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Qatar, epicentro de dos guerras


Se manejan muchas causales –unas rocambolescas, otras muy peregrinas– sobre la ruptura dramática de la coalición de varios países árabes poderosos –encabezados por Arabia Saudita (AS), la mayor potencia económica de la región, y Egipto, todavía la mayor fuerza militar del mundo árabe hoy dislocado– con Qatar, diminuto país (con una superficie de 11 mil 581 kilómetros cuadrados) con el segundo mayor PIB per cápita del mundo (129.700 dólares, detrás del paraíso fiscal europeo Liechtenstein) gracias a ostentar la principal exportación de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) del planeta y a su ínfimo número de habitantes autóctonos (¡11,6% de la población total de 2 millones 258 mil!), encapsulados por la aplastante mayoría de trabajadores residentes primordialmente provenientes del subcontinente indio.

The Hill asevera que, detrás la crisis de Qatar se encuentra la telenovela del pago de un rescate por mil millones de dólares de 26 personajes, con varios miembros de la familia real, que andaban de caza en Irak, secuestrados por Al Qaeda y cuya mitad fue pagada al gobierno de Bagdad.

Otros novelistas británicos con pretensiones geopolíticas, afirman que se trata de una venganza del otrora empresario Trump por el desprecio a sus inversiones inmobiliarias y de casinos mafiosos en Qatar.

Seré más estructural con la profundidad geopolítica de la crisis que ha fracturado al golfo Pérsico –enfrentando a las cinco potencias regionales del Medio Oriente: por un lado, AS, Egipto (e Israel en forma subrepticia), y por otro, a Turquía e Irán que apoyan a Qatar– sin contar la división interna del Consejo de Cooperación del Golfo cuando Kuwait (con una notable población chiíta de 40%) y Omán se han inclinado por una plausible cuan elusiva salida diplomática– no se diga la neutralidad de Argelia y Marruecos en el mundo árabe y, sobre todo, en el mundo islámico no-árabe, la ecuanimidad, que no nimiedad, de Pakistán: único país musulmán dotado de 130 bombas nucleares que comparte una frontera de 959 kilómetros con Irán y cuenta con una pletórica población chiíta (20 %) inmersa en sus 200 millones de habitantes de mayoría sunita.

Muchos factores han acercado a la potencia sunnita no-árabe de Turquía con la potencia chiíta persa de Irán cuando destacan su mutuo apoyo a Qatar y su común aversión a la creación de un estado independiente kurdo.

Todavía no redacto las causales estructurales, a mi juicio, cuando ya brilla en todo su resplandor la hipercomplejidad de la grave crisis que enfrentan AS y Qatar que ha puesto de cabeza tanto al mundo árabe como al mundo islámico para el schadenfreude –placer que provoca el mal ajeno– de Israel, cuyo anhelo es balcanizarlos con el fin de prevalecer sola con su máximo de 400 bombas nucleares clandestinas.

El gobierno alemán –usualmente parco y prudente en sus apreciaciones globales– teme la detonación de una guerra regional en el golfo Pérsico.

No es un asunto menor, que tiene como epicentro a Qatar y coloca en relieve dos simultáneas guerras estructurales: 1. La del petróleo (encabezado por AS) contra el gas (el componente LNG de Qatar) y 2. La del dólar de EEUU con el renminbi chino.
Entre las 13 exigencias perentorias, transmitidas por la loable intermediación de Kuwait, que han exigido cuatro países árabes –AS, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin– para que cumpla Qatar en un plazo de 10 días, destaca el alineamiento (sic) militar, político, social y económico (¡supersic!) con los otros países del Golfo y el mundo árabe, en línea (sic) con el acuerdo logrado con AS en 2014.
Más que alineamiento parece más bien la alienación y la capitulación de Qatar.

Pese a la asfixia en sus únicos 87 kilómetros de frontera terrestre con AS que encabeza un boicot por cielo, mar y tierra –sin contar la pérdida de 13 mil millones de dólares en sus activos bursátiles y la obligada importación de alimentos de Turquía, Irán y Omán–, Qatar cuenta con cartas nada desdeñables: desde sus prósperos Fondos Soberanos de Riqueza –que le han permitido invertir en grandes empresas de Gran Bretaña y Alemania–, pasando por la principal base militar de EEUU en la zona, hasta la nueva base militar de Turquía.

Alá ha deseado que Qatar comparta geográficamente con Irán su mayor fuente de ingreso de su pletórico yacimiento gasero en el golfo Pérsico (los contiguos campo norte de Doha y el campo Pars sur de Teherán) y cuyas transacciones son retribuidas con la divisa china renminbi debido a las sanciones cada vez más asfixiantes de Trump contra la antigua Persia al haber adoptado sin rubor la irredentista política exterior del primer israelí Netanyahu acoplado con el ultraortodoxo judío Jared Kushner, yerno del polémico empresario-presidente.

Tal como pintan las cosas, al corte de caja de hoy, se ha gestado la competencia de dos estratégicos oleogasoductos para desembocar en el mar Mediterráneo con mira en el relevante mercado europeo: 1: El de AS-Jordania-Israel, y 2: El de Qatar-Irán-Siria-Turquía.
Ya habrá tiempo para detallar la guerra del petróleo de AS y del LNG de Qatar para centrarme en forma sucinta en el primer centro regional del renminbi en Doha.

Desde hace dos años opera en Qatar un Centro de Compensaciones & Liquidaciones con la divisa china renminbi, según Economist Intelligence Unit, propalado por HSBC, lo cual, a mi juicio, no podía quedar sin respuesta disuasiva por EEUU que lleva en su conciencia a dos cadáveres conspicuos que intentaron fugarse de los grilletes globales del dólar -centrismo petrolero– el ahorcado iraquí Saddam Hussein, quien se atrevió a formular la permutación de petrodólares por petroeuros, y el libio sodomizado (literal) Muamar Kahadfi quien pretendió lanzar el dinar-oro en lugar de la chatarra del billete verde–, sin contar el extraño accidente aéreo en Rusia de Christophe de Margerie, jerarca de la petrolera gala Total, quien pensaba realizar sus transacciones en petro-rublos en lugar de dólares.

El Centro Renminbi de Qatar es operado por el banco chino ICBC, el mayor del planeta que ayudará en teoría a facilitar los flujos comerciales de China con Qatar y la región.

Hoy las petroleras estatales chinas CNOOC y PetroChina son recipiendarias de las cada vez más crecientes importaciones de LNG qatarí (con la estatal QatarGas, la mayor del mundo), detrás de Japón, Surcorea e India.

La Autoridad de Inversiones de Qatar diversifica sus Fondos Soberanos de Riqueza y ya empezó a invertir en empresas chinas: ICBC, Banco Agrícola de China, Citic Capital (22 por ciento) y Lifestyle International (20 por ciento), mientras la constructora China Harbour Engineering Company y Sinohydro participan en la infraestructura de Qatar que apoyó en forma entusiasta la creación del legendario banco AIIB de patrocinio chino.
El Centro Renminbi de Qatar epitomiza el desplazamiento del dólar en su otrora feudo inexpugnable del golfo Pérsico, hoy fracturado, cuando se vislumbra la muy riesgosa fase del advenimiento del petroyuan.

¿Dejarán celebrar la Copa Mundial de Futbol en 2022 en Qatar?


Postextractivismos en Ecuador: indultar a la Naturaleza

www.rebelion.org / 210717

Bajo el gobierno de Rafael Correa recrudecieron los extractivismos, no sólo insistiendo en la explotación petrolera sino que también se buscó sumar la minería, y se mantuvieron otros muy conocidos como las plantaciones bananeras. Todo ello desencadenó fuertes resistencias ciudadanas, con muchas personas enfrentadas a procesos judiciales, algunos encarcelados, y una Naturaleza atrapada.

En cambio, el gobierno de Lenin Moreno se presenta con otra actitud, y de la mano de diálogo ha otorgado indultos a líderes sociales que estaban en prisión por enfrentar a los extractivismos. Siguiendo ese espíritu, es el momento de pensar en los llamados postextractivismos, donde para romper con ese tipo de desarrollo un primer paso debe ser indultar a la Naturaleza.

Esta es una tarea urgente porque Ecuador es uno de los tres países sudamericanos que se pueden catalogar como hiper-extractivistas. Estas son las economías donde las materias primas (o sea, la venta de la naturaleza) trepan al nivel del 90% del total de las exportaciones, y que además están concentradas en un producto (en este caso, los hidrocarburos). Las otras dos naciones hiper-extractivistas en el continente son Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En este artículo se comparten algunas ideas sobre postextractivismos, que están lejos de agotar la cuestión pero sirven como aportes a un necesario debate. Son reflexiones que incluyen aportes que provienen de discusiones similares en países vecinos y que a la vez abordan algunas de particularidades de Ecuador.
Extractivismos en el medio del mundo

Precisando los conceptos, recordemos que los extractivismos son apropiaciones de enormes volúmenes de recursos naturales (como ocurre con las petroleras o mineras convencionales) o por medio de muy alta intensidad (como sucede con la minería de oro aluvial que utiliza mercurio), y que son destinados sobre todo a la exportación hacia los mercados globales, como materias primas o commodities (1). Queda claro que esta apropiación de recursos naturales no está enfocada en satisfacer necesidades de los ecuatorianos, sino que sirve a las demandas del consumo de otros continentes y sus otras sociedades.

En Ecuador hay todo tipo de extractivismos, como los basados en hidrocaburos o bananos, pero también minería, camaroneras, etc. Todos ellos desencadenan distintos impactos ambientales, como la contaminación por los derrames petroleros amazónicos, los relaves mineros o la destrucción de manglares por las camaroneras. Se invade la selva y se pierde su biodiversidad, se desplaza a comunidades y se destruyen sus formas tradicionales de vida. Estos y otros son parte de los llamados impactos locales, que ocurren alrededor de los enclaves extractivos.

En paralelo se despliegan los llamados efectos derrame. En ellos las políticas públicas son modificadas para apoyar o promover algún emprendimiento extractivo, pero sus consecuencias se “derraman” en todos los demás sectores productivos y en todo el territorio nacional. Los derrames más conocidos son las rebajas en los controles ambientales para hacer viable algún emprendimiento, con lo cual se debilitan las exigencias ambientales pero en todo el país y en todos los sectores. O sea que esos cambios se “derraman” a otros sectores y al resto de la geografía nacional.

Otros derrames importantes son la desterritorialización por la imposición de concesiones mineras o petroleras, o el debilitamiento de las salvaguardas de los derechos.

Como los extractivismos involucran apropiaciones de enormes volúmenes de recursos y que afectan amplias zonas del país, despiertan múltiples resistencias ciudadanas. Muchas de ellas terminan en conflictos donde las comunidades locales enfrentan a petroleras o mineras, lo que lleva a que el Estado o las empresas respondan con más violencia. Allí anidan efectos derrame que hacen tolerable lo intolerable, como las violaciones de derechos, desde aquellos como los que aseguran el acceso a la información o la participación, a los que deberían brindar salvaguardas para la integridad y libertad de las personas. Se observa que los extractivismos se imponen debilitando o incumpliendo los derechos de las personas y la naturaleza.

Los extractivismos dominan las exportaciones ecuatorianas. En tiempos recientes las materias primas representan aproximadamente el 90% del valor monetario de las ventas al exterior; durante varios años han estado concentradas en los hidrocarburos, y le siguen plátanos, camarones y pescado. En la medida que las ventas de petróleo han bajado desde 2013, su proporción se redujo y aumentó la presencia de otros (como camarones), mientras que el banano se mantiene más o menos constante.

Esto representa una economía muy simplificada. Es así que Ecuador ocupa un lugar muy bajo en el ranking de complejidad económica (puesto 96 en 141 países). Comparado con los demás países sudamericanos está en la penúltima ubicación, apenas por encima de Bolivia (sitio 116) (2).

Las aproximaciones más utilizadas siguen una mirada convencional basada en indicadores monetarios. Pero una mirada más rigurosa considera cuántas toneladas de recursos se exportan, lo que es un mejor indicador de la pérdida de patrimonio. Ecuador exportaba más de 10 millones toneladas al año hacia 1990, aumentando sustancialmente desde 2004, hasta estar un poco por debajo de 30 millones toneladas en 2012. O sea que ha tenido lugar una pérdida constante del patrimonio ecológico del país, especialmente en hidrocarburos, un recurso que no es renovable (3).

Además, el balance comercial físico (las toneladas de recursos exportadas contra las importadas) deja todavía más en evidencia las graves implicancias de los extractivismos. En efecto, hay un déficit desde 1990, o sea que el país exporta muchos más recursos que los que importa. En 2012, el déficit neto superó los 12 millones toneladas. En general, por cada tonelada de bienes importados, Ecuador debe exportar dos toneladas de sus recursos naturales. Esta misma condición ocurre en los demás países latinoamericanos, ya que los déficits netos en las balanzas comerciales físicas no han dejado de crecer desde 1990.

Esta aguda dependencia en vender el patrimonio natural se repite desde la época de la colonia hasta el momento actual. Sin duda han ocurrido cambios en la canasta exportadora, ya que en el pasado de Ecuador tenía como producto estrella por ejemplo al cacao, y hoy lo es el petróleo, mientras otros permanecen como el banano. De un modo u otro, el país siempre descansa sobre los extractivismos, lo que a su vez implica que se repiten bajo diferentes ideologías políticas, desde conservadores a progresistas, desde militares a la Revolución Ciudadana. Las diferencias entre los gobiernos se basan en distintas formas de llevar a la práctica los extractivismos, pero cualquiera de ellos ha sido incapaz de promover alternativas.

La necesidad de los postextractivismos
Todo esto explica que se deben pensar y explorar alternativas a esta condición extractivista. No es posible seguir bajo los impactos de esas estrategias, ni resignarse a continuar siendo proveedores de materias primas. La Naturaleza ya no tolera más impactos, las comunidades locales están cansadas de toda esa problemática, generan conflictividad social, y brindan muchos flancos a la corrupción. Aún aquellos que carecen de una sensibilidad social y ambiental, deberían entender que en ellas no hay un futuro económico ya que buena parte se basa en recursos finitos como el petróleo o los minerales.

Bajo estas circunstancias surge el campo de los llamados postextractivismos: son exploraciones de alternativas para dejar de depender de esa apropiación masiva o intensa de los recursos naturales y de la inserción internacional subordinada que imponente. Son posturas con la particularidad de comprometerse con mandatos irrenunciables como la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza. Pero no se restringen a esas amplias metas, sino que a la vez presentan medidas que sean concretas, efectivas y replicables, tales como instrumentos económicos o reformas políticas (4). Los postextractivsmos necesitan de esas precisiones porque debe convencer a muchos que sinceramente creen que no hay alternativas a ser mineros, petroleros o bananeros.

Los postextractivismos deben ser entendidos como un conjunto de transiciones con sucesivas medidas que permiten reducir los sectores extractivos mientras que fortalecen alternativas en otros sectores y otras políticas. Esos pasos se pueden dividir en dos grandes etapas. La primera, en el corto plazo, son acciones urgentes para detener los impactos más graves de los extractivismos, especialmente los que afectan directamente a la salud de las personas o están destruyendo la biodiversidad. La segunda fase, más amplia, es una sucesión de cambios que fortalecen otras opciones productivas y económicas y refuerzan las transformaciones políticas que permiten concretarlas.

El extractivismo petrolero brinda un ejemplo de cómo encadenar esas dos fases en las transiciones postextractivistas en Ecuador. Las medidas urgentes buscan detener el avance de nuevas perforaciones en la Amazonia, ya que violan los derechos de la Naturaleza por la contaminación y pérdida de biodiversidad, y afectan a la calidad de vida y la salud de las comunidades locales, especialmente indígenas. Las excusas de afectaciones del uno por mil o slogans análogos son un mito tecnológico que en la realidad no se cumplen.

Enseguida se debe pasar a revisar la situación de los pozos que están en explotación desde hace años. Los que no pueden ser reformulados tecnológicamente para evitar derrames y otros impactos, también deben ser clausurados. Aquellos que por ajustes y por su ubicación no generen impactos podrán seguir en operación. Pero en este punto aparecen los vínculos directos con las demás medidas postextractivistas.

En efecto, los pozos petroleros que sigan operativos deben servir en primer lugar a las necesidades del consumo nacional o de los países vecinos, y no a las demandas globales. La dependencia global significa extraer grandes volúmenes de crudo en poco tiempo. En cambio, las demandas nacionales y regionales son mucho menores, lo que permite un aprovechamiento durante un período de tiempo mucho mayor. Esto sirve para pasar a otra medida encadenada que es ganar tiempo para una reconversión energética del país, desmontando poco a poco los sectores que consumen hidrocarburos para fortalecer fuentes de energía alternativas, especialmente renovables.

No puede olvidarse que bajo el actual extractivismo, Ecuador corre el riesgo de agotar en poco tiempo sus campos petroleros antes de tener suficientes fuentes de energía alterna. Enfrenta además otro problema asociado, que es vender crudo para obtener financiamiento para importar combustibles refinados. Este es un círculo vicioso que debe cortarse. Por lo tanto, lo más inteligente es usar sus propios hidrocarburos para ganar tiempo (y financiamiento) para rediseñar todo el sector energético del país.

Estos primeros pasos deben apuntar a que el país deje de ser un ejemplo de hiper-extractivismo. La representación de materias primas en sus exportaciones debería ser menor al 50% del total, y a su vez, debería estar dividida en varios productos en lugar de concentrarse en uno solo. Esta es una posición muy distinta del plan de diversificación productiva bajo Correa, ya que ellos planteaban salir de los extractivismos por medio de más extractivismos, lo que evidentemente nada tiene de alternativo.

Paralelamente, se deben fortalecer otros sectores productivos, donde las primeras prioridades están en la agricultura, ganadería y silvicultura. Estos demandan proporcionalmente más empleo, contribuyen a la autosuficiencia alimentaria, y hay varias opciones de procesos que utilicen menos materia, energía y agua. A más largo plazo se busca extraer del entorno lo que realmente se necesita para asegurar la calidad de vida.

Para alcanzar esas metas, a las medidas que se presentaron arriba se deben sumar otras. No es posible describirlas aquí en detalle, pero otros ejemplos son pertinentes. Se deben aplicar correcciones de los precios de las materias primas, para que integren los costos de los daños sociales y ambientales que generan y que actualmente son pagados por el resto de la sociedad. El aumento de los precios de venta redundará en una reducción de ingresos por exportación, pero esto a su vez se compensa parcialmente con los ahorros que hace el estado al dejar de pagar los costos en daños a la salud y el ambiente. Esas pueden ser cifras enormes, como ha dejado en claro el caso Chevron Texaco en amplias zonas de la Amazonia. También son necesarias reformas tributarias y ajustes en los gastos estatales, especialmente desmontando los subsidios que los gobiernos otorgan por vías directas o indirectas a los extractivismos.

Tampoco puede dejar de mencionarse el contexto internacional, ya que los extractivismos están encadenados a las demandas internacionales y los precios globales, como es muy claro en Ecuador. La caída de los ingresos por exportaciones petroleras, el déficit monetario en la balanza comercial entre 2009 y 2015, y factores similares explican que el gobierno Correa se volcara a los préstamos con China a cambio del petróleo. La consecuencia ha sido más subordinación, ya que el país está comprometido en exportar sus hidrocarburos a China por lo menos hasta el año 2024.

Los postextractivismos buscan romper con la subordinación a la globalización, por un lado apelando a mecanismos para regular los precios, stocks y comercio en materias primas (por ejemplo resucitando los convenios en esa materia en la UNCTAD), y por otro lado buscando complementaridades productivas con los países vecinos, especialmente en sectores manufactureros.

Ante medidas como estas no faltarán las réplicas convencionales, muy conocidas, que insisten en que, por ejemplo, no explotar petróleo es un “mal negocio” para el país. Sin embargo, Ecuador ya cuenta con estudios mas abarcadores que integran a la dimensión económica distintos aspectos sociales y ambientales (5). Estos concluyen que una economía extractivista típica, como la actual, tiene un horizonte temporal acotado y menor viabilidad económica en el mediano plazo en comparación con alternativas enmarcadas en la sustentabilidad ambiental.

Dolarización, autoritarismo y derechos de la Naturaleza
Los postextractivismos en Ecuador enfrentan varios desafíos que le son propios y no se repiten en otros países, y aquí se deben señalar al menos tres: la dolarización, el autoritarismo y el marco de derechos.

Ecuador es la única nación sudamericana que no tiene una moneda propia, y esa dolarización lo vuelve aún más dependiente de los extractivismos, con riesgos sociales y ambientales son todavía mayores. El país no cuenta con capacidades de actuar sobre la tasa de cambio de una moneda nacional para incidir en los costos de sus materias primas. A la vez, esto hace que una de las pocas vías que tiene para incidir sobre el “precio” de sus productos sea reduciendo los costos sociales (por ejemplo salarios) o ambientales (por ejemplo la remediación ambiental). Estos y otros mecanismos hacen que la dolarización por un lado refuerce los extractivismos como fuente dólares a costa de consideraciones sociales y ambientales, y por otro lado limita buscar alternativas. Es que cualquier alternativa real de cambio de ese tipo de desarrollo requiere reconstruir una moneda propia; negarse a discutirlo es condenar al país al extractivismo perpetuo (6). Por todo esto, los postextractivismos en Ecuador deben considerar vías para la desdolarización.

La insistencia por promover nuevos extractivismos, especialmente en megaminería, acentuaron un sesgo autoritario que aunque se observa en varios países, en Ecuador alcanzó mucha intensidad. De desplegaron todo tipo de medidas para limitar los debates públicos, se impidió una consulta ciudadana sobre la suerte del Yasuní-ITT, se buscó anular a las ONGs, se actuaba sobre las comunidades locales para dividirlas y allí donde la resistencia se mantuvo, se envió a fuerzas policiales o militares. El hostigamiento alcanzó ribetes extraños, como la batalla para impedir que se difundieran mapas que presentaran la ubicación de los pozos petroleros o la persecución policial a un destartalado vehículo de Yasunidos que se dirigía a un evento en cambio climático en Perú. Se cayó en una judicialización express, se criminalizó la protesta y se encarcelaron a varios líderes ciudadanos. Los extractivismos de mayor impacto, como la megaminería, necesitan de esos niveles de autoritarismo para poder imponerse contra la voluntad de las comunidades locales.

Bajo todas estas condiciones, los postextractivismos plantean tanto redemocratizar la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales, con adecuada información y consulta a las comunidades locales, como una plena vigencia de las salvaguardas que otorgan los derechos humanos.

Finalmente se debe abordar la cuestión de los derechos. Si bien en casi todos los países los extractivismos han proliferado bajo el debilitamiento o recorte de los derechos de las personas, problema que también se registra en Ecuador, hay de todos modos una particularidad clave que no se repite en ninguna nación. Es el único país donde se han reconocido los derechos de la Naturaleza o la Pachamama. Existe un mandato constitucional que obliga a preservar el entorno, una cuestión que las posiciones postextractivistas han hecho suyas (7).

Ecuador es también el único caso donde sabemos con bastante precisión la fecha y las circunstancias por las cuales los extractivismos se impusieron sobre esos derechos de la Naturaleza. Esto ocurrió en agosto de 2013, cuando el entonces presidente R. Correa anunció la suspensión de la moratoria petrolera en Yasuní-ITT y la apertura a su explotación. En ese discurso, Correa sostuvo que los derechos de la Naturaleza eran “derechos supuestos”, desvistiéndolos así de su relevancia. Para muchos esa sentencia pasó desapercibida, pero allí estaba la base conceptual que permitió la más reciente expansión petrolera en la Amazonia. Al despojarla de sus derechos, la Naturaleza quedó prisionera dentro de los extractivismos correístas.

Se llega así a una medida esencial para los postextractivismos, simple pero a la vez radical: indultar a la Naturaleza es liberarla de la prisión extractivista, es reimplantar la plena vigencia de los derechos de la Naturaleza y de las personas. Así como se están indultando a los líderes sociales que han sido encarcelados por resistirse a los extractivismos, lo mismo habría que hacer con la Naturaleza restituyéndose la plena vigencia de los derechos de la Pachamama que están en la constitución de Montecristi.

Desde la mira de los postextractivismos esto implica reconocer los límites ecológicos a la apropiación de recursos naturales. Esto no significa postular una Naturaleza intocable, sino que los ritmos e intensidades de su aprovechamiento deben estar dentro de las capacidades de cada ambiente en renovarse, reproducirse y lidiar con los efectos de los usos humanos. Esto permite dejar en claro que postextractivismo no es por ejemplo prohibir la minería, la agricultura, o extremos semejantes como muchas veces indebidamente se acusa.

Esos límites ecológicos son diferentes en cada tipo de ambiente; por ejemplo, en la Amazonia no deberían iniciarse nuevas perforaciones petroleras pero se pueden promover cosechas sostenibles de productos forestales. De esta manera se puede ver que los postextractivismos no son deterministas, sino que se ajustan a las capacidades ecológicas de cada sitio y a distintos usos humanos.

Los postextractivismos son una búsqueda
La búsqueda de alternativas a los postextractivismos tiene muchos antecedentes en Ecuador, y de hecho podría decirse que fue en uno de los primeros países donde se manifestó. Por ejemplo, hace 17 años atrás se propuso transitar a un Ecuador postpetrolero, un propósito que en aquellos tiempos por cierto sonaba como radical y recibía muchos menos apoyos que en la actualidad. En aquel tiempo se esgrimieron tres razones para abandonar el extractivismo petrolero: La primera es que los hidrocarburos son un recurso finito; la segunda es que se lo exporta a precios baratos y cuánto más se extrae más se contribuye a deprimir precios; la tercera, y seguramente la más relevante, son los impactos ambientales locales y globales de esa actividad. Todos ellos son argumentos postextractivistas, vigentes al día de hoy, y responden a la pluma del economista catalán Joan Martínez Alier en su prólogo al libro “El Ecuador post petrolero”. En esa obra distintos autores del país ofrecen todo tipo de argumentos por alternativas a esos extractivismos (8).

No faltan intuiciones, ni ideas ni conceptos para promover los posextractivismos en Ecuador. Tampoco faltan ejemplos concretos. La propuesta de una moratoria petrolera en el Yasuní-ITT fue durante algunos años un ejemplo a nivel mundial de la posibilidad de una salida a los extractivismos petroleros (9).

Las nuevas circunstancias políticas permiten insistir con esta perspectiva. El desmontaje de los extractivismos no es una tarea sencilla, dada sus condicionalidades económicas pero también el profundo apego cultural de muchos sectores que creen que debe explotarse hasta el último recurso natural. Salir de los extractivismos del progresismo correista tampoco significa caer en un extractivismo con otro sentido político, enmarcado en una perspectiva conservadora que dejaría todo en manos del mercado y de las corporaciones. Es importante tener cuidado con esos “rebotes”, como por momentos ocurre en Argentina bajo el empuje extractivista, ahora de signo conservador, que impone la administración Macri.

Es por ello que los posextractivismos son de alguna manera un cambio de actitud, rompiendo con el fatalismo de seguir siendo exportadores de materias primas, y atreverse a pensar y ensayar otras opciones. Apuestan a redemocratizar estos debates, y en ellos es clave poder avanzar en regulaciones y controles ciudadanos tanto sobre el mercado como sobre el Estado.

Referencias
1. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com
2. En el Economic Complexity Ranking 2015, Ecuador tiene un indicador negativo (- 0.61). El puesto 1 lo ocupa Japón (2.30); en el último sitio se encuentra Guinea-Bissau (- 2.10). Observatory Economic Complexity, MIT, http://atlas.media.mit.edu/en/
3. Commercial and biophysical déficits in South America, 1990-2013, P. Samaniego y colaboradores, en Ecological Economics, 2017.
4. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org
5. Yasuní desde una perspectiva multicriterial. M. C. Vallejo y colaboradores. Programa Conjunto Conservación Yasuní y PNUD, Quito, 2011.
6. Un ejemplo de argumentos contra la desdolarización ante el nuevo gobierno de Moreno es Walter Spurrier B., ¿Desdolarizar? Ni pensarlo, El Universo, 8 enero 2017.
7. Derechos de la Naturaleza. Etica biocéntrica y políticas ambientales, Eduardo Gudynas, AbyaYala, Quito, 2016.
8. El Ecuador post petrolero, varios autores, Acción Ecológica, Quito, 2000.
9. Es de la mayor justicia tener presente los innumerables aportes de Alberto Acosta en estos temas, desde su apoyo a la moratoria petrolera a las alertas sobre los impactos de los extractivismos. Por ejemplo, Las tribulaciones de la iniciativa Yasuní-ITT, Letras Verdes, FLACSO, No 5, 2010; La maldición de la abundancia, AbyaYala, Quito, 2009.

Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Este artículo es parte de una serie de textos sobre postextractivismos en distintos países sudamericanos.


Lenguas indígenas: saldos del etnocidio

Magdalena Gómez

Ya es lugar común hablar de lenguas indígenas que corren el peligro de desaparecer y, por ende, de la necesidad de conservarlas, promoverlas y revitalizarlas, como señalan diversos espacios institucionales, tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, es innegable la importancia de la lengua indígena como factor central en la cultura e identidad de los pueblos. Sin embargo, es necesario considerar que no podemos hacer abstracción de la lengua respecto de la situación histórica de los pueblos indígenas en relación con el Estado y la sociedad mayoritaria. La cuestión es que desde el Estado mexicano tardíamente se prestó relativa atención a la necesidad de considerar el factor lingüístico en la educación.

Durante más de cinco décadas se ha transitado por las llamadas educación bilingüe, luego educación bilingüe bicultural y, recientemente, educación bilingüe intercultural. En la práctica, se adoptó un paradigma que entraña abordar las lenguas indígenas sin hacerlo con el sujeto histórico portador de las mismas, esto es, los pueblos indígenas.

Este enfoque llevó al absurdo de que, por ejemplo, el Inegi hasta muy recientemente mantuvo el criterio de que hablantes de lenguas indígenas es sinónimo censal de la existencia de indígenas. Por fortuna, dentro de los claroscuros del reconocimiento de derechos se ha incluido el de autorreivindicación, que permite deslindar a la identidad y presencia de los pueblos indígenas independientemente del grado en que se practique la lengua originaria.
Para ubicar el telón de fondo, encontramos que Rodolfo Stavenhagen (+) presentó un informe temático sobre educación, en 2005, en su carácter de relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. En el mismo señaló que, a escala internacional, los sistemas de educación formal que ha impartido históricamente el Estado o las corporaciones religiosas o privadas han sido arma de dos filos para los pueblos indígenas.

Por una parte, han significado con frecuencia la posibilidad para los niños y las niñas, así como para los jóvenes indígenas, de adquirir conocimientos y capacidades que les permiten progresar en la vida y de relacionarse con el mundo más amplio.

Por otra parte, la educación formal, sobre todo cuando sus programas, currícula y métodos provienen de sociedades distintas y ajenas a las culturas indígenas, ha sido también un mecanismo para la transformación impuesta y a veces la destrucción de las culturas indígenas. Agregó que la principal forma de discriminación en materia de educación ha sido la tendencia de usar la escuela como instrumento privilegiado para promover la asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural de la mayoría o de la sociedad dominante.

Ya desde entonces insistió en que un serio problema es la falta de maestros indígenas bilingües bien capacitados. Pocos son los países, señaló, que han dado a la capacitación de maestros indígenas bilingües la prioridad que merece. En efecto, basta considerar la realidad en nuestro país, ya que los maestros indígenas han sido asignados a regiones y escuelas donde se habla una lengua distinta a la suya. La cuestión es que la política de Estado para desaparecer a los pueblos indígenas topó con su resistencia, la cual, obviamente, ha tenido costos.

Uno de ellos está ligado a la hegemonía e imposición del español. No pocas veces encontramos testimonios en comunidades donde los padres de familia se niegan a que se imparta educación en lengua indígena, pues ellos han sufrido discriminación grave por no hablar español. Sin embargo, encontramos, en abierto contraste, que las comunidades que mantienen sus formas de organización y practican la autonomía de hecho, utilizan la lengua indígena a su interior de manera regular. O bien algunas que ya han perdido su uso, están intentado recuperarla. Hay esfuerzos encomiables desde diversos espacios en este sentido.

El panorama es más complejo que lo que ofrece el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, al incluir como asignaturas en educación básica las de lengua materna, lengua indígena y segunda lengua.

Lengua indígena. Pese a que se indica el respeto a la diversidad e incluso se reproduce textualmente parte del artículo segundo constitucional, se ratifica el reduccionismo de la lengua como el universo total en la identidad de un pueblo, omitiendo que aun sin lengua originaria un pueblo subsiste con base en otros elementos culturales, como el territorio y su autonomía como forma de gobierno, cosmovisión, saberes.


El llamado rescate de las lenguas indígenas tiene sentido si se coloca como prioridad la participación en ello de los pueblos y sus comunidades. La ONU ha declarado 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas con la finalidad de llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas. Ello sucede en contextos de despojo territorial. No lo olvidemos.

América Latina y su «​oro blanco»​ ¿Qué hacer con el litio?

www.nuso.org / Julio 2017

En el triángulo compuesto por el Salar de Hombre Muerto (Argentina), Atacama (Chile) y Uyuni (Bolivia) se encuentra el 80% de las reservas de litio en salares del mundo. Se trata del elemento químico medular para las baterías que utilizan los dispositivos electrónicos (tablets, netbooks, celulares), múltiples transportes, y en el que se almacena y estabiliza la energía renovable que reemplaza a la producida por combustión fósil. Si el litio fue calificado como el «oro blanco» del siglo XXI es porque las células de energía están en el centro de la transición energética que, de no mediar un colapso ambiental, podrá sentar las bases de una sociedad posfósil radicalmente nueva. Emerge, entonces, una pregunta evidente: ¿qué estrategias de desarrollo despliegan los Estados nacionales que poseen las reservas de litio en nuestra región?

En los tempranos años 50, el litio ya era identificado como un componente necesario para la energía nuclear –de hecho, lo es para la futura fisión nuclear–, de ahí que la dictadura de Augusto Pinochet lo haya declarado recurso estratégico. Desde entonces, bajo un acuerdo con el Estado, solo dos corporaciones –Rockwood y SQM– exportan litio y convierten a Chile en el principal productor mundial.

En los últimos años, la vinculación de estas firmas con capitales financieros, pero principalmente su participación en una trama de corrupción que financiaba ilegalmente a los partidos políticos, llevaron a cuestionar el papel de las empresas y pusieron el litio en el centro de los «problemas nacionales». Estas circunstancias detonaron que el gobierno de Michelle Bachelet formara una Comisión Nacional del Litio, que en 2015 recomendó mantener el carácter estratégico del recurso –que limita la posibilidad de concesiones para la explotación– pero estimuló la conformación de firmas público-privadas.

Las mismas empresas extractivas financian emprendimientos de investigación, pero muy ligados a la comercialización de baterías antes que a un proyecto serio de agregación de valor, para así lavar su imagen y participar en potenciales negocios. Como es tradicional en Chile, la estrategia estatal es muy favorable a estimular y dejar en manos del mercado el conjunto de las iniciativas. El último de los anuncios es la radicación de una megaempresa china que produciría células de energía en el país.

Argentina es el tercer exportador mundial de litio. La firma FMC lo explota desde fines de los años 90 y Orocobre, en Jujuy, desde 2014, pero lo cierto es que casi todos los salares tienen tenencias en manos de empresas privadas y transnacionales. El elogio deliberado de la actual gestión macrista a la «inversión extranjera» y la «libertad de mercado», sumado a la quita de retenciones a la ya favorecida actividad minera, convierte a Argentina en un lugar ideal para las corporaciones globales ávidas de asegurarse la provisión de litio que consolide sus planes de negocios a futuro.

En concreto, hay más de 30 proyectos en marcha de los más variados países que se acercaron en masa a apostar por la extracción. En el área de la agregación de valor, existe un entorno económico y científico lo suficientemente robusto como para apostar por la producción de baterías. De hecho, el anterior gobierno kirchnerista hizo un intento por fabricarlas, pero no llegó a buen puerto debido a que no lo sostuvo en el tiempo. Hoy por hoy, los nuevos vientos de la coalición Cambiemos no despiertan la más mínima expectativa: no existe interés estratégico del Estado por el área tecnológico-industrial-litífera y la apertura del mercado lo termina de sepultar.
El Estado Plurinacional de Bolivia, gracias al impulso de la federación sindical potosina –en el departamento de Potosí se encuentra el salar de Uyuni–, creó en 2007 un proyecto para mantener bajo su mando el tránsito que va «del salar a la batería». Desde entonces, el Poder Ejecutivo paceño ha respaldado el proyecto y le destinó cuantiosos fondos. En el área extractiva, a causa de la peculiar composición química del salar más grande del mundo, surgió el obstáculo de que la técnica de extracción elegida en un comienzo –el «encalado» que se utiliza en Chile– producía cuantiosos desechos, desaprovechaba comercialmente el magnesio y retrasaba el comienzo de la producción. A fines de 2014 se puso en marcha una nueva técnica –la línea de los «sulfatos»–, que utiliza cal al final del proceso, y sobre su base se está completando la amplísima obra de infraestructura productiva de Uyuni.

Actualmente, la estrategia del gobierno plurinacional consiste en exportar primero el potasio del salar –para lo cual está construyendo una planta industrial a cargo de una empresa china–, para así comenzar finalmente la producción, contar con recursos frescos y encarar la extracción de carbonato de litio. Bolivia es, a su vez, el país que ha apostado más fuertemente dentro de la región a escalar en la cadena de valor.

Hoy por hoy, una empresa francesa construye para Bolivia una planta de materiales catódicos (los elementos químicos procesados que conforman la batería) y existe una planta de ensamblado de baterías –no de producción– en la comunidad de Palca. El gobierno plurinacional ha identificado de manera certera que los acumuladores pueden colocarse en el mercado local de generación de energía solar, y no es una casualidad que el «evismo» haya creado un Ministerio de Energía a principios de 2017 y designado como viceministro de Altas Tecnologías a quien fuese hasta ahora el artífice del proyecto del litio, Alberto Echazú. Pese a lo elogiable de esta estrategia 100% estatal, el país se topa con una serie de inconvenientes de peso a la hora de consolidar su industria litífera: no cuenta con un mercado lo suficientemente sólido para las baterías ni con el know how de la comercialización y producción; pese a que intenta crecer en capacidad técnica, su conocimiento sobre la cadena de valor es aún escaso.

Es un error pensar que el litio es el «petróleo del siglo XXI», dado que alimenta el imaginario de que el puro carbonato abre un futuro de riqueza. De hecho, ni siquiera es una minería muy rentable en comparación con otras, incluso si se consolida el mercado del carbonato del litio y la demanda aumenta exponencialmente.

Las corporaciones del ámbito energético saben que el verdadero valor se halla en el conocimiento científico y económico que permite contar con las baterías, para lo cual el litio es un insumo básico, pero no el único, y no está solo presente en Sudamérica. En este sentido, sería ideal desplegar una «geopolítica del litio» que en el ámbito nacional apuntale los entramados industriales, que –en términos del triángulo del litio– genere políticas que articulen a los países productores del carbonato de litio –iniciativa que está muy lejos de concretarse, tan solo contando los históricos diferendos entre Bolivia y Chile–- y que proyecte a Sudamérica como horizonte estratégico de acción, ya sea como mercado, fuente de innovación o respaldo estatal, y más aun teniendo en cuenta el papel medular que podría jugar Brasil.

La tecnología del litio naciente brinda una nueva oportunidad para evitar el triste y conocido papel regional de abastecer de materias primas a los países centrales y comprar productos terminados, esto es, caer en una neodependencia. No hay que olvidar que vivimos en un mundo signado por el cambio ambiental global y por el agotamiento de los combustibles fósiles, lo cual obliga a que, tarde o temprano, se sienten las bases de una generación energética autónoma y descentralizada.

Una mención final merece el papel jugado por las comunidades originarias locales. Estas antiguas comunidades tienen un rol nulo en Argentina, muy secundario en Chile e importante en Bolivia, pero aun en este último caso resta ver el que tendrán cuando comience la explotación. El ecosistema altiplánico, además, puede colapsar debido al consumo de agua dulce que requiere la extracción. En los tres países se trata de un problema de amplias dimensiones, y sería una paradoja aportar a la transición energética global generando un páramo ambiental local.


La resistencia de una representante mapuche en Ginebra

www.alainet.org / 180717
           
La representante del pueblo mapuche ante las Naciones Unidas, Flor Calfunao Paillalef, premio de Derechos Humanos de la Ciudad de Ginebra 2008, vive horas extremadamente difíciles. Su demanda de asilo político ha sido rechazada y, por ende, la situación migratoria en Suiza aparece fragilizada. Este martes 18 de julio de 2017 le retiraron su permiso provisorio de residencia. Las autoridades competentes no brindan explicaciones públicas sobre el caso.

Su entrega hacia la causa mapuche fue reconocida por Ginebra en 2008 con el Premio oficial “Mujer Exiliada, Mujer comprometida”. Entre la “gloria” de entonces y su inseguridad actual, se interpone un trámite migratorio que pende como la espada de Damocles.

La historia de resistencia de esta mujer mapuche arranca desde su cuna. Su relación con Suiza data de casi veinte años, cuando se estableció en Ginebra. Miembro de una familia perseguida y agredida, parte de una comunidad históricamente amenazada del sur de Chile, Flor Calfunao Paillalef es la Apo-Werken  (embajadora) del pueblo mapuche ante las Naciones Unidas.

Asilo político denegado

Según informaciones publicadas por diversos cotidianos nacionales a fines de junio, la solicitud de asilo político presentada por Calfunao Paillalef ante las autoridades suizas en 2008 fue rechazada. Después de casi 9 años, una amenaza de expulsión pesa sobre ella. Pospuesta, por el momento, por un recurso jurídico a la espera de una decisión definitiva, aunque el martes 22 de julio le retiraron ya su permiso provisorio de residencia.

Ante la demanda de información a la Secretaria de Estado para la Migración sobre las causas de ese rechazo y la posibilidad o no de una expulsión, la respuesta es lacónica: “por razones de protección de la privacidad la Secretaría no da informaciones sobre casos individuales”.

Comunidad mapuche reprimida

 “La realidad cotidiana de mi familia y mi comunidad en el sur de Chile, es cada día más grave”, subraya Flor Calfunao Paillalef en entrevista exclusiva. Lejos de mejorar, con el tiempo se va empeorando, insiste.
La criminalización de la lucha por la tierra ancestral, la denigración cultural, la persecución, la represión con alevosía, son las constantes cotidianas, afirma Calfunao Paillalef. Quien no demora un instante en dar ejemplos que fundan sus afirmaciones.

Uno de ellos, que tuvo repercusión internacional, fue la agresión a fines de enero de este año de fuerzas de seguridad a su comunidad y en la cual resultó seriamente herido su sobrino Waikilaf Cadin Calfunao, hijo de su hermana Juana, “Lonko” (autoridad tradicional) de la Comunidad Juan Paillalef, ubicada en la Comuna de Cunco, Araucania.

Tal como lo constataron diversos medios helvéticos, el joven que fue atendido por especialistas en Suiza algunos días más tarde de la agresión, tenía decenas de perdigones incrustados en articulaciones en diversas partes del cuerpo, en especial en su pierna izquierda.
 “Denunciamos el caso de mi sobrino en la última reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en abril pasado. Constituye un ejemplo emblemático porque a pesar de su juventud ha tenido ya 90 causas judiciales en su contra y 60 detenciones arbitrarias, muchas de ellas con maltrato y tortura comprobadas”, subraya  la representante mapuche. Quien recuerda que la casa de su familia fue destruida en tres ocasiones por desconocidos y ha sufrido contantes allanamientos policiales.

 “Esa represión aumenta cada día”, enfatiza.  E insiste en que el suyo es un pueblo históricamente reprimido y hoy criminalizado. Expuesto desde siempre a una política sistemática de exterminio. “La que se manifiesta a diario en el comportamiento agresivo de médicos, policías, gendarmes, todos de origen colono que nos miran con desprecio”.  A pesar de “nuestra resistencia ancestral y actual, pagamos un precio muy caro por nuestra falta de visibilidad mapuche”, señala.

Y de ahí la importancia de su presencia al frente de la Misión Mapuche ante las Naciones Unidas. “Fui designada por un Consejo de Lonkos en septiembre de 2011 como Apo-Werken (embajadora) del pueblo mapuche en las instancias de la ONU en Ginebra”, lo que abre una ventana de información y denuncia internacionales en coordinación con otros mapuches, sobre la cruda realidad que vive mi pueblo, enfatiza Flor Calfunao Paillalef.

Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La situación de inseguridad de la familia Calfunao ha traspasado las fronteras chilenas y constituye un caso asentado en la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En octubre del 2015 el organismo internacional solicitó “medidas cautelares”, es decir de protección, para Juana Calfunao y su familia. En su fundamentación, el organismo interamericano se remonta a hechos acaecidos ya en el año 2000, cuando “agentes de seguridad pública golpearon a Juana Calfunao, a pesar que se encontraba embarazada, lo que provocó la pérdida de su bebé”. Las violaciones de derechos humanos han continuado hasta la actualidad, según lo constata el organismo.

Sin respuesta de parte del Estado chileno, la CIDH amplió en febrero del 2016 dichas medidas cautelares a través de la Resolución 33/2016 a otros miembros de la familia de la lideresa mapuche, expuesta en primera línea por su lucha por el territorio ancestral de su pueblo. El organismo reconoce también la situación de “gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad se encontrarían en peligro”, según lo expresa en un documento de seis páginas firmado por Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta.

Es importante recordar, subraya Flor Calfunao, que en dicha resolución la CIDH enfatiza que “los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras “…y de liberarse de aquellos que intenten ocupar sus territorios.

“No pueden privar al pueblo mapuche de tener una voz en la ONU”

“No tengo miedo…, quiero seguir luchando junto a mi pueblo. Así como en marzo de 1923, el gobierno suizo permitió que el Jefe Iroqués Cayuga Deskaheh, en un acto público, se digiera al pueblo de Ginebra, después de que la Sociedad de Naciones se negara a escucharlo, hoy Suiza nuevamente debería reafirmar su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas con medidas concretas y no coartando la libertad de expresión del pueblo mapuche en las Naciones Unidas”, subraya.

Su inseguridad migratoria actual, si bien la preocupa, no la atemoriza. “Me preocupa que en caso que Suiza decida expulsarme le esté haciendo un gran daño a todo mi pueblo”, enfatiza Flor Calfunao.

Y el argumentario fluye de inmediato. “Una decisión de este tipo le privaría a la nación mapuche de un palco de denuncia y de visibilidad internacional, al negarnos su representación ante las Naciones Unidas”.

Riesgo que ha provocado la movilización de numerosas organizaciones internacionales apoyo a los pueblos autóctonos, quienes han lanzado una petición en línea (ver al pie de la nota). La misma, que a inicios de julio contabilizaba casi mil firmas, solicita a las autoridades helvéticas que concedan el asilo a la representante mapuche. “Constato un notable apoyo internacional e incluso representantes de tres Estados han suscrito una carta en el mismo sentido”, subraya.

Es paradójico, señala Calfunao Paillalef, “que Ginebra me galardonara en el 2008 con el premio de los derechos humanos, sin preguntarme entonces si estaba legal o no en Suiza”. Y que ahora, “las autoridades migratorias amenacen con expulsarme”.

Una paradoja de complejo código de interpretación. O tal vez, sin ninguna clave de racionalidad. Lo que es cierto, como lo afirma a nivel de conclusión la representante mapuche en la ONU, “que, si me expulsan a Chile, corro riesgos en cuanto a mi vida, mi seguridad y mis derechos. Toda mi familia y mi pueblo son sistemáticamente maltratados. Y la comunidad internacional tiene sobradas pruebas de esta realidad”.

Petición a favor de la no expulsión de Suiza de Flor Calfunao Paillalef:


Siete miradas sobre ‘lo evangélico’ en Brasil

Vida nueva / 13/07/2017

En el marco del 30º Congreso Internacional de la SOTER, en Belo Horizonte (11 al 13 de julio), la intervención de la antropóloga social Regina Novaes, investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro en el área de juventud, religión y política, y consultora de políticas públicas de juventud de la UNESCO, generó un amplio debate en torno a ‘lo evangélico’ como ‘herederos’ de la Reforma en Brasil.

“Sin duda, son muchas las controversias sobre la presencia de ‘herederos de la Reforma’ en Brasil”, ha dicho la investigadora. “En el escenario actual, desde mi punto de vista, se trata de identificar aspectos comunes entre los llamados ‘evangélicos’ y, al mismo tiempo, reflexionar sobre sus significativas diferenciaciones internas”.

A la luz de su conferencia, titulada ‘Herederos de la Reforma: diversidad, pertenencias y repercusiones’, se destacan siete miradas sobre el fenómeno evangélico en Brasil.

1. Tendencia a generalizar

Se constata la tendencia a generalizar cuando se hace referencia a ‘los evangélicos’. Esta postura, también tiene que ver con los preconceptos que existen. Es necesario “relativizar diagnósticos conclusivos sobre los evangélicos en general”. En lugar de hablar ‘de los’ evangélicos, “sería mejor hablar ‘de’ evangélicos y, a partir de tal delimitación, relacionar sus comportamientos con algunas características del Brasil actual”.

2. “Somos más que ovejas”

“Existen varias maneras de ‘estar’ en la iglesia, que se suman a las diferentes experiencias de vida de los fieles”. El 29 de septiembre de 2016, Ana Paula Lisboa publicó en de O Globo un artículo titulado ‘Somos más que ovejas’, donde afirma que “buena parte de la izquierda considera que los creyentes son burros, cerrados y alienados”.

Lisboa distingue entre “creyente activo que se compromete en las programaciones de la iglesia”, “creyente de banco que entra y sale desapercibido”, y “creyente Raimundo, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo”. Con todo, “la segmentación continúa siendo una característica del mundo evangélico”.

3. Presencia en las periferias

No es casual que diversas denominaciones evangélicas estén presentes en prisiones, favelas y otras periferias donde se registra la ausencia de la Iglesia católica y una precaria intervención del Estado. “En espacios marcados por la fragmentación y la violencia, las iglesias evangélicas ofrecen recursos materiales y simbólicos para dar sentido a la vida y para enfrentar situaciones difíciles. Allí circulan recursos rituales y múltiples argumentos para enfrentar los sufrimientos relacionados con desempleo, enfermedades, alcoholismo, drogas, violencia doméstica, etc.”.

4. Crecimiento pentecostal

En Brasil, el crecimiento pentecostal ha eclipsado el catolicismo hegemónico. Los resultados de los últimos censos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que “los evangélicos, apalancados por el crecimiento de las denominaciones pentecostales”, han pasado del 6,6% en 1980 al 22,2% en 2010. Por el contrario, “el catolicismo ha mantenido una línea decreciente”: del 89% en 1980 al 64,6% en 2010.

5. ¿Productores de conservadurismo?

Por lo general, cuando se afirma que las iglesias evangélicas ‘producen’ conservadurismo, se hace referencia a la intolerancia religiosa, a la discriminación de las llamadas ‘minorías’ y a la negación de sus derechos. En realidad, “no se trata de ‘producir’ conservadurismo, sino de exacerbar creencias y valores preexistentes en el tejido social”, a fin de retroalimentar preconceptos y sectarismos.

Si bien es cierto que “son frecuentes las repercusiones de las declaraciones de ciertos conocidos evangélicos que niegan el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los grupos LGBT, los negros, las poblaciones indígenas, y se contraponen a iniciativas que proponen desarmes y tratamientos de salud para usuarios de drogas consideradas ilícitas”, por otra parte, algunas de las nuevas denominaciones cuestionan estas prácticas conservadoras. Por ejemplo, “las ‘iglesias evangélicas inclusivas’ vinculan la pertenencia religiosa al compromiso en las luchas por el reconocimiento de la población LGTB”.

6. Visibilidad en el campo político

“En las últimas décadas, ‘los evangélicos’ se tornaron personajes obligatorios en las conversaciones sobre la política brasileña. Disputan todas las elecciones y están en diferentes partidos”. Al tiempo que se reconoce su escalada en la política, con frecuencia son vistos como “la más perfecta metáfora del mal que ronda la democracia brasileña”, por diversos motivos: “Bien sea por defender intereses de sus iglesias, por fomentar la intolerancia religiosa, o por cuestionar derechos y estimular discriminaciones”. Las ‘bancadas evangélicas’ “se articulan en torno a intereses religiosos y contrapartidas políticas”.

7. Comunicación y poder

El crecimiento de parlamentarios que se presentan como evangélicos evidencia el poder de los medios de comunicación. “El sistema beneficia a los pastores-comunicadores”. En efecto, los más conocidos son aquellos que tienen un mayor acceso a los medios de comunicación.

“También las radios y televisiones ‘evangélicas’ se mueven dentro de la lógica perversa en el área de la comunicación en Brasil. La Record, que pertenece a la Iglesia Universal del Reino de Dios, es hoy la segunda televisión del país. Sin embargo, también ‘alquila’ horarios en otros canales. Esta práctica es seguida por otras iglesias evangélicas que, en concesiones públicas, practican alquileres sin autorización, haciendo subconcesiones públicas y negociaciones publicitarias”.