Pablo Solón Romero
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¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ocurrió con el proceso de cambio que hace más de quince años conquistó su primera victoria con la guerra del agua? ¿Por qué un conglomerado de movimientos que querían cambiar Bolivia acabaron atrapados en un referéndum para que dos personas puedan re-elegirse en el 2019?
Decir que todo esto es obra de la conspiración imperialista es un despropósito. La idea del referéndum para la reelección no partió de la Casa Blanca sino del Palacio Quemado. Ahora es obvio que el imperialismo y toda la ultra derecha se aprovechen de este gran error que fue la convocatoria a un referéndum para que dos personas puedan ser reelectas.
El referéndum no es la causa del problema sino uno más de sus trágicos episodios. El proceso de cambio anda por mal camino y es necesario reflexionar más allá de los escándalos de corrupción y las mentiras, que aunque son importantes, son sólo la punta del iceberg.
Hace cuatro años y medio dejé el gobierno y durante este tiempo he buscado entender este devenir. Lo que pasa en Bolivia no es algo único. Desde principios del siglo pasado diferentes movimientos revolucionarios, de izquierda o progresistas llegaron al gobierno en diferentes países del mundo y, a pesar de que varios de ellos generaron importantes transformaciones, prácticamente todos terminaron cooptados por las lógicas del capitalismo y el poder.
De manera muy resumida comparto aquí algunas ideas, autocriticas y propuestas que espero contribuyan a recuperar los sueños de un proceso de cambio que es muy complejo y que no es propiedad de ningún partido o dirigente.
La lógica del poder capturó al proceso
Los activistas de izquierda en el gobierno generalmente hablamos del peligro de la derecha, del imperialismo y de la contra-revolución, pero casi nunca mencionamos el peligro que representa el poder en sí mismo. Los dirigentes de izquierda creen que estando en el poder podrán transformar la realidad del país y no son conscientes que ese poder los acabará también transformando a ellos mismos.
En los primeros momentos de un proceso de cambio generalmente el nuevo gobierno promueve -por vía constitucional o insurreccional- la reforma o transformación de las viejas estructuras de poder del Estado. Estos cambios, aunque radicales, nunca serán suficientes para evitar que los nuevos gobernantes sean cooptados por la lógica del poder que está presente tanto en estructuras de poder reaccionarias como en estructuras de poder revolucionarias. La única opción para evitar que un proceso de cambio sucumba está fuera del Estado: en la fortaleza, independencia del gobierno, autodeterminación y movilización creativa de las organizaciones sociales, de los movimientos y los diferentes actores sociales que dieron nacimiento a esas transformaciones.
En el caso boliviano, que comparativamente a otros procesos de cambio era muy privilegiado por la fuerte presencia de vigorosas organizaciones sociales, uno de nuestros errores más graves fue debilitar a las organizaciones sociales incorporando a las estructuras del Estado a una gran parte de sus dirigentes que terminaron expuestos a las tentaciones y la lógica del poder.
Antes que cooptar a toda una generación de dirigentes había que formar verdaderos equipos para gestionar las reparticiones claves del Estado. Entregar sedes sindicales, movilidades, pegas y beneficios a las organizaciones sociales que promovieron el proceso de cambio incentivo una lógica clientelar y prebendalista.
Por el contrario, debíamos haber potenciado la independencia y capacidad de autodeterminación de las organizaciones sociales para que sean un verdadero contra-poder que proponga y controle a quienes habíamos pasado a ser burócratas estatales. El verdadero gobierno del pueblo no está, ni nunca estará en las estructuras del Estado.
Continuamos con una estructura jerárquica estatal del pasado y no impulsamos una estructura más horizontal. Sin duda el concepto de “El jefe” o “El jefazo” fue un gravísimo error desde un principio. El culto a la personalidad jamás debió ser alimentado.
En un principio, muchas de estas equivocaciones se cometieron presionados por las circunstancias y debido al propio desconocimiento de cómo administrar de manera diferente un aparato del Estado. A nuestra inexperiencia se sumó la conspiración y el sabotaje de la derecha y el imperialismo que obligó a cerrar filas muchas veces de manera acrítica (caso Porvenir, negociación de artículos de la Constitución Política del Estado, etc.). Los aciertos y triunfos contra la derecha, lejos de abrir una nueva etapa para reconducir el proceso e identificar nuestros errores, acentuaron las tendencias más caudillistas y centralistas.
La lógica del poder es muy similar a la lógica del capital. El capital no es una cosa sino un proceso que sólo existe en tanto genera más capital. Capital que no se invierte y no da ganancias es un capital que sale del mercado. El capital para existir debe estar en permanente crecimiento. De igual forma opera la lógica del poder.
Sin darte cuenta, lo más importante en el gobierno pasa a ser como preservarte en el poder y como adquirir más poder para asegurar tu continuidad en el poder. Los argumentos para esta lógica que antepone la permanencia en el poder y su expansión a toda costa son en extremo convincentes y nobles: “si no se tiene mayoría absoluta en el Congreso la derecha volverá a boicotear al gobierno”, “a mayor cantidad de gobernaciones y municipios que se controlan mejor se pueden ejecutar los planes y proyectos”, “la justicia y otras reparticiones del Estado deben estar al servicio del proceso de cambio”, “acaso quieres que vuelva la derecha”, “qué será del pueblo si perdemos el poder…”.
Si el error primigenio del proceso de cambio fue creernos “el gobierno del Pueblo”, el momento de inflexión del proceso de cambio comenzó con el segundo mandato de gobierno.
El 2010 se alcanzaron más de dos tercios en el parlamento y había energía suficiente para realmente avanzar hacia una transformación de fondo en la línea del Vivir Bien. Era el momento de fortalecer más que nunca el contrapoder de las organizaciones sociales y la sociedad civil para limitar el poder de quienes estábamos en el gobierno, el parlamento, las gobernaciones y los municipios. Era el momento de concentrar esfuerzos para promover nuevos liderazgos y activistas creativos que nos remplacen porque las dinámicas del poder nos iban a triturar.
Sin embargo, lo que se hizo fue todo lo contrario. Se centralizó aún más el poder en manos de los jefes, se transformó al parlamento en un apéndice del ejecutivo, se continuó fomentando el clientelismo de las organizaciones sociales, se llegó al extremo de dividir a algunas organizaciones indígenas y se intentó controlar el poder judicial a través de burdas maniobras que acabaron frustrando el proyecto de contar con una Corte Suprema de Justicia idónea, independiente y electa por primera vez en la historia.
En vez de promover libre pensantes que incentivaran el debate en todos los espacios de la sociedad civil y el Estado, se censuraron y persiguieron a quienes discrepaban con las posiciones oficiales. Se cayó en una terquedad absurda de querer justificar lo injustificable como Chaparina y de buscar revertir a toda costa la victoria de los indígenas y ciudadanos que habían hecho retroceder el proyecto de la carretera por el TIPNIS.
Este contexto, donde la obsecuencia era premiada y la crítica era tratada como la peste, incentivó el control de los medios de comunicación a través de diferentes vías, minó el surgimiento de nuevos dirigentes y fortaleció el engaño de que el proceso de cambio de millones de personas dependía de un par de personas.
La lógica del poder había capturado al proceso de cambio y lo más importante pasó a ser la segunda reelección y ahora la tercera reelección.
Las alianzas que minaron el proceso
Todo proceso de transformación social desplaza a ciertos sectores, catapulta a otros y engendra nuevos sectores sociales. En el caso boliviano el proceso de cambio significó en un principio el desplazamiento de una clase media tecnocrática y una burguesía parasitaria del Estado que durante décadas se había turnado en el gobierno y que siempre tenía familiares en las estructuras de poder para conseguir licitaciones, consultorías, concesiones, contratos, tierras y otros beneficios.
El 2006 este sector fue desplazado y aunque varios de sus miembros siguieron ocupando funciones estatales ya no tenían el poder de antes para hacer negocios y negociados con el Estado. En el país comenzó una lucha muy aguda entre, por un lado, sectores sociales antiguamente dominantes que habían sido desplazados o que tenían miedo de perder sus privilegios (terratenientes, agroindustriales y empresarios) y por otro lado, sectores sociales emergentes indígenas, campesinos, de trabajadores y una clase media popular muy diversa.
Las oligarquías del oriente hábilmente desarrollaron un discurso de “autonomías” para ganar apoyo en sectores de la población y la confrontación nos llevó casi al borde de una guerra civil. Al final, gracias a la movilización social y al referéndum revocatorio los sectores más reaccionarios quedaron arrinconados. Sin embargo, a pesar de su derrota, esa oligarquía logró ciertas victorias parciales con las modificaciones al texto constitucional que en ese entonces parecían pequeñas frente al hecho de que por fin se iba a contar con la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí empezó una nefasta política de alianza que le fue drenando el espíritu al proceso cambio.
Los dirigentes en el gobierno que ya habían empezado a ser capturados por la lógica del poder optaron por una estrategia que fue pactar con los representantes económicos de la oposición mientras se perseguía a sus líderes políticos. ¡Zanahoria económica y palo político!
Así, poco a poco, las banderas de la revolución agraria fueron vaciadas de contenido. La gran mayoría de terratenientes de antes del 2006 no fueron afectados. Se enfatizó el saneamiento y la titulación de tierras que favoreció mayoritariamente a indígenas y campesinos pero no se procedió a desmantelar el poder de los latifundistas.
En este contexto se produjo una alianza con el sector más importante de los agro-empresarios: los exportadores de soya transgénica a los que se les permitió continuar e incrementar la producción de transgénicos. La soya transgénica que en el 2005 representaba sólo el 21% de la producción de soya en Bolivia alcanzó el 92% en el 2012. Se postergó la verificación del cumplimiento de la función económica social de las grandes propiedades que hubiera llevado a su expropiación y reversión, se perdonaron los desmontes ilegales de bosques y se llamó a ampliar la deforestación para beneficio fundamental de los agroexportadores.
Estas alianzas que antes del 2006 hubieran sido impensables se justificaron diciendo de que así se fracturaba a la oposición cruceña, se viabilizaba que el gobierno sea bien recibido en ciudades del oriente, y se evitaba una polarización como la de Venezuela, pues los sectores económicos de la oposición de derecha verían que era mejor no malograr la estabilidad del gobierno.
Esta política de alianzas para estabilizar y consolidar “el gobierno del pueblo” fue abarcando a casi todos los sectores de poder económico. La burguesía financiera que, desde un principio fue tratada con guante blanco para evitar el riesgo de una corrida bancaria, como en los tiempos de la UDP, fue una de las más beneficiadas. Las utilidades del sector financiero en Bolivia pasaron de 43 millones de dólares en el 2005 a 283 millones de dólares en el 2014.
Algo similar paso con la minería privada transnacional, que pese a algunas nacionalizaciones, mantuvo a lo largo de los últimos diez años una participación del 70% en las exportaciones. Según el propio Ministro de Finanzas las utilidades del sector privado llegaron en el 2013 a los 4.111 millones de dólares.
El proceso de cambio no sólo había sido capturado por la lógica del poder sino que los intereses de sectores empresariales de derecha lo habían empezado a minar desde adentro.
Los nuevos ricos
Estas políticas de alianza con el enemigo no hubieran sido posibles si no se hubiera operado también una transformación en la base social del proceso de cambio. En casi todos los procesos revolucionarios que se han dado en este y el siglo pasado, después de un proceso de confrontación con los viejos sectores desplazados, surge desde adentro del mismo proceso revolucionario grupos de nuevos ricos y burócratas que quieren gozar de su nuevo estatus y que para ello se alían con sectores de los antiguos ricos.
La mejora de las condiciones de vida de algunos sectores y en particular de algunas dirigencias no lleva necesariamente a un mayor desarrollo de la conciencia, sino todo lo contrario. La única forma de contrarrestar a estos nuevos ricos y nuevas clases medias de origen popular es nuevamente la existencia de fuertes organizaciones sociales. Sin embargo, cuando estas son debilitadas y cooptadas por el Estado, no existe ningún contrapeso a estos nuevos sectores de poder económico que empiezan a incidir de manera determinante en la toma de decisiones.
Al comenzar el segundo mandato del gobierno en el 2010 quedaba claro que el gran peligro para el proceso de cambio no estaba afuera sino dentro de los dirigentes y nuevos grupos de poder que se estaban formando en los municipios, gobernaciones, empresas estatales, reparticiones públicas, las fuerzas armadas y los ministerios.
La repartición de la renta del gas entre todas estas entidades abrió una oportunidad increíble de hacer negocios chicos y grandes de toda índole. En las altas esferas se era consciente del peligro, pero no se adoptaron oportunamente mecanismos eficientes de control interno y externo al aparato del Estado. La lógica dominante pasó a ser la de obras y más obras para ganar más popularidad y así lograr la reelección. Así fueron surgiendo nuevos sectores de poder económico de dirigentes políticos, sindicales y contratistas que empezaron a escalar socialmente gracias al Estado. A ellos se sumaron sectores de comerciantes, contrabandistas, cooperativistas mineros, productores de hoja de coca, transportistas y otros que consiguieron una serie de concesiones y beneficios gracias a que representaban importantes masas electorales.
El problema del proceso de cambio es más profundo de lo que parece. No se trata solamente de graves desaciertos de individuos o de escándalos de corrupción de telenovela, sino de que ahora hay una emergente burguesía y clase media popular, chola, aymara y quechua que lo que busca es continuar con su proceso de acumulación económica.
Para reconducir el proceso de cambio es necesario revigorizar antiguas y crear nuevas organizaciones sociales. Hoy no es seguro que los que fueron los actores claves de hace una década sean los actores claves del mañana. Creer que con un cambio de personas es posible reconducir el proceso de cambio es engañarse a si mismos. El proceso de cambio es más complejo y requiere de la reconstitución del tejido social que le dio origen.
Del vivir bien al extractivismo
Para revitalizar y reconducir el proceso de cambio es fundamental saber qué país estamos construyendo y ser muy sinceros y autocríticos. Los logros de estos 10 años son innegables en muchos aspectos y tienen su origen en el incremento de los ingresos del Estado por la renegociación de los contratos con las transnacionales petroleras en un momento de altos precios de los hidrocarburos.
En términos estrictos no podemos decir que hubo una nacionalización ya que hoy día dos empresas trasnacionales (PETROBRAS y REPSOL) manejan el 75% de la producción de gas natural en Bolivia. Lo que sí hubo fue una renegociación de contratos que hizo que los beneficios de las empresas transnacionales por costos recuperables y ganancias bajaran de 43% en el 2005 a sólo 22% en el 2013. Es innegable que las transnacionales del petróleo siguen en Bolivia y ganan el triple de lo que ganaban hace diez años, pero el otro lado de la medalla es que el Estado tiene ocho veces más ingresos pasando de 673 millones en el 2005 a 5.459 millones de dólares en el 2013[1].
Esta ingente cantidad de millones de dólares permitió un salto en la inversión pública, la aplicación de una serie de bonos sociales, el desarrollo de obras de infraestructura, la ampliación de servicios básicos, el incremento de las reservas internacionales y otras medidas. Es innegable que, comparado con las décadas pasadas, hubo una mejora en la situación de la población y esto explica el respaldo que aún tiene el gobierno.
Sin embargo la pregunta es: ¿a dónde nos está llevando este modelo? ¿al Vivir Bien? ¿al socialismo comunitario? O por el contrario ¿hemos caído en la adicción al extractivismo y el rentismo de una economía capitalista básicamente exportadora?
La idea original era nacionalizar los hidrocarburos para redistribuir la riqueza y salir del extractivismo de materias primas avanzando en la diversificación de la economía. Hoy, diez años después, a pesar de algunos proyectos de diversificación económica, no hemos superado esa tendencia y por el contrario somos más dependientes de las exportaciones de materias primas (gas, minerales y soya).
¿Por qué nos hemos quedado a medio camino y nos hemos vuelto casi adictos al extractivismo y a las exportaciones? Porque esta era la forma más fácil de conseguir recursos para mantenerse y continuar en el poder. No es cierto que no había otras opciones, pero es evidente que todas ellas no iban a generar rápidamente ingresos de divisas para ampliar la popularidad del gobierno. Avanzar hacia una Bolivia agroecológica hubiera sido un camino mucho más acorde con el Vivir Bien y el cuidado de la Madre Tierra, pero ello no hubiera garantizado en lo inmediato cuantiosos ingresos económicos y hubiera significado una confrontación con la gran agroindustria soyera transgénica.
Autocríticamente debemos decir que la visión de sustitución de importaciones que teníamos hace más de diez años no es factible en la escala en que nos imaginábamos por la competencia de mercancías internacionales mucho más baratas y por el tamaño reducido de nuestro mercado interno. Esto es aún mucho más difícil cuando no se establece una política de cierto monopolio del comercio exterior y de control del contrabando. Medidas acertadas como frenar los acuerdos de libre comercio de Bolivia, revertir el TLC con México y salirse del CIADI, no fueron acompañadas de medidas de control efectivo del comercio exterior.
El Vivir Bien y los derechos de la Madre Tierra cobraron notoriedad a nivel internacional pero a nivel nacional se fueron devaluando cada vez más porque sólo se limitaban a ser un discurso que no se ponía en práctica. El TIPNIS fue la gota que rebalsó el vaso y mostró esa incongruencia entre el decir y el hacer.
Otra Bolivia es posible
Días antes del referéndum se difundió la noticia de que en Oruro se construiría una planta de energía solar que generará 50 MW y que cubriría la mitad de la demanda de energía eléctrica del departamento de Oruro, con un costo de inversión de casi 100 millones de dólares. La noticia apenas circuló a pesar de que es una pequeña muestra de que otra Bolivia es posible.
Bolivia puede ir dejando paulatinamente el extractivismo para colocarse a la vanguardia de una verdadera revolución energética solar comunitaria. Si Bolivia se lo propone con una inversión de 1.000 millones de dólares podría generar 500 MW de energía solar que representa casi un tercio de la demanda nacional actual. La transformación puede ser mucho más profunda si tomamos en cuenta que el gobierno anuncia una inversión total de 47.000 millones de dólares hasta el 2020.
Pero además, Bolivia podría apuntalar una energía solar comunitaria, municipal y familiar que convierta al consumidor de electricidad en productor de energía. En vez de subsidiar el diesel para los agroindustriales se podría invertir ese dinero para que los bolivianos de menores ingresos generen energía solar en sus tejados. De esta forma se democratizaría y descentralizaría la generación de energía eléctrica. El Vivir Bien empezará a ser una realidad cuando se empodere económicamente a la sociedad (como productores y no sólo como consumidores y receptores de bonos de ayuda social) y se promuevan actividades para recuperar el equilibrio perdido con la naturaleza.
La verdadera alternativa a la privatización no es la estatización sino la socialización de los medios de producción. Muchas veces las empresas estatales se comportan como empresas privadas cuando no existe la efectiva participación y control social. Apostar a la generación de energía solar comunitaria, municipal y familiar contribuiría a empoderar a la sociedad antes que al Estado y ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.
El tema de la energía solar comunitaria y familiar es sólo una pequeña muestra para que pensemos fuera de los patrones tradicionales del “desarrollo”. Así mismo debemos recuperar la propuesta de una Bolivia agroecológica y agroforestal porque la verdadera riqueza de las naciones de aquí a unas décadas no estará en el extractivismo destructivo de materias primas sino en la preservación de su biodiversidad, en la producción de productos ecológicos y en la convivencia con la naturaleza, algo en lo cual tenemos un gran legado por los pueblos indígenas.
Bolivia no debe cometer los mismos errores de los países llamados “desarrollados”. El país puede saltar etapas si sabe leer las verdaderas posibilidades y peligros del siglo XXI y dejar el viejo desarrollismo del siglo XX.
Nadie está pensando en dejar de extraer y exportar gas en lo inmediato. Pero definitivamente no es posible hacer planes para profundizar el extractivismo cuando existen otras alternativas que quizás en el corto plazo sean más complicadas pero en el mediano plazo son mucho más beneficiosas para la humanidad y la Madre Tierra.
En vez de promover referéndums sobre la reelección de dos personas deberíamos promover referéndums sobre los transgénicos, la energía nuclear, las mega represas hidráulicas, la deforestación, la inversión pública y tantos otros temas que son cruciales para el proceso de cambio. Solo es posible reconducir el proceso de cambio con un mayor ejercicio de la democracia real.
Una lectura equivocada de lo ocurrido puede llevar a formas más autoritarias de gobierno y al surgimiento de una derecha neoliberal como ocurre en la Argentina. No hay duda que sectores de derecha operan tanto desde la oposición como desde el interior del gobierno. Tampoco podemos cerrar nuestros ojos y no reconocer que sectores de izquierda y de los movimientos sociales se dejaron cooptar por el poder o no fuimos capaces de articular una clara propuesta alternativa.
La reconducción del proceso de cambio pasa por:
a) discutir crítica y propositivamente los problemas de desarrollismo tardío capitalista inviable que subyace en la agenda patriótica para el 2025,
b) evaluar, explicitar y asumir acciones dentro y fuera del Estado para hacer frente a los problemas y peligros que genera la lógica del poder (autoritarismo, clientelismo, continuismo, nuevos ricos, alianza pragmáticas espurias, corrupción, etc.)
c) superar la contradicción entre el decir y el hacer, y hacer realidad la aplicación de los derechos de la Madre Tierra y la ejecución de proyectos que realmente contribuyan a la armonía con la naturaleza, y
d) ser autocríticos con uno mismo y con las propias organizaciones y movimientos sociales que en algunos casos reproducen dañinas prácticas caudillistas y prebendalistas.
¡El Vivir Bien es posible!
Notas
1] Carlos Arce Vargas. Una década de gobierno ¿Construyendo el Vivir Bien o el capitalismo salvaje? CEDLA. 2016. http://cedla.org/sites/default/files/una_decada_de_gobierno._construyendo_el_vivir_bien_o_un_capitalismo_salvaje.pdf
Sobre el autor
¿Quién es Pablo Solón Romero?
Antes de convertirse en embajador ante las Naciones Unidas, Pablo Solón
Romero trabajó como activista durante muchos años con diferentes organizaciones
sociales, movimientos indígenas, sindicatos de trabajadores, asociaciones
estudiantiles, de derechos humanos y organizaciones culturales en Bolivia. Bajo
el gobierno del presidente Evo Morales, se ha desempeñado como embajador
en materias determinadas de Integración y Comercio, el secretario de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) (diciembre 2006-mayo 2008) y un delegado en
la Comisión de Reflexión Estratégica para la Integración de América del Sur (2006).
Como embajador ante la ONU, Solón encabezó resoluciones exitosas sobre el Derecho Humano al Agua, la Madre Día de la Tierra Internacional, Armonía con la Naturaleza, y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Él era muy activo en las negociaciones sobre cambio climático en el marco de la UNFCCC, y ayudó a organizar la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático en Cochabamba, Bolivia, en 2010.En la COP16, la conferencia de la UNFCCC en Cancún, defendió una posición fuerte en Bolivia. Participó en diciembre de 2011 en la COP17 de Durban y abogó por ahí que es hora de cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y restablecer la armonía con la naturaleza. Criticar a los límites de la llamada "economía verde", declaró: «La relación actual con la naturaleza es a través del mercado.
El problema con la economía verde es que ellos están diciendo el capitalismo ha fracasado porque no hemos puesto un precio a la naturaleza. La lógica es que no se toma el cuidado de lo que no tiene un precio. Tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos con la Madre Tierra. No es un problema de la compensación, es de la restauración. La economía verde incluirá un modo seguro que si su propiedad se daña el medio ambiente va a ser compensado. Necesitamos un tribunal de ciudadanos por el medio ambiente ».
En abril de 2012, se anunció que Solón había convertido en el Director Ejecutivo de la ONG con sede en Bangkok Focus on the Global South, donde continúa trabajando en el tema del cambio climático y promover la Declaración sobre los Derechos de la Madre Tierra. En septiembre de 2012, participó en varios talleres de la Universidad de Verano de la ONG Altermundista Attac en Toulouse (Francia).
