos del legionario mayor, Rivera Carrera defendió públicamente al agresor sexual de niños y adolescentes. Entonces, y durante varios años, sostuvo que las acusaciones eran falsas, nacidas con el afán de atacar a la Iglesia católica. Él junto con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el obispo Onésimo Cepeda conformaron el trío eclesiástico más aguerrido para blindar a Maciel y, con sobrada soberbia, encararon a quienes revelaron periodísticamente las atrocidades e impunidad del legionario mayor.

La Jornada jugó un papel muy importante en la documentación del caso de Marcial Maciel Degollado. El periódico fue uno de los pocos medios que investigaron e hicieron pública la pederastia compulsiva del clérigo. En las páginas del diario se publicó (abril y mayo de 1997) una serie de reportajes de Salvador Guerrero Chiprés acerca del encubrimiento eclesial a los abusos de Maciel.

En contraparte, el periodista recibió reclamos de Norberto Rivera, quien, altanero, le dijo que todo era una difamación bien orquestada. Pero el reclamo no quedó allí. El conspicuo funcionario eclesiástico puso en duda el trabajo del reportero, a quien le soltó: Son totalmente falsas [las acusaciones contra Maciel], son inventos. Y tú nos debes platicar cuánto te pagaron. Lo entonces acontecido quedó bien reseñado por Guerrero Chiprés, y es ilustrativo del autoritario modus operandi de Rivera Carrera.

Norberto Rivera nunca se ha retractado de la férrea defensa que hizo de Marcial Maciel. Siempre puso la carga de la sospecha sobre las víctimas y las estigmatizó al aseverar que tenían interés en golpear a la Iglesia católica. Todo ello a pesar de que las pruebas contra su protegido eran contundentes. Quedó plenamente demostrado que el fundador de los Legionarios de Cristo abusó por décadas de niños y adolescentes que estudiaban en escuelas de la orden que se enfocaba a trabajar entre los pudientes del país.

Además de haber incurrido en el pecado de negar la verdad en el caso Maciel, Rivera Carrera cometió el delito de encubrimiento en favor de un agresor sexual serial. En su respectiva jurisdicción, ni las autoridades de la Iglesia católica, ni las judiciales de México hicieron que Norberto Rivera enfrentara las consecuencias de su proceder contrario a los intereses de las víctimas. La reciente denuncia penal presentada por José Barba y Alberto Athié debe ser atendida por ofrecer elementos indudables del papel jugado por Rivera en la protección de un criminal.

Desde 1997 tanto Barba como Athié, junto con otros organismos y personas, han presentado abundante información del proceder de Rivera en el caso de Maciel y algunos semejantes. Dicha información la hicieron llegar al Vaticano en el papado de Juan Pablo II y en el de Benedicto XVI. Cuando iba a realizarse el cónclave que concluiría eligiendo a Jorge Bergoglio (actual papa Francisco) como sucesor de Joseph Ratzinger, varias voces se alzaron y plasmaron en una misiva su oposición a que participara Rivera en la elección del nuevo Papa. La misiva fue entregada en la nunciatura apostólica de la ciudad de México y contenía datos del reiterado accionar de Rivera Carrera contrario a los derechos de las víctimas.

Desde que conoció el caso del pederasta serial y fundador de los Legionarios de Cristo, el entonces sacerdote Alberto Athié decidió acompañar a las víctimas tanto pastoralmente como en su exigencia de justicia. Él ha dejado constancia de cómo tuvo conocimiento de las continuadas atrocidades perpetradas por Maciel, así como de su posterior involucramiento en sacar a la luz pública el caso, en distintos momentos y lugares. Un valioso documento que resume su itinerario en favor de quienes sufrieron los abusos sexuales de Maciel Degollado está en el libro La voluntad de no saber: lo que sí se conocía sobre Maciel en los archivos secretos del Vaticano desde 1944 (Grijalbo, 2012), obra conjunta de Athié, José Barba y Fernando M. González. El volumen presenta un pormenorizado recuento del entramado eclesial católico que hizo posible el accionar y posterior encubrimiento de las atrocidades perpetradas por Maciel.


Ahora corresponde a la Procuraduría General de la República investigar diligentemente la denuncia de Alberto Athié y José Barba, en esto no caben privilegios eclesiásticos, los cuales fueron abolidos en México desde el siglo XIX.

Homenaje a nuestros principales que nos heredaron territorio, identidad y derecho al buen vivir

“El 22 de junio de 1936 a las 10 de la mañana, uno por uno sacaron a los 7 PRINCIPALES y delante de toda la gente fusilaron a:

Pap Lu’ Ch’ib’ (Pedro Guzmán),
Pap Xaahp Ak’ul (Sebastian Cedillo),
Pap Xhun Ijom (Juan Brito),
Pap Xhun (Juan Brito Brito),
Pap Teek Ach’ (DiegoCuchil),
Pap Lu’ (Pedro Cedillo),
Pap Vees (Vicente Guzmán).

Después del fusilamiento de los 7 principales la gente huyó a las montañas. El ejército de ese tiempo secuestró a otros 138 principales que nunca aparecieron y violó cientos de mujeres en Chajul, Cotzal y Nebaj.”

Hoy, con el acompañamiento de las autoridades indígenas del pueblo q’anjob’al de Santa Eulalia y San Juan Ixcoy, pueblo q’eqchi’ de Chisec y Lanquin, pueblo k’iche’ de Totonicapán, y otros, nosotros consejos de principales y alcaldías indígenas de Chajul, Cotzal y Nebaj rendimos homenaje a la vida, resistencia, dignidad y valor de los siete principales fusilados el 22 de junio de 1936 por el gobierno de Jorge Ubico y a todos los principales que, con su resistencia y lucha, nos heredaron territorio, identidad y derechos. 

El 21 de junio de 1936 nuestros principales se levantaron contra el trabajo forzado, el endeudamiento para quitarnos nuestras tierras y los abusos de poder, pero el gobierno de Jorge Ubico respondió mandando a fusilar el 22 de junio a nuestros siete principales delante de toda la gente.  En los años siguientes, pasaron muchos hechos en la historia del país, y nuestros q’esal tenam, consejos de principales, a la cabeza de nuestras comunidades indígenas maya ixiles siguieron defendiendo la madre tierra, nuestra dignidad y derechos.

Después de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, nuestras comunidades iniciaron la reconstrucción del tejido social roto por la tierra arrasada, genocidio y etnocidio cometidos por el ejército durante el conflicto armado interno.  También han empezado a poner las bases del buen vivir de nuestras comunidades, pero nuevamente llegó el despojo de nuestras tierras comunales, montañas, bosques y ríos, esta vez por parte de las empresas nacionales y transnacionales: Hidroxacbal SA, Hidroxacbal Delta, Palo Viejo, Vega I, Vega II, Las Brisas, TRECSA, TRANSNOVA, y otras que con el apoyo de los gobiernos de turno han violado nuestros derechos, han causado división en nuestras Comunidades y han destruido el ambiente.

Frente la violación de nuestros derechos por parte de las empresas, nuestros q’esal tenam, consejos de principales, presentaron a las cortes seis acciones de amparo desde el año 2011.  La Corte de Constitucionalidad en respuesta a nuestra demanda, en el año 2015 ordenó al ministerio de Energía y Minas realizar la consulta previa libre e informada a las comunidades y autoridades maya ixiles de Cotzal y Nebaj a quienes se les violó su derecho de consulta.  Durante el año 2016 hemos asistido a las reuniones preparatorias de la consulta con la clara firmeza de ejercer, sin imposiciones, burlas ni engaños, nuestro derecho a decidir libremente sobre el buen vivir, nuestro TIICHAJIL TENAM.

Nos preocupa la amenaza al libre ejercicio del derecho de consulta de los pueblos indígenas en la que están coincidiendo la campaña que realizan las empresas nacionales y transnacionales contra el derecho de consulta de los pueblos indígenas, el nuevo intento del gobierno de Guatemala de reglamentar el ejercicio de este derecho fundamental, constitucional e internacional, y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad a favor de las empresas Oxec que violaron el derecho de consulta del pueblo maya q’eqchi’ de Cahabón, la Constitución Política y los convenios internacionales de derechos humanos.

Frente a esta grave situación, en este DIA DE LA DIGNIDAD DEL PUEBLO IXIL en homenaje a NUESTROS SIETE PRINCIPALES y TODOS LOS PRINCIPALES que pelearon contra la opresión colonial y buscaron el buen vivir, reafirmamos:

1)  Nuestro profundo respeto y homenaje a nuestros q’esal tenam, consejos de principales, que pelearon contra el trabajo forzado, el despojo de nuestras tierras, y defendieron nuestra madre tierra, bosques, ríos, montañas y demás bienes naturales para el buen vivir de esta y las futuras generaciones, herencia que nos comprometemos a continuar día a día;

2)  Ejercer libremente nuestro derecho de decidir nuestra forma de vida y desarrollo en base a nuestras prácticas, costumbres, usos, normas, procedimientos e instituciones propias como lo establece la Constitución Política y los estándares internacionales de derechos humanos;

3)  Unir nuestros esfuerzos y luchas a las de los demás Pueblos y comunidades indígenas de Guatemala, nuestra solidaridad para las autoridades, lideresas y líderes que sufren la criminalización y la persecución por defender la madre tierra y el derecho a construir el buen vivir de nuestras comunidades y pueblos;

Por nuestro derecho a decidir y construir nuestro buen vivir!

Nuestro compromiso de continuar la lucha de nuestros siete principales!

Naab’a’, Laval K’ach, Ijyaab’ 5 Iq’, Katún 1, Baktun 14.

Nebaj, 22 de junio del 2017.


Consejos de principales de Chajul, Cotzal y Nebaj, Ixim Ulew (Guatemala)

La crisis de Catar, orígenes y consecuencias


La crisis actual en torno a Catar es el conflicto más severo entre los estados árabes del Golfo desde el final de la Guerra Fría. Aunque estos miembros autocráticos de la OPEP, ricos en petróleo, han sido históricamente en su mayoría aliados de conveniencia, unidos por por temores comunes (URSS, Sadam Husein, Irán, etc.), su desconfianza mutua nunca ha llegado al punto de exigir lo que equivale a una rendición completa de uno de sus miembros. Varias características interesantes de esta crisis saltan inmediatamente la vista.

En primer lugar, la ruptura repentina y sin previo aviso de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y otras importantes potencias regionales, como es el caso de Egipto, por un lado, y Catar, por otro, a quien se le ha prohibido, además, utilizar las rutas de transporte aéreo y terrestre que transcurren por sus territorios. No había ninguna disputa visible entre Catar y sus vecinos, ni ninguna decisión política provocativa en los últimos tiempos. Esto hace pensar que fue un movimiento premeditado y planeado por Arabia Saudí y sus socios.

Aunque el papel de EEUU en esta crisis sigue siendo ambiguo, es poco probable que Riad haya emprendido algo tan drástico sin contar con Washington, más aún teniendo en cuenta que esta decisión se ha producido inmediatamente después de la visita de Trump al país saudita. Si bien el inquilino de la Casa Blanca permaneció silencioso al principio, finalmente manifestó en Twitter su apoyo a Arabia Saudí, a pesar de que EEUU mantiene una importante presencia militar en Catar.
La naturaleza de las acusaciones formuladas contra Catar es simple y llanamente extrema. Los jefes de gobierno de EEUU y Arabia Saudí han acusado a Catar del peor de los delitos, a saber, apoyar al extremismo islámico violento. Trump ha llegado a decir que el cambio de política de Catar sería un paso importante para resolver el problema del terrorismo.

La naturaleza de la crisis sugiere que había tensiones latentes desde hacía tiempo y que ahora han salido abruptamente a la superficie. El enfrentamiento entre saudíes y cataríes y la composición del bando pro-saudí dan a entender la existencia de varios elementos en juego.
La caída de los precios del petróleo en los últimos años no es el menos trivial de ellos. Las costosas guerras de Arabia Saudí en Siria y Yemen no hacen más que empeorar la situación. Puesto que la principal actividad económica de Catar se basa en el gas natural, cuya producción está fuera del alcance de la OPEP, es posible que Arabia Saudí quiera forzar a Catar, cuyo PIB per capita es el más alto del mundo, a compartir parte de su riqueza con la fracasada monarquía saudita.

Esta drástica medida probablemente no habría sido necesaria si las ambiciones saudíes y cataríes en Siria se hubieran satisfecho. Después de todo, el objetivo era la construcción de oleoductos a través del territorio sirio y la captura de sus yacimientos de petróleo a través del ISIS, todo ello con la aprobación tácita de la administración Obama. Aunque el resultado de la guerra en Siria es todavía incierto, está claro que los esfuerzos de Arabia Saudí y Catar por expandir su riqueza a expensas de Siria han fracasado.

Los saudíes están también tratando de afianzar su dominio político en la región, como parte del concepto de una “OTAN suní”. La política exterior independiente de Doha, que a menudo ha ignorado o incluso contradicho los intereses saudíes en Siria y Libia, ha sido un obstáculo para alcanzar ese objetivo. Por otra parte, la política independiente de Catar también parece ser la razón por la que países como Egipto e Israel hayan apoyado los movimientos sauditas. Catar es un importante patrocinador de los Hermanos Musulmanes y de HAMAS, que son importantes enemigos de los gobiernos de estos dos países, respectivamente.

La otra gran muestra de la autonomía de Catar ha sido su política con respecto a Irán, donde también ha estado en contradicción con el enfoque de la línea dura saudí. Dado que la “OTAN suní” apunta directamente a Irán, si Riad consiguiera imponerse a la independencia catarí, se afianzaría como la potencia política dominante en la Península Arábiga. La subordinación y humillación de Catar también serviría como una advertencia a largo plazo para cualquier otra potencia menor del Golfo que quisiera seguir una política exterior independiente de Arabia Saudí.

La importancia de Irán en el conflicto entre Riad y Doha ha sido puesta de relieve por la decisión de Teherán de suministrar alimentos a Catar para superar el bloqueo saudí y por el ataque terrorista de Teherán, que ha sido atribuido a Arabia Saudí por las autoridades iraníes. Teherán, además, ha abierto su espacio aéreo a Qatar Airways y ha intensificado los esfuerzos no oficiales para atraer a Doha a su propia esfera de influencia.

Con todo esto en mente, la reciente visita de Trump a Arabia Saudí, que culminó con una extraña y rutilante ceremonia, adquiere un nuevo significado. Aunque no sabemos todavía cuánto margen de maniobra está dando Washington a Riad en sus relaciones con Doha y cuánta coordinación y comunicación hay entre las dos potencias, la conducta de Trump mientras estuvo en Arabia Saudí tenía probablemente la pretensión de mostrar que la monarquía saudita tiene la plena confianza de EEUU, aunque, evidentemente, Catar no ha prestado atención a ese mensaje. Si la acción saudita diera como resultado que Catar retira su apoyo a los Hermanos Musulmanes y HAMAS, esto sería de ayuda para que EEUU restablezca parte de su hegemonía en la región. Además, la neutralización de Catar podría traer a las guerras de Siria y Libia más cerca de su fin, al eliminar a un actor importante que tiene un objetivo propio.

Por último, pero no por ello menos importante, Catar también goza de mejores relaciones con Rusia y Turquía que Arabia Saudí, lo cual, sin duda, plantea temores adicionales en Washington en el sentido de que Rusia pueda disputar a EEUU la hegemonía en Oriente Medio. La emergencia de un eje Rusia-Irán-Turquía-Catar, como resultado de la diplomacia rusa y de las propias ambiciones regionales de Ankara, es un escenario de pesadilla tanto para Riad como para Washington.

Todavía no está claro si la administración Trump ha obligado a Arabia Saudí a emprender este curso o si Trump no tuvo más remedio que respaldar y aceptar la línea de acción saudita, con algunas adaptaciones para respetar los intereses estadounidenses antes mencionados. Por un lado, Trump podría haber utilizado fácilmente el mismo argumento que ha empleado contra los cataríes sobre su “apoyo al terrorismo” en contra de los saudíes. Por otro lado, el poder del lobby saudita en Washington y la inexistencia de un poder delegado capaz de hacer con Arabia Saudí lo que Riad está haciendo con Catar significa que los saudíes no están simplemente siguiendo órdenes de Washington.

Sin embargo, a la luz de la próxima visita de Trump a Polonia y de la participación en la denominada cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, hay que contemplar también la posibilidad de que EEUU haya visto en Catar a un competidor no deseado en el mercado del gas natural líquido. Es cada vez más evidente que EEUU va a seguir expandiendo su papel como exportador de hidrocarburos en el futuro, lo cual, lógicamente, supondrá algún conflicto no solo con Rusia, sino también con Catar e, incluso, con Arabia Saudí. Y también es cada vez más evidente que al menos parte de esa expansión tendrá lugar en Europa, es decir, en el mercado al que Catar esperaba acceder mediante su apoyo a los yihadistas en Siria y la consiguiente apertura de un camino para sus gasoductos hasta Europa.

El desencuentro entre EEUU y Catar parece haber tenido un serio impacto en los gobernantes de Doha que, temiendo que cualquier demostración de debilidad pueda conducir a su derrocamiento e incluso la muerte, han decidido mantenerse firmes y empezar a buscar apoyos en fuentes poco ortodoxas. Ese proceso, a su vez, ha mostrado tanto la extensión del sentimiento antisaudita en la región como los límites de la influencia estadounidense.

El presidente de Turquía, Erdogan, salió briosamente en apoyo de Catar y llegó a reafirmar la alianza militar turco-catarí y el envío de tropas al país del Golfo. También Pakistán decidió enviar una fuerza militar a Catar. En su conjunto, estas acciones probablemente disuadirán cualquier aventura militar saudí, que posiblemente contaría con la cooperación de facciones descontentas del ejército catarí. En estos momentos, sería necesaria una intervención militar de EEUU para acabar con el gobierno de Doha, pero Washington prefiere claramente hacer el trabajo sucio a través de agentes interpuestos. Además, no hay indicios de que exista intención alguna de prohibir o bloquear el tráfico de buques de carga de gas natural líquido de Catar. A pesar de que Egipto se ha unido a la coalición anticatarí, no ha bloqueado los buques que transportan gas catarí a través del Canal de Suez.

Aun así, los dirigentes de Catar estaban bastante preocupados y enviaron a Moscú a su ministro de asuntos exteriores para realizar consultas. No obstante, considerando que Arabia Saudí respondió al apoyo turco a Catar expresando su propio apoyo a la causa kurda, hasta el momento solo verbal, parece que Rusia, Turquía y muchos otros países de la región no quieren ver a Catar de rodillas.

Portavoces de las fuerzas armadas rusas han indicado que, mientras que la guerra en Siria ha disminuido sustancialmente en intensidad, los militantes apoyados por Catar y Arabia Saudí se encuentran ahora en una situación muy confusa, donde no está claro quién se supone que son sus enemigos: las fuerzas sirias u otros grupos rebeldes. Independientemente de cómo evolucione la situación, es muy poco probable que Catar decida colaborar con los planes de Arabia Saudí. Lo más probable es que Doha se aleje gradualmente de las políticas sauditas y refuerce sus lazos con Turquía y, por lo tanto, indirectamente con Rusia e Irán.

Como nota final, hay que reflexionar sobre el hecho de que este es un enfrentamiento grave y potencialmente muy peligroso entre dos importantes aliados de EEUU.

Considerando que tanto Catar como Arabia Saudí son miembros del “mundo libre” (sic), del que EEUU es el líder indiscutido, el hecho de que unos pocos desacuerdos políticos entre ellos no puedan ser abordados más que mediante bloqueos y amenazas de guerra no habla muy bien de la capacidad de Washington para seguir manteniendo su imperio. Aunque el conflicto entre Arabia Saudí y Catar no tiene precedentes en cuanto a su intensidad, está lejos de ser el único conflicto interno del “mundo libre” que EEUU parece incapaz de contener.

Hemos visto el Brexit, la inminente “UE de dos velocidades”, los rifirrafes entre Turquía y la UE y Turquía y la OTAN, los fracasos del TTIP y el TPP y otros signos de la debilidad de EEUU. El uso de Arabia Saudí contra Catar sugiere que Washington podría estar moviéndose hacia un modelo diferente de control imperial, a saber, uno basado en el “divide y vencerás” entre sus propios estados clientes. A corto plazo, esto podría dar buenos resultados. Sin embargo, la conciencia de ser estados clientes de EEUU les está llevando a algunos a buscar la ayuda de Moscú, lo cual, a su vez, da pie al desarrollo de narrativas sobre la “injerencia rusa”, incluso en el caso de la crisis catarí.

Publicado originalmente en: Qatar Crisis: Origins and Consequences, South Front, 22/06/2017