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La fiscal general María Consuelo Porras
Argueta, tardó 85 días —desde que asumió el cargo el pasado 15 de mayo— en
presentar el primer caso de su administración, en seguimiento a la lucha contra
la corrupción y la impunidad iniciada por su antecesora Thelma Aldana
Hernández, y también con el apoyo y asesoría de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
De manera contundente y sin mayores
espavientos, junto al comisionado Iván Velásquez Gómez, anunció el inicio de
procesos judiciales en contra del presidente Jimmy Morales Cabrera y la
diputada Nineth Varenca Montenegro Cottom, secretaria general del partido
Encuentro por Guatemala (EG) por los supuestos delitos de financiamiento
electoral ilícito.
El primero de los casos, el encausado en
contra del mandatario, conocido desde el año pasado, se refiere a los
millonarios aportes que al menos cinco empresarios vinculados a las compañías
más poderosas del país otorgaron al partido Frente de Convergencia Nacional
(FNC), de manera anónima; y el segundo, en el que se implica a Montenegro y su
partido, se deriva de una denuncia presentada a finales de 2016 cuya
investigación apenas empezó a rendir frutos meses atrás, está relacionado con
aportes hechos para la campaña electoral de 2015, los cuales no fueron
reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La
brasa en las manos
Dos días antes de concluir su mandato, le
exfiscal Aldana anunció en una conferencia de prensa ofrecida junto al
comisionado Velásquez, que “existen elementos abundantes para pensar en la
posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la
República” por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito del partido oficial.
Sus palabras fueron como una especie de brasa ardiente que dejaba en manos de
Porras, quien desde el primer momento de su administración empezó a recibir
presiones mediáticas para le diera seguimiento a lo anunciado por su
predecesora.
Al menos en lo que se ha observado hasta
ahora, la fiscal general ha sido cauta en sus actuaciones y consecuente con su
posición de que no atenderá a ningún tipo de presiones y que cada caso que
lleve a tribunales estará respaldado por una sólida investigación. Para darle
seguimiento al caso que involucra al presidente Morales se tomó 85 largos días
de silencio. El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa ofrecida
junto a Velásquez en la sede del MP, la que, a diferencia de las conferencias
que solía ofrecer Aldana, apenas duró 15 minutos de exposición (más 30 de
preguntas de los reporteros) y careció de presentaciones en Power Point donde
se daban detalles de los casos.
“Hasta el día de hoy se hizo efectiva la
entrega de los antejuicios relacionados en virtud de que de la investigación
inicial surgieron nuevos hechos”, dijo Porras al explicar el caso de Financiamiento Electoral Ilícito,
por el cual la Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó al retiro de la
inmunidad al presidente, para poder investigarlo por sus actuaciones como
secretario general del FCN-Nación durante la campaña electoral de 2015.
Según las investigaciones del MP, el
partido oficial no presentó ante el TSE los informes de los gastos de campaña
electoral como ordena la Ley Electoral y de Partidos Políticos para efectos de
fiscalización, y utilizó a la empresa Novaservicios, S.A. para ocultar aportes
económicos para el pago de fiscales de mesa durante la primera y segunda vuelta
electoral de 2015. De acuerdo a las investigaciones el FCN-Nación no reportó Q7
millones por el pago de fiscales y mintió al TSE al señalar que el gasto
incurrido en rubro fue de Q103,706.
La primera parte de la investigación por
financiamiento electoral ilícito del FCN-Nación involucra al exdirectivo del
Movimiento Cívico Nacional (MCN), Rodrigo Arenas, y al empresario José Andrés
Botrán Briz, quienes en abril pasado comparecieron a una audiencia de primera
declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”. A ambos se les acusa de
gestionar la recaudación de los recursos financiaros para el pago de fiscales
de mesa. Fueron ligados a proceso el pasado 3 de mayo, tras reconocer ante la
jueza Erika Aifán que lo hicieron para “defender el voto de los guatemaltecos”.
Días antes, el 19 de abril, Aldana y
Velásquez presentaron los detalles de la segunda parte de la esa investigación.
Los empresarios Felipe Bosch Gutiérrez, Fraterno Vila Girón, José Miguel
Torrebiarte Novella, José Castillo Villacorta, y Salvador Paiz del Carmen, fueron
señalados de haber financiado de manera anónima al partido oficial en las
elecciones de 2015. Ese mismo día, los señalados emitieron una disculpa pública
en la que admitieron los hechos y justificaron que “fue por Guatemala”. El 6 de
junio fueron ligados a proceso por el delito de financiamiento electoral
ilícito.
“El financiamiento electoral no es delito.
Todos los ciudadanos, todas las empresas pueden continuar financiando las
actividades electorales. El delito es, como está previsto en el artículo 407 N,
(es) específicamente financiar anónimamente”, señaló el comisionado Velásquez
durante la conferencia.
En esta tercera parte del caso, cuya
investigación corresponde ya a la administración de Porras, dos nuevos hechos
se suman en contra de Morales: la obtención de material publicitario (volantes
y calendarios de bolsillo) valorado en Q270 mil, además de un aporte por Q359,899
que habría otorgada la “Fundación G”, recursos que supuestamente fueron
utilizados para capacitaciones que recibieron Morales Cabrera y el entonces
candidato a vicepresidente Jafeth Ernesto Cabrera Franco.
El material publicitario fue pagado con
dinero que entró a Novaservicios, S.A. De acuerdo a las autoridades, fue el
ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Othmar Sánchez, quien
solicitó a la empresa Panagrafic 3,6 millones de volantes por un precio de
Q294,320, y 2,3 millones de calendarios de bolsillo por un precio de Q234,300.
Sánchez supuestamente indicó a la empresa que el material lo pagaría Novaservicios,
pero únicamente canceló Q270 mil que no fueron reportados al TSE.
Contra Othmar Sánchez hay iniciado un
proceso de antejuicio desde octubre del año pasado.
La fiscalía también tiene indicios de que
la Fundación G (de la cual no se conocen detalles) pagó US$22 mil (unos
Q359,899) para que el l binomio presidencial recibiera capacitación de técnicas
y estrategias de comunicación, imagen pública, relaciones públicas, planeación
de medios y estrategias básicas de comunicación audiovisual. El curso fue impartido
por un asesor identificado como César Martínez.
Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra
Delitos Electorales, explicó que el pago de los volantes se detectó a través de
los pagos de los empresarios y que durante la audiencia de primera declaración
de estos ya se tenía conocimiento de este hecho. Sin embargo, la información la
corroboraron porque la entidad que realizó los volantes se acercó al MP con la
información.
Horas después de que la solicitud de
antejuicio en contra de Morales fuera presentada en los tribunales, el gobierno
de Guatemala emitió un comunicado en el que asegura que el mandatario es
“respetuoso del Estado de Derecho” y que “confía en un procedimiento enmarcado
en derecho ajeno a intereses políticos”.
Vallas
para Encuentro por Guatemala
La solicitud de antejuicio en contra la
diputada Montenegro Cottom, se deriva de una investigación iniciada por una
denuncia registrada el 13 de diciembre de 2016 por el inspector general del
TSE, y también vinculada de manera indirecta por el caso en contra de
FNC-Nación, por hechos relacionados con las campañas electorales de 2011 y
2015.
Velásquez explicó que, al igual que
FCN-Nación, el partido EG no presentó los estados financieros del informe de
campaña electoral por cuenta bancaria, es decir: el informe bimestral del
financiamiento privado, el informe de origen y destino de financiamiento
público y privado, el informe de origen y destino del financiamiento de la
campaña electoral, y las declaraciones juradas por aportaciones superiores a
los US10 mil. Esta falta de información “impidió determinar y conocer el origen
lícito o ilícito de estas contribuciones”, afirmó el comisionado.
El
monto no reportado al TSE por EG fue asciende a Q1,7 millones.
Además del dinero no reportado, los
investigadores detectaron dos casos de supuesto financiamiento ilícito. El
primero se remonta a 2011, cuando el partido no reportó un aporte de Q197,500
otorgado para cubrir gastos de publicidad electoral de Publicidad Avance, S.A.
Schaad aseguró que obtuvo recientemente la información de este aporte, a pesar
de tratarse de un hecho de siete años atrás. La información, según fuentes
cercanas a la investigación, fue brindada por la colaboradora eficaz del caso
de FCN-Nación, Paulina Paiz Riera.
El segundo caso, registrado durante la
campaña de 2015, se refiere a un aporte de Q76,784 (equivalente a US$10 mil)
que según el MP el partido recibió para arrendar seis pasarelas digitales con
fines publicitarios a la empresa Yeyo, S.A.
Salvador Paiz del Carmen, ligado a proceso
por el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, expuso a la
fiscalía que el ese aporte provino de la entidad Maximum Financial and
Investments Services.
Montenegro aseguró desconocer sobre ambos
aportes, pero reconoció que “pudo haber sido algún candidato a mis espaldas” el
que recibió y utilizó los mismos. La diputada, quien se ha destacado por su
apoyo a la lucha contra la impunidad y la corrupción, dijo que los
señalamientos en su contra no modificarán su posición al respecto. “Sigo siendo
respetuosa del trabajo de la Cicig y el MP”, indicó.
El fiscal Schaad aseguró que el siguiente
paso en este proceso, de acuerdo con la ley, será iniciar “el procedimiento
administrativo correspondiente” ante el TSE para que este procesa a “la
cancelación del partido” EG. De la misma manera que lo hicieron desde octubre
del año pasado con FCN-Nación, cuya cancelación se encuentra en trámite.
La fiscal general aclaró que el futuro de
ambos casos queda en manos de las instancias correspondientes, que deberán
decidir sobre si acceden a retirar la inmunidad al presidente Morales y la
diputada Montenegro para continuar con las investigaciones y los procesos
judiciales. Porras indició que cumplieron con su trabajo al presentarlos y no
puede tener ninguna “interferencia” en lo que resuelvan las demás instancias.
En el caso de Morales, corresponde a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inhibirse de conocer la
petición y enviarla al Congreso de la República, que es al que en última
instancia le corresponde resolver sobre la petición de antejuicio en contra del
mandatario. En el Legislativo se deberá conformar una comisión pesquisidora
para analizar el caso. Si esta comisión considera que hay indicios suficientes,
llevará su informe al pleno en donde se votará para retirarle o no la inmunidad
al mandatario. Se necesita de 105 votos para lograrlo.
En el caso de la diputada, si los
magistrados aceptan la solicitud deberán nombrar a un juez pesquisidor quien
tendrá 60 días para elaborar un informe. La decisión final quedaría en manos de
la CSJ.
Velásquez señaló que la razón fundamental
de estos casos es “contribuir a un proceso (electoral) transparente que
garantice en mayor medida un certamen democrático el próximo año en Guatemala”,
para que “prácticas de esta naturaleza no se repitan en el futuro”.
Desde mayo pasado, en el Congreso se
discute una reforma al artículo que tipifica y sanciona el delito de
financiamiento electoral ilícito. El comisionado Velásquez ha dicho en
reiteradas ocasiones que no se debe buscar una “amnistía disfrazada” con este
cambio, y lo repitió en la conferencia del viernes. Porras afirmó que no
opinaría hasta no tener la reforma ya aprobada.
