Atilio
Borón / Página12
www.publicogt.com / 070418
Lo
que antes requería la intervención de las fuerzas armadas hoy lo hacen nuevos
actores, convenientemente adoctrinados y entrenados por diversas agencias del
gobierno de Estados Unidos con sus programas de “buenas prácticas”. Estos
seleccionan jueces, fiscales, legisladores y periodistas y les ofrecen cursos
especializados sobre los temas de su incumbencia.
Uno
de esos jueces es precisamente Moro, que sin prueba alguna condenó a Lula a 9
años y seis meses de cárcel, lo cual quiere decir que aprendió muy bien las
lecciones que le dieron en el país del norte. El brasileño es tal vez el más
famoso de los muchos jueces y fiscales latinoamericanos que participan en estos
cursos de “buenas prácticas”.
En
su caso asistió al programa para instrucción de abogados ofrecido por la
Harvard Law School y también en un workshop
sobre lavado de dinero organizado por el Departamento de Estado, pese a que en
Estados Unidos hay cuatro estados –Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur–
en donde se lava dinero de forma abierta y descarada. Moro aprendió que es una
“buena práctica” condenar a un acusado aunque no haya evidencias del delito. Lo
mismo había pasado antes con la pandilla de maleantes y corruptos que se adueñó
del Congreso brasileño, que sin prueba alguna condenó a Dilma Rousseff por
corrupción para luego destituirla en un proceso escandaloso que hundió a los
legisladores de ese país en la cloaca más maloliente de la política
internacional.
Pero
no basta con jueces y fiscales para concretar los planes destituyentes del
imperio. También se necesitan periodistas que aprendan y apliquen las malas
artes de la mentira sistemática, la desinformación, la fabricación amañada de
consensos, pergeñar y manipular a la opinión pública con vistosas
“pos-verdades” y blindar mediáticamente a los gobernantes y políticos amigos y
para linchar mediáticamente a los indeseables.
No
es casual que las opiniones vertidas por las oligarquías mediáticas sean
insólitamente tomadas como “pruebas” por esos jueces o fiscales cuyos cerebros
fueron prolijamente lavados en Estados Unidos. Por algo el ex presidente Rafael
Correa señala que el obstáculo principal que se interpuso a todos sus planes de
gobierno fueron los medios de comunicación, controlados a voluntad por la
oligarquía financiera y sus aliados.
En
el caso argentino el blindaje de los gobernantes y políticos amigos es
impresionante. Por ejemplo, el tema de los Panamá Papers ha desaparecido por
completo como también lo hizo el incendio intencional de Iron Mountain en donde
perdieron la vida diez bomberos y se convirtieron en humo documentos y
testimonios de suma importancia.
En
Brasil, actor principalísimo de la condena a Lula y la destitución de Dilma fue
la Red O Globo, violando como casi todos sus congéneres en toda América Latina
las reglas de una nobilísima profesión. En lugar de periodismo lo que hay,
salvo honrosas excepciones, son dispositivos de propaganda sólo interesados en
promover determinados intereses económicos y políticos y encubrir los delitos
de sus aliados. Pero no basta con jueces y periodistas corruptos: se precisa
también contar con legisladores inescrupulosos dispuestos a lo que sea “si el
precio es el correcto”.
Estas
categorías sociales han sido entrenadas por décadas por el gobierno de Estados
Unidos en lo que sería el sustituto funcional de la tenebrosa Escuela de las
Américas. El imperialismo incorporó a sus dispositivos de dominación el mal
llamado “golpe blando”, que en los hechos es una estrategia de destitución de
gobiernos progresistas –incluso aquellos que son tan sólo díscolos antes las
órdenes de la Casa Blanca– que provoca poco después un verdadero baño de
sangre.
Para
quien tenga dudas basta observar lo ocurrido en Honduras o lo que viene
ocurriendo en Paraguay o en Brasil, con Río de Janeiro completamente
militarizada, y con víctimas como Mariella Franco, crimen escandaloso que no se
pudo tapar como sí se hizo con el asesinato de Paulo Henrique Dourado, concejal
de la populosa barriada carioca de la Baixada Fluminense ocurrido apenas una
semana después del crimen perpetrado contra Mariella.
Al
pisotear los preceptos constitucionales el Superior Tribunal Federal deslegitima
la democracia y arroja a Brasil a los brazos de la violencia. Demuestra que de
ahora en más nuestros pueblos tendrán que idear otras estrategias de conquista
del poder, porque la ruta de la democracia parece desembocar fatalmente en la
venganza reaccionaria con la bendición del imperio. No hay muchos dispuestos a
tolerar este resultado.
