Human Rights Watch
El 19 de junio, José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch, presentó en Washington un informe
sobre los abusos sufridos por los presos políticos nicaragüenses: torturas en
las cárceles y procesos viciados en los tribunales. Al presentar el informe,
Vivanco afirmó: “Ortega y Murillo son unos parias internacionales que han
construido en Nicaragua una tiranía. Por eso, la presión internacional no puede
cesar. Este régimen no entiende más lenguaje que el de la presión”.
El presente informe analiza qué ocurrió,
tras la represión en las calles, a muchos de los cientos de personas detenidas
por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno. El
informe se elaboró a partir de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa
Rica, y de un análisis de fuentes oficiales. Muchas de las víctimas de abusos
que hablaron con nosotros manifestaron que esperaban que, al contarnos lo
sucedido, pudieran evitar que otras personas sufran lo mismo.
CON QUIÉNES HABLAMOS
Human Rights Watch entrevistó a 12 ex-detenidos, de los cuales 11 señalaron
haber sufrido uno o más de estos abusos (golpes, descargas eléctricas,
quemaduras, desnudez forzada, violación sexual...). Siete de estas víctimas
indicaron haber presenciado abusos similares contra otras 39 personas. Human
Rights Watch realizó investigaciones en el terreno en Nicaragua y Costa Rica en
septiembre de 2018. En Nicaragua, visitó las ciudades de Managua, Jinotepe y
Masaya. En Costa Rica realizamos entrevistas a nicaragüenses que habían huido
del país, en las provincias de San José, Cartago y Heredia, y en una cuarta
localidad en la frontera con Nicaragua...
Todas las personas entrevistadas fueron informadas de la finalidad de la
entrevista, su naturaleza voluntaria y las formas en que sería utilizada la
información…
En la mayoría de los países donde Human Rights Watch trabaja, la práctica
consiste en intentar concertar entrevistas con funcionarios gubernamentales. No
obstante, en la investigación llevada a cabo para este informe, Human Rights
Watch optó por no entablar contacto con funcionarios gubernamentales ni darle
visibilidad a nuestra presencia en el país. Adoptamos esta decisión por temor a
las posibles consecuencias para víctimas y defensores de derechos humanos, por
el riesgo que podría implicar para nuestra posibilidad de efectuar el trabajo y
por la seguridad de nuestro equipo.
Human Rights Watch también entrevistó a tres médicos que atendieron a personas
que sufrieron abusos mientras estuvieron detenidas o a manifestantes heridos
durante la “Operación limpieza”. Dos de ellos coordinaban una red de otros
médicos y estudiantes de medicina que brindaban atención médica. Si bien no
atendieron a los detenidos cuyos casos se describen en este informe, los tipos
de lesiones que describieron y los testimonios de sus pacientes -que
compartieron en forma confidencial con Human Rights Watch- coinciden con
nuestras conclusiones sobre los casos de torturas.
Los tres médicos entrevistados por Human Rights Watch (que proporcionaron atención
a pacientes, a pesar de las amenazas de las autoridades para que no lo hicieran
y a una directiva enviada a los hospitales públicos para que no atendieran a
manifestantes contrarios al gobierno) sufrieron hostigamiento por parte de
autoridades nicaragüenses y tuvieron que irse del país.
La Asociación Médica Nicaragüense indicó que casi 300 médicos, enfermeros o
trabajadores de la salud han sido despedidos por atender a manifestantes.
“ME VIOLARON TODOS, YO PEDÍA AUXILIO,
NADIE ME PODÍA AYUDAR”
Este relato se basa en una entrevista con Vivian Contreras (seudónimo),
realizada en septiembre de 2018.
Una noche a principios de junio de 2018,
Contreras caminaba por un vecindario de Masaya con una decena de manifestantes.
De repente, apareció una camioneta pick-up blanca que transportaba policías,
quienes comenzaron a dispararles a Contreras y al grupo. “No pudimos correr muy
lejos, porque estábamos rodeados por policías”, contó Contreras a Human Rights
Watch.
El subdirector de la Policía, comisionado Ramón Avellán, se encontraba entre
los que la detuvieron. Le apoyó el arma en la cabeza y le advirtió: “Vos puta,
te voy a matar”. Si bien Contreras afirmó que estaba actuando como paramédica y
que no estaba armada, algunos de los hombres que la acompañaban tenían morteros
de fabricación casera.
Cuando llegaron a la dependencia policial, a pocos cientos de metros de
distancia, todos, incluidos los cocineros, el personal de limpieza y policías
antidisturbios, les propinaron golpes. “A mí me golpearon la cabeza contra la
pared”, indicó Contreras. Los policías los obligaron a ella y a los demás a
sentarse en el piso y les tomaron fotografías junto a los morteros caseros y a
otras armas que los policías les colocaron para incriminarlos. Los policías
amenazaron con matarlos y arrojar sus cuerpos al costado de la carretera o a un
volcán que hay en la zona.
En la madrugada siguiente, contó Contreras, cinco policías la violaron en
grupo. Los agentes la llevaron a una sala en la dependencia, la sentaron en una
silla y le vendaron los ojos. “Me violaron todos ellos, me hicieron lo que
querían hacerme. Me hicieron muchas cosas que no puedo describir... Me
lastimaron y me golpearon mucho… Gritaba, pedía auxilio, nadie me podía ayudar
porque eran ellos mismos…”
“PEDÍ UN ABOGADO, ME DIJERON QUE NO TENÍA
DERECHO”
Más tarde, ese día los policías trasladaron a Contreras y a los hombres
detenidos con ella a la cárcel El Chipote. Varias policías de sexo femenino los
amenazaron durante todo el recorrido, diciéndoles que iban a matarlos o que
nunca los dejarían salir de la cárcel.
En El Chipote, un policía de alto rango arrojó a Contreras contra la pared y le
dijo: “Hija de puta, zorra, vos sos la cabeza de las bandas, vos sos la que
anda de delincuente, de terrorista en contra del gobierno. De aquí no vas a
salir, hija de puta, de eso me encargo yo”.
El interrogatorio comenzó ese mismo día. “Pedí asistencia de un abogado, pero
me dijeron que no tenía derecho a eso”. Aunque estaba adolorida a causa de la
violación grupal y la golpiza, un policía y dos mujeres policías interrogaron a
Contreras por lo menos en ocho oportunidades, la mayoría de las veces mientras
estaba desnuda.
Los policías profirieron amenazas contra los hijos y la madre de Contreras,
llamándolos por su nombre y asegurando que iban a detenerlos y a dispararles en
la cabeza si ella no denunciaba a líderes del Movimiento 19 de abril y a otros
líderes de la oposición.
“Cuando hablaron de mi mamá, me puse a
llorar. Les dije: pídanme lo que quieran, pero no se metan con mi familia”.
Entre un interrogatorio y el siguiente, la dejaban desnuda en una celda que
describió como “helada, sola, oscura con olor fétido como si hubiera habido un
muerto ahí”.
“TE VAMOS A VIGILAR”
Poco antes de liberarla, los policías amenazaron a Contreras para persuadirla
de que leyera frente a una cámara una confesión que ellos mismos habían
redactado, en la que tenía que acusar a varios líderes opositores.
“Me dieron cuatro hojas de papel que yo tenía que leer sentada frente a una cámara,
esposada a la silla y el papel de frente… y el policía de frente con un AK
apuntándome. Pero ningún video salió bien. Ellos querían que yo mirara a la
cámara sin leer el papel”.
Al cabo de un día y medio de detención, la policía liberó a Contreras por la
presión de una organización de derechos humanos y de la iglesia católica. Al
liberarla, varios policías le dijeron “te vamos a vigilar”. Contreras regresó a
Masaya y siguió participando en tranques y barricadas, hasta que fueron desmanteladas
durante la “Operación limpieza” el 18 de julio. Huyó de Nicaragua y llegó a
Costa Rica tres días después.
“LLEGAMOS A UN LUGAR CLANDESTINO”
Este relato se basa en una entrevista con Jordan Rivas (seudónimo), de 23 años,
realizada en septiembre de 2018.
Rivas, un activista relacionado con el movimiento estudiantil, fue detenido a
fines de mayo de 2018, junto con otro líder estudiantil. Habían pasado dos
noches escondiéndose, tras un conflicto entre grupos estudiantiles, que hizo
que el grupo de Rivas fuera expulsado de un área de tranques donde los
estudiantes habían instalado su base. “Me quedaba sin dinero, sin ropa, sin
comida y yo dije: voy a ir a la casa de mi mamá para tomar mi tarjeta de banco
y mi pasaporte. Mi amigo quería bañarse y fuimos juntos”.
Cuando salieron de la vivienda, algunas horas más tarde, cinco camionetas pick
up con hombres armados y encapuchados los interceptaron. Rivas dijo que uno lo
tomó del cabello, lo arrojó al suelo y subió por la fuerza a ambos al interior
de la camioneta. Los hombres encapuchados los golpearon durante todo el camino
al centro de detención.
Al llegar, la policía registró sus bolsos y encontró el documento de identidad
de Rivas. “Estos son los líderes”, se dijeron los agentes. Les vendaron los
ojos, los empujaron al interior de un pequeño autobús, y se los llevaron.
Durante el viaje, los encapuchados continuaron golpeándolos. “Después de dos o
tres horas llegamos a un lugar clandestino que parecía una hacienda”, recordó
Rivas.
GOLPEADO COMO PIÑATA
Los encapuchados llevaron a Rivas y a su amigo por la fuerza a una sala y les
quitaron las vendas. Les dijeron que jugarían con ellos a “una suerte de
ruleta”. Era una rueda con distintos tipos de tortura que sus captores hacían
girar.
Rivas contó que la aguja se paró en “piñata”. Entonces, un hombre que parecía
estar al mando ordenó que le dieran ese tratamiento a Rivas. “Me encapucharon
otra vez, me pusieron esposas de plástico y me suspendieron del techo y me
golpearon”. Durante dos días, varios de sus captores lo golpearon en reiteradas
oportunidades con objetos contundentes mientras colgaba del techo.
Mientras a Rivas le tocó en la ruleta la
“piñata”, para su amigo la aguja apuntó al “grito de Tarzán”. Consistía en
arrancarle las uñas. Rivas también contó que escuchó que en el lugar los
policías violaban a Jossiel Espinoza (seudónimo), otro ex-detenido,
entrevistado también por Human Rights Watch.
Tras la tortura de la piñata, Rivas fue sometido a la prueba del polígrafo. “Me
pusieron cables después de los dos días y me dijeron que me iban a hacer un
cuestionario y si respondía correctamente, me podía ir a mi casa”. Sus captores
lo interrogaron sobre la identidad de líderes estudiantiles, pero algunas de
las respuestas parecían no satisfacer a los interrogadores, que continuaron
golpeándolo.
Después de un rato sus captores lo llevaron a otra sala en el mismo edificio.
Allí, un hombre mayor se presentó como “El Águila” y le dijo que no había
“pasado la prueba” y que no podría irse si no cooperaba. Otro hombre, que se
hacía llamar “El Cóndor”, le pidió a Rivas que denunciara a otro estudiante
que, según afirmaba “El Cóndor”, había participado en una movilización contra
el gobierno.
MATAR AL OBISPO SILVIO BÁEZ ERA LA ORDEN
Finalmente, Rivas fue llevado a una tercera sala. Allí, “El Cóndor” lo presentó
a un hombre encapuchado. “El Cóndor” le dijo: “Habla con él, él te puede ayudar
a salir”.
El hombre encapuchado se acercó y le dijo que nada de lo que Rivas había dicho
era de utilidad y señaló que si quería irse tendría que leer un texto frente a
una cámara. El texto consistía en una confesión de que él había cometido
diversos delitos, incluidos asesinatos y quema de edificios. Rivas cumplió con
la exigencia. El encapuchado le entregó a Rivas un teléfono celular y le dijo
que llamaría en unos días y que recibiría instrucciones. Y que si no cumplía
alguien mataría a su familia.
Los policías condujeron a Rivas de regreso a Managua y lo dejaron en una calle
cerca de su casa. “Me dijeron: no le digas a nadie lo que pasó”. Tres días
después de su liberación, el teléfono celular sonó. Una voz similar a la del
hombre encapuchado le ordenó que matara al obispo Silvio Báez, asegurándole que
la policía lo protegería una vez que lo hubiera hecho. Rivas no cumplió la
orden y escapó a Costa Rica.
“DOLÍA TANTO...GRITABA, LLORABA”
Este relato se basa en una entrevista con Jossiel Espinoza (seudónimo), de 26
años, realizada en julio de 2018.
Un día de fines de mayo de 2018, Espinoza se trasladaba desde los tranques de
manifestantes en una de las universidades de Managua hasta la casa de un amigo,
cuando lo interceptaron cerca de 40 hombres encapuchados que conducían
camionetas y automóviles. Inmediatamente lo golpearon, le introdujeron una
media en la boca y le ataron las manos.
“Me llevaron a una prisión clandestina. Parecía una hacienda, un edificio
nuevo”. Calculó que entre 40 y 60 personas trabajaban en ese centro de
detención clandestino.
Allí, varios policías interrogaron a Espinoza y lo sometieron a diferentes
formas de tortura y malos tratos, incluidas descargas eléctricas, golpizas,
violación sexual, privación del sueño y simulacros de ejecución. “Me hicieron
acostar en el piso, con la cara cubierta por un trozo de tela y me arrojaron un
balde de agua en la cara, me ahogaba. Recuerdo que me desmayé y que luego me
estaban intentando reanimar y yo vomitaba agua por la nariz y la boca”.
Los que estaban al mando del centro de detención clandestina lo arrojaron
desnudo a una celda y le administraron descargas eléctricas con un chuzo y una
chicharra eléctrica, evitando que se durmiera. “Dolía tanto que sentí que el
corazón se me salía del pecho. Me arrojaban agua y luego me aplicaban la
electricidad cada vez que veían que me estaba durmiendo. Me torturaron con
descargas eléctricas en los genitales. Gritaba del dolor y luego lloraba”.
“ESA TORTURA ME QUEBRÓ”
Espinoza dijo que había alrededor de otros 20 detenidos, que eran torturados en
el centro, incluidos algunos, a los que colgaban del techo por las muñecas y a
otros a los que les arrancaban las uñas.
En algún momento, escuchó sonidos de una habitación cercana que supuso
provenían de una muchacha que estaba siendo violada sexualmente. Él gritó que
dejaran de hacerlo. “Por este motivo me torturaron introduciéndome la manigueta
de un lanzamortero en el ano. Grité. Me dijeron que lo recordaría toda mi vida.
Pateaban el tubo mientras me lo introducían, hasta que me hicieron sangrar...
Pasé varios días con un dolor intenso y no dejaba de sangrar. Eso me quebró”.
Espinoza explicó que luego fue obligado a grabar un video autoincriminatorio:
“Me hicieron aprender un guion mientras me apuntaban con un rifle AK 47. Me
obligaron a hablar ante una cámara y a decir lo que ellos querían: que yo era miembro
de un grupo terrorista, que mataría al obispo Silvio Báez y que teníamos
armas”.
Cuando fue liberado la policía le advirtió
a Espinoza que no contara lo sucedido en el centro de detención clandestino. Lo
subieron a un automóvil y lo dejaron en una calle con instrucciones de que
rezara y contara antes de mirar hacia atrás. Luego se alejaron y cuando
Espinoza levantó la vista, ya se habían ido. Espinoza huyó a Estados Unidos.
HABLAMOS CON DETENIDOS Y PROCESADOS
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta febrero de
2019, por lo menos 777 personas habían sido detenidas durante la represión de
manifestaciones y actividades contra el gobierno.
El 29 de febrero de 2019 la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos
Vanegas, señaló: “No hay presos políticos en Nicaragua y todos los aprehendidos
son presentados a la justicia por haber cometido algún delito durante los
tranques en los meses de abril a julio”.
Human Rights Watch analizó los casos de 15 personas procesadas por supuestos
delitos vinculados con su participación en las manifestaciones u otras
actividades contra el gobierno. Los 15 casos incluyen, tanto a conocidos
activistas como a ciudadanos de a pie, de entre 20 y 63 años, que participaron
en las manifestaciones o que formularon declaraciones críticas contra el
gobierno en siete ciudades de Nicaragua: Estelí, Jinotepe, León, Managua,
Matagalpa, Masaya y Nueva Guinea.
Algunos han expresado críticas al gobierno de Ortega desde hace tiempo,
mientras que en otros casos se trataba de personas que antes apoyaban
incondicionalmente al gobierno, pero comenzaron a cuestionarlo al
intensificarse la represión contra los manifestantes. En todos los casos, se
acusó a los manifestantes de delitos graves y violentos.
PROCESOS JUDICIALES PLAGADOS DE ABUSOS
En todos los procesos judiciales que analizamos se cometieron violaciones a las
garantías del debido proceso y a otros derechos.
-Se los mantuvo incomunicados antes de ser llevados ante un juez y en 12 de los
15 casos estuvieron detenidos más de dos días hasta ser presentados ante un
juez, en violación al plazo máximo de 48 horas previsto en la Constitución.
En 5 de los casos que documentamos, sus familiares o abogados manifestaron no
haber tenido información sobre su paradero durante períodos de entre 4 y 22
días. Cuatro de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, conforme a la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Varios detenidos
contaron a sus familiares haber sufrido golpizas, torturas o maltratos durante
la detención. Incluso, se les había negado acceso a atención de salud.
-A menudo, autoridades policiales en Managua organizaron conferencias de prensa
en las cuales mostraron a los detenidos ante la prensa, acusándolos de
“terroristas” antes de llevarlos ante un juez. Después, los medios de
comunicación oficialistas lanzaban una campaña de desprestigio en la cual los
calificaban de “terroristas” y los mostraban encadenados y con ropa de
presidiarios, violando así su derecho a la presunción de inocencia.
-Se privó a las personas detenidas de su derecho a conversar en forma libre y
privada con sus abogados. En dos casos en los que se permitió a los abogados
defensores visitar a sus clientes en la cárcel, tuvieron que hablar con ellos
en presencia de policías, guardias penitenciarios, fiscales y/o jueces.
-Se realizaron audiencias judiciales a puertas cerradas. El derecho interno y
los estándares interamericanos de derechos humanos exigen celebrar audiencias
abiertas, salvo en determinadas circunstancias. A familiares de los detenidos y
a los medios considerados críticos del gobierno se les impidió ingresar a las
audiencias, en especial cuando se iniciaba un proceso penal.
Se permitió a los familiares ingresar a la sala una vez finalizados los
procedimientos, para ver a los acusados por unos minutos. En agosto de 2018 la
Corte Suprema prohibió a órganos internacionales de derechos humanos ingresar a
los tribunales durante las audiencias.
Combinadas, todas estas violaciones de derechos humanos cercenan gravemente el
derecho de los acusados a un juicio justo.
FALTA DE INDEPENDENCIA DE TODO EL SISTEMA
DE JUSTICIA
Nuestros hallazgos son consistentes con violaciones identificadas por órganos
de derechos humanos internacionales. En enero de 2019, la CIDH concluyó lo
siguiente: “Las cientos de detenciones arbitrarias; la criminalización
selectiva y masiva de manifestantes, personas defensoras de los derechos
humanos, periodistas, estudiantes, líderes sociales y opositores al gobierno
bajo cargos infundados y desproporcionados; el patrón sistemático de
violaciones a las garantías del debido proceso; la falta de efectividad del
recurso de exhibición personal; las irregularidades respecto a la defensa legal
y la publicidad de los procesos; así como la apertura de procesos relacionados
con figuras penales como las de terrorismo, interpretadas en forma incompatible
con la vigencia de la sociedad democrática; el incumplimiento de órdenes de
libertad a favor de quienes participaron de las protestas en el país; y en
general, la manipulación del derecho penal para la judicialización de toda
oposición, han puesto de manifiesto la falta de independencia del sistema de
administración de justicia nicaragüense en su conjunto”.
FRAGMENTOS DEL INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH TITULADO “BRUTAL REPRESIÓN –
TORTURAS, TRATOS CRUELES Y JUICIOS FRAUDULENTOS CONTRA MANIFESTANTES Y
OPOSITORES EN NICARAGUA”.