Enrique
Dussel*
www.jornada.unam.mx / 130418
El
sistema inmunológico en un cuerpo vivo es el conjunto de medios que posee el
organismo para defenderse de las enfermedades que puedan atacarlo. Si el
sistema inmunológico se enferma, es decir, si es atacado él mismo por una
enfermedad (como el sida en el organismo viviente humano), dicho organismo
queda desvalido, ya que ha perdido la capacidad de autodefenderse. Se ha
corrompido el sistema que impide la corrupción: es la corrupción suprema.
La
corrupción económica, entre otros aspectos, es apropiarse de bienes ajenos por
engaño, violencia u otra causa que sea ilegal o injusta. La corrupción política
es el arrogarse de un funcionario (es decir, el responsable del ejercicio de
una institución de la sociedad política) ser sede de la soberanía, que en último
término sólo reside en el pueblo.
Por
su parte, en el campo político es el sistema del derecho el analogado al
sistema inmunológico del organismo vivo; defiende al sistema político de la
corrupción de todo tipo. Si el sistema del derecho se corrompe deja al sistema
político desvalido ante todo tipo de corrupción. En el sistema del derecho
cuando se corrompe el juez, es decir, cuando no opera conforme a la justicia y
a la ley que debe defender, la
corrupción del juez es la corrupción suprema, porque es al juez al que se
le encomienda el ejercicio de la ley con justicia (siendo una corrupción mayor
que toda otra corrupción, tales como la del sistema económico, educativo, de
género, etcétera). Tal es el caso del juez Sergio Moro hoy en el caso de
Brasil.
La
cuestión que ocupa nuestra atención ya fue contemplada por Hammurabi (1730-1688
aC), hace unos 3 mil 700 años en el llamado Código de Hammurabi, cuando decretó
que para acusar a alguien hay que tener pruebas (§ 2), de no tenerlas el
acusador se transformaría en acusado, y hasta podría recibir la pena de muerte
(§ 2 y § 7), y “si un juez ha juzgado una causa [… y] a continuación cambia su
decisión […] se lo hará levantar de su asiento de justicia y no lo volverá a
ocupar jamás” (§ 6).
Por
ello, lo que me mueve a realizar estas reflexiones no es sólo la tradición
milenaria del derecho, sino la oportuna exhortación de Cuauhtémoc Cárdenas
(quien fue despojado injustamente, y la historia así lo recordará, de la
Presidencia mexicana habiéndola ganado de buena ley ante el fraude de Carlos
Salinas de Gortari) que lanza un llamado a la conciencia de todo luchador por
la justicia (La Jornada, 8/4/18).
El
tema es la corrupción del ejercicio del sistema del derecho y de los jueces en
América Latina.
Está
hoy claro que la motivación de la destitución de la presidenta del Brasil,
Dilma Rousseff, tenía como objetivo político (y no jurídico) impedir la
posibilidad de que Lula da Silva fuera electo nuevamente Presidente de la
República. Y esto se prueba por la premura en que se perpetró y no cumpliendo
muchas exigencias jurídicas del proceso debido en el caso de la condenación de
Lula.
De
manera que lo dictado por el juez Sergio Moro, condenando al acusado sin pruebas (proponiendo como
fundamento del juicio suposiciones subjetivas del juez), lo transforman a él
mismo de acusador en acusado (según lo contenido en el milenario Código de
Hammurabi, en los fundamentos del derecho vigente y en el sentido común
cotidiano).
Pero
lo más grave no es solamente la injusticia e ilegalidad del mismo juez, sino el
que se manifieste la corrupción de todo el sistema del derecho, ya que queda
involucrado el mismo Tribunal Supremo de Justicia, con miembros que cambian su
opinión debido a presiones externas a dicho tribunal.
Todo
esto nos recuerda el tema tan actual en la filosofía del derecho tratado de
manera tan autorizada por Giorgio Agamben, especialista del derecho romano y
filósofo actual del derecho.
Cuando
el juez es injusto se levanta la crítica de Sócrates que acepta la ley, pero
condena a los jueces injustos que decretan su muerte. Pero cuando se corrompe
la totalidad del sistema de la ley, la crítica se endereza contra el fundamento
de la legalidad misma, ya que se descubre de pronto la ilegitimidad de la
legalidad y de los jueces mismos. Es el pueblo, como sede última de la
soberanía que exclama en el estado de rebelión (más allá del estado de
excepción schmittiano): ¡Que se vayan todos! los representantes y las
instituciones corrompidas que se han tornado autorreferentes o que creen ser la
sede del poder, de la soberanía, de la potencia.
Es
el pueblo brasileño el que se levanta clamando: ¡Han juzgado como culpable sin
pruebas al líder de un pueblo oprimido! ¡A ese Estado, a esa institución del
sistema del derecho, a ese juez corrupto llamado Sergio Moro, le exigimos que
se vayan! Es el clamor del consenso del pueblo (el consensu populi de Bartolomé
de Las Casas en el siglo XVI) fundamento de la legitimidad, que es por su parte
el fundamento de la legalidad justa y no corrupta, la última instancia de la
justicia (que funda la legitimidad y la legalidad no corrompidas).
El
pueblo brasileño tendría toda razón (fundamento) en no cumplir el juicio de
Sergio Moro, juez corrupto que opera desde una legalidad ya no legítima
(legítima sería si estuviera fundada en la voluntad del pueblo que Moro teme, y
por ello encamina sus juicios políticos, no jurídicos, contra la posibilidad de
que Lula da Silva sea elegido presidente). Por ello mismo, la lucha del pueblo
brasileño, el resto, indicado por Agamben, para liberar a Lula es de derecho;
de derecho fundado en la legitimidad (en el consenso del mismo pueblo) de
liberar al que le ha servido con honestidad y justicia, y por ello el pueblo lo
necesita.
La
situación involucra a toda América Latina, porque en Argentina, en México y en
otros países hermanos, no sólo en Brasil, el sistema del derecho y los jueces
corrompidos se han transformado y usado como dispositivos de dominación,
juzgando procesos políticos fraudulentos como de derecho y condenando a los
pocos políticos honestos, como en el caso del desafuero, lo que permite golpes
de Estado efectuados con camisas y guantes blancos, no ya manchados de sangre
como cuando actuaban los militares en nombre del Departamento de Estado en
tiempos de Henry Kissinger. Por ello Cuauhtémoc Cárdenas levantó con todo
derecho la voz, porque fue también objeto de un golpe de Estado con guantes
blancos.
La
corrupción del derecho es parte de la dictadura perfecta que se nos pretende
seguir imponiendo con nuevos dispositivos, diría M. Foucault.
¡Es
necesario que Lula da Silva no sea víctima (encarcelada) ni mártir (muerto)
sino vivo y presidente!
*Filosofo
