SOLEDAD en el Festival Patagonia 2016

Un recuerdo de SOLEDAD en su presentaciónr en el XXXVI Festival en la Patagonia realizado los dias 25-26-27 Agosto 2016 en la ciudad de Punta Arenas - CHILE

El mentiroso

Atilio A. Boron

www.rebelion.org / 071219

Mario Vargas Llosa una vez definió el oficio del escritor como el de alguien que escribe mentiras que parecen verdades. Tal es el empecinamiento con que el novelista ha cultivado esta práctica que se le ha vuelto costumbre cada vez que se interna en la crónica o el ensayo político. El más reciente ejemplo de esta malsana actitud lo ofrece su nota “El fin de Evo Morales”, publicada en El País de Madrid el 1º de Diciembre y en donde da rienda suelta a su odio visceral contra el depuesto presidente boliviano [1].

Enumerar y refutar cada una de las mentiras volcadas en ese artículo me obligaría a escribir otro libro, y la verdad es que con uno ha sido suficiente. Es una figura cada vez más devaluada porque sus silencios ante las masacres perpetradas por sus amigos Piñera y Duque y, ahora, el brulote lanzado en contra de Evo Morales ha tenido la virtud de mostrar que tras la máscara amable de un liberal “aggiornado” se encuentra un energúmeno reaccionario, racista y ganado por el odio. Por eso seré breve en la enumeración de sus mentiras.

Primera, cuando dice que “los bolivianos se han librado de él no porque sea “indio” (que no lo es, nos dice)” y, además tampoco “es el primer presidente indígena en la historia de Bolivia... y que Bolivia ha tenido varios presidentes indígenas (algunos dictadores), como Perú, México, Ecuador y Guatemala”. Dado que la antropología y en general las ciencias sociales no son precisamente su fuerte, el escritor cree que cualquier gobernante de tez morena es un indio, con lo cual la galería de presidentes indígenas de Latinoamérica y el Caribe sería interminable. Pero lo cierto es que hubo un solo caso anterior al de Evo: Benito Juárez, indígena zapoteca que llegó a ser presidente de México. Pero nadie más. No sólo en ese país sino en Meso y Sudamérica.

Por otra parte, sólo una mente ofuscada por el odio amalgamado con una maligna conveniencia política puede negarle a Evo su condición de indígena. Es que para un señorito de la decadente e hipercolonizada aristocracia arequipeña un indio es un homínido que corre semidesnudo por las sierras cazando conejos. Si habla, razona, persuade y se convierte en un referente político nacional e internacional no puede ser un indio, tiene que ser otra cosa. Según sus palabras: “un mestizo cultural como lo somos buena parte de los latinoamericanos, en muy buena hora.” O sea, Vargas Llosa y Evo Morales están milagrosamente hermanados gracias a la magia del mestizaje cultural.

Segunda mentira, Evo fue destituido por una enorme rebelión popular provocada “porque mediante amaños múltiples se las arregló para permanecer 14 años en el poder, en contra de la Constitución boliviana” y porque se “disponía, mediante un fraude grotesco… a quedarse indefinidamente en el Gobierno.” Al referirse a los amaños múltiples el peruano debe estar pensando en las elecciones que ganó Evo en el 2005 (con el 53.7% de los votos); 2009 (64.2%); 2014 (61.3%) y la última en 2019 (47.08%) en donde le sacó 10.57%de ventaja a Carlos Mesa, un probo hombre de la democracia y la república que, antes de las elecciones, había declarado que no reconocería otro resultado que no fuese el que lo consagrara como triunfador.

Evo obtuvo una proporción de votos menor a lo habitual, pero aun así se impuso con holgura y por más de los diez puntos que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional para designar al ganador en primera vuelta. Una diferencia de 0.17% fue suficiente para catapultar a John F. Kennedy a la Casa Blanca. En cambio, los 0.57% de Evo fueron sólo el preludio de un golpe de estado que venía siendo cuidadosamente preparado a lo largo de los últimos años.

En cuanto a las supuestas intenciones del líder boliviano de eternizarse en el poder es llamativo que Vargas Llosa jamás haya manifestado la menor preocupación durante los catorce años de gobierno de su amigo Felipe González; o los también catorce de Ángela Merkel para no hablar de Helmut Kohl, quien tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción después de permanecer algo más de 16 años en el gobierno de Alemania; o por el desaforado afán por “perpetuarse en el poder” del neoliberal Jaime Nebot que permaneció 19 años en la intendencia de Guayaquil, dato despreciado por Vargas Llosa más impaciente por hostilizar a Rafael Correa que por tomar nota de nimiedades como las de Nebot. Claro que ninguno de estos es indígena y en cambio son todos neoliberales. Lo que es virtud en algunos se convierte en vicio en el caso de Evo. La inmoralidad y la chapucería de este doble rasero es evidente y exime de mayores comentarios.

Volviendo al tema del supuesto fraude es preciso reconocer que efectivamente hubo algunas irregularidades en la transmisión rápida de los datos, pero éstas nunca alcanzaron una magnitud capaz de volcar el resultado de la elección o hundir la diferencia que obtuvo Evo por debajo del diez por ciento. En el Informe de 95 páginas de la OEA sobre las elecciones bolivianas del 2019 la expresión “fraude” o “fraudulento” que con tanta ligereza emplea el hechicero de la tribu (en seis ocasiones en su libelo) no aparece ni una sola vez [2]. Sería bueno que, para conservar algo de la poca credibilidad que le queda, don Mario se informe bien antes de escribir tonterías. Ya antes del demorado Informe de la OEA el prestigioso Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington produjo un informe en donde “no se encuentra evidencia de que hubo irregularidades o fraude que afecten el resultado oficial que le dio al presidente Evo Morales una victoria en primera vuelta”.[3] El departamento de Ciencia Política de la Universidad de Michigan, el más renombrado en el estudio del comportamiento electoral, publicó un largo estudio en donde demuestra que Evo ganó en buena ley. [4] El profesor Walter R. Mebane Jr., una autoridad en el análisis de los fraudes electorales, comprobó la existencia de “irregularidades estadísticas que podrían indicar fraude sólo en 274 de las 34.551 mesas de votación y que (esto) no se diferencia mucho de patrones vistos en otros comicios en Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin. Incluso si se excluyen los votos fraudulentos, el MAS tiene una ventaja superior al diez por ciento”, sentenció al final de su extenso trabajo.

Tercera mentira: decir que “Bolivia está en calma”. Los 23 muertos son una macabra refutación de sus dichos. Por empezar ya suman 31. Las hordas fascistas incitadas y protegidas por los compinches de Vargas Llosa –los Mesa, Camacho, Ortiz, Murillo, Añez y otros de esa ralea, a los que se unieron los militares y policías corruptos- asolaron y aterrorizaron las principales ciudades del país; incendiaron y saquearon hogares de ministros, funcionarios y parlamentarios del MAS y tomaron de rehenes a sus parientes (en algunos casos adolescentes o ancianos) que bajo amenaza de muerte, suplicaban a sus mayores que renunciasen a sus cargos o traicionaran al líder depuesto; apresaron y apalearon a periodistas y dando muestras de su coraje y espíritu democrático humillaron a las “señoras de pollera”.

Esta valiente turba de exaltados “vargasllosistas” –¿serán estos a los que alude en La Llamada de la Tribu?- descargó su odio sobre Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, una pequeña ciudad del departamento de Cochabamba. La pobre mujer fue arrastrada por las calles descalza, le cortaron su pelo a tijeretazos y cuchillazos, la embadurnaron con pintura roja, le destrozaron su ropa y la exhibieron por horas postrada en el suelo como se hacía en los tiempos de la colonia con los indígenas rebeldes o insumisos. O como hasta hace poco hacían los criminales del Estado Islámico en Oriente Medio, fotografiando y filmando a las víctimas de sus ejecuciones. La infame policía que se amotinó contra Evo se limitó a observar, inmutable, toda esa barbarie. Demoró cuatro horas en aparecer en escena y “restaurar el orden”, o la supuesta “calma” de la que habla el novelista.

Estos rufianes son los protagonistas de la recuperación democrática de Bolivia que con sus venenosas palabras enaltece Vargas Llosa desde Madrid mientras recibe un guiño aprobatorio de la derecha mundial. Una “calma” obtenida luego de que la policía y las fuerzas armadas garantizaran “zonas liberadas” para que las pandillas de la restauración neoliberal creasen el caos requerido para que los jefes policiales y militares le comunicasen a Evo que debía renunciar. Fuerzas de represión cobardes y corruptas cuyos jefes no tardaron sino un par de días en huir con las generosas pagas desembolsadas por “la embajada” buscando refugio, como tantos otros maleantes (Gonzalo Sánchez de Lozada, responsable junto a Carlos Mesa de la masacre de al menos 70 personas en la guerra del gas en octubre de 2003) en Estados Unidos.

Huyeron después de destruir la economía más próspera de Latinoamérica en los últimos diez años, de asesinar a 31 bolivianos, dejar centenares de heridos, decenas de desaparecidos muchos de ellos secuestrados ante los ojos de sus familiares, de haber encarcelado a más de mil personas, de haber gaseado a procesiones de dolientes que iban a enterrar a sus muertos, de haber reprimido con saña a gentes que salieron a defender una institucionalidad pisoteada por una derecha que jamás creyó, ni creerá, en la democracia. Que, para ese sector social, producto de la descomposición del orden colonial, aquélla sólo es admisible siempre y cuando sus privilegios e intereses se encuentren salvaguardados y el incondicional sometimiento de Bolivia a las directivas del imperio no sean puestas en cuestión.

Tres mentiras graves de un mentiroso incorregible. Un escritor desgraciadamente ganado por la furia y el fanatismo propio de los conversos. En este caso su desgraciado periplo desde el marxismo sartreano al liberalismo que justifica y exalta a la sociedad más injusta de la historia de la humanidad y en la que el 1 por ciento de la población mundial detenta más riqueza que el 99 por ciento restante.

Cólera del converso que se potencia con el resentimiento elitista que le produjo la bochornosa derrota sufrida a manos de un desconocido, el “chinito” Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales peruanas de 1990. En el balotaje de esa elección el novelista apenas si obtuvo el 37 por ciento de los votos de la ciudadanía. O sea, fue repudiado por dos de cada tres peruanos, una afrenta de la que no se recobrará jamás y que alimentará el fuego eterno de su odio a todo lo que huela a plebeyo. No pudo ser presidente del Perú como su arrollador egocentrismo lo llevó a anhelar durante tanto tiempo, mientras que Evo, el humilde indígena Aymara, sí lo fue.

Y para colmo, para ahondar su herida narcisista, éste fue el mejor presidente de la historia de Bolivia y Vargas Llosa quedó para siempre convertido en un animador cultural de las tertulias de los ricachones de España y de los cortesanos del rey Juan Carlos, que premió sus servicios ungiéndolo como marqués. Devenido también en un embaucador profesional al servicio del imperio, encargado de apelar al hechizo de sus palabras para ofuscar, deformar y adormecer las conciencias de las víctimas del imperialismo. De ahí el odio que enceguece su inteligencia y que lo lleva a escribir piezas tan vergonzosas como las que estamos comentando y de las cuáles debería retractarse lo antes posible para rescatar parte de la honorabilidad perdida a causa de sus escritos políticos.

Releo estas notas y me vienen a la memoria unas lóbregas palabras de otro converso, aunque no tan reaccionario como Vargas Llosa. En su novela distópica 1984, George Orwell hace decir a O’Brien, uno de sus malignos protagonistas, que “las viejas civilizaciones afirmaban que se basaban en el amor o en la justicia. La nuestra se basa en el odio. En nuestro mundo no habrá otras emociones que no sean el miedo, la ira, el triunfo y la humillación. Destruiremos todo lo demás, absolutamente todo” [5]. Eso es lo que el capitalismo está haciendo en nuestro tiempo; es lo que acaba de hacer en Bolivia, contando con la complacencia, o complicidad, de intelectuales como Mario Vargas Llosa. La humanidad deberá reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

Notas:

[1] La nota puede leerse en  https://elpais.com/elpais/2019/11/28/opinion/1574952319_840849.html?prod=REGCRART&o=cerrado#

[2] El Informe puede consultarse en http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf

[3] Cf. http://cepr.net/publicaciones/spanish-reports/que-sucedio-en-el-recuento-de-votos-de-las-elecciones-de-bolivia-de-2019

[4] “Evidence Against Fraudulent Votes Being Decisive in the Bolivia 2019 Election”, disponible en http://www-personal.umich.edu/~wmebane/Bolivia2019.pdf

[5] 1984, edición electrónica disponible en: www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, p. 217.

Sodano: el hombre de Pinochet en el Vaticano

Juan José Tamayo

www.religiondigital.org / 21.12.2019

El cardenal Ángelo Sodano, de 92 años, acaba de cesar como decano del Cuerpo Cardenalicio, cargo que ha ocupado durante tres lustros. ¡Ya era hora! Antes había sido nuncio apostólico del Papa en Chile, durante la dictadura de Pinochet, que legitimó.

Posteriormente fue secretario de Estado durante buena parte del pontificado de Juan Pablo II, encubriendo –y legitimando con su pasividad- los numerosos casos de cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y religiosos pederastas en las iglesias de todo el mundo, así como las agresiones sexuales de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo durante décadas.

Hace veinte años, en marzo de 1999 escribí en EL PAÍS un artículo titulado “Los hombres de Pinochet en el Vaticano”, entre los que citaba en primer lugar al cardenal Sodano. Tras conocer la noticia de su cese, me ha parecido muy oportuno recuperar dicho artículo que permitirá entender mejor los fenómenos de la involución, el neoconservadurismo, el integrismo y la corrupción, instalados en los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, de los que el cardenal Sodano fue su principal valedor institucional y su más eficaz brazo ejecutor.

Los hombres de Pinochet en el Vaticano

Desde su toma de poder en Chile, tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, el general Pinochet buscó denodadamente el apoyo del Vaticano a su dictadura militar alegando como credenciales su fe católica y su cruzada contra el marxismo, llevada a cabo en plena sintonía con Juan Pablo II, antimarxista como él.

Mientras el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Silva Enríquez, denunciaba los atentados de Pinochet contra los derechos humanos -incluido el derecho a la vida- a través de la Vicaría de Solidaridad, el Vaticano legitimaba las actuaciones del dictador, sobre todo a través de la nunciatura.

Tras los resultados adversos del plebiscito de octubre de 1988, que le obligaron a abandonar el poder, Pinochet redobló sus esfuerzos por asegurarse el aval del Vaticano, confiando en que saliera en su defensa en caso de que fuera procesado. Y la larga sombra del general se extendió hasta la curia romana, donde hoy ocupan puestos de responsabilidad de primera línea personalidades eclesiásticas afines a él.

Hay que citar, en primer lugar, al cardenal piamontés Angello Sodano, nuncio en Chile durante la dictadura de Pinochet, con quien mantenía estrechas relaciones de amistad, fundadas en la sintonía política. Él fue quien preparó la visita de Juan Pablo II a Chile en 1987 y cada uno de los gestos de legitimación del pontífice hacia el dictador. Sodano sustituyó al cardenal Casaroli al frente de la secretaría de Estado del Vaticano, puesto que ocupa actualmente. Aunque en la jerarquía vaticana ocupa el número dos, en la práctica actúa como número uno. Con motivo de la celebración de las bodas de oro de Pinochet, dirigió al matrimonio una carta personal de felicitación llena de elogios.

Tras entrevistarse con el viceministro chileno de Asuntos Exteriores en Castelgandolfo, en noviembre de 1998, Sodano dirigió una carta al gobierno británico pidiendo clemencia para su amigo el general Pinochet apelando razones humanitarias, a la reconciliación entre los chilenos y, en definitiva, a la soberanía del Estado de Chile.

Al frente de la Congregación romana para el Culto Divino y los Sacramentos se encuentra otro admirador de Pinochet: el cardenal chileno Jorge Medina, que fue arzobispo de Valparaíso (Chile), donde nació Salvador Allende. Es un enemigo acérrimo y declarado de la teología de la liberación, a la que ha perseguido con especial dureza. No ha tenido reparos en confesar públicamente que el Vaticano estaba trabajando para evitar el procesamiento del general Pinochet y para su pronto retorno a Chile. Buena prueba de su nulo respeto por la democracia y de su legitimación religiosa -al menos indirecta- de la dictadura es su testimonio del 3 de agosto de 1990: "La democracia no significa automáticamente que Dios quiera que sea puesta en práctica". Desde su actual responsabilidad al frente de la Congregación para los Sacramentos puede ejercer una función muy peligrosa: poner el rico mundo de los símbolos cristianos al servicio de causas contrarias a la libertad.

Otro hombre fuerte en el Vaticano es el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, secretario y presidente, sucesivamente, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) en las décadas setenta y ochenta, enemigo encarnizado, como Medina, de la teología de la liberación y perseguidor de sus principales cultivadores. Permítaseme una referencia personal al respecto. Siendo López Trujillo arzobispo de Medellín, llegó a prohibir la difusión y venta de mi libro Para comprender la teología de la liberación en todas las librerías católicas de la archidiócesis. Su presidencia del CELAM, que coincidió con el avance de las dictaduras militares en América Latina, no se caracterizó precisamente por la denuncia profética contra ellas. Durante los periodos especialmente conflictivos se mostró cercano a la CIA en su empeño por acallar las reivindicaciones populares y el espíritu revolucionario de los movimientos de la liberación. Actualmente preside en el Vaticano el Consejo Pontificio para la Familia, que se caracteriza por una concepción anticonciliar en materias como la anticoncepción y la paternidad-maternidad responsables.

En este quién es quién del Vaticano no conviene perder de vista a otro personaje clave en la legitimación religiosa de las dictaduras: el cardenal italiano Pio Laghi, comprometido hasta el cuello con la dictadura militar argentina cuando estaba al frente de la nunciatura apostólica en Buenos Aires. Ni él ni la mayoría de los obispos argentinos levantaron la voz en defensa de las personas asesinadas y desaparecidas, ni denunciaron los horrendos crímenes contra los niños, a quienes se les arrancaba materialmente de sus padres. La Iglesia argentina colaboró activamente en la represión a través de los capellanes castrenses. Mientras tanto, era asesinado un obispo defensor de los derechos humanos, monseñor Angelelli, sin que sus hermanos en el episcopado expresaran su condena ante las autoridades.

Las Madres de la Plaza de Mayo han denunciado al cardenal Laghi ante la justicia italiana como cómplice de la dictadura militar. Pero la denuncia no puede prosperar porque dicho cardenal es actualmente presidente de la Sagrada Congregación para la Educación Católica y goza de inmunidad en aplicación de los Acuerdos de Letrán. En España ha sido monseñor Asenjo, secretario general de la Conferencia Episcopal, quien se ha sumado al sentir de sus jefes del Vaticano, aseverando, contra toda lógica, que el procesamiento de Pinochet dificultaría la reconciliación entre los chilenos. No es de extrañar que estas declaraciones le ayuden a subir un peldaño más en la escalera del poder eclesiástico.

Es posible que estos consejeros áulicos hayan convencido al Papa de que Pinochet es un cristiano ejemplar; su familia, modelo de "familia sagrada"; su cruzada contra el comunismo, un acto de servicio a la Iglesia católica, y su golpe de Estado, una acción querida por Dios para restablecer el "orden social cristiano" alterado por el marxista Salvador Allende. O acaso, ni siquiera ha sido necesario convencerle de los méritos del dictador, porque el Papa era buen conocedor de ellos, como demostró durante su visita a Chile a través de gestos inequívocos de aprecio por el general golpista. Uno fue darle personalmente la comunión como expresión de reconocimiento de su plena eclesialidad. Otro, salir al balcón del palacio de la Moneda acompañado del general para saludar a una gran muchedumbre de personas que mezclaban los "vivas" al Papa con los gritos de aclamación al dictador.

La estrategia seguida por el Vaticano en el caso de Pinochet me parece ética y evangélicamente injustificable. Primero se convierte a un verdugo en víctima. Con esa artera operación, las víctimas vuelven a ser sacrificadas de nuevo en la memoria del pueblo. El segundo, se defiende la inmunidad apelando a que en el tiempo de los crímenes ocupaba la alta jefatura del Estado. Con ello se legitiman sus más horrendos atentados contra la humanidad. Tercero, se pide clemencia por motivos humanitarios, olvidando el comportamiento inhumano del dictador para con su pueblo. Al final, el verdugo queda libre sin ni siquiera ser sometido a juicio y se enseñorea sobre sus víctimas. Y todo con la ayuda divina, bajo la mediación del Vaticano.

En definitiva, una dictadura apoya y legitima a otra dictadura. Y eso, en el caso de la Iglesia católica, me parece antidemocrático y antievangélico, antihumano y antidivino.

Carta abierta de Maquiavelo a los gobernantes de Nicaragua

José Luis Rocha

www.confidencial.com.ni / 211219

Magníficos señores:

Con mal disimulada satisfacción he comprobado una y otra vez que sus ilustrísimas han puesto en práctica algunos de mis más caros preceptos. Aquello de “que a los hombres se les ha de mimar o de aplastar”, lo han venido aplicando desde hace más de una década, tendiendo una mano dadivosa hacia los adeptos y golpeando con puño de hierro a los adversarios. Como toda máxima, su pertinencia no es universal, sino según las gentes y la fortuna, esa elusiva dama tan avara en sonrisas.

Con el revés que les ha dado desde hace dos abriles, las dádivas vienen menguando y el número de opositores sigue creciendo, en igual o mayor proporción, como manda la ley sin excepciones que gobierna en el populismo, de donde infiero que cada día habrá más y más adversarios que enfrentar porque, como también dejé escrito en El Príncipe, “son enemigos tuyos todos aquellos a quienes has lesionado al ocupar aquel principado, mientras no puedes conservar como amigos a aquellos que te introdujeron en él por no poderles dar satisfacción en la medida que se habían imaginado”. Grave coyuntura es esta, considerando que entre los nicaragüenses la imaginación que ama los regalos vuela como águila, mientras los caudales reptan, se tornan enjutos y se concentran en pocas manos.

Puestos a navegar en tan adversa tesitura, presumo que también aplicaron aquello que dijo un príncipe famoso y yo consigné en mi Historia de Florencia: “Nos conviene por tanto, según mi parecer, si queremos que se nos perdonen los anteriores desmanes, cometer otros nuevos, redoblando los daños y multiplicando los incendios y los saqueos, y apañándonos para tener muchos más cómplices, porque, cuando son muchos los que pecan, a nadie se castiga; y a las faltas pequeñas se les impone una sanción, mientras que a las grandes y graves se les da premios.”

Han obrado con impecable astucia al involucrar a jueces, magistrados, comisionados, reclutas, políticos y una lista inmensa en tipos de toda catadura y las ocupaciones más diversas. Estimo que al emperador le será de todo punto imposible investigarlos y castigarlos a todos, de modo que siempre dispondrán de relevos frescos y de aún no cuestionada honorabilidad que puedan asumir las tareas para las que los sancionados quedaron inhabilitados. Pienso que, sin embargo, deberían tener cuidado porque los sustitutos irán descendiendo en nivel de confianza. Por eso surgen embajadores que adoptan la nacionalidad de los países enemigos, íntimos que usan los medios modernos para filtrar conciliábulos secretos y tránsfugas que revelan las órdenes comprometedoras, evidenciando una cohesión erosionada.

Eso de que a nadie se castiga, habrán visto que no se cumple. La lista de quienes enfrentan puniciones va creciendo y así también lo hace el número de principados y reinos que les declaran la guerra, aunque lo hagan de la forma suave y envuelta en pañales que ahora se estila y no es de mi gusto. Noten que sus embajadores reciben un tratamiento de apestados y leprosos, que no los convidan a banquetes y que, por consiguiente, los nuevos desmanes que acumularon sobre los viejos han surtido el efecto contrario al supuesto por aquel político florentino.

En el manejo de los asuntos de Estado no conviene echar mano de mis enseñanzas sin ton ni son. Se precisa saber cómo, cuándo, cuánto y con quiénes. Si su mal uso ha hecho estragos en los asuntos de Nicaragua -república devenida en monarquía-, mayores consecuencias tiene el abandono de otras máximas, cuya perezosa aplicación o completo olvido han hecho que los yerros de sus señorías abulten más que sus aciertos. Olvidaron acaso que “en los Estados hereditarios y acostumbrados al linaje de su príncipe, la dificultad de conservarlos es bastante menor que en el caso de los nuevos”.

El intento de instituir un poder dinástico fue fatal, no solo porque no se ven nacer nuevas monarquías en occidente, sino también porque no se puede confiar en los vástagos. Incluso un hijo tan talentoso como César Borgia no pudo alcanzar la cuota de poder de su padre, por más que éste le sostuvo y alentó su carrera con nombramientos episcopales y regalándole el capelo cardenalicio casi en su adolescencia. Las dinastías sostenidas por las armas son opresivas. No olviden que “a quien está acostumbrado a vivir libre, toda cadena le pesa y todo lazo lo oprime.” Los nicaragüenses ya probaron las mieles de la libertad. No querrán ponerse otra vez los grilletes de buen grado, por lo que habría que forzarlos. A este respecto les recuerdo otro de mis apotegmas: “el único dominio duradero es el que es aceptado.”

Y si se ha de usar la fuerza, debe hacerse con mesura y conforme a ciertas reglas. Cuando andaba por este mundo, mi mayor proyecto fue dotar a la república de Florencia de un ejército profesional. Urgía eliminar la dependencia de los ejércitos mercenarios, conducidos por venales y volubles capitales. Veo con alarma que ustedes, no pudiendo generar lealtades entre policías y militares, las han comprado, y a un precio muy alto. Comenzaron su gobierno con un ejército patriota y profesional, que poco a poco fueron convirtiendo en una pandilla de condotieros, dispuestos a venderse al mandamás de turno y quizás a poderes externos, como me temo que veremos en el futuro. Si un día la fortuna les vuelve la espalda de una vez por todas, no pongan sus esperanzas en lo que comisionados y generales les adeudan. Sobre todo, entre villanos, la ingratitud está a la orden del día. Auguro que esos hombres de armas serán los primeros en correr a delatarlos y eludir sus responsabilidades aduciendo que no hacían más que obedecer órdenes con las que estaban en acentuado desacuerdo. Noten que el emperador no los ha tocado ni con el pétalo de una flor y que los grandes acaudalados y políticos, los siguen cortejando.

La orden primigenia de la que todo este caos emanó, la orden de “ir con todo”, fue apresurada, pues “si la tardanza en obrar te hace perder la buena ocasión, la precipitación te priva de la fuerza”, y esa arremetida careció de fuerza y eficacia, fue el origen de los reveses de la fortuna y solo se explica como un episodio más de las desmesuras del poder, típicas de los hombres, “que cuanto más poder tienen, peor lo emplean y más insolentes se hacen.” Típicas de los hombres y las mujeres, parece que hay que decir ahora, conforme a la nueva usanza y con mucha pertinencia empleo esa fórmula para el caso que nos ocupa.

Les digo más: esta guerra que están librando estaba perdida desde antes de empezar, porque sus mercenarios se enfrentan a hombres y mujeres desarmados, y no hay coraje, honor ni gloria en atacar con las armas a quienes los han enfrentado con palabras, como las doncellas que ahora danzan y cantan en calles y plazas, o las que cumplieron con la obligación cristiana de dar de beber a los sedientos. Semejante disonancia solo prueba que han agotado los argumentos y la creatividad.

Ahora quiero recordarles otro de mis hallazgos, aquello de que “comienzan las guerras cuando uno quiere, pero no acaban cuando se quiere.” A punta de represión y prohibiciones no van a detener la ofensiva de los desarmados. Deberían colocar en la picota las cabezas de quienes les aconsejan dar soluciones militares a problemas políticos. No me cabe la menor duda de que quieren la perdición de sus señorías sin remisión y en el menor plazo posible.

Al respecto se me viene a la memoria lo que dijo otro político florentino: “Si tuviéramos que decidir ahora sobre si era o no era conveniente empuñar las armas, incendiar y saquear las casas de nuestros conciudadanos, y despojar las iglesias, yo sería uno de los que estimaría que había que pensarlo bien y que y quizás hasta aprobaría que se prefiriera una tranquila pobreza a una peligrosa ganancia.” Sabias palabras, pero pronunciadas a destiempo. Les deseo que no les ocurra lo mismo.

Si sus ilustrísimas siguen con sus demasías, podrían ganar a dos o tres años más, a lo sumo ocho o nueve, si la fortuna les es propicia, siempre gobernando en medio de una zozobra desgastante. Pero tienen que pensar en que sus hijos y nietos tienen mucho más que una década por delante, y que los mismos condotieros que hoy los sostienen, no tendrán piedad en desplumarlos mañana. No conozco una sola excepción en la historia de la humanidad a esta regla. No la encontré en la de los antiguos que tanto estudié, no la vi en los eventos que protagonicé y tampoco en los que vinieron después y observé desde ultratumba, sorprendido por lo repetitivos que son los asuntos humanos, los principios que los rigen y los errores de los poderosos. Hesíodo escribió que “La mitad es más que el todo” a propósito de una herencia que disputó y que él conservó mejor que su hermano por ceñirse a ese principio. No vayan ustedes a perder esa mitad que tienen asegurada por empeñarse en retener ese todo que las sanciones les van arrebatando.

Termino repitiendo lo que en otro sitio consigné como sabio consejo: “No queráis, cegados por un poco de ambición, colocaros en una situación en la que, no pudiendo manteneros ni subir más alto, os veáis precisados a caer con gran daño vuestro y nuestro.”

No sacudiré el polvo de los pies

Juan Quinto Regazzoni

www.amerindiaenlared.org / 131219

El poder conocer y compartir con el padre jesuita Bartomeu Meliá, el gran antropólogo y lingüista de la cultura guaraní, fue para mí una dicha que superó la ya grande apreciación y estima que tuve al leer sus numerosos libros y artículos. Este venerable patriarca que no se envaneció de los numerosos reconocimientos recibidos, había nacido en 1932 en Mallorca. A los 22 años se radicó en Paraguay, donde inició sus estudios de la lengua y de la cultura guaraní.
En 1969, obtuvo un doctorado en la Universidad de Estrasburgo, con una tesis titulada: “La creación de un lenguaje cristiano en las misiones de los guaraníes en el Paraguay”. Fue profesor universitario de etnología y de cultura guaraní, fue presidente del Centro de Estudios Antropológicos y Director de las revistas Suplemento Antropológico y de Estudios Paraguayos.

Su labor entre los indígenas no era una simple ocupación profesional, era parte de su corazón, era y fue siempre toda su vida. Por eso, cuando en 1976 sufrió el exilio durante la dictadura stronista, por haber denunciado la sistemática masacre de los Ache-guayaki, retomó su entrega con los indígenas de Mato Groso en Brasil. Al salir del país “no sacudió el polvo de su sandalia”, porque estaba decidido a no dejar su causa. En un poema escribió:

“No sacudí el polvo de los pies,.
no sacudiré ni un solo átomo de ese polvo,
cuando salga de esa ciudad, de ese mi pueblo.
Sacudir de mi entraña no podría, aunque quisiera,
tanto camino andado, tanto suelo consagrado por la danza y el canto.
De la tierra, expulsado, perdí la tierra de mis pies,
pero me llevo ese poco de polvo atesorado.

Su sabiduría se ha condensado en varias decenas de obras, pero sobre todo su cercanía a los pueblos originarios del Cono sur, lo habían enriquecido de todas aquellas virtudes que él había descubierto en su “teko” (el “estilo de vida” de los guaraníes). Fue un “Verdadero Señor Padre” (Karai Ru ete) que, con firmeza y paciencia, en sus escritos y en sus palabras, insistía en el rescate de esta rica cultura con profundos anhelos espirituales, Desde hace años venía insistiendo sobre este aspecto que hoy apreciamos como un avance fundamental en lo que llamamos diálogo intercultural.

Decía Meliá: “El modo de ser de los guaraníes, que ellos llaman ñande reko, es sobre todo ‘un modo de ser religioso’: ñande reko marangatu. Esto quiere decir que la experiencia religiosa no sólo constituye para ellos un aspecto fundamental de su cultura, sino una forma esencial de su identidad y de la conciencia de su destino. En otros términos, los guaraní de hoy no pueden ser entendidos, ni ellos mismos se entienden, si se prescinde de su experiencia religiosa”. (Meliá, 1991,9). Con esta afirmación el antropólogo se trasformaba en humilde misionero, no para imponer su doctrina o su cultura, sino para escuchar y valorar su sabiduría y reconocer esas “semillas de Verbo”, presentes en los pueblos originarios, demasiadas veces ignoradas o hasta despreciadas.

El pa’i Tomeu anticipó proféticamente la conversión que el reciente Sínodo de Amazonía nos pide a todos: la conversión integral a ese Buen Vivir (el Teko porã de los guaraníes). Esa vida en abundancia, proclamada en las Bienaventuranzas de Jesús se puede concretar en un estilo de vida nueva. “Se trata –dice el Sínodo al n.9-  de vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el ser supremo, ya que hay una intercomunicación entre todo el cosmos, donde no hay excluyentes ni excluidos, y donde podamos forjar un proyecto de vida plena para todos. …El ‘buen vivir’ es comprender la centralidad del carácter relacional trascendente de los seres humanos y de la creación, y supone un ‘buen hacer’” 

Falleció en la madrugada del 6-12-2019; un mes antes había sufrido una caída que terminó con una fractura de cadera. Pocos días antes había recibido una distinción de la Cámara de Senadores por “su invalorable aporte a la sociedad paraguaya y latinoamericana, a la defensa de los derechos lingüísticos y culturales, a la democracia, a la justicia y a la promoción del pensamiento crítico”.

Se fue “sin sacudir el polvo de sus pies” porque sique caminando (ese oguata típico del teko guaraní) hasta que nos encontremos con nuestro “polvo atesorado” en la gran casa del Padre Dios.

La agonía de las estadísticas sociales y la crisis de la modernidad

Por Olmedo Beluche

En Panamá encuentra expresión uno de los síntomas más claros de la crisis de la modernidad o de la cultura moderna: la agonía de las estadísticas sociales. Las estadísticas sociales panameñas parecen heridas de muerte y son víctimas de un ataque sistemático de gobiernos al servicio de dos amos: una oligarquía financiera saqueadora de los bienes públicos y un capitalismo neoliberal decadente impuesto desde el exterior, por el Fondo Monetario Internacional y otros monstruos semejantes.

Hace muchos años que las estadísticas sociales son deformadas amputándoles su veracidad y honestidad para complacencia de políticos de turno y de organismos internacionales. A veces el ataque es solapado y sutil, como cuando se cambian los criterios metodológicos para dar la apariencia de que la vida de la ciudadanía mejora sin cesar y que la pobreza disminuye por doquier para felicidad de todos. Otras veces se actúa de manera burda, como cuando, al final del gobierno de Martín Torrijos, se negaron a publicar los resultados de una encuesta sobre trabajo infantil para no causar mala impresión política en momento electoral.

Pero el colmo de lo inaudito es que los Censos Nacionales de Población y Vivienda, que se realizan cada 10 años, y que eran un instrumento bastante seguro y veraz para la orientación de las políticas públicas, están a punto de no realizarse en la fecha estipulada desde hace casi un siglo.

¿Incapacidad? Pero si el contralor a cargo en los últimos 5 años, y responsable en última instancia de este desastre, es uno de los empresarios más “exitosos” del país, hace parte de la junta directiva del principal grupo financiero, el Banco General, y es miembro de una de las familias más prominentes de la oligarquía panameña, el señor Federico Humbert Arias.

Al menos en sus negocios familiares, el señor Humbert Arias, se muestra muy capaz, pero con la “cosa pública” no lo ha demostrado, porque también se le puede endilgar corresponsabilidad en algunos escándalos como el manejo de las partidas especiales de la Asamblea Nacional. Tal vez esta actitud se comprenda a la luz de la historia de la aristocracia panameña que ha alimentado su riqueza de los pechos no muy abundantes del estado.

El caso es que malos manejos y disputas judiciales por una licitación de una empresa contratada para la realización de un aspecto del censo está a punto de impedir que éste se realice en la fecha prevista del mes de mayo. Ahora resulta que no solo las carreteras, la construcción de hospitales, el suministro de medicinas, o la reparación de las escuelas dependen de empresas privadas, gracias a los criterios neoliberales de privatizar y saquear para beneficio de unos pocos el erario público.

No hace mucho, los que pertenecemos a las generaciones que preceden a los “milenials” pueden recordarlo, las estadísticas sociales, censos y encuestas, eran efectuadas por funcionarios públicos, al igual que había cuadrillas de funcionarios para reparar calles, hospitales y escuelas. Y se hacía con calidad la tarea. Pero todo eso se lo ha llevado la crisis crónica capitalista iniciada en los años 70y 80, junto con su derivado: el neoliberalismo.

La situación es todavía más grave si se toma en cuenta el fracaso del censo anterior, del año 2010, el cual sufrió un ataque semejante por el gobierno más empresarial y corrupto de la historia panameña, presidido por Ricardo Martinelli. La imposición de una contralora cuyo principal mérito era haber trabajado como auditora del grupo Ricamar, cuyo dueño era el propio presidente, lo que puso en duda su capacidad de controlar a su exjefe. La renuncia de algunos tecnócratas, los movimientos de personal y la incapacidad administrativa, llevaron a resultados desastrosos del censo y tener que hacer una encuesta posterior para cuadrar y verificar algunas cifras.

El problema de la eficacia de los censos y la certeza de las estadísticas sociales es de una importancia cardinal para la sociedad. El mundo moderno, el estado contemporáneo, la democracia burguesa y el sistema capitalista han crecido y se han sostenido, entre otras cosas, sobre estadísticas de todo tipo, que son las que fundamentan la toma de decisiones racionales. Las estadísticas y los registros son el alma de epistemología positivista que ha sido la cabeza del funcionamiento de todo el sistema.

Por supuesto que esos “datos” recabados por las estadísticas sociales y económicas han estado y están al servicio de un modo de producción basado en la explotación del trabajo asalariado, de la pauperización de la mayor parte de la humanidad, del saqueo de los recursos naturales y el expolio de la naturaleza.

Que tenemos que aplicar la crítica racional de clase a las estadísticas y al uso que le dan los gobiernos y el sistema capitalista, no demerita que la propia crítica necesita de estadísticas veraces para tener un fundamento racional y científico.

Los primeros estudios críticos del sistema capitalista, como “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, de Federico Engels, o “El Capital” de Carlos Marx, no hubieran podido sustentarse sin las rigurosas estadísticas inglesas. En eso consiste la diferencia entre “socialismo utópico” y “socialismo científico”, en que el análisis no depende de razonamientos arbitrarios y voluntaristas, sino en el análisis objetivo de la realidad, una de cuyas fuentes son las estadísticas sociales.

Contrario a lo que pretenden los mentecatos postmodernos de todos los matices, que critican a la modernidad en abstracto, para no hacer análisis de clases, y que cantan loas al irracionalismo y los “misterios” del mundo, constituyen una conquista de la humanidad las estadísticas sociales cuando se basan en métodos científicos y veraces. Son una conquista tan importante de la modernidad como lo son los derechos humanos y civiles, como lo es la medicina y la ingeniería.

La razón de fondo del ataque a las estadísticas sociales estriba en la propia crisis del sistema capitalista. Cuando el sistema iba en ascenso, durante el siglo XIX, y la parte keynesiana del siglo XX, se podían permitir el optimismo basado en los resultados de estadísticas que mostraban algún “progreso”.

En un mundo como el actual, en que las estadísticas sociales científicas y honestas pondrían al desnudo el fracaso del sistema capitalista en proveer una vida elementalmente digna a la mayor parte de la humanidad, en que los políticos y sus financieros solo quieren saquear las instituciones, en que el “mercado” busca maximizar las ganancias a costa de la miseria de la clase trabajadora, en que la democracia es instrumentalizada por políticos que mienten descaradamente y que, aún a sabiendas que lo hacen, buena parte de la ciudadanía les elige, en un mundo así las verdades estadísticas son subversivas.

Usando la hermosa metáfora de Zygmunt Bauman, las estadísticas sociales, antes sólidas como una roca, se licuan.

Panamá, 2 de febrero de 2020.

¿Panamá… un país violentado?

Por: Rev. Manning Maxie Suárez

Cédula: 8-219-1975

En estos días, compartía con un grupo de amigos y familiares, que Panamá estaba entre los mejores países para poder retirarse, vivir seguro y con calidad de vida.  ¡Y es así!, cuando de pronto uno de ellos, me señaló, molesto, y me dice: Tú estás viviendo en “Disneylandia” pues lo que se refleja en los medios de comunicación hoy día es totalmente diferente y esto no es percepción es una realidad palpable. 

Tengo que aceptar que sí es cierto…. Los panameños de a pie, dicen constantemente, en las calles, los buses, el metro, los restaurantes u otros sitios, que el Panamá de hoy, no es seguro, que ellos, nuestros compatriotas y extranjeros residentes no se sienten seguros en sus calles en horas de la noche.  Yo agregaría que ni de día tampoco, pues uno sale con la impresión de que lo están vigilando a uno, para asaltarlo o secuestrarlo.  Me pregunto, ¿Pareciera que estuviésemos viviendo una paranoia social?

¿Qué dicen las cifras sobre esta realidad?...  Veamos el tema de los actos de homicidios en la república de Panamá durante los últimos 20 años.  Según la fuente “datosmacro” en el año 2000 en Panamá hubo 299 homicidios, cinco años después se refleja un aumento a 364 homicidios.  En el año 2010 se contabilizan “759” homicidios duplicando la cifra y en el 2015 la cifra disminuyó a 447. Pero para el 2018 se hablaba ya de 439 homicidios siendo la provincia de Colón (91 casos) y Panamá (176 casos) donde se concentran más estos actos, según el informe estadístico del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación. 

En el año 2019 el número de homicidios aumentó a 472, 33 homicidios más que el año 2018, repitiéndose la estadística que dice que las provincias de Colón y Panamá es donde más incidencias de homicidios existe en la República de Panamá.  En lo que va de este 2020 enero cerró con 65 homicidios, 22 más que en el año 2019.

Cuando uno lee y analiza estas cifras, debe entender que aquí no aparece nada tampoco sobre la violencia generadas de las “asimetrías propias de la dinámica social panameña” como los temas de violencia familiar, violencia de género, las violaciones, maltrato infantil, secuestros, violencia laboral, pandillerismo, maltrato a los adultos mayores, pornografía infantil, corrupción, el narcotráfico y sus modos de operar; las redes empresariales de corrupción tipo “Odebrecht”, el lavado de capitales, así como las mafias internacionales de trata de personas entre otros tipos de violencias, que nos darán un panorama real de terror para el ciudadano de a pie y que vive en esta nación con la angustia de saberse inseguro en un ambiente de donde todos los días, mueren entre 4 a 5 panameños por estos tipos de actividades ilícitas. 

¿Qué nos está llevando a ser un país violentado?  Aquí me gustaría compartir el análisis que realiza “Datos macro” sobre el tema de los homicidos en Panamá cuando señalan que el índice “Per cápita de Panamá, en el año 2017 fue de 13.454€ euros, por lo que, si ordenamos los países en función de su PIB per cápita, Panamá se encuentra en el puesto 55 de los 196 países que publican”.  Sobre el tema de la Esperanza de vida de Panamá, “en 2017 fue de 78,2 años. Está en el puesto 43 de los 192 publicados”, y sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Panamá, “el país se encuentra en el 66º puesto del ranking de IDH formado por 189 países”.  O sea, estadísticamente hablando tenemos una posición económica y ventajosa sobre los demás países del área. Así que lo económico no debiera ser el problema de fondo, aunque puede ser uno de los factores en las clases más necesitadas. 

Por otro lado, consultando algunas opiniones sobre el tema con algunos profesionales, académicos, como miembros de organizaciones cívicas y religiosas, me señalaba un empresario extranjero que, para él, el mal radica en la transmisión de valores que se reciben desde pequeño el niño en el seno de la familia, ahí donde el niño es socializado con valores y principios.  Al haber un deterioro en las familias panameñas, hecho aceptado por la mayoría de expertos en la materia, nadie hace esa tarea de socialización mejor que el barrio, el internet o las pandillas. 

Una profesional de la educación y extranjera radicada en Panamá, Madre y Maestra me señaló que “El panameño es una persona con un carácter pacífico y a veces, inclusivo, ingenuo si se le compara con los de otros países del continente. Hubo inclusive uno que, viviendo en uno de los mejores barrios de Panamá me dijo que finalmente era un “asunto de percepción”. 

Válgame Dios, parece ser que esa cifra del 2019 de “472” y los 65 que van del 2020, panameños secuestrados, torturados, violados, asesinados, no significa mayor cosa para algunas personas en esta nación.  Para mí, “no debiera morir nadie en un país como el nuestro” ¿Cree usted verdaderamente que estuviésemos viviendo una paranoia social sobre este tema? Salgamos a la calle “y que Dios nos agarre confesado” No hay seguridad.

Sacerdote

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República Dominicana: cuando la xenofobia se institucionaliza

Haroldo Dilla Alfonso

www.nuso.org / diciembre 2019

Haití y República Dominicana constituyen un sistema socioeconómico desigual y muy conflictivo. Uno de los componentes claves de este sistema es la movilidad de haitianos a República Dominicana, donde ocupan espacios en mercados laborales vitales para la economía nacional. Esta relación se reproduce desde una construcción ideológica xenófoba y racista, que tuvo su expresión más trágica en la desnacionalización masiva de ciudadanos de origen haitiano en 2013. El mito de la «invasión pacífica» haitiana, sin embargo, parece no ser apoyado por los resultados estadísticos de las últimas encuestas de migrantes.

Un dato crucial para explicar lo que sucede con la movilidad humana de Haití hacia República Dominicana es entender que ambas naciones –un caso poco usual en que dos Estados nacionales comparten una isla– forman un sistema socioeconómico, imperfecto y notablemente desigual, que se ha ido desarrollando desde el mismo momento en que los primeros bucaneros franceses pisaron la parte occidental de la isla. Un lugar excelente para una nueva vida, que había quedado despoblado merced a las políticas coloniales españolas de reconcentración de población para evitar contactos con los herejes.

No es posible explicar la historia de una parte sin tener en cuenta a la otra. Durante mucho tiempo, la porción occidental de la isla –la colonia francesa de Saint-Domingue y luego la República de Haití– fue la parte dominante de la relación bilateral. Todavía hasta la segunda década del siglo xx, los dominicanos apreciaban a Puerto Príncipe como una metrópoli con oferta variada de servicios y mercancías, en contraste con una capital propia –Santo Domingo– que no pasaba de ser un pueblo provinciano con calles lodosas, plagas de mosquitos y una carencia angustiante de agua potable.

La situación comenzó a cambiar cuando se produjo la inserción violenta de la isla en la economía capitalista mundial, de la mano de las compañías azucareras estadounidenses. República Dominicana pasó a ser productora de azúcar a gran escala, mientras que Haití –con mucha población y poca tierra– fue diseñada como proveedora de mano de obra barata y desprotegida para las plantaciones de Cuba y República Dominicana. Esta última comenzó a despegar como una economía agroexportadora dependiente. Haití, en cambio, inició una autofagia que no concluye.

En 1937, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo inició lo que se llamó la «dominicanización de la frontera», en esencia, una limpieza étnica sangrienta, la destrucción de los vínculos transfronterizos y el cierre de los contactos entre las dos partes de la isla. Pero, sobre todo, y es vital para el tema que nos ocupa, el programa trujillista contenía una codificación ideológica que anatematizaba al haitiano y lo ubicaba como antítesis del ser dominicano. República Dominicana existía a pesar de Haití, y su esencia blanca, católica y de raíz española era retada por un vecino negro, africano y pagano. Haití pasó a ser el enemigo protagonista de una «invasión pacífica» y la frontera, una trinchera que defendía a la comunidad nacional. El racismo antihaitiano devino parte de la cultura nacional y una pieza bien cotizada en el mercado político. «Dominicanizar la frontera –escribió un testaferro ideológico del dictador– es devolver la patria entera a la hispanidad»¹.

Durante seis décadas, casi la única excepción a este cierre de contactos fue el paso anual de los contingentes de braceros haitianos destinados al corte de la caña de azúcar, lo que resultaba una necesidad para la economía azucarera y un negocio altamente redituable para los grupos militares de ambos países. El comercio binacional se limitaba a unos pocos millones de dólares, regularmente reexportaciones haitianas.

Pero desde la década de 1990, cuando la economía dominicana abandonó su modelo sustitutivo de importaciones y produjo una diversificación económica con las miras puestas en el mercado externo, Haití pasó a ser un objetivo de primer orden. Los trabajadores migrantes dejaron de ser «trabajadores huéspedes» concentrados en los bateyes azucareros y controlados militarmente, para desparramarse por todo el mercado laboral que requiriera mano de obra barata y desprotegida. Los haitianos pasaron a ser piezas imprescindibles de la dinámica constructiva, de la producción de alimentos y de los servicios urbanos. La movilidad de los haitianos se descentralizó y rebasó los estrechos límites de los bateyes. Sin esa fuerza de trabajo joven y barata, muchos sectores económicos dominicanos, ineficientes y poco rentables, sucumbirían a la competencia internacional y pondrían en peligro la propia seguridad alimentaria nacional.

En segundo lugar, el capitalismo dominicano percibió el mercado haitiano como una posibilidad particularmente provechosa de realización, no solo por la cercanía geográfica y la baratura del transporte, sino por las pocas exigencias de calidad. Ha sido un comercio tremendamente desbalanceado en el que las exportaciones dominicanas, que pueden llegar a los 1.000 millones de dólares, se componen fundamentalmente de productos de difícil exportación a otros lugares –por ejemplo, materiales de construcción o huevos– o sencillamente de tan baja calidad que ni siquiera se pueden realizar en el mercado dominicano. Haití resulta, en consecuencia, una prolongación degradada del mercado interno dominicano. A cambio, la ex-colonia francesa solo logra vender a su vecina algunos bienes de consumo por montos totales anuales que no exceden regularmente unas pocas decenas de millones de dólares. El mercado haitiano es, en consecuencia, una suerte de subsidio para las ineficientes industrias dominicanas.

Desde una óptica económica, la manera como Haití compensa este desbalance es exportando su mercancía más abundante y demandada por el mercado dominicano: la fuerza de trabajo. Solo que esta mercancía porta en sí la condición humana, y en consecuencia su consumo pone sobre el tapete los dilemas del reconocimiento y la redistribución que animaron aquel famoso debate entre Alex Honneth y Nancy Fraser², pero que el capitalismo dominicano y su sistema político-cultural han tratado de sepultar bajo la herencia de los prejuicios trujillistas. Por consiguiente, la sociedad dominicana ha vivido bajo la esquizofrénica situación de percibir al haitiano como un peligro, pero que la beneficia; como un enemigo sin el cual la vida sería menos confortable. En última instancia, como un sujeto supuestamente antitético, pero con el que convive y es capaz de establecer relaciones cordiales en la cotidianeidad.

La interrelación de las economías haitiana y dominicana apunta a la formación de un sistema interdependiente. Como todo sistema asimétrico, es altamente conflictivo. Y diría que es, también, notablemente imperfecto, sea porque se asienta en una construcción ideológica y cultural que resalta la diferencia y atiza el conflicto para sus propios fines, o por el hecho de que el sistema carece de mecanismos políticos de mediación. Haití y República Dominicana no son parte de algún proyecto integracionista supranacional, no poseen acuerdos durables y consistentes y los pocos espacios de coordinación bilateral –como las comisiones mixtas binacionales organizadas por cada cancillería– apenas funcionan y no son efectivas en ningún sentido.

En buena medida, estas comisiones no funcionan porque cada parte pretende hacer prevalecer sus propias demandas y temáticas. Los dominicanos siempre quieren priorizar el comercio, denunciando las diversas trabas y prohibiciones que el gobierno haitiano coloca a los productos «estrellas» dominicanos cuando ocurren acciones antiinmigratorias en República Dominicana. Los haitianos, por razones obvias, prefieren focalizar la discusión en el tema migratorio. Unos y otros pierden de vista que estas cuestiones forman parte de flujos de trabajo, abstracto y concreto, que vertebran un sistema económico insular y que seguirá consolidándose a pesar de las veleidades políticas y los resentimientos chovinistas de ambas partes.

Acotar la «invasión pacífica»

El antihaitianismo no es un elemento secundario de la cultura política dominicana, sino un componente organizador. En la actualidad, ese discurso opera sobre dos campos. El primero de ellos es el campo duro, del odio heredado directamente de la prédica trujillista: es el que percibe y explica al haitiano como un agresor cultural, político y biológico. El otro es más blando y fija su atención en la pobreza haitiana. El migrante es descrito como una persona muy pobre que viene a aprovechar los servicios dominicanos y resulta una carga insoportable para el presupuesto y un competidor para los dominicanos pobres que deben consumir los mismos servicios. La versión dura no otorga nada al haitiano: su principal sistematizador contemporáneo,

Joaquín Balaguer, lo recalcaba: «La influencia de Haití ha corrompido la fibra sagrada de la nacionalidad (…) La vecindad de Haití ha sido y sigue siendo el principal problema de la República Dominicana»³. La segunda, la blanda, los considera merecedores de afectos básicos, pero omite sus inmensas contribuciones a la economía nacional y en ningún momento los percibe como productores culturales. Una y otra sirven de sustento para el arraigo de una visión racista en la que la categoría de «negro» solo es aplicada al haitiano. El dominicano nunca lo es, aun cuando sea de piel muy oscura: a lo sumo es «moreno». Hasta hace poco tiempo los mulatos eran llamados «indios» y así quedaba estampado en los documentos oficiales. Todo ello, en la que probablemente es la sociedad más mestiza afrodescendiente de nuestro continente.

El uso del «peligro haitiano» sigue siendo un recurso de primer orden para la clase política dominicana. En ocasiones puede resultar un recurso coyuntural de alta visibilidad –como ocurrió en 1996, cuando la derecha nacional se alió en un llamado Frente Patriótico para impedir el ascenso de un político negro progresista–, pero es también un recurso cotidiano cuando se trata de enmascarar los graves problemas nacionales tales como el conservadurismo, la corrupción y la depredación social. En cualquier caso, resulta un elemento corrosivo de la cultura política democrática y auspiciador de tendencias autoritarias y alterofóbicas.

Desde comienzos del siglo xxi, el antihaitianismo tomó un derrotero inédito: la institucionalización de la lucha contra la inmigración haitiana, una «invasión pacífica» que no solo dañaba «las fibras sagradas de la nacionalidad» sino que amenazaba con el copamiento del propio Estado. En 2004 se dictó la Ley Migratoria (Nº 285), que dio un primer golpe al derecho de suelo que había constituido la piedra de toque del sistema de ciudadanía. Pero esta ley permaneció varios años sin reglamentación, por lo que su impacto inicial fue reducido. Tres años más tarde, en 2007, la Suprema Corte de Justicia, en un fallo sobre una disputa legal sobre el tema, dictaminó un sinsentido memorable: los haitianos indocumentados deberían ser considerados pasajeros en tránsito –aun cuando hubieran habitado la media isla por decenios– y sus hijos no podían acceder a la ciudadanía por nacimiento. Acto seguido, todas las oficialías fueron instruidas de no extender certificaciones de nacimiento a las personas de origen haitiano que hubieran tenido padres en condiciones irregulares. En 2010, una nueva Constitución conservadora restringió medularmente el principio de ius solis, y un año más tarde la ley de 2004 fue reglamentada de la peor manera imaginable.

Esta institucionalización fue acompañada de violentos brotes racistas en varios puntos de la geografía nacional, que culminaron en la expulsión e incluso el asesinato de ciudadanos haitianos. La propaganda antihaitiana se intensificó como nunca antes, usando como vectores a una serie de pequeñas organizaciones bien financiadas y encabezadas por figuras de alta raigambre trujillista. La prensa se hizo eco –a veces de manera francamente delirante– de la «invasión pacífica» y de cálculos exorbitantes sobre los «millones de haitianos» en el país. Y más de un político vio aquí un campo fértil para captar votos y apoyos, prometiendo muros en las fronteras y expulsiones masivas.

En este contexto de histeria fabricada, la elite política dominicana dio su paso más deplorable: la desnacionalización de cientos de miles de personas dominicanas de origen haitiano mediante la sentencia 168 de 2013 del Tribunal Constitucional. El argumento legal fue que, siendo descendientes de personas en situación irregular (en realidad, todos los inmigrantes estaban en una situación legal que hoy se consideraría irregular, pero entonces era sencillamente normal), sería anulada de manera retroactiva la ciudadanía de todas aquellas personas de origen haitiano nacidas entre 1929 y 2010. Se trató de una auténtica monstruosidad jurídica que lanzó a la apatridia a más de un cuarto de millón de personas, la mayoría de las cuales no tenía nacionalidad haitiana, ni hablaba creole, ni siquiera había visitado alguna vez el país vecino. Los haitianos perdieron empleos y oportunidades de estudios, fueron humillados en las oficinas públicas y debieron someterse a un escrutinio burocrático degradante.

Pero no por truculento el hecho debe considerarse una anomalía en el sistema político dominicano. Fue el resultado lógico, como antes anotábamos, tanto de los usos de los migrantes en la reproducción económica y política de esa sociedad, como de las derivas autoritarias de la propia cultura política. Según Wilfredo Lozano, fue «un producto directo del proceso de pérdida de poder ciudadano y exclusión social que intenta asumir por la vía autoritaria los problemas que genera la masiva inmigración haitiana en Santo Domingo»⁴. De alguna manera, esta «organicidad» de la desnacionalización explica que el gobierno dominicano no tuviera serias dificultades internas para ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional.

Aunque todas las encuestas de opinión indicaban que la mayoría de la población no simpatizaba con la medida, solo una «inmensa minoría» –compuesta por intelectuales, activistas sociales y jóvenes dominico-haitianos afectados por la expropiación de derechos– se opuso de manera pública, lo que dejó el escenario libre para la actuación de los grupos chovinistas. Fueron días particularmente tensos en los que, con total complicidad de la clase política, se profirieron amenazas contra figuras democráticas y se realizaron actos de violencia estructural y física contra residentes haitianos. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó la isla en diciembre de 2013 señalaba la prevalencia de un clima de «discriminación estructural: afectación al acceso a los servicios básicos, incluyendo la educación infantil; incremento de la vulnerabilidad de los grupos afectados y un régimen de intolerancia e incitación a la violencia»⁵.

A fines de 2013 se promulgó el decreto 327-13, que ordenaba a todos los despojados de ciudadanía someterse a un programa de regularización que les permitiría recuperarla en un plazo considerable, lo que fue complementado (con fuertes presiones internacionales de por medio) en mayo de 2014 por la ley 169-14, que dispuso la devolución de la ciudadanía a quienes estaban «legalmente» inscriptos en los archivos del registro civil, y remitía a los que no poseían esta ventaja a un largo y costoso proceso de naturalización, aun cuando pudieran demostrar que habían nacido en República Dominicana en momentos en que ius solis les concedía la ciudadanía. Es decir, dejó incólumes los argumentos ilegales y xenófobos de la derecha, pero les antepuso una supuesta razón humanitaria para beneficiar a una parte de las decenas de miles de afectados.

Estas últimas personas debieron acogerse a un riguroso proceso que les exigía justificar vínculos estables con la sociedad dominicana, estabilidad socioeconómica, un tiempo suficiente de radicación, relaciones familiares, etc., mediante la presentación de documentos formales difíciles de obtener para una población que sobrevive en la informalidad. Tras 18 meses de gestión, se informó que unas 288.466 personas habían presentado los papeles, pero se le había negado la regularización a 17%. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) basado en una encuesta nacional, 58% de los afectados no se presentó al programa de regularización⁶. Y en 2016, la Mesa Nacional de Migraciones reportaba a través de un periódico nacional que el proceso había dejado afuera a medio millón de personas y denunciaba la ocurrencia de persecuciones y deportaciones masivas sin garantías.

¿Quiénes son los «invasores pacíficos»?

La idea sembrada durante decenios acerca de cientos de miles de invasores haitianos que parasitan a la sociedad, interesados en subvertir los valores nacionales y copar el Estado para una fusión insular, comenzó a mostrar fisuras cuando diferentes grupos técnicos miraron hacia dentro de la comunidad haitiana y hurgaron tanto en su composición como en sus motivaciones. Tres conclusiones reiteradas en esos estudios tempranos apuntaban a que los inmigrantes eran normalmente personas en edades laborales óptimas que estaban empleadas la mayor parte del tiempo, que sus cantidades eran mucho más discretas que las cifras millonarias difundidas por los nacionalistas vocingleros y que una buena parte de ellos no eran técnicamente migrantes, sino temporeros que circulaban y estaban dispuestos a volver a Haití a la primera oportunidad.

En 2012 y 2017, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa, por sus siglas en inglés) tuvo la loable idea de patrocinar encuestas con muestras muy amplias que permitieron realizar diagnósticos más exhaustivos y más convincentes para la comunidad nacional⁷. La primera indicaba que había en el país 524.632 inmigrantes y 244.161 descendientes, una buena parte de ellos con nacionalidad dominicana según las normas de derecho de suelo vigentes hasta 2010; 87% de los inmigrantes eran haitianos, 77% de ellos en edades laborales óptimas y 65% varones.

La encuesta de 2017 –sobre la que me detengo con más detalle– fue más concluyente. Se aplicó sobre 73.000 viviendas, donde fueron encuestados 24.547 migrantes de todos los orígenes. Por entonces había 570.933 extranjeros y de ellos nuevamente 87% eran haitianos, unos 497.825. Sumados los descendientes, el total de personas haitianas o dominico-haitianas era de 750.174. Es decir, la cifra total distaba mucho de los apocalípticos «uno o dos millones», y el incremento de los inmigrantes no solo se debía a los haitianos, sino a extranjeros en general.

Esto representaba 5,6% de la población nacional, muy por debajo del porcentaje aproximado de 10% de dominicanos que han emigrado a otros lugares, tal y como hacen los haitianos, en busca de mejoras en sus condiciones de vida.

La migración haitiana se había movido del campo a la ciudad (66% vivía en ciudades, aunque otros inmigrantes se ubicaban en el medio urbano en 96%) y seguía siendo predominantemente masculina (63%) en edades laborales óptimas; 71% se ubicaba en regiones de alta demanda de fuerza de trabajo, lo que apunta a su funcionalidad productiva; 56% se empleaba en empresas privadas –principalmente en las actividades agropecuaria y de construcción– y otro 33% era cuentapropista, sobre todo en el área comercial.

Un dato interesante es que, tanto en la construcción como en la agricultura, los nacionales dominicanos tenían poca presencia, regularmente operaban en tareas jerárquicas, por lo que los haitianos estaban ocupando y valorizando actividades que en otras circunstancias no podrían funcionar, con el efecto dañino que esto tendría en las cadenas de valor en que se insertaban. Curiosamente, 73% estaba alfabetizado, una proporción que no es sustancialmente diferente al porcentaje de alfabetización en República Dominicana, donde 17% de la población es analfabeta.

Los haitianos ocupaban el lugar inferior de la escala social inmigratoria. Sus salarios promedio se ubicaban en torno de los 14.000 pesos (algo menos de 300 dólares estadounidenses al cambio del momento), lo que equivalía a 40% de los salarios de los otros inmigrantes y a 80% de los promedios dominicanos; 95% vivía sin seguros de salud y la mitad carecía de contratos formales. Era también el grupo inmigrante que afrontaba mayores dificultades para realizar trámites, debido tanto a que el sistema público dominicano resultaba poco amigable, como a que la situación crítica haitiana les impedía obtener documentos básicos. Ello se reflejaba en la situación de sus descendientes, que continuaban ocupando los estamentos inferiores de la sociedad.

Sin embargo, a pesar de la masividad, los inmigrantes haitianos no parecían ser los invasores devoradores de la dominicanidad que denunciaban los grupos xenófobos. Aproximadamente 16% de los haitianos entraban y salían usualmente del país, por lo que técnicamente habría dificultades para considerarlos inmigrantes. Pero entre los que habían entrado una sola vez, 32% lo había hecho en el último año, por lo que, si consideramos los valores de 2012, una cantidad considerable de haitianos había hecho un regreso sin retorno a su país. Todo ello, concluía el informe, era «revelador del carácter circular de la inmigración en el grupo predominante: el de origen haitiano».

A modo de conclusiones

Si seguimos a Gary Freeman en su discusión sobre los regímenes de incorporación –los marcos regulatorios que acotan las aspiraciones de integración de los migrantes en los campos mercantil, legal, de acceso al consumo colectivo y de producción y consumo cultural–, habría que concluir que los haitianos y sus descendientes encuentran en República Dominicana muros francamente infranqueables⁸. A sus usos en los espacios menos favorecidos del mercado laboral –construcciones y agricultura– se une el acecho ideológico y político a que son sometidos, que tuvo su peor expresión en la desnacionalización masiva de dominico-haitianos en 2013.

Este uso de la fuerza de trabajo haitiana es equiparable al uso que los empresarios dominicanos hacen del mercado consumidor en la otra mitad de la isla. Y que en última instancia habla del engarzamiento sistémico de la economía insular, y de la manera como la asimetría de las partes actúa en beneficio del capitalismo dominicano. Aunque la propaganda antihaitiana en República Dominicana se empeña en mostrar los supuestos costos de la relación con Haití, en realidad sucede lo contrario: la relación con Haití es, en varios sentidos, un subsidio monumental para el capitalismo dominicano.

Pero ello tiene un efecto perverso. Al mismo tiempo, la prevalencia de las políticas de discriminación estructural, xenofobia y racismo que apuntalan la subordinación haitiana constituye un caldo de cultivo ideal para la proliferación de zonas autoritarias en la cultura política dominicana y en el funcionamiento de su precario régimen político democrático. Mirar la cuestión haitiana desde la tolerancia desprejuiciada es una necesidad para la sociedad dominicana. Una manera de superar su propia esquizofrenia y entender la historia común. Y una condición para avanzar en su propia realización democrática.

Notas:

1. Manuel Machado: La dominicanización fronteriza, Impresora Dominicana, Ciudad Trujillo, 1955, p. 53.

2. N. Fraser y A. Honneth: ¿Redistribución o reconocimiento?, Morata, Madrid, 2006.

3. J. Balaguer: La isla al revés, Corripio, Santo Domingo, 1994.

4. W. Lozano: «República Dominicana en la mira» en Nueva Sociedad Nº 251, 5-6/2014, disponible en www.nuso.org.

5. cidh: Desnacionalización y apatridia en República Dominicana, disponible en www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/RepublicaDominicana/republica-dominicana.html.

6. «El proceso de desnacionalización de personas dominicanas de ascendencia haitiana –afirma el informe– reflejó prácticas excluyentes y discriminatorias que limitaron sus libertades y derechos civiles y políticos. Y aunque solo una minoría de este grupo fue finalmente desnacionalizada, se sentó un precedente legal que dejó abierta la posibilidad de que futuras decisiones judiciales privasen retroactivamente de derechos adquiridos a determinados grupos. Del mismo modo, las personas afectadas por una negación de sus derechos tampoco fueron reparadas, sino que se les obligó a naturalizarse como si siempre hubiesen sido extranjeras». pnud: Informe sobre calidad democrática en la República Dominicana, Santo Domingo, 2019, p. 50.

7. Los datos que aquí exponemos corresponden a las encuestas nacionales de inmigrantes (eni) de 2012 y 2017, publicadas por el unfpa en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana.

8. G. Freeman: «La incorporación de migrantes en las democracias occidentales» en Alejandro Portes y Josh DeWind (coords.): Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, Instituto Nacional de Migración / Universidad Autónoma de Zacatecas / Miguel Ángel Porrúa, Ciudad de México, 2006.