Raúl Zibechi
www.jornada.unam.mx / 180817
Esta es la nueva Campaña del
Desierto, pero no con la espada sino con la educación, dijo Esteban Bullrich,
entonces ministro de Educación y Deportes al inaugurar un hospital-escuela en
septiembre del año pasado (goo.gl/JxD7Wl). Más allá de la brutalidad
de las palabras del actual candidato a senador que compitió con Cristina Fernández
en la provincia de Buenos Aires, la frase desnuda lo que piensan los de arriba
de los pueblos originarios.
La Campaña o Conquista del Desierto
fue un genocidio perpetrado por el Estado argentino entre 1878 y 1885, cuando
arrebató grandes extensiones de territorio a los pueblos mapuche, ranquel y
tehuelche. Los indígenas derrotados por las fuerzas comandadas por Julio
Argentino Roca fueron deportados por la fuerza a campos de concentración,
exhibidos en museos o trasladados para servir como mano de obra forzada.
El objetivo de fondo, ese que no se
puede expresar en público pero es la fuerza motriz oscura de las acciones, fue
la expropiación de sus territorios para incorporar tierras al mercado y
expandir la república en zonas que, antes y ahora, son consideradas como
desierto, porque son espacios poco fértiles para la acumulación de capital.
Los Bullrich (el candidato macrista
y su tía Patricia, actual ministra de Seguridad) forman parte de una
distinguida familia de la oligarquía argentina, que jugó un papel directo en la
Campaña del Desierto.
El historiador Osvaldo Bayer
mostró, con base en documentos de la Sociedad Rural, que entre 1876 y 1903 se
otorgaron casi 42 millones de hectáreas a mil 800 familiares y empresarios
amigos del presidente Roca. Algunas familias, como la del ex ministro de
Economía de la última dictadura, Martínez de Hoz, obtuvieron gratis 2.5
millones de hectáreas.
Según un informe de la BBC, una
buena parte de esas tierras pertenecen actualmente a Benetton, que posee casi
un millón de hectáreas, siendo uno de los principales dueños de la Patagonia,
en conflicto permanente con las comunidades mapuche, ya que la multinacional
ocupa parte de sus territorios ancestrales (goo.gl/73JZTy).
El extractivismo es la continuación
de la Campaña del Desierto. Según el periodista Darío Aranda, de los 40
proyectos mineros en estudios (en 2003), se avanzó hasta 800 proyectos (en
2015); de 12 millones de hectáreas con soya transgénica se pasó a 22 millones
en el mismo periodo. Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos
conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay
empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras) que actúan en
complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos (goo.gl/71ckCG).
Los medios hacen un trabajo sucio
al vincular a los mapuche a las FARC, a grupos kurdos y a ETA, sin prueba
alguna, sólo apoyados en declaraciones del gobernador de Chubut, al servicio
del avance de la frontera extractiva. La ministra de Seguridad, Bullrich, dio
un paso más al señalar que los mapuche son un problema para la seguridad
nacional y acusarlos de terroristas, a la vez que asegura que enarbolan un proyecto
secesionista.
“No vamos a permitir una república
autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”. Esa es la lógica que están
planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista, dice
quien en los setenta militaba en el entorno de la organización armada
Montoneros (goo.gl/yp2hfU).
Detrás de todo este cacareo hay una
realidad que es la que realmente molesta: en los últimos 15 años, luego de
agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250
mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes, asegura Aranda. O
sea, pese a la represión, la criminalización y la difamación, los mapuche están
ganando.
El conflicto del Estado con la
comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de Cushamen, provincia
de Chubut, se intensificó en 2015 a raíz de la represión y criminalización de
sus líderes. El lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche de la comunidad,
fue detenido el 28 de junio de este año, el mismo día en que se reunieron los
presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, acusado por los gobiernos de
terrorismo, incendios, robos, amenazas e, incluso, haberle declarado la guerra
a Chile y Argentina (goo.gl/1khbBy).
El primero de agosto efectivos de
la Gendarmería Nacional allanaron y quemaron instalaciones de la comunidad. En
el marco de la represión desapareció el activista solidario Santiago Maldonado,
cuando no pudo cruzar un río junto a sus compañeros perseguidos por los
policías. Hasta ahora nada se sabe de su paradero, el gobierno se niega a
responder mientras arrecian las marchas y concentraciones exigiendo su
aparición con vida.
Hay tres hechos que desesperan a
los de arriba y explican la brutalidad represiva.
Uno, el pueblo mapuche sigue vivo,
no se rinde y recupera tierras, que es la base de su reconstrucción como nación.
Dos, la campaña nacional e
internacional en su apoyo. Un centenar de organizaciones de pueblos
originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, emitieron un comunicado titulado La
lucha indígena no es delito, donde dicen que el Estado privilegia los intereses
de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche.
Tres, que los mapuche han
construido las más diversas organizaciones, entre ellas la Resistencia
Ancestral Mapuche (RAM), dedicada a recuperar tierras. Daniel Loncon,
integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, dijo que entre los
mapuche algunos prefieren la vía diplomática, pero también hemos sido testigos
de nuestros abuelos que se han muerto yendo de oficina en oficina buscando la
legitimación de sus tierras.
El RAM en ese sentido es una
expresión del pueblo mapuche cansado de esta injusticia histórica, pero
consciente de dónde está el poderío económico que maneja todo esto. Porque la
recuperación no se hizo a un vecino, sino a una multinacional (goo.gl/GEqKq9).
¡Marichiweu!
