Comité de Unidad Campesina
Análisis del Comité de Unidad Campesina -CUC-
sobre el Frente Ciudadano contra la Corrupción
Varias personas sorprendidas en su buena fe porque
no había información sobre quién convocaba; otros creyendo que era solamente
una actividad de respaldo a la jefa del Ministerio Público y el Comisionado de
la CICIG y algunos más, quizá sin haber hecho el suficiente análisis,
participaron en el lanzamiento público del llamado “Frente Ciudadano contra la
Corrupción”. Aparentemente dicho frente ha logrado unir a distintos actores de
un amplio abanico de posiciones, Sin embargo, es necesario hacer un análisis
más profundo y detenido para establecer cuáles son las intenciones detrás de
dicho frente.
En las siguientes páginas abordamos nuestras
consideraciones sobre los últimos movimientos de las élites económicas y el pacto
de corruptos, porque creemos que se debe clarificar el panorama, en particular
los movimientos que no son tan evidentes y que están siendo tejidos con mucho
cuidado por grupos interesados, con el fin de ponernos frente a hechos
consumados.
Para empezar, la iniciativa es atractiva en un
momento en el que el Pacto de Corruptos ha impulsado varias medidas para ir
teniendo mayor control de todo el aparato de Estado y también se constituye en
una respuesta para quienes dicen que la lucha contra la corrupción es una
cuestión que impulsan grupos de izquierda. Sin embargo, no es la primera vez
que las élites empresariales impulsan una iniciativa supuestamente para luchar
contra la corrupción o para salir de una crisis.
LA SEGUNDA VERSIÓN DE UNA MISMA INICIATIVA
Hay que recordar que el 15 de mayo del 2015, el
sector empresarial agrupado en el CACIF impulsó la iniciativa denominada
“Movimiento Ciudadano contra la Corrupción”, formado por el mismo CACIF y otras
agrupaciones cercanas a ellos como FUNDESA, Madres Angustiadas, Movimiento
Cívico Nacional. A esta iniciativa también se sumaron otras expresiones que,
sin ser cercanas al CACIF, sí tienen interés en acabar con la corrupción.
En su momento se planteó como una iniciativa que
había logrado aglutinar, con objetivos comunes, a la cúpula empresarial, a
centros de pensamiento y a organizaciones sociales con posicionamientos
ideológicos muy diversos, e incluso hasta opuestos. En otras palabras, ahora
estamos viviendo la segunda versión de la misma iniciativa. Sin embargo, este
movimiento terminó sin pena ni gloria por su naturaleza y porque, ayer como
hoy, detrás había otras maniobras que buscaban llevar agua para su molino.
Como históricamente lo han hecho las cúpulas
empresariales conservadoras, cuando algún movimiento amenaza con desbordar, se
echan el barniz de ser los principales impulsores de ese movimiento, pero con
el objetivo de cooptarlo, controlarlo y limitar sus alcances para que los
cambios, no cambien nada en el fondo.
Ese fue el papel que jugaron los grupos
empresariales en 1993, ante el autogolpe de estado impulsado por el presidente
de ese entonces, Serrano Elías, que generó una crisis política que planteaba
distintas salidas. Una de estas salidas era impulsada por la élite empresarial
conservadora que se agrupaba en la Instancia Nacional de Consenso en la que
participaba, entre otros, Dionisio Gutiérrez. Estos empresarios se reunieron el
29 de mayo de 1993, coincidentemente en el hotel Camino Real, junto con líderes
de sindicatos y otros sectores sociales, con el fin de impulsar su estrategia
para salir de la crisis y salirle al paso a las posiciones más avanzadas que se
expresaban en la Multisectorial Social, y que planteaban que no era suficiente
con resolver la crisis generada por el golpe de estado y que era necesario resolver
la crisis estructural.
En ese entonces, las cúpulas empresariales logran
excluir a la Multisectorial Social, tomar el control de la crisis, privilegian
las “reuniones” en lugar de las movilizaciones en las calles y evitan que se
pierda la “gobernabilidad”. Posteriormente impulsan una depuración del Congreso
y cambios a la Constitución que les posibilitaron mantener sus negocios, sacar
ventajas de la crisis e imponer su visión de “desarrollo”.
En el 2015, el objetivo del Movimiento Ciudadano
contra la Corrupción era que las protestas desembocaran únicamente en una serie
de tímidas medidas “anticorrupción”, que Pérez Molina terminara su mandato para
conservar la “gobernabilidad” y que las demandas de transformaciones más profundas
fueran perdiendo fuerza.
A cambio de ya no insistir con la renuncia y
brindarle su apoyo, la cúpula empresarial demandó que el gobierno autorizara
una serie de negocios: la revisión del contrato para el servicio de
modernización del registro y documentación del control migratorio; la compra de
cámaras de vigilancia, infraestructura de cárceles y mantenimiento a
helicópteros y radio patrullas, todos a cargo del Ministerio de Gobernación;
compras de medicinas e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud
Pública; la adquisición de maquinaria pesada por el Ministerio de Desarrollo
Social -MIDES- y las adquisiciones para la Industria Militar. En otras
palabras, en el fondo les interesaban más sus negocios que el combate a la
corrupción.
En el comunicado del CACIF en el que pedía a Pérez
Molina que se pusiera al frente de las acciones contra la corrupción,
finalizaron “señalando nuestra preocupación por la falta de cumplimiento de las
fuerzas de seguridad en su función de resguardar el orden y el estado de
derecho, en varios casos acaecidos en el interior de la República, en los que
se han cometido delitos flagrantes. La inacción y el incumplimiento de deberes,
aparte de generar responsabilidades administrativas y penales, están
ocasionando graves consecuencias sociales y una mayor ingobernabilidad en el
país”.
¿A qué se refería el CACIF con el último párrafo de
su comunicado? A las acciones y luchas que se estaban realizando en varios
lugares, en particular a la ocupación, por varios días, de la planta de
Naturaceite, propiedad de la familia Maegli, uno de los principales productores
de aceite de palma aceitera. Esta planta fue ocupada como medida de presión por
parte de 15 comunidades de El Estor, Izabal, para exigir la liberación de uno
de sus líderes que fue capturado con lujo de fuerza y con la intervención del
ejército, en el lago de Izabal.
Apenas dos días después de ese comunicado, el
presidente Pérez Molina anuncia los cambios en su gabinete. Para sustituir a
López Bonilla nombra a Eunice Mendizábal y en lugar de Erik Archila, nombra,
para dirigir el ministerio de energía y minas, a Carmen Urízar que era
presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Sin embargo, ni las
medidas que tomó tardíamente el gobernante, ni la negociación con el CACIF
impidieron que la movilización ciudadana y las presiones diversas obligaran a
la renuncia y posterior captura y procesamiento de Pérez Molina. En esa
ocasión, a diferencia de 1993, el CACIF no pudo impedir el desenlace del 2015.
Por eso, ahora es importante no tener corta la
memoria histórica y analizar toda la trama de acontecimientos y maniobras que
están detrás de esta iniciativa.
EL PACTO DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD LLEVA AL PAÍS
AL AISLAMIENTO
Los integrantes del Pacto de la Corrupción y la
Impunidad, en el afán de salvar su pellejo, comenzaron a tomar medidas que han
polarizado más la situación. Las últimas medidas como la imposición de Álvaro
Arzú Escobar, hijo del alcalde Arzú, como presidente del Congreso, la
destitución del superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano, la
destitución del ministro de Gobernación, Francisco Rivas y de la cúpula de la
PNC y la insistencia de expulsar al Comisionado de la CICIG, junto a los
rumores que están dispuestos a romper el acuerdo con las Naciones Unidas que
dio lugar a la instalación de la CICIG y neutralizar a la Corte de
Constitucionalidad que les ha desbaratado varios de sus planes, desataron la
preocupación en otros integrantes de las cúpulas empresariales.
La forma de neutralizar a la Corte de
Constitucionalidad sería a través de aprobar la iniciativa 5300 presentada por
Fernando Linares Beltranena, que ya cuenta con dictamen favorable. Esta
iniciativa de ley plantea que la solicitud de levantar el antejuicio de los
magistrados sea aprobada directamente por el Congreso, sin pasar por la Corte Suprema
de Justicia, como está en la actualidad en la Ley de Antejuicio.
Con ese poder en manos del Congreso y la
participación de la mayoría de diputados en el Pacto de Corruptos, aunado a los
niveles de corrupción dentro del mismo sistema judicial, sería altamente
probable que querellas contra la CC como las presentadas por la Fundación
contra el Terrorismo, dieran lugar a que los diputados aceptaran la solicitud
de antejuicio, lo que en la práctica significaría la disolución de la Corte de
Constitucionalidad; todo dentro de una supuesta “legalidad”.
Sin embargo, estas medidas impulsadas por el Pacto
de Corruptos han dado lugar a una serie de respuestas del campo internacional
que han preocupado a un grupo de empresarios. El 26 de febrero el Grupo de
Donantes, conocido como G13, en un comunicado público hicieron un llamado a las
autoridades de Guatemala para trabajar junto a la CICIG para que pueda seguir
cumpliendo sus funciones y mandatos y subrayaron la importancia que el
nombramiento de las autoridades del Ministerio Público, Contraloría General de
Cuentas, Procuraduría General de la Nación y Superintendencia de la SAT puedan
dar continuidad y estabilidad a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
Habrá que recordar que a nivel internacional fracasó
la ofensiva que el Pacto de Corruptos impulsó para expulsar a Iván Velásquez.
En su lugar, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, la Cámara de
Representantes; una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos, el
Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; integrantes del
Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos y
el mismo Secretario de Estado expresaron su apoyo a la CICIG, urgieron al
gobierno a trabajar coordinadamente e incluso advirtieron que habría
consecuencias económicas para Guatemala si el gobierno insistía en la expulsión
de Iván Velásquez o la cancelación de la CICIG.
La esperanza del Pacto de Corruptos es poder
influir suficientemente en la Comisión de Postulación para Fiscal General que
está en proceso de selección de 6 aspirantes a dicho cargo. Jimmy Morales, que
tiene a su hijo y hermano bajo proceso y él mismo tiene graves acusaciones de
financiamiento electoral ilícito, a la hora de elegir a la nueva persona que asumirá
como Fiscal General es muy probable que seleccione a alguien totalmente afín a
sus intereses y con ello no solo suspender la persecución contra los corruptos,
sino dejar de trabajar con el Comisionado de la CICIG; dar marcha atrás en los
procesos judiciales de los funcionarios, políticos, militares y empresarios que
en la actualidad están presos y sometidos a juicio por actos de corrupción y
violaciones a los derechos humanos y lograr que los que fueron capturados desde
el 2015, puedan salir en libertad.
Una de las respuestas del gobierno a las presiones
norteamericanas ha sido el retiro de 187 militares de las brigadas de Petén,
Huehuetenango, fuerzas especiales Kaibil, Mariscal Zabala y del Centro Regional
de Operaciones de Paz –CREOPAZ- ubicadas en Alta Verapaz. Hay que recordar que
estas brigadas están en zonas donde domina el narcotráfico y se dieron después
de capturas y acusaciones del involucramiento de altos oficiales del ejército
con el crimen organizado.
LA ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN
Ante estas perspectivas se ha ido gestando por
parte de un grupo de empresarios una estrategia de contención que se ha ido
tejiendo de forma pública desde febrero del presente año.
En un artículo titulado Escenarios y Desarrollos
Previsibles, publicado el 5 de febrero, José Rubén Zamora, presidente del
diario El Periódico traza un escenario que incluye “…la expulsión de Iván
Velásquez,… con el respaldo de cúpulas extremistas y de las mafias criminales,
esencialmente del narcotráfico… [quienes] retomarían en mayo el control del
Ministerio Público, y a través de grupos paraestatales, provenientes de las
entrañas del Estado, elevarán la violencia y conflictividad a niveles
exponenciales, incluyendo la muy posible ejecución de testigos protegidos en
casos de alto impacto”. Eso provocaría que “empresas y personas de Guatemala,
tendrán prohibición oficial de realizar negocios de cualquier tipo con los
Estados Unidos de América; perderán sus visas, propiedades y activos fijos,
cuentas de depósitos e inversión, y acceso a financiamiento”.
Ante esa posibilidad llama a “que la derecha
económica y política, seria, civilizada y responsable, junto a la propia CICIG,
el MP, las altas Cortes y el propio Congreso, desarrollen un paquete de
políticas transicionales orientadas a que quienes han cometido infracciones y
delitos puedan allanarse a la majestad de la Ley, reconocer sus errores,
indemnizar y resarcir al Estado y a la sociedad apropiadamente y que, en
consecuencia, su pena quede en suspenso”. En otras palabras, se plantea una
especie de amnistía para los corruptos media vez reconozcan sus “errores” de
corrupción e indemnicen al Estado y la sociedad.
Con el fin de ir creando condiciones se ha
comenzado a difundir la idea de que es necesario hacer una “mea culpa” es decir
un reconocimiento de la culpa. El 13 de febrero, Phillip Chicola, Director de
Gestión Pública de CACIF publica un artículo titulado “Hacia un Mea Culpa
Colectivo” en el cual expresa que “todos fuimos tolerantes con el viejo
sistema, nos hicimos de la vista gorda frente a actos ilícitos o ilegítimos,
dejamos de denunciar, aprendimos a coexistir con el mal, o peor aún, nos
beneficiamos directa o indirectamente de esa forma de hacer las cosas…el
reconocimiento social es el punto de partida para plantear la ruta de
transición… permite plantear una discusión sobre mecanismos jurídicos para
facilitar la aceptación de hechos y promover la reparación de los males
causados. Permite también identificar con mayor facilidad y grado de consenso
la hoja de ruta de cambios institucionales”. El mismo planteamiento de Zamora
al que le agrega que el reconocimiento de las culpas el punto de partida para los
cambios institucionales.
Además de no aceptar que los 16 y medio millones de
guatemaltecos y guatemaltecos somos corruptos, hay que recordar que los
responsables de que el cáncer de la corrupción e impunidad creciera hasta los
niveles actuales, es una cúpula empresarial formada por un grupo de familias
que, tal y como lo expresara Plaza Pública, el CACIF, “con el apoyo del poder
político (Congreso y Ejecutivo) ha asegurado ocupar una silla, con voz y voto,
en al menos 58 juntas directivas, comisiones y comités de diferentes rangos en
instituciones estatales que les permiten darle forma al sistema de reglas y
normas que rigen multitud de transacciones y decisiones, además de acceder de
manera urgente o privilegiada a información”.
De la misma manera el Banco Interamericano de
Desarrollo –BID- en su informe La Política de las Políticas Públicas, ha
señalado que “El sector empresarial influye en la formulación de políticas en
toda América Latina, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala. Su
influencia refleja no solo la fuerza del sector privado, sino también la
debilidad relativa de las demás instituciones del país. Las organizaciones
empresariales han demostrado ser suficientemente poderosas para alterar el
curso de importantes políticas económicas, como el régimen impositivo… la
capacidad de las empresas guatemaltecas para influir en el proceso de
formulación de las políticas se debe a que es el sector mejor organizado del
país y lo ha sido desde la época de la colonia cuando el poder estaba en manos
de los grandes terratenientes y comerciantes”. Eso significa que si ahora hay
un Estado corrupto cooptado por las mafias es no solamente porque los
empresarios lo han permitido, sino que, al igual que la política, el sistema
económico de Guatemala descansa en la corrupción creada, impulsada, promovida y
permita porque quienes han sido los grandes beneficiarios de ella: las élites
económicas guatemaltecas.
Curiosamente esa misma expresión: “tenemos que
empezar por un mea culpa”, fueron las palabras que Peter Lamport expresó en la
presentación pública del Frente Ciudadano contra la Corrupción. Peter Lamport
miembro del CACIF, fue co-coordinador de la Instancia Nacional de Consenso
mencionada arriba, ministro de Finanzas durante el gobierno de Arzú y embajador
de Guatemala en Washington del 2000 al 2001 y candidato a la vicepresidencia de
Encuentro por Guatemala en el 2015. Esas mismas palabras uso Dionisio Gutiérrez
en un programa de Guatevisión el 26 de febrero. Es claro que las cúpulas
económicas buscan una salida a la persecución ya que están hundidos hasta el
cuello en la corrupción.
La intención de obtener una amnistía para los
corruptos se apoyaría en alguna de dos iniciativas que están en trámite en el
Congreso. La primera es la iniciativa 5132 presentada por los diputados Manuel
Conde y Oliverio García Rodas en agosto del 2016, que fue dispensada de
dictamen y ya ha sido aprobada en primera lectura. Esta iniciativa contempla
que, si se aceptan los cargos en la audiencia de primera declaración, las penas
se reducirían a la mitad. Si a lo anterior se suma que, según la Ley de Régimen
Penitenciario, podría reducirse la pena a la mitad, por “buena conducta”,
resultaría que únicamente cumplirán el 25% de la condena que muy posiblemente
terminará en arresto domiciliario, es decir se cumple el 25% de la condena
desde la comodidad de sus casas.
La otra iniciativa es la 5311 que fue presentada
por Comisión Ordinaria de Legislación y Puntos Constitucionales y Comisión
Ordinaria de Reforma al Sector Justicia en agosto de 2017 y que ya cuenta con
dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Esta iniciativa plantea que si se aceptan los cargos en la audiencia de primera
declaración, la sentencia se reduciría en una tercera parte. La diferencia con
la anterior está en no aceptar este procedimiento para los casos de genocidio,
desaparición forzada, ejecución extrajudicial y delitos contra los deberes de
la humanidad.
Cualquiera de las dos iniciativas que se apruebe en
primer lugar y que han de estar en proceso de negociación, implicaría la
posibilidad que los empresarios corruptos se acojan a esta amnistía y se
termine la persecución contra ellos; mientras tanto, seguiría en marcha otro
componente de esa maniobra.
Con el fin de institucionalizar el proceso de
“transición controlada”, por ahora se cuenta con dos actores: Adrián Zapata
quien fuera miembro de la guerrilla donde se le conocía con el apodo de
“Fouché”, un político y jefe de la policía francesa del siglo diez y nueve,
conocido por no tener principios, al que calificaron como “el genio tenebroso”
por ser el poder tras la sombra de varios gobiernos. Fue también Comisionado
para el Desarrollo Rural y Secretario Ejecutivo del Gabinete de Desarrollo
Rural, pero sobre todo se le recuerda por ser uno de los doce firmantes de un
campo pagado que negó el genocidio en Guatemala.
El 21 de febrero, por medio del periódico Prensa
Libre, lanzó la propuesta del Instituto de Problemas Nacionales de la
Universidad de San Carlos (Ipnusac) para que el país salga de la crisis. Dicha
iniciativa comprende tres ejes. El primero busca la solución de los problemas
superestructurales, que tienen que ver con la justicia y la política; el
segundo propone atacar los problemas “históricos” del país, como son la pobreza,
pobreza extrema y la desigualdad y el tercer eje es un “diálogo serio”. Este
tercer eje, que será el que permitirá operativizar los dos primeros, tiene dos
componentes que llaman la atención: que en el diálogo no se tome en cuenta las
posiciones “extremas” y que sea solo entre guatemaltecos, sin la presencia de
la comunidad internacional.
El otro actor es Dionisio Gutiérrez, presidente
corporativo de Corporación Multi-Inversiones -CMI-, una de las más poderosas de
Centroamérica, la cual cuenta con presencia en tres continentes; miembro de la
Instancia Nacional de Consenso, con serios señalamientos de corrupción y lavado
de dinero, vinculados a diversos negocios, entre ellos cuatro proyectos
hidroeléctricos construidos o por construirse sobre el río Cahabón, entre los
municipios de San Pedro Carchá y Lanquín, departamento de Alta Verapaz,
denominados Renace I, II, III y IV.
Dionisio Gutiérrez, Peter Lamport, Felipe Bosch y
Antonio Malouf, presidente del CACIF fueron los que aprovecharon el lanzamiento
del Frente Ciudadano contra la Corrupción.
¿Qué significa eso? ¿Que la élite empresarial
conservadora que, durante décadas se ha beneficiado y ha desarrollado sus
negocios amparados en la corrupción, de un día para otro se han convertido en
los principales luchadores contra la corrupción?
¿Cómo es posible que Felipe Bosch Gutiérrez, el 12
de octubre de 2017, en el ENADE de ese año, le haya dicho a Jimmy Morales
“Porque le soy sincero, no lo tomo como un guatemalteco corrupto. No lo tomo
con un político corrupto. Usted y sus ministros son guatemaltecos de principios
y de valores…”, y el 28 de febrero haya corrido a subirse a la tarima del
Frente Ciudadano contra la Corrupción?
En realidad, lo que está en juego son sus negocios
ya que les preocupa las consecuencias si el pacto de corruptos continúa con las
medidas que llevarían al aislamiento de Guatemala. Pero además hay que recordar
que Dionisio Gutiérrez desde hace años ha estado enfrentado a los Arzú y los
García-Granados que son parte del Pacto de Corruptos, pero más recientemente,
en marzo del 2017 se firmó un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y el
representante de comercio de Estados Unidos que tendrá como resultado que para
el año 2018 el mercado guatemalteco será inundado con más piezas de pollo
importado más barato, sobre todo de las marcas Tyson y Hudson, lo cual le
quitará el monopolio de la producción y comercialización avícola que ha
dominado Dionisio Gutiérrez.
Por los anteriores elementos, despierta muchas
dudas e inquietudes que los principales responsables y beneficiarios de la
corrupción hoy quieran abanderar el Frente Ciudadano contra la Corrupción. Pero,
además, varios de los participantes en el lanzamiento de dicho frente
expresaron que fueron invitados a una actividad en respaldo del Comisionado de
la CICIG y la jefa del Ministerio Público y después, sin su conocimiento ni
aceptación, aparecieron en los medios como integrantes de dicho frente.
Pero es más significativo aún, que la cúpula
empresarial que hoy encabeza dicho frente no ha dicho nada del conjunto de
leyes regresivas que están en proceso en el Congreso y que en esencia buscan
limitar derechos y crear mejores condiciones para la represión y la actuación
de las empresas.
Entre éstas están: la iniciativa 5239 o Ley Contra
Actos Terroristas y que tiene definiciones tan ambiguas que cualquier
manifestación o comunicación en internet puede ser catalogada como acto
terrorista; la iniciativa 5376 que impulsa reformas a la Ley de Reconciliación
para dejar en libertad o suspender los procesos en contra de los militares
responsables de gravísimas violaciones a los derechos Humanos; la iniciativa
5257 que contempla reformas a la Ley De Organizaciones Gubernamentales para el
Desarrollo que además de limitar el derecho de organización, reduce cualquier
asociación, fundación, ONG, etc., a entidades de beneficencia, la Ley de
Consulta a Pueblos Indígenas propuesta por Oliverio García Rodas que limita los
derechos de los Pueblos Indígenas y obliga a aceptar las medidas legislativas o
administrativas del Estado y otras más que llevan las mismas intencionalidades.
Pero las medidas que está planteando la cúpula
empresarial no son únicamente para responder a la coyuntura actual, también
están dirigidas a establecer posiciones ante la próxima contienda electoral.
Recordemos que con los cambios a la LEPP que se dieron en el 2016, la
convocatoria a elecciones será en enero del 2019 y Dionisio Gutiérrez, que ha
reconocido haber financiado a varios partidos políticos y los empresarios que
se le han unido, también está moviendo sus piezas con miras a la campaña
electoral del próximo año.
LOS CORRUPTOS NO PUEDEN ABANDERAR LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
Por eso, muchas organizaciones y personas que hemos
expresado nuestro rechazo a la corrupción e impunidad y participado en la lucha
contra las mismas, nos hemos atrevido desde hace años a dar esos pasos. Si hoy
la élite empresarial conservadora en realidad quiere respaldar la lucha contra
la corrupción, deben ir más allá de las iniciativas mediáticas. Recordemos que
Pérez Molina y Baldetti siempre se pronunciaron contra la corrupción. La cúpula
empresarial tiene que empezar a dar marcha atrás en sus negocios que se han
basado en la corrupción y el despojo de las comunidades; dejar de respaldar al
mandatario y los diputados corruptos, utilizar su influencia y el hecho de que
son accionistas en varios medios de comunicación para cesar las campañas en
contra del Comisionado de la CICIG, la jefa del Ministerio Público y en contra
de quienes hemos mantenido una lucha contra la impunidad y la corrupción; dejar
de apoyarse y proteger a corruptos y violadores de derechos; respetar los
derechos laborales de las y los trabajadores, así como los derechos de los
Pueblos Indígenas, en resumen, demostrar con hechos claros e incuestionables su
real compromiso en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. De lo
contrario, se confirmará que todo ha sido una maniobra para salvarse de la
persecución por actos de corrupción.
Los Gutiérrez, Bosch, Malouf, Lamport y otros
similares a ellos, como lo han hecho desde la Colonia, no necesitan de ningún
frente para actuar; tienen suficiente influencia, poder, privilegios y
participación en instancias de toma de decisión para poder hacer mucho contra la
corrupción. Si ahora buscan ser quienes abanderan la lucha contra la corrupción
en un “frente ciudadano” es porque, además de las intenciones e intereses antes
mencionados, también buscan meter una cuña entre los distintos sectores y
fuerzas que nos hemos pronunciado y actuado en la lucha contra la corrupción. Quienes
se sumen a ellos serán los “moderados”, “los que aceptan el diálogo”, los
“flexibles”, etc. Quienes no acepten estar con ellos serán tachados de
“radicales”, “extremistas”, “intolerantes”, “incapaces de dialogar” con el fin
de aislar y marginar a quienes pueden ser una amenaza a su dominio e
imposición.
TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE CONSTRUIR UNA UNIDAD
EN EL ANÁLISIS Y LA ACCIÓN
Por lo anterior debemos evitar caer en su juego de
descalificar o lapidar políticamente a quienes desde posiciones consecuentes y
progresistas hayan participado en el lanzamiento del Frente Ciudadano contra la
Corrupción o cualquier otra iniciativa similar. Nuestra responsabilidad, además
de mantener la atención porque a nivel regional o departamental se pueden
generar iniciativas similares, también debe ser aportar con información,
análisis y criterios que permitan ver más allá de la superficie, establecer con
quién hay que construir alianzas y posibilitar construir un análisis,
posicionamiento y unidad de acción para enfrentar al pacto de corruptos o las
iniciativas en las que las cúpulas empresariales pretendan buscar, de forma
oportunista, una salida conservadora y controlada a la crisis actual.
Lo anterior, ¿significa que no es posible un amplio
y variado frente ciudadano en contra de la corrupción y la impunidad? Claro que
sí es posible y de hecho ya existen iniciativas como la Asamblea Social y
Popular que agrupa a Pueblos Indígenas y sus Autoridades Ancestrales,
Comunidades en Resistencia, mujeres, feministas, jóvenes, profesionales,
organizaciones y personas diversas con quien nos une un análisis común y una
perspectiva estratégica compartida. Asimismo, existe la Asamblea Ciudadana
contra la Corrupción y la Impunidad, espacio más amplio, plural y diverso
conformado por pueblo indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, trabajadores,
académicos, empresarios, artistas, migrantes y residentes en el extranjero que
nos unificamos para enfrentar la corrupción y su contracara: la impunidad de
todo tipo.
Para ir más allá de la crisis actual y sentar las
bases de los necesarios, justos y profundos cambios que necesitamos como
sociedad, debemos construir una amplia articulación donde tengan cabida los
empresarios progresistas que ven más allá de su negocio y desean un país
fundado en la justicia y la equidad; los académicos que tienen una trayectoria
al lado de las causas justas, las y los jóvenes que sueñan y merecen un país
mejor, justo, democrático e incluyente; las organizaciones diversas que
históricamente han luchado en contra de la injusticia, las exclusiones, la
opresión y explotación y los Pueblos Indígenas que durante 500 años han
resistido a la imposición y el despojo; con quienes coincidamos en un proyecto
plurinacional, democrático y popular, nos atrevemos hoy y en el futuro a dar
los pasos y acciones necesarias para transformar nuestra sociedad.
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
Comité de Unidad Campesina CUC
Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo de las y los
Trabajadores del Campo
