Human Rights Watch
www.envio.org.ni / julio 2019
El 19 de junio, José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch, presentó en Washington un informe
sobre los abusos sufridos por los presos políticos nicaragüenses: torturas en
las cárceles y procesos viciados en los tribunales. Al presentar el informe,
Vivanco afirmó: “Ortega y Murillo son unos parias internacionales que han
construido en Nicaragua una tiranía. Por eso, la presión internacional no puede
cesar. Este régimen no entiende más lenguaje que el de la presión”.
El presente informe analiza qué ocurrió,
tras la represión en las calles, a muchos de los cientos de personas detenidas
por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno. El
informe se elaboró a partir de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa
Rica, y de un análisis de fuentes oficiales. Muchas de las víctimas de abusos
que hablaron con nosotros manifestaron que esperaban que, al contarnos lo
sucedido, pudieran evitar que otras personas sufran lo mismo.
CON QUIÉNES HABLAMOS
Human Rights Watch entrevistó a 12 ex-detenidos, de los cuales 11 señalaron haber sufrido uno o más de estos abusos (golpes, descargas eléctricas, quemaduras, desnudez forzada, violación sexual...). Siete de estas víctimas indicaron haber presenciado abusos similares contra otras 39 personas. Human Rights Watch realizó investigaciones en el terreno en Nicaragua y Costa Rica en septiembre de 2018. En Nicaragua, visitó las ciudades de Managua, Jinotepe y Masaya. En Costa Rica realizamos entrevistas a nicaragüenses que habían huido del país, en las provincias de San José, Cartago y Heredia, y en una cuarta localidad en la frontera con Nicaragua...
Todas las personas entrevistadas fueron informadas de la finalidad de la entrevista, su naturaleza voluntaria y las formas en que sería utilizada la información…
En la mayoría de los países donde Human Rights Watch trabaja, la práctica consiste en intentar concertar entrevistas con funcionarios gubernamentales. No obstante, en la investigación llevada a cabo para este informe, Human Rights Watch optó por no entablar contacto con funcionarios gubernamentales ni darle visibilidad a nuestra presencia en el país. Adoptamos esta decisión por temor a las posibles consecuencias para víctimas y defensores de derechos humanos, por el riesgo que podría implicar para nuestra posibilidad de efectuar el trabajo y por la seguridad de nuestro equipo.
Human Rights Watch también entrevistó a tres médicos que atendieron a personas que sufrieron abusos mientras estuvieron detenidas o a manifestantes heridos durante la “Operación limpieza”. Dos de ellos coordinaban una red de otros médicos y estudiantes de medicina que brindaban atención médica. Si bien no atendieron a los detenidos cuyos casos se describen en este informe, los tipos de lesiones que describieron y los testimonios de sus pacientes -que compartieron en forma confidencial con Human Rights Watch- coinciden con nuestras conclusiones sobre los casos de torturas.
Los tres médicos entrevistados por Human Rights Watch (que proporcionaron atención a pacientes, a pesar de las amenazas de las autoridades para que no lo hicieran y a una directiva enviada a los hospitales públicos para que no atendieran a manifestantes contrarios al gobierno) sufrieron hostigamiento por parte de autoridades nicaragüenses y tuvieron que irse del país.
La Asociación Médica Nicaragüense indicó que casi 300 médicos, enfermeros o trabajadores de la salud han sido despedidos por atender a manifestantes.
“ME VIOLARON TODOS, YO PEDÍA AUXILIO,
NADIE ME PODÍA AYUDAR”
Este relato se basa en una entrevista con Vivian Contreras (seudónimo), realizada en septiembre de 2018.
Una noche a principios de junio de 2018,
Contreras caminaba por un vecindario de Masaya con una decena de manifestantes.
De repente, apareció una camioneta pick-up blanca que transportaba policías,
quienes comenzaron a dispararles a Contreras y al grupo. “No pudimos correr muy
lejos, porque estábamos rodeados por policías”, contó Contreras a Human Rights
Watch.
El subdirector de la Policía, comisionado Ramón Avellán, se encontraba entre los que la detuvieron. Le apoyó el arma en la cabeza y le advirtió: “Vos puta, te voy a matar”. Si bien Contreras afirmó que estaba actuando como paramédica y que no estaba armada, algunos de los hombres que la acompañaban tenían morteros de fabricación casera.
Cuando llegaron a la dependencia policial, a pocos cientos de metros de distancia, todos, incluidos los cocineros, el personal de limpieza y policías antidisturbios, les propinaron golpes. “A mí me golpearon la cabeza contra la pared”, indicó Contreras. Los policías los obligaron a ella y a los demás a sentarse en el piso y les tomaron fotografías junto a los morteros caseros y a otras armas que los policías les colocaron para incriminarlos. Los policías amenazaron con matarlos y arrojar sus cuerpos al costado de la carretera o a un volcán que hay en la zona.
En la madrugada siguiente, contó Contreras, cinco policías la violaron en grupo. Los agentes la llevaron a una sala en la dependencia, la sentaron en una silla y le vendaron los ojos. “Me violaron todos ellos, me hicieron lo que querían hacerme. Me hicieron muchas cosas que no puedo describir... Me lastimaron y me golpearon mucho… Gritaba, pedía auxilio, nadie me podía ayudar porque eran ellos mismos…”
“PEDÍ UN ABOGADO, ME DIJERON QUE NO TENÍA
DERECHO”
Más tarde, ese día los policías trasladaron a Contreras y a los hombres detenidos con ella a la cárcel El Chipote. Varias policías de sexo femenino los amenazaron durante todo el recorrido, diciéndoles que iban a matarlos o que nunca los dejarían salir de la cárcel.
En El Chipote, un policía de alto rango arrojó a Contreras contra la pared y le dijo: “Hija de puta, zorra, vos sos la cabeza de las bandas, vos sos la que anda de delincuente, de terrorista en contra del gobierno. De aquí no vas a salir, hija de puta, de eso me encargo yo”.
El interrogatorio comenzó ese mismo día. “Pedí asistencia de un abogado, pero me dijeron que no tenía derecho a eso”. Aunque estaba adolorida a causa de la violación grupal y la golpiza, un policía y dos mujeres policías interrogaron a Contreras por lo menos en ocho oportunidades, la mayoría de las veces mientras estaba desnuda.
Los policías profirieron amenazas contra los hijos y la madre de Contreras, llamándolos por su nombre y asegurando que iban a detenerlos y a dispararles en la cabeza si ella no denunciaba a líderes del Movimiento 19 de abril y a otros líderes de la oposición.
“Cuando hablaron de mi mamá, me puse a
llorar. Les dije: pídanme lo que quieran, pero no se metan con mi familia”.
Entre un interrogatorio y el siguiente, la dejaban desnuda en una celda que
describió como “helada, sola, oscura con olor fétido como si hubiera habido un
muerto ahí”.
“TE VAMOS A VIGILAR”
Poco antes de liberarla, los policías amenazaron a Contreras para persuadirla de que leyera frente a una cámara una confesión que ellos mismos habían redactado, en la que tenía que acusar a varios líderes opositores.
“Me dieron cuatro hojas de papel que yo tenía que leer sentada frente a una cámara, esposada a la silla y el papel de frente… y el policía de frente con un AK apuntándome. Pero ningún video salió bien. Ellos querían que yo mirara a la cámara sin leer el papel”.
Al cabo de un día y medio de detención, la policía liberó a Contreras por la presión de una organización de derechos humanos y de la iglesia católica. Al liberarla, varios policías le dijeron “te vamos a vigilar”. Contreras regresó a Masaya y siguió participando en tranques y barricadas, hasta que fueron desmanteladas durante la “Operación limpieza” el 18 de julio. Huyó de Nicaragua y llegó a Costa Rica tres días después.
“LLEGAMOS A UN LUGAR CLANDESTINO”
Este relato se basa en una entrevista con Jordan Rivas (seudónimo), de 23 años, realizada en septiembre de 2018.
Rivas, un activista relacionado con el movimiento estudiantil, fue detenido a fines de mayo de 2018, junto con otro líder estudiantil. Habían pasado dos noches escondiéndose, tras un conflicto entre grupos estudiantiles, que hizo que el grupo de Rivas fuera expulsado de un área de tranques donde los estudiantes habían instalado su base. “Me quedaba sin dinero, sin ropa, sin comida y yo dije: voy a ir a la casa de mi mamá para tomar mi tarjeta de banco y mi pasaporte. Mi amigo quería bañarse y fuimos juntos”.
Cuando salieron de la vivienda, algunas horas más tarde, cinco camionetas pick up con hombres armados y encapuchados los interceptaron. Rivas dijo que uno lo tomó del cabello, lo arrojó al suelo y subió por la fuerza a ambos al interior de la camioneta. Los hombres encapuchados los golpearon durante todo el camino al centro de detención.
Al llegar, la policía registró sus bolsos y encontró el documento de identidad de Rivas. “Estos son los líderes”, se dijeron los agentes. Les vendaron los ojos, los empujaron al interior de un pequeño autobús, y se los llevaron. Durante el viaje, los encapuchados continuaron golpeándolos. “Después de dos o tres horas llegamos a un lugar clandestino que parecía una hacienda”, recordó Rivas.
GOLPEADO COMO PIÑATA
Los encapuchados llevaron a Rivas y a su amigo por la fuerza a una sala y les quitaron las vendas. Les dijeron que jugarían con ellos a “una suerte de ruleta”. Era una rueda con distintos tipos de tortura que sus captores hacían girar.
Rivas contó que la aguja se paró en “piñata”. Entonces, un hombre que parecía estar al mando ordenó que le dieran ese tratamiento a Rivas. “Me encapucharon otra vez, me pusieron esposas de plástico y me suspendieron del techo y me golpearon”. Durante dos días, varios de sus captores lo golpearon en reiteradas oportunidades con objetos contundentes mientras colgaba del techo.
Mientras a Rivas le tocó en la ruleta la
“piñata”, para su amigo la aguja apuntó al “grito de Tarzán”. Consistía en
arrancarle las uñas. Rivas también contó que escuchó que en el lugar los
policías violaban a Jossiel Espinoza (seudónimo), otro ex-detenido,
entrevistado también por Human Rights Watch.
Tras la tortura de la piñata, Rivas fue sometido a la prueba del polígrafo. “Me pusieron cables después de los dos días y me dijeron que me iban a hacer un cuestionario y si respondía correctamente, me podía ir a mi casa”. Sus captores lo interrogaron sobre la identidad de líderes estudiantiles, pero algunas de las respuestas parecían no satisfacer a los interrogadores, que continuaron golpeándolo.
Después de un rato sus captores lo llevaron a otra sala en el mismo edificio. Allí, un hombre mayor se presentó como “El Águila” y le dijo que no había “pasado la prueba” y que no podría irse si no cooperaba. Otro hombre, que se hacía llamar “El Cóndor”, le pidió a Rivas que denunciara a otro estudiante que, según afirmaba “El Cóndor”, había participado en una movilización contra el gobierno.
MATAR AL OBISPO SILVIO BÁEZ ERA LA ORDEN
Finalmente, Rivas fue llevado a una tercera sala. Allí, “El Cóndor” lo presentó a un hombre encapuchado. “El Cóndor” le dijo: “Habla con él, él te puede ayudar a salir”.
El hombre encapuchado se acercó y le dijo que nada de lo que Rivas había dicho era de utilidad y señaló que si quería irse tendría que leer un texto frente a una cámara. El texto consistía en una confesión de que él había cometido diversos delitos, incluidos asesinatos y quema de edificios. Rivas cumplió con la exigencia. El encapuchado le entregó a Rivas un teléfono celular y le dijo que llamaría en unos días y que recibiría instrucciones. Y que si no cumplía alguien mataría a su familia.
Los policías condujeron a Rivas de regreso a Managua y lo dejaron en una calle cerca de su casa. “Me dijeron: no le digas a nadie lo que pasó”. Tres días después de su liberación, el teléfono celular sonó. Una voz similar a la del hombre encapuchado le ordenó que matara al obispo Silvio Báez, asegurándole que la policía lo protegería una vez que lo hubiera hecho. Rivas no cumplió la orden y escapó a Costa Rica.
“DOLÍA TANTO...GRITABA, LLORABA”
Este relato se basa en una entrevista con Jossiel Espinoza (seudónimo), de 26 años, realizada en julio de 2018.
Un día de fines de mayo de 2018, Espinoza se trasladaba desde los tranques de manifestantes en una de las universidades de Managua hasta la casa de un amigo, cuando lo interceptaron cerca de 40 hombres encapuchados que conducían camionetas y automóviles. Inmediatamente lo golpearon, le introdujeron una media en la boca y le ataron las manos.
“Me llevaron a una prisión clandestina. Parecía una hacienda, un edificio nuevo”. Calculó que entre 40 y 60 personas trabajaban en ese centro de detención clandestino.
Allí, varios policías interrogaron a Espinoza y lo sometieron a diferentes formas de tortura y malos tratos, incluidas descargas eléctricas, golpizas, violación sexual, privación del sueño y simulacros de ejecución. “Me hicieron acostar en el piso, con la cara cubierta por un trozo de tela y me arrojaron un balde de agua en la cara, me ahogaba. Recuerdo que me desmayé y que luego me estaban intentando reanimar y yo vomitaba agua por la nariz y la boca”.
Los que estaban al mando del centro de detención clandestina lo arrojaron desnudo a una celda y le administraron descargas eléctricas con un chuzo y una chicharra eléctrica, evitando que se durmiera. “Dolía tanto que sentí que el corazón se me salía del pecho. Me arrojaban agua y luego me aplicaban la electricidad cada vez que veían que me estaba durmiendo. Me torturaron con descargas eléctricas en los genitales. Gritaba del dolor y luego lloraba”.
“ESA TORTURA ME QUEBRÓ”
Espinoza dijo que había alrededor de otros 20 detenidos, que eran torturados en el centro, incluidos algunos, a los que colgaban del techo por las muñecas y a otros a los que les arrancaban las uñas.
En algún momento, escuchó sonidos de una habitación cercana que supuso provenían de una muchacha que estaba siendo violada sexualmente. Él gritó que dejaran de hacerlo. “Por este motivo me torturaron introduciéndome la manigueta de un lanzamortero en el ano. Grité. Me dijeron que lo recordaría toda mi vida. Pateaban el tubo mientras me lo introducían, hasta que me hicieron sangrar... Pasé varios días con un dolor intenso y no dejaba de sangrar. Eso me quebró”.
Espinoza explicó que luego fue obligado a grabar un video autoincriminatorio: “Me hicieron aprender un guion mientras me apuntaban con un rifle AK 47. Me obligaron a hablar ante una cámara y a decir lo que ellos querían: que yo era miembro de un grupo terrorista, que mataría al obispo Silvio Báez y que teníamos armas”.
Cuando fue liberado la policía le advirtió
a Espinoza que no contara lo sucedido en el centro de detención clandestino. Lo
subieron a un automóvil y lo dejaron en una calle con instrucciones de que
rezara y contara antes de mirar hacia atrás. Luego se alejaron y cuando
Espinoza levantó la vista, ya se habían ido. Espinoza huyó a Estados Unidos.
HABLAMOS CON DETENIDOS Y PROCESADOS
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta febrero de 2019, por lo menos 777 personas habían sido detenidas durante la represión de manifestaciones y actividades contra el gobierno.
El 29 de febrero de 2019 la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas, señaló: “No hay presos políticos en Nicaragua y todos los aprehendidos son presentados a la justicia por haber cometido algún delito durante los tranques en los meses de abril a julio”.
Human Rights Watch analizó los casos de 15 personas procesadas por supuestos delitos vinculados con su participación en las manifestaciones u otras actividades contra el gobierno. Los 15 casos incluyen, tanto a conocidos activistas como a ciudadanos de a pie, de entre 20 y 63 años, que participaron en las manifestaciones o que formularon declaraciones críticas contra el gobierno en siete ciudades de Nicaragua: Estelí, Jinotepe, León, Managua, Matagalpa, Masaya y Nueva Guinea.
Algunos han expresado críticas al gobierno de Ortega desde hace tiempo, mientras que en otros casos se trataba de personas que antes apoyaban incondicionalmente al gobierno, pero comenzaron a cuestionarlo al intensificarse la represión contra los manifestantes. En todos los casos, se acusó a los manifestantes de delitos graves y violentos.
PROCESOS JUDICIALES PLAGADOS DE ABUSOS
En todos los procesos judiciales que analizamos se cometieron violaciones a las garantías del debido proceso y a otros derechos.
-Se los mantuvo incomunicados antes de ser llevados ante un juez y en 12 de los 15 casos estuvieron detenidos más de dos días hasta ser presentados ante un juez, en violación al plazo máximo de 48 horas previsto en la Constitución.
En 5 de los casos que documentamos, sus familiares o abogados manifestaron no haber tenido información sobre su paradero durante períodos de entre 4 y 22 días. Cuatro de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, conforme a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Varios detenidos contaron a sus familiares haber sufrido golpizas, torturas o maltratos durante la detención. Incluso, se les había negado acceso a atención de salud.
-A menudo, autoridades policiales en Managua organizaron conferencias de prensa en las cuales mostraron a los detenidos ante la prensa, acusándolos de “terroristas” antes de llevarlos ante un juez. Después, los medios de comunicación oficialistas lanzaban una campaña de desprestigio en la cual los calificaban de “terroristas” y los mostraban encadenados y con ropa de presidiarios, violando así su derecho a la presunción de inocencia.
-Se privó a las personas detenidas de su derecho a conversar en forma libre y privada con sus abogados. En dos casos en los que se permitió a los abogados defensores visitar a sus clientes en la cárcel, tuvieron que hablar con ellos en presencia de policías, guardias penitenciarios, fiscales y/o jueces.
-Se realizaron audiencias judiciales a puertas cerradas. El derecho interno y los estándares interamericanos de derechos humanos exigen celebrar audiencias abiertas, salvo en determinadas circunstancias. A familiares de los detenidos y a los medios considerados críticos del gobierno se les impidió ingresar a las audiencias, en especial cuando se iniciaba un proceso penal.
Se permitió a los familiares ingresar a la sala una vez finalizados los procedimientos, para ver a los acusados por unos minutos. En agosto de 2018 la Corte Suprema prohibió a órganos internacionales de derechos humanos ingresar a los tribunales durante las audiencias.
Combinadas, todas estas violaciones de derechos humanos cercenan gravemente el derecho de los acusados a un juicio justo.
FALTA DE INDEPENDENCIA DE TODO EL SISTEMA
DE JUSTICIA
Nuestros hallazgos son consistentes con violaciones identificadas por órganos de derechos humanos internacionales. En enero de 2019, la CIDH concluyó lo siguiente: “Las cientos de detenciones arbitrarias; la criminalización selectiva y masiva de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, líderes sociales y opositores al gobierno bajo cargos infundados y desproporcionados; el patrón sistemático de violaciones a las garantías del debido proceso; la falta de efectividad del recurso de exhibición personal; las irregularidades respecto a la defensa legal y la publicidad de los procesos; así como la apertura de procesos relacionados con figuras penales como las de terrorismo, interpretadas en forma incompatible con la vigencia de la sociedad democrática; el incumplimiento de órdenes de libertad a favor de quienes participaron de las protestas en el país; y en general, la manipulación del derecho penal para la judicialización de toda oposición, han puesto de manifiesto la falta de independencia del sistema de administración de justicia nicaragüense en su conjunto”.
FRAGMENTOS DEL INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH TITULADO “BRUTAL REPRESIÓN – TORTURAS, TRATOS CRUELES Y JUICIOS FRAUDULENTOS CONTRA MANIFESTANTES Y OPOSITORES EN NICARAGUA”.
