Olmedo Beluche
240819
En menos de un mes de gobierno, Cortizo y
su equipo económico tomaron dos drásticas medidas que parecen contradictorias:
vendieron bonos soberanos por más de B/. 2,000 millones, que se suman a la
deuda pública que sobrepasa los 25,000 millones; decretaron la llamada
Austeridad con Eficiencia, por la cual le cortaron al presupuesto estatal de
2019, B/. 1,483.7 millones.
Pese a que anunciaron con bombos y
platillos la emisión de bonos, que pronto les daría la liquidez que dicen que
faltaba, el recorte presupuestario fue drástico en dos rubros que ya vienen muy
deteriorados, y que son los que más afectan a las familias pobres: salud y
educación públicas.
Al presupuesto de la Caja de Seguro Social
le recortaron nada menos que B/. 279.7 millones, y al Minsa B/ 127.9
millones. En un momento de quejas generalizadas por falta de insumos,
medicinas y mora quirúrgica. Al Meduca le tumbaron de un golpe B/. 85 millones
de balboas, 50 millones en servicios personales y el resto en inversión. Cuando
cada día hay protestas de padres por escuelas en mal estado. A las
universidades públicas también les afectó la tijera.
Aquí es donde cualquiera con sentido común se pregunta si, ante una crisis fiscal, lo primero que hay que hacer es afectar los servicios públicos que reciben los sectores más pobres de la sociedad. Máxime que ya se anuncian “revisiones” y recortes a otros programas sociales, como la beca universal.
Si se conoce algo de este país, se sabe
que aquí hay sectores empresariales que históricamente han hecho parte del
llamado “Club de los Exonerados”. Por ejemplo, la industria marítima, que
representa el 33.5% del producto interno bruto (PIB), unos 25 mil 780 millones
de dólares anuales, su tributación totaliza $603.4 millones, apenas un 2.3% de
todo el capital que mueven.
Por el contrario, un docente universitario
paga en promedio de impuesto sobre la renta el 7.35% de su salario y el 8.6%,
si se incluye el seguro educativo.
En 2015, el gobierno de Varela alegó un
déficit, según el cual el “impuesto sobre la renta de las empresas” había
bajado 27.3% de lo presupuestado y 15.3% respecto al año anterior, la suma
total que se debió recaudar era B/. 884.2 millones, esto significa que,
respecto a una economía estimada en B/. 76 mil 925 millones para ese año, las
empresas solo pagan de impuesto sobre la renta empresarial apenas el 1.1% del
PIB.
Un experto como el Sr. Publio Cortés
afirma que “ciertos contribuyentes de alto nivel económico, se benefician de la
opacidad de los refugios fiscales…”, además que utilizan gastos ficticios para
declarar mucho menos de lo que se debe pagar en impuestos (La Estrella,
3/5/16). Donde quiera que se mire, los mejores negocios del país, o están
exonerados o tributan muy poco.
Así que debemos exigir que el gobierno deje de atacar fiscalmente, con recortes o impuestos, a los asalariados y a los más pobres, que se deje de recortar los servicios y programas sociales. Hay que dejar de subsidiar a las grandes empresas extranjeras y nacionales que se benefician de nuestra posición geográfica. Exijamos una reforma fiscal progresiva en la que los que más ganan paguen más, y no al revés, que es lo que está pasando en Panamá.
