Víctor Campos*
Hoy en América
Latina se habla cada vez con mayor frecuencia y preocupación del incremento de
industrias y actividades extractivas. En Nicaragua las actividades extractivas:
extracción de oro, monocultivos intensivos (algodón, banano) y la extracción de
bosques y recursos pesqueros entre otros, han estado presentes durante mucho
tiempo, generando crecimiento económico, pero no desarrollo.
Hoy, el histórico
extractivismo se ha incrementado en el país. Y viene creciendo la industria
extractiva, tanto en minería de oro y plata, como en la promoción de
monocultivos en amplias áreas, ligados a paquetes tecnológicos de uso intensivo
de agrotóxicos.
Veamos algunas de las más importantes actividades extractivistas presentes en
el territorio y en la economía nacional. Cifras oficiales confirman 40 mil
hectáreas sembradas de palma africana. Y la tendencia es a expandir este
cultivo en decenas de miles de hectáreas más. ¿Cuáles son las características
comunes de éste y de otros monocultivos?
Ocupan grandes
superficies, favorecen la concentración de la tierra en pocas manos, hacen uso
intensivo de agrotóxicos, afectan la calidad del suelo y la disponibilidad y la
calidad del agua e impactan la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. La
empresa Cukra Development Corporation, responsable de la siembra masiva de
palma africana, importa el 7% de los herbicidas a nivel nacional. El maní hace
uso de 22 tipos distintos de agrotóxicos, el arroz de 8 y la caña y el tabaco
emplean al menos 4 agrotóxicos en dosificaciones desconocidas. En el informe
anual del presidente de la República en febrero de 2017 se nos indica que el
gobierno ha facilitado la importación y formulación de esos productos, creando
por ley en diciembre 2016 la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias
Tóxicas. Esa comisión dice haber emitido 13,508 permisos de importación de
sustancias tóxicas, lo que evidencia la política del gobierno de promover los
monocultivos en el país.
La palma africana o palma aceitera es relativamente nueva en Nicaragua. En los
años 80 se sembró en Boca de Sábalos, en el departamento de Río San Juan. Hoy
su siembra se está extendiendo aceleradamente por el Caribe sur. Desde el
Centro Humboldt hemos estado monitoreando específicamente a la Cukra
Development en Laguna de Perlas. Esa empresa ha comprado tierras a pequeños
propietarios, convirtiéndolos en obreros agrícolas en sus plantaciones. También
arriendan territorios indígenas y a los pequeños productores que no han vendido
los están estimulando a dedicar sus tierras al cultivo de palma, creando una
dependencia con la empresa, la única con capacidad de procesar la fruta.
En un reciente
informe elaborado por el Centro Humboldt, determinamos que persiste en los
efluentes de la planta industrial de la Cukra Development parámetros que no
cumplen con lo establecido en el decreto 33-95, que norma las descargas de
aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias.
Otra actividad extractiva que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo en
nuestro país es la ganadería, principalmente la ganadería extensiva: muy pocas
reses por unidad de área de pastos. Dentro de los principales impactos que
causa la ganadería están la remoción de los bosques y la degradación del suelo
y del agua. En el estudio de uso de suelos que en el Centro Humboldt realizamos
cada cinco años comprobamos que entre 2011 y 2016 se incrementaron los
pastizales en el país, prácticamente en un millón de hectáreas. La mayoría de
estas áreas de pasto para ganado se establecieron en áreas ocupadas originalmente
por bosques y para siembra de granos básicos.
El cultivo de caña de azúcar es otro que crece rápidamente en el país. En el
Plan de Producción, Comercio y Consumo para 2017-2018 el gobierno anuncia que
la siembra de caña se incrementará en 3 mil hectáreas. Tenemos indicios para
considerar que el área podría ser mayor, viendo que una parte importante de la
zona de pie de monte que va de la meseta de Carazo hacia el Pacífico está
siendo sembrada aceleradamente con caña de azúcar. Avances similares están
ocurriendo en el occidente del país.
También en occidente
avanza el cultivo del maní. Un total de 30 mil hectáreas se sembraron entre
2011 y 2016, convirtiendo al maní en el cultivo de más rápida expansión en
Nicaragua en los últimos años. El maní es el cultivo que emplea la mayor
diversidad y cantidad de agrotóxicos por unidad de área. Genera problemas
severos de erosión eólica y es unos de los principales causantes de las
tolvaneras que azotan el occidente del país. En el norte la gente ya está
experimentando las consecuencias del incremento de áreas sembradas de tabaco.
El municipio de Jalapa ha sufrido una crisis de agua porque el tabaco compite
con los seres humanos por el agua.
A la política de promoción de monocultivos debemos sumar la introducción de semillas
transgénicas, organismos genéticamente modificados. En el plan de producción,
comercio y consumo para 2017-2018 el gobierno acepta la introducción a
Nicaragua de este tipo de cultivos (maíz amarillo y soya transgénicos). Creemos
que esto asesta un duro golpe a la pequeña producción campesina por el nivel de
dependencia que se crea con las empresas comercializadoras de estos productos y
por la contaminación genética que producen, principalmente en el cultivo del
maíz, un alimento que tuvo su centro de origen en nuestro país. La Alianza
Semillas de Identidad ha venido trabajando para evitar la introducción de estos
cultivos por los riesgos que representan. Aunque la campaña que realiza señala
el peligro de la introducción de las semillas, creemos que es necesario iniciar
acciones para advertir sobre los potenciales efectos que los productos
transgénicos pueden ocasionar en la salud de quienes los consumen.
Como vemos, estamos conviviendo con un modelo económico que es implacable con
el medioambiente y afecta gravemente bienes naturales básicos para la vida. La
gran empresa privada llama a estos monocultivos motores del desarrollo, pero la
realidad es que esos motores lo que van arrastrando es una enorme maquinaria de
depredación del medioambiente, colocando a Nicaragua en una relación
costo-beneficio muy desfavorable, que no asegura la sostenibilidad económica,
social y ambiental de nuestro país.
Y aunque en
Nicaragua no hemos alcanzado todavía el punto máximo de la apuesta
extractivista como modelo de desarrollo, el ritmo en que avanza el
extractivismo es acelerado. Hemos asumido el extractivismo como camino para el
crecimiento económico y como sinónimo de desarrollo, pero nos estamos
equivocando, porque sin sostenibilidad ambiental no hay actividad económica que
logre el desarrollo que necesitamos y demandamos.
La actividad minera es una industria extractiva de graves consecuencias
ambientales y sociales. Cuando decimos esto, nos dicen que es imposible
renunciar a la minería, porque sus productos están en todo lo que usamos. Sin
embargo, hay que decirlo.
En Nicaragua tenemos minería metálica y no metálica.
Afortunadamente no
tenemos todavía la que extrae algunos metales raros como el litio, el coltán y
otros, que causan muy graves impactos ambientales y sociales. La minería
metálica en Nicaragua es de oro y plata. La no metálica extrae principalmente
piedra y arena. También provoca impactos ambientales, porque remueve la
cobertura boscosa y ha dejado ya agujeros desprotegidos en varias zonas del
país.
En el Centro
Humboldt no trabajamos directamente en el tema de la minería no metálica y lo
que más nos preocupa de esta actividad es el desorden que existe en las
concesiones que entregan las alcaldías.
El Centro Humboldt tiene una experiencia acumulada en el tema de la minería
metálica. La preocupación por la minería ha sido uno de nuestros principales
compromisos con Nicaragua. Casi tres décadas nos han enseñado a trabajar
directamente con las poblaciones afectadas, como lo estamos haciendo
actualmente con los pobladores enfrentados a la empresa británica Cóndor Gold
en mina La India (Santa Rosa del Peñón, León) o con los pobladores en
resistencia a la empresa Golden Reign en mina San Albino (El Jícaro, Nueva
Segovia).
Cada dos años realizamos un estudio sobre los impactos ambientales que está
causando la minería en el país. Las empresas mineras llegan a nuestro país con
campañas que traen el mensaje de que proponen una “minería para todos”, una
“minería verde”, una “nueva minería”. Pero hay que ser concluyente: hasta el
día de hoy no existe en Nicaragua una sola mina metálica a cielo abierto que no
tenga un historial de perjuicios a las condiciones ambientales y sociales. En
todas faltan consultas y transparencia en sus operaciones técnicas y
financieras.
La actividad minera industrial es altamente lucrativa. A diferencia de otras
materias primas el precio internacional del oro no está sujeto estrictamente a
ley de la oferta y la demanda. Hay otros factores que intervienen en este
mercado sui géneris. Actualmente, las propias empresas mineras han decretado
que su punto de equilibrio anda por 700 dólares por onza troy de oro. Y como
actualmente los precios internacionales del oro andan por 1,300 dólares por
onza troy, si gastan 700 en extraer una onza y la venden en 1,300, tienen un
100% de utilidades. Teniendo en cuenta que en Nicaragua se están produciendo
300 mil onzas anuales estamos hablando de ganancias muy importantes.
Todas las concesiones mineras en la actualidad son para minas a cielo abierto.
Este método de extracción remueve grandes volúmenes de material, de tierra,
para obtener cantidades mínimas de oro por cada tonelada: para extraer 1 onza
troy se tienen que remover 7 toneladas de tierra.
La vida de una
mina depende de las reservas comprobadas de minerales que tengan
concentraciones suficientes y hagan económicamente rentable su extracción. El
promedio de vida de las minas actuales anda por los 25 años. En La Libertad,
Chontales ya se extrajo todo el oro que había allí, ya no hay más. Ya sólo
quedan los hoyos de donde sacaron el oro. Y donde antes era un cerro ahora lo
que hay es un abismo de 200-300 metros de profundidad. Lo que sucede allí
sucede en otros lugares: al terminar la actividad minera lo que quedan son
pueblos fantasma con problemas de acceso a un agua de calidad, con problemas
económicos, con una población que tiene que emigrar buscando dónde sobrevivir.
Los impactos ambientales que quedan como secuelas de la minería no lo permiten.
El drenaje ácido es uno de los problemas ambientales más graves que dejan como
secuela las explotaciones mineras. Cianuro y mercurio se emplean para amalgamar
el oro. Son sustancias invisibles que son arrastradas hacia los ríos y que se
infiltran a través de la tierra en las aguas subterráneas. Estas sustancias son
muy tóxicas, afectan todo el ecosistema y, en el caso del mercurio, se
incorporan en los tejidos de los seres vivos. Un acuífero subterráneo contaminado con estas sustancias jamás se puede
limpiar.
En Nicaragua tenemos una de las leyes más favorables a la inversión minera si
la comparamos a las del resto de América Latina. La nuestra es una de las más
“condescendientes” con la industria minera. En cuanto a normas ambientales
estamos muy retrasados si nos comparamos, por ejemplo, con las leyes mineras de
Perú o las de Colombia, que establecen estándares ambientales más altos, tasas
impositivas mayores y mejores sistemas de regulación y control.
En abril de este año el Centro Humboldt y el IEEPP (Instituto de Estudios
Estratégicos y Políticas Públicas) presentamos los resultados del estudio
conjunto “La minería industrial en Nicaragua – Una mirada desde la óptica
fiscal”. El estudio arroja datos importantes. El aporte de la minería al
Producto Interno Bruto de Nicaragua es bastante pequeño: sólo el 2.7%. La
minería genera apenas el 0.6% de los empleos formales que hay en nuestro país:
tanto la minería metálica como la no metálica apenas dan 4 mil plazas de
trabajo inscritas en el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social).
Y, a pesar de ser
el oro uno de los principales productos de exportación del país, genera
ingresos fiscales poco significativos. En el año 2015 el oro fue el 15.4% del
total de exportaciones nacionales y generó solamente el 3.6% de los ingresos
fiscales del país. Vemos, pues, que la minería no genera un aporte sustantivo
al PIB ni genera empleos ni aporta ingresos fiscales significativos. Tampoco
establece vínculos sólidos con la economía interna.
¿Qué impuestos paga la industria minera? Paga el arancel en el Registro Público
de la Propiedad: consiste en un pago único de 300 mil córdobas (unos 10 mil
dólares) en el municipio que tenga la mayor parte del área concesionada. El
resto de municipios incluidos en el área sólo reciben un pago simbólico de 500
córdobas. Paga también el Derecho de Vigencia a Superficie: consiste en un pago
progresivo por el uso de la superficie concesionada de 25 centavos de dólar por
hectárea al año, hasta alcanzar 12 dólares en el año número doce. Paga también
el Derecho de extracción o regalías: consiste en una compensación económica al
Estado por el derecho de explotación superficial. La ley establece una cuota
del 3% mensual contra factura de lo que la minera exporta. Paga también el
Impuesto de Matrícula Municipal: consiste en un pago anual del 2% sobre el
promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos por la venta de bienes o
prestaciones de servicios de los tres últimos meses del año anterior. Y
finalmente, paga el Impuesto sobre la Renta: como grandes contribuyentes, las
empresas mineras deben pagar el 30% sobre la renta neta de sus actividades.
La mayor
recaudación de impuestos que generó el sector minero en Nicaragua se dio en
2015, año pico de la industria minera en nuestro país. Ese año, cuando se
exportaron más de 400 millones de dólares, apenas se recaudaron 3 millones 270
mil dólares en impuestos. Si quedara en el país el 3% de lo que exportaron,
hubiera sido mucho mayor la recaudación. Pero como veremos, las exoneraciones
reducen la contribución fiscal de esta industria casi al mínimo.
La ley minera hoy vigente es del año 2001, cuando los precios del oro estaban
en 300-400 dólares la onza troy. Hoy se cotiza ya en 1,300 dólares. La ley de
2001 es más una ley de promoción de la minería que una ley para regular la
explotación minera. Como ha pasado en Nicaragua con otras leyes, que se
aprobaron para atraer inversiones, no se han modificado cuando las condiciones
cambiaron y los precios y el mercado ya son otros. Las muchas exoneraciones dadas
a la minería vienen de esta ley, y no se han modificado.
Estos son los beneficios fiscales a las empresas mineras:
-El Derecho de
Extracción o Regalía será considerado como gasto deducible para efectos del
cálculo del Impuesto sobre la Renta.
-Derecho a deducir
del cálculo del Impuesto sobre la Renta el 50% de la inversión en plantaciones
forestales.
-Gastos de
Responsabilidad Social Empresarial son deducibles del cálculo del Impuesto
sobre la Renta.
-Exoneradas del
Impuesto de Bienes Inmuebles.-Exoneradas del Derecho Arancelario a la
Importación, del Impuesto Selectivo de Consumo y del Impuesto al Valor
Agregado.
-Los minerales
extraídos para fines sociales o la ejecución de obras públicas quedan
exonerados del Impuesto del Derecho de Regalías.
-Exentas del pago
de impuestos por importación o compras locales de materiales, maquinarias e
instrumentos útiles, siempre que se utilicen para el proceso industrial.
-Tasa 0% para
exportaciones.
-Libre acceso a la
compra y venta de moneda extranjera disponible y a la libre convertibilidad de
divisas.
-Permiso para
transferencias al exterior relacionadas con su capital invertido, o por
disolución, liquidación o venta voluntaria de la inversión extranjera.
-Permiso para
remisión de cualquier utilidad, dividendo o ganancia generada en el territorio
nacional, después del pago de los impuestos correspondientes.
Finalmente, según la Ley 525, que reformó la Ley 387 sobre exploración y
explotación de minas, el Estado se compromete a garantizar estabilidad fiscal
para la inversión nacional y extranjera destinada a la actividad minera.
Ambientalmente, ¿qué les exige la ley a las empresas mineras?
Cuando una empresa
se va a instalar en Nicaragua tiene que hacer un estudio de impacto ambiental
en dos momentos para presentarlos al ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), que debe aprobarlos. El primer estudio se hace para la fase
de la exploración, en la cual no se hacen mayores obras físicas, que tienen
menores repercusiones ambientales que en la fase de explotación. Para explorar,
las empresas hacen pequeñas perforaciones. Eso es lo que comienza a ver la
comunidad: llegan perforadoras a sacar muestras. Es el primer aviso que pone en
guardia a la gente. A pesar de que los impactos son todavía pequeños, la empresa
tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. Cuando ya tiene confirmado
que hay reservas de oro en la zona tiene que presentar una nueva evaluación de
impacto ambiental con consultores autorizados por el MARENA.
Al analizar exhaustivamente estos estudios de impacto ambiental nos hemos
encontrado que todos tienen contenidos similares y aun cuando son para
territorios distintos, todos aplican una receta general de cuido ambiental.
Muchos de estos estudios son copias textuales de libros de contenido genérico.
Ésos son los “estudios” que le entregan al MARENA que, a partir de ellos,
elabora un plan de gestión ambiental y les otorga el permiso. Casi siempre lo
concede. Una vez iniciada la explotación, el MARENA debe dar seguimiento al
plan de gestión ambiental, chequeando cada cierto tiempo que la empresa está
cumpliendo con las limitadas medidas ambientales establecidas en el plan. En
conclusión, además de que los estudios no son lo suficientemente específicos,
el seguimiento de las autoridades es mínimo.
Las autoridades nacionales tienen una actitud bastante complaciente con las
empresas mineras por temor a que se vayan. Con estándares ambientales tan
bajos, apenas se les exigen a las empresas algunas pequeñas actividades de
mitigación, que generalmente no cumplen. El plan de gestión ambiental
establece, por ejemplo, que cuando una mina cierra debe reforestar la zona en
donde trabajó. Pero no conozco un solo caso en que lo hayan hecho.
Ante esta
negligencia, ¿qué hemos hecho? Tratamos de demostrar algunos hallazgos de
contaminación provocados por la industria minera. Realizamos monitoreo de la
calidad del agua, llevamos los casos por la vía administrativa, para que el ministerio
demande a la empresa que cumpla con las normativas ambientales. Corresponde a las
instituciones del gobierno nacional asegurar el cumplimiento del plan de
gestión ambiental, garantizando el menor perjuicio a las condiciones
ambientales. La ciudadanía ha realizado varias denuncias por la vía
administrativa, con pruebas y resultados en mano, pero hasta ahora no se ha
obtenido ningún resultado ni ninguna respuesta del MARENA.
En los últimos meses de este año el marco para la inversión minera en el país
se ha transformado. En junio de 2017 la Asamblea Nacional, para seguir
favoreciendo la inversión minera en nuestro país, aprobó la ley creadora de la
Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS). Es una empresa pública con la que el
Estado de Nicaragua participará en el negocio minero. Al proceso de consulta de
la ley sólo fueron invitados representantes del Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP) y de una de sus cámaras, la Cámara Minera Nicaragüense
(CAMINIC) y representantes de las instituciones gubernamentales relacionadas
con el tema.
Antes de la aprobación de esta ley teníamos aproximadamente el 12% del
territorio nacional concesionado a la minería. Después de la ley, a esta
superficie se suma un 10% más del territorio, con lo que la superficie
concesionada del país pasó de 12 mil kilómetros cuadrados a 26 mil kilómetros
cuadrados.
¿Cuál es el territorio que se ha sumado? Adoptando un decreto ejecutivo de
2012, que establece áreas de “reservas mineras” probadas y formalmente
reconocidas por el ministerio de Energía y Minas, la nueva ley establece que en
las reservas mineras será el Estado el que decidirá con qué empresas se
asociará para explotarlas. Esas reservas quedan ahora bajo total dominio de la
nueva empresa estatal. Esto significa que las empresas con las que el Estado
decida asociarse estarán directamente protegidas por las autoridades estatales.
Significa también que, en esa situación de privilegio, el Estado fomentará una
competencia desleal con otras empresas mineras ya establecidas. Además, se
anunció oficialmente que el ministerio de Energía y Minas tiene actualmente
1,800 solicitudes para nuevas concesiones mineras en proceso de aprobación.
En pocas palabras, la nueva ley significa que el Estado se reserva lo mejor en
términos de potencial minero y de riqueza minera en los territorios que
administrará a partir de ahora. ¿Hasta dónde va a llegar esto…? No tenemos
idea. Lo que sí sabemos es que hay un interés particular en la minería en los
círculos de poder que controlan los capitales en Nicaragua.
En los 12 mil kilómetros cuadrados de reserva minera establecidos en la ley de
ENIMINAS hay 5,859 kilómetros cuadrados ya decretados y 6,515 kilómetros
cuadrados que todavía están propuestos, pero que no hay duda serán aprobados.
De las áreas de reservas mineras que ahora se han incorporado 8,538 kilómetros
cuadrados están dentro de áreas protegidas. Muchas de esas reservas mineras
están prácticamente en el límite del área núcleo y en la zona de
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
Después que la Asamblea Legislativa aprobara la ley de ENIMINAS hicimos un
ejercicio rápido para saber qué hay actualmente en las áreas de reserva minera
que ahora están listas para ser entregadas en concesión. Entre bosques cerrados
y secundarios hay más de 400 mil hectáreas a disposición ahora de la nueva
empresa, que seleccionará al mejor socio y las entregará en concesión para
explotarlas. Sin ser exhaustivo en la lista, los municipios en los que la mitad
o aún más de su superficie está en zona de la reserva minera que entra dentro
de la nueva ley son: Wiwilí de Jinotega, San José de Bocay, Waslala, Rancho
Grande, Jalapa, El Jícaro, Telpaneca, San Juan del Río Coco, Mozonte,
Macuelizo, Ciudad Antigua, La Sabana…
Particular importancia por su valor histórico tiene la concesión hecha hace
unos meses por el gobierno a la empresa canadiense Golden Reign de la mina San
Albino, en el municipio de El Jícaro, Nueva Segovia. En esa mina inició su
lucha nacionalista y patriótica el general Sandino. Cuando en los años 20 la
mina quedó abandonada, un terreno que desde hace años debió conservarse
convertido en un patrimonio histórico, es hoy una concesión minera, que
provocará, como siempre, serios impactos ambientales y sociales.
Ni en San Albino ni en otros lugares la población ha dejado de reaccionar a la
minería. Quiero recordar algunas de las más relevantes acciones de resistencia,
las ocurridas tan sólo a partir del año 2013. El 22 de marzo de 2013 hubo una
protesta masiva para impedir la entrada de la empresa B2Gold en Rancho Grande,
con el apoyo de más de 32 organizaciones, encabezadas por la iglesia católica.
El 13 de octubre hubo una segunda protesta, con la participación de más de
2,500 personas. El 1 de agosto de 2013 la protesta realizada en Santo Domingo,
un municipio donde la minería ha estado presente durante siglos, terminó con 12
personas detenidas.
En los movimientos sociales que enfrentan hoy la minería encontramos diversos
intereses. Están los Guardianes de Yaoska, movimiento nacido en el municipio
matagalpino de Rancho Grande, una zona que nunca tuvo minería y que no quiere
tener minería. Allí la resistencia es radical: no dejan entrar la minería. En
municipios como Santo Domingo, en Chontales, donde siempre ha existido la
minería industrial y la artesanal, hay conflictos de la minería artesanal con
la industrial porque, aunque la ley establece que los pequeños mineros y los
mineros artesanales pueden aprovechar hasta el 1% de la concesión de la gran
empresa privada, no se especifica la ubicación exacta de ese 1%.
La confrontación por estas reivindicaciones es permanente. Existe también en
Santo Domingo el movimiento “Salvemos Santo Domingo”, que está luchando por el
medioambiente y por el agua. Ese municipio tenía una fuente de agua excelente y
ahora, de tener 24 horas de servicio de agua potable, sólo tienen 4 horas
diarias porque esa excelente fuente ya fue contaminada por la empresa minera.
El movimiento dice “Queremos agua y no oro” y por eso lucha. Así que en Santo
Domingo una cosa es la lucha de los pequeños mineros con la empresa, donde
ambos se necesitan mutuamente, y otra cosa es el movimiento ciudadano luchando
en defensa del medioambiente.
En la protesta de
agosto de 2013 en Santo Domingo las 12 personas detenidas y apresadas fueron de
ambos grupos. Los mantuvieron presos ilegalmente durante 15 días en Managua, en
condiciones infrahumanas. La denuncia fue presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Al final los pusieron a la orden
de la jueza de Juigalpa, donde hubo protestas importantes hasta lograr que los
liberaran.
El 6 de mayo de 2015 hubo en Bonanza duros enfrentamientos entre güiriseros y
autoridades, provocando un movimiento de protesta importante. Los güiriseros son
mineros artesanales. Siempre han existido, pero con el aumento del precio del
oro han aumentado enormemente. Hay que decir que la pequeña minería y la
minería artesanal también contaminan. Si para separar el oro de la broza y
amalgamarlo, la minería industrial emplea cianuro, altamente tóxico y
contaminante de suelos y aguas, los mineros artesanales usan mercurio,
igualmente tóxico y contaminante. Hay algunos grupos que están trabajando en
técnicas menos contaminantes para la obtención de oro en la pequeña minería y
la minería artesanal, pero todavía no hacen una diferencia.
No quisiera decir que los pequeños mineros están contra el cuido del ambiente.
Pero el desarrollo de su actividad, que es contaminante, los pone ante una
disyuntiva. Y la realidad es que la pequeña minería ha sido el modo de vida de
mucha gente en Nicaragua. Por otra parte, la pequeña minería se ha
estratificado y ha desarrollado un alto grado de intermediación. En el pequeño
minero que está en la rastra y que explota directamente el oro hemos encontrado
alguna disposición para mejorar sus prácticas ambientales. Pero sobre ellos hay
una cadena de intermediarios que subcontratan mineros para sacar la broza que
después ellos procesan, quedándose con la mayoría de las utilidades. El resultado
de todo esto es que las reivindicaciones de la pequeña minería y de la minería
artesanal son distintas, aunque complementarias a las de los movimientos que
luchan en defensa del ambiente, por los derechos humanos y por las condiciones
laborales en las empresas. Sólo en algunas ocasiones se unen ambos grupos
frente a la minería industrial.
El 6 de octubre de 2015 se dieron fuertes enfrentamientos en mina El Limón
reclamando a la empresa derechos laborales. Duraron varios días y dejaron un
muerto y 32 heridos. En el levantamiento que se dio allí después de que
apresaron a los hombres, el 18 de octubre vimos marchar en las calles a las
mujeres y se hizo famosa la foto de una mujer con el equipo del que logró
despojar a uno de los policías antimotines desplazados a la zona para reprimir
a los manifestantes. En esa ocasión fueron detenidos en mina El Limón 10
mineros, que no fueron puestos a la orden del juez, sino trasladados a Managua
a la cárcel de El Chipote, donde los mantuvieron en condiciones infrahumanas
hasta que el 24 de diciembre, después de 56 días de detención ilegal, fueron
liberados “generosamente” por una orden personal del presidente Ortega que, sin
contar con el sistema judicial, argumentó que la Navidad era “época de
encuentro de las familias nicaragüenses”. Desde entonces, y aunque lo hemos
intentado en varias ocasiones, no hemos podido hablar con ninguno de estos
mineros, que no están autorizados a hablar con nadie, sin precisar las razones.
El 4 de octubre de 2015 más de 3 mil personas se movilizaron en Rancho Grande
contra la entrada de la B2Gold en el municipio y nueve días después, el 13 de
octubre, el gobierno declaró “inviable” el proyecto minero en Cerro Pavón, una
victoria extraordinaria que todavía estamos celebrando. Una victoria que va a
costar mantener porque hay siete concesiones más en Rancho Grande, tres de
ellas también de la B2Gold, y la que se declaró “inviable” es sólo una. Algunas
de esas concesiones pasaron a reserva minera, ahora bajo la nueva ley que le da
toda la potestad al Estado. ¿Se mantendrá “inviable” toda actividad minera en
Rancho Grande? Nada está firme en este país si depende de las autoridades del
gobierno. Sin embargo, confiamos en el movimiento de Rancho Grande, que está
claro y está decidido a defender su territorio.
El más reciente de los conflictos que hemos conocido es el enjuiciamiento
arbitrario hecho por la empresa británica Cóndor Gold contra siete defensores
ambientales en mina La India, en el municipio leonés de Santa Rosa del Peñón.
La empresa tuvo que ceder del juicio porque tenía delante a un pueblo que la
rechaza, con el acompañamiento del Centro Humboldt y del Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos. Desistiendo del juicio apenas inicia otra etapa de esa lucha.
A las empresas extranjeras les duele muchísimo que haya mala prensa en sus
países de origen. Ocho columnas en la prensa de Managua denunciando las
arbitrariedades de la Cóndor en mina La India hacen menos impacto que una
pequeña nota en “The Guardian” o en cualquier otro medio de comunicación
británico.
Sabemos también, y
es un dato relevante para la incidencia internacional, que el 8% del capital
accionario de la empresa minera Cóndor proviene del Banco Mundial. Y según
declaraciones de la representante en Nicaragua de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) del Banco Mundial, que inyecta recursos al sector privado,
tienen el compromiso de llegar hasta el 20% del capital accionario de la
minera. Estamos pendientes del mecanismo establecido por el banco para demandar
la suspensión de ese proyecto.
¿Es válido decir un NO total a la minería? Debemos responder a esta pregunta
como nación. Nuestra posición institucional es que no deben darse concesiones
para la minería a cielo abierto en lugares que no sean los distritos mineros
tradicionales, menos aún en la cuenca del río San Juan y en áreas protegidas.
Como institución trabajamos con todos, con la gente que se opone cien por
ciento a la minería y con la gente que lucha por mejorar las cosas en donde hay
minas. Hemos aprendido que tener un solo punto de vista sobre la minería no es
la mejor opción.
Recientemente se consiguió en El Salvador una ley que prohíbe totalmente la
minería. Creo que ese logro se explica porque allí todos los sectores, los de
todas las ideologías políticas, entendieron que detener la minería era cuestión
de vida o muerte. Se logró una ley tan radical porque el imaginario del pueblo
salvadoreño en su conjunto sabe que tiene una base demasiado reducida de
recursos naturales y ambientales. En Nicaragua es diferente. En el imaginario
del pueblo nicaragüense está arraigada la idea de que vivimos en un país con
recursos naturales infinitos. En el discurso de cualquier líder de opinión,
político, empresarial, religioso, social, escuchamos siempre lo mismo: “Hemos
sido bendecidos por Dios con un país riquísimo, tenemos de todo…” Y eso ya no
es así. Cada vez tenemos recursos más escasos porque los estamos destruyendo.
Debemos cambiar de imaginario. Y en el caso de la minería, debemos actuar con
el mayor sentido de urgencia porque la destrucción social y ambiental que causa
esta industria afecta a grandes cantidades de población.
Como consecuencia de lo aceleradamente que estamos viendo avanzar la minería en
nuestro país, sin regulación y con privilegios, en los mismos días en que se
aprobaba la ley creadora de la empresa ENIMINAS se conformó, el 22 de junio de
2017, el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial,
integrado por varios territorios en resistencia, que cuentan en cada uno de
ellos con varias organizaciones que empiezan a articularse. Al movimiento se
incorporaron ese día los territorios de Santo Domingo, Rancho Grande, Nueva
Segovia y mina La India. Entre todos conformaron el Movimiento, con una junta directiva
de cuatro hombres y cuatro mujeres que liderarán procesos para fortalecerlo. Es
un acontecimiento inédito en nuestro país porque hasta ahora los movimientos
territoriales y comunales estaban dispersos y no habíamos conseguido articular
un movimiento nacional frente a la minería.
El movimiento frente a la minería, al igual que el movimiento campesino
anticanal son movimientos sociales de nuevo tipo en Nicaragua. No tienen
vínculos partidarios ni buscan una salida electoral, pero están comprometidos y
luchando por derechos y demandas que son importantes no sólo para ellos, sino
para toda la nación. Estos dos movimientos sociales emergentes han demostrado
que la movilización social no sólo es posible. Es también necesaria para lograr
reivindicaciones fundamentales para toda la nación nicaragüense. Por eso nos
dan esperanza y nuevas energías para seguir trabajando para construir una mejor
Nicaragua.
*Ingeniero y
director del Centro Humboldt,
