Por: Jorge L. Prosperi R.
www.laestrella.com.pa
/ 27-04-2020
La Rectoría del Ministerio de Salud constituye
la capacidad del Estado para tomar responsabilidad por la salud y el bienestar
de la población, al igual que para conducir el sistema de salud en su
totalidad. Esta capacidad del Minsa es fundamental para ejercer la llamada
gobernanza del sector salud. Adquiere especial relevancia en momentos como el
actual y requerirá del máximo respaldo por parte del Ejecutivo.
La función rectora implica tres dimensiones
indelegables: la primera es la dimensión de Conducción, la cual comprende la
capacidad de orientar a las instituciones del sector público y privado y
movilizar instituciones y grupos sociales en apoyo de la Política Nacional de
Salud. En este momento de crisis, el liderazgo del Minsa es evidente todos los
días en la planificación del quehacer de las instituciones para coordinar la
respuesta intersectorial para hacerle frente a la pandemia en el país, y en las
“ruedas de prensa” dirigidas por la ministra de Salud, con la presencia del
director de la CSS y otros ministros. La prueba de fuego vendrá cuando
superemos la pandemia y salgamos de la cuarentena. Habrá que mantener el
esfuerzo y el respaldo del Ejecutivo para mantener la coordinación
intersectorial que necesitamos.
No menos importantes son las llamadas Funciones
Esenciales de Salud Pública. No es el momento para analizar el desempeño de
esta capacidad, pero será obligatorio a medida que vayamos superando esta
crisis. Las instituciones del sector deben aprovechar la oportunidad para
buscar en conjunto el fortalecimiento de las competencias necesarias. Incluyen
entre otras: el ejercicio de la vigilancia de la salud pública, el control de
riesgos y daños en salud pública, la promoción de la salud, la participación de
los ciudadanos en la salud, la garantía y mejoramiento de la calidad de los
servicios de salud individuales y colectivos.
Finalmente, la Rectoría tiene la dimensión de Regulación
y Fiscalización. La he dejado para el final porque la considero la más
importante en estos tiempos de crisis. La función reguladora tiene como
propósito diseñar el marco normativo que protege y promueve la salud de la
población, así como garantizar su cumplimiento. La regulación y la vigilancia
de su aplicación son necesarias para garantizar el papel estatal de ordenar los
factores de producción y distribución de los recursos, bienes, servicios y
oportunidades de salud en función de principios de solidaridad y equidad. Si
dicha garantía no se ejerce, las leyes y normativas pierden efectividad, ya que
su función se reduce a ser declarativa.
A pesar de ello, existen tendencias a
restringirla en función de los intereses del mercado, lo cual cobra especial
relevancia en momentos en los que la demanda de insumos y equipos
médico-quirúrgicos crea oportunidades para hacer negocios con los recursos del
Estado. Por otro lado, no me sorprendería la resistencia de empresas y negocios
para cumplir con las medidas de distanciamiento social y bioseguridad, a medida
que vayamos levantando la cuarentena, y quieran volver a la situación previa a
la pandemia. El Minsa necesitará del efectivo respaldo del Ejecutivo, así como
de la población, para hacer cumplir estas normativas.
La existencia de individuos y empresas que se
resisten a cumplir con el marco normativo que protege y promueve la salud de la
población, ha sido identificada por Transparencia Internacional (TI) en América
Latina, al advertir que la corrupción puede aumentar en la región a partir de
las compras y contrataciones que realizan los Gobiernos para afrontar la
pandemia, y reclamó máxima publicidad de la información sobre esas
transacciones y activar las agencias nacionales antimonopolio para evitar
colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación
de los precios.
Consciente de esta posibilidad, nuestro primer
mandatario ha reiterado que no permitirá irregularidades en las compras
públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19. Por su parte, la población
panameña ha estado pendiente, ejerciendo a través de las redes sociales, medios
y foros, su derecho de controlar la gestión de los funcionarios, denunciando el
posible uso de la pandemia para abusar de los ya de por sí limitados recursos
públicos. Le toca al Minsa aprovechar el respaldo institucional y ciudadano
para continuar ejerciendo con optimismo y confianza su función de fiscalización
y control.
