Olmedo Beluche
24-04-2020
A la memoria del profesor Marco
Gandásegui
Las epidemias siempre han existido y seguirán
existiendo por dos motivos básicos: vivimos en la naturaleza y somos parte de
ella, junto con las bacterias y los virus, por un lado; por otro, porque somos
seres sociales, convivimos e interactuamos en colectividad, y esa es la
principal característica que ha hecho fuertes a los humanos por encima de otras
especies, pero, a su vez, es de donde se aprovechan virus y bacterias para
transformarse en epidemias y, gracias a la globalización, en pandemias.
Frente a las epidemias son las ciencias, en
particular las ciencias médicas, las que nos han dado y nos seguirán dando las
armas para combatirlas y sobrevivir como especie. Lo que la medicina no puede
resolver es cómo se reparte la carga social que ha significado la pandemia en
el sentido económico. Eso pertenece al campo de la política y, por ende, lo
deciden quienes tienen el poder, es decir, la clase económicamente dominante, y
quienes desde abajo se les oponen y resisten defendiendo sus derechos, luchando
por un mundo distinto. En esto consiste la lucha de clases.
Panamá:
un gobierno al servicio de la burguesía
En Panamá eso se ha visto plenamente confirmado
con el manejo que ha hecho el gobierno Cortizo-PRD de la epidemia del COVID-19.
Nunca en la historia fue tan evidente para la absoluta mayoría de las personas
en este país que el gobierno defiende primordialmente los intereses de la clase
dominante, así sea a costa de la vida de las clases populares. Primero el
mercado y el capital que la vida y la salud.
El capital financiero, es decir, los bancos,
mejor dicho, los banqueros han sido los niños mimados del gobierno: se les
permitió utilizar más de mil millones de las reservas que debían estar como
garantía de los ahorros depositados; se les ha permitido, como a todos los
empresarios, postergar el pago de impuestos y la cuota patronal del seguro
social; les han dejado que en medio de la crisis ellos decidan la relación con
sus clientes respecto a deudas e hipotecas. Y eso que los bancos, en 2019,
reportaron utilidades por B/. 1,800 millones de dólares.
Pero también están contentos los especuladores
financieros internacionales, pues es el gobierno que de manera más rápida ha
endeudado al país: 2,000 millones en bonos a mitad de 2019; otros 2,500
millones en bonos en marzo-abril de 2020; 300 millones con el BID; 500 millones
con una agencia del Banco Mundial; 500 millones con el FMI.
Sumados estos números a la deuda acumulada por
los gobiernos anteriores, ya se supera ampliamente los B/ 30 mil millones de
deuda pública, más del 50% del PIB. Si se tiene en cuenta que esta deuda habrá
que pagarla en un futuro mediato contra el gasto social, tal y como sucede en
otros países del mundo, es para perder el sueño. Solo este año 2020, el
gobierno había presupuestado el pago por servicio de la deuda por más de 3,700
millones de balboas.
La otra gran beneficiaria del gobierno ha sido
Minera Panamá, la cual siguió saqueando nuestros recursos sin control del
estado, incluso cuando ya se había impuesto la cuarentena a todo el país. Y
siguieron exprimiendo plusvalía a los trabajadores hasta que empezaron a morir
por contagio del COVID. Solo ahí, y ante los reclamos de los sindicatos y la
ciudadanía, el gobierno impuso a la minera que parara.
Mientras la clase trabajadora y los
desempleados de Colón no han visto al presidente Laurentino Cortizo firmar la
ley de moratoria del pago de hipotecas y alquileres, el proyecto de Ley 287,
aprobado por la Asamblea Nacional, en cambio, sí ordenó que los comerciantes
que alquilan depósitos y hangares en la Zona Libre de Colón tengan una
moratoria en sus alquileres. Esta debe ser la Ley del Embudo que decían las
abuelas.
Para las
clases populares solo hay miseria y represión
Tampoco ha querido firmar el presidente el
Proyecto de Ley 295 que establece una moratoria en el pago de servicios
públicos, lo cual aliviaría la presión sobre las decenas de miles de asalariados
que acaban de perder sus empleos por la crisis, la de otros miles de micro,
pequeños y medianos empresarios que se han visto obligados a cerrar, así como
más de medio millón de cuentapropistas que viven del día a día.
Con fecha del 20 de marzo de 2020 el gobierno
de Laurentino Cortizo emitió el Decreto Ejecutivo No. 81, el cual en su
resuelto 2 suspende todos los contratos de trabajo de todas las empresas que
cierren por la crisis del “corona virus”, con lo cual los “empleadores no están
obligados a pagar los salarios”. Con este decreto el gobierno dejó en el
desamparo a centenas de miles de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional.
Hasta el momento, formalmente se ha registrado
en Ministerio de Trabajo (MITRADEL) la suspensión de contratos que afectan a
cerca de 60 mil trabajadores y trabajadoras. Personas que tenían ingresos
estables y que no contaban como pobres para las estadísticas del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), por lo cual, en principio no eran beneficiarios del
Plan Panamá Solidario.
Plan Panamá Solidario que es apenas un
paliativo mínimo que no alcanza para dar sustento adecuado a una familia, menos
a las familias pobres que son más numerosas: una bolsa de comida cuyo valor
calculan que no llega a los 20 balboas; y un bono de 80 balboas por familia.
El gobierno sabe, porque los cálculos los hace
el Ministerio de Economía (MEF), que al momento de empezar la crisis el costo
de una Canasta Básica de Alimentos en Panamá para una familia promedio de 4
personas era de poco más de B/. 300.00, sin contar con los costos de las otras
necesidades básicas (Canasta Básica General), que incluye: vivienda,
electricidad, agua, transporte, vestido, etc.
Ya se ha sostenido que un bono de B/. 300 no es
imposible, lo están pagando en Costa Rica y otros países de la región, solo hay
que decidirse a tomarlos de los B/. 3,000 millones programados para pagar el
servicio de la deuda.
¿Cómo las autoridades piensan que puede estar satisfecha
una familia que acaba de perder sus medios de vida, empleo o negocio, con un
bono y una bolsa que apenas representan la tercera parte de lo que necesitan
para subsistir? Encima la distribución del paquete “solidario” es ineficiente
y/o politiquero, pues no está llegando a todas las comunidades. ¿Acaso no se
explican por qué en las comunidades más pobres del país, desde David, pasando
por Chorrera y Arraiján, hasta San Miguelito, la gente se tira a la calle a
protestar incluso arriesgándose al contagio para exigir los bonos?
En lo que sí ha sido eficientemente rápido el
gobierno es en la represión. Miles de policías en las calles que, en un mes, ya
habían arrestado a más de 20 mil personas por no cumplir la cuarentena;
represión efectiva incluso a balazo en las comunidades que han salido a exigir
su bono; compra de miles de dólares en equipos de pistolas “taser” y cámaras
que no solo miden la temperatura, sino que identifican a la persona y su lugar
de residencia. En fin, se ha hecho gala del lema “proteger y servir” a la
burguesía.
Todos los
hombres del presidente
La actuación del presidente Cortizo y sus
prioridades están definidas por su “equipo económico”, al cual presentó
orgulloso en televisión en días recientes. Pero no hubo sorpresas, porque
todos son las caras conocidas que han dirigido la política económica durante
los último 40 años.
Esos individuos son los responsables de la
debacle social y económica que ha sufrido el pueblo panameño: deterioro del
nivel de vida; reformas laborales; empleos precarios y mal pagados;
privatizaciones; apertura de mercado, etc. Y son los responsables del deterioro
de los sistemas públicos de salud y educación.
Ahí estaban todos, y todos hombres: desde sus
ministros, empezando por Héctor Alexander, alumno destacado de Nicolás Ardito
Barletta; el equipo de Indesa, empezando por Guillermo Chapman, responsable
directo de la reforma al Código de Trabajo de 1994, en la que fueron asesinados
4 sindicalistas, de las privatizaciones del IRHE y el INTEL, y de la baja de
aranceles que afectó a los productores nacionales. Estaban algunos de los
“dueños de Panamá”, don Samuel Lewis Galindo y los directivos del Banco
General: González Revilla y Alemán Zubieta, entre otros.
¿Qué esperanza puede haber de que algo cambie
si son los mismos de siempre? Estos son los que junto al presidente están
planeando el día “D”, es decir, el Asalto de Normandía a las finanzas públicas
y a los derechos de la clase trabajadora, a ver si pueden exprimir aún más el
limón para su beneficio.
Carlos González De La Lastra, no hace mucho
condenado por apropiación de la cuota obrero patronal de los trabajadores del
diario El Universal, y ex asesor del gobierno de Juan C. Varela, y al
parecer aspirante a asesor de Cortizo, develó en un artículo (La Estrella de
Panamá del 17/04/2020), lo que podría ser el día “D” de la burguesía
panameña, más de lo mismo: apoyar el sector logístico (comercio y servicios) e
inversión pública en carreteras.
Y se atrevió a sugerir reestructurar el
estado, que entidades autónomas no lo financien, lo que implica despidos. Peor
aún, pidió liquidar la educación pública reduciéndola a algunas escuelas
modelo. Por supuesto, cónsono con el modelo neoliberal se pretende un estado
más pequeño y menos democrático con una Asamblea chica y manejable. González De
La Lastra tiene al menos el mérito decir en voz alta lo que los otros piensan.
El diario cuyos dueños son los directivos del
Banco General, apunta en el mismo sentido en un artículo reciente: “En los últimos diez años,
la planilla estatal aumentó en más de 70 mil funcionarios, hasta alcanzar los
242 mil en diciembre de 2019, y el gasto anual se elevó en más de $2 mil 400
millones, hasta $4 mil 172 millones” (La Prensa 18/4/20).
¿Qué quieren La Prensa y De La Lastra, qué
despidan funcionarios públicos? ¿Quién va a absorber esa fuerza de trabajo si
queda cesante, la empresa privada? ¿Los salarios de los empleados públicos no
ayudan a dinamizar la economía?
Lo que se viene es una política económica que
seguirá beneficiando a los dueños de la banca, de los puertos y aeropuertos, de
los comercios de la Zona Libre de Colón y los capos de la especulación
inmobiliaria. En un marco en que, con la excusa de la crisis del COVID, han
desaparecido los derechos y conquistas laborales, el despido de miles de
empleados públicos y hasta una rebaja de sus salarios, todo para asegurar que
el déficit no se dispare asegurando así el pago de la deuda pública y sus
intereses a la banca.
Veámonos en el espejo de Ecuador, donde el
nefasto gobierno de Lenin Moreno pagó en marzo 320 millones de dólares de la
deuda externa, mientras los hospitales estaban sin insumos y morían en las
calles de Guayaquil centenares de personas por COVID. Encima los tenedores de
bonos de la deuda ecuatoriana le han dado al gobierno plazo hasta agosto para
que abone otros 800 millones de dólares. ¿Y los recursos para salud? El capital
por encima de la vida.
La avaricia de los capitalistas es tan grande
que si pudieran se tragarían toda la riqueza nacional ellos solitos y no
dejarían ni las sobras. La gula y la avaricia capitalista no les permite ver
que se meten un tiro en el pie cuando pretenden achicar el estado, despedir
funcionarios, cerrar escuelas, dejar que se enferme la fuerza de trabajo, etc.
Al actuar de esta manera ponen en jaque el propio sistema capitalista, pues es
un círculo vicioso el de la crisis sistémica: más explotación, más ganancias,
lo que implica menos empleos y menos salarios, pero a su vez la consecuencia es
menos consumo y por ello crisis sistémica.
Otro
país y otro mundo son posibles a raíz de la crisis del COVID
Se demuestra una vez más que si queremos una
sociedad donde la prioridad sea la vida de la gente, la salud pública, el
bienestar y la justicia social, basados en la administración racional de los
recursos naturales y económicos: NO pueden seguir gobernando los capitalistas y
sus agentes. La avaricia y la gula del sistema capitalista les impide ver el
mundo de una manera humana, que no tenga como centro la ganancia. Ya lo decía
Marx desde el siglo XIX, y cada vez es más cierto, el capitalismo es la ley de la
selva en economía.
Pero el presente y el futuro no tienen que ser
esa pesada losa de explotación y miseria para las clases trabajadoras. Si nos
disponemos, nos organizamos y luchamos, podemos voltear la tortilla. De la
tragedia de la Primera Guerra Mundial nació el primer gobierno de obreros y
campesinos en Rusia y desaparecieron los imperios. De la desgracia de la
Segunda Guerra Mundial nacieron los movimientos de liberación y las
revoluciones en China, India, Argelia, Vietnam, etc.
Se requiere otro gobierno que no sea
instrumento de los capitalistas, sino instrumento de las mayorías trabajadoras,
de los sectores más pauperizados de la sociedad para que nos saque de esta
crisis con un plan verdaderamente solidario y socialista.
Para hacer el cambio se requiere primero, la
unidad de los sectores populares en la lucha contra la pandemia del coronavirus
y del gobierno al servicio de los empresarios, exigiendo: renta básica
universal para todos los afectados equivalente a una canasta básica familiar;
exigir la ratificación de los proyectos de ley 287 y 295; seguridad alimentaria
para todas las familias comprando toda la producción agropecuaria nacional;
cese de la represión y el autoritarismo, por una gestión democrática de la
crisis reactivando los comités de salud comunitaria como lo propuso
recientemente el Prof. Gandásegui.
De esa lucha podrá nacer el proyecto político
unitario que proponga al país otro gobierno posible.
