La avaricia capitalista en
tiempos del COVID
Por Olmedo Beluche
A la memoria del profesor
Marco Gandásegui
Las epidemias siempre han existido y seguirán existiendo por dos
motivos básicos: vivimos en la naturaleza y somos parte de ella, junto con las
bacterias y los virus, por un lado; por otro, porque somos seres sociales,
convivimos e interactuamos en colectividad,
y esa es la principal característica que ha hecho fuertes a los humanos por
encima de otras especies, pero, a su vez, es de donde se aprovechan virus y
bacterias para transformarse en epidemias y, gracias a la globalización, en
pandemias.
Frente a las epidemias son las ciencias, en particular las
ciencias médicas, las que nos han dado y nos seguirán dando las armas para
combatirlas y sobrevivir como especie. Lo que la medicina no puede resolver es
cómo se reparte la carga social que ha significado la pandemia en el sentido
económico. Eso pertenece al campo de la política y, por ende, lo deciden
quienes tienen el poder, es decir, la clase económicamente dominante, y quienes
desde abajo se les oponen y resisten defendiendo sus derechos, luchando por un
mundo distinto. En esto consiste la lucha de clases.
Panamá: un gobierno al servicio de la
burguesía
En Panamá eso se ha visto plenamente confirmado con el manejo que
ha hecho el gobierno Cortizo-PRD de la epidemia del COVID-19. Nunca en la
historia fue tan evidente para la absoluta mayoría de las personas en este país
que el gobierno defiende primordialmente los intereses de la clase dominante,
así sea a costa de la vida de las clases populares. Primero el mercado y el
capital que la vida y la salud.
El capital financiero, es decir, los bancos, mejor dicho, los
banqueros han sido los niños mimados del gobierno: se les permitió utilizar más
de mil millones de las reservas que debían estar como garantía de los ahorros
depositados; se les ha permitido, como a todos los empresarios, postergar el
pago de impuestos y la cuota patronal del seguro social; les han dejado que en
medio de la crisis ellos decidan la relación con sus clientes respecto a deudas
e hipotecas. Y eso que los bancos, en 2019, reportaron utilidades por B/. 1,800
millones de dólares.
Pero también están contentos los especuladores financieros
internacionales, pues es el gobierno que de manera más rápida ha endeudado al
país: 2000 millones en bonos a mitad de 2019; otros 2500 millones en bonos en
marzo-abril de 2020; 300 millones con el BID; 500 millones con una agencia del
Banco Mundial; 500 millones con el FMI.
Sumados estos números a la deuda acumulada por los gobiernos
anteriores, ya se superan ampliamente los B/ 30 mil millones de deuda pública,
más del 50% del PIB. Si se tiene en cuenta que esta deuda habrá que pagarla en
un futuro mediato contra el gasto social, tal y como sucede en otros países del
mundo, es para perder el sueño. Solo este año 2020, el gobierno había
presupuestado el pago por servicio de la deuda por más de 3,700 millones de
balboas.
La otra gran beneficiaria del gobierno ha sido Minera Panamá, la
cual siguió saqueando nuestros recursos sin control del estado, incluso cuando
ya se había impuesto la cuarentena a todo el país. Y siguieron exprimiendo
plusvalía a los trabajadores hasta que empezaron a morir por contagio del
COVID. Solo ahí, y ante los reclamos de los sindicatos y la ciudadanía, el
gobierno impuso a la minera que parara.
Mientras la clase trabajadora y los desempleados de Colón no han
visto al presidente Laurentino Cortizo firmar la ley de moratoria del pago de
hipotecas y alquileres, el Proyecto de Ley 287, aprobado por la Asamblea
Nacional, en cambio, sí ordenó que los comerciantes que alquilan depósitos y
hangares en la Zona Libre de Colón tengan una moratoria en sus alquileres. Esta
debe ser la Ley del Embudo que decían las abuelas.
Para las clases populares solo hay miseria
y represión
Tampoco ha querido firmar el presidente el Proyecto de Ley 295 que
establece una moratoria en el pago de servicios públicos, lo cual aliviaría la
presión sobre las decenas de miles de asalariados que acaban de perder sus
empleos por la crisis, la de otros miles de micro, pequeños y medianos
empresarios que se han visto obligados a cerrar, así como más de medio millón
de cuentapropistas que viven del día a día.
Con fecha del 20 de
marzo de 2020 el gobierno de Laurentino Cortizo emitió el Decreto Ejecutivo No.
81, el cual en su resuelto 2 suspende todos los contratos de trabajo de todas
las empresas que cierren por la crisis del “corona virus”, con lo cual los “empleadores
no están obligados a pagar los salarios”. Con este decreto el gobierno dejó en
el desamparo a centenas de miles de trabajadores y trabajadoras a nivel
nacional.
Hasta el momento,
formalmente se han registrado en Ministerio de Trabajo (MITRADEL) la suspensión
de contratos que afectan a cerca de 60 mil trabajadores y trabajadoras.
Personas que tenían ingresos estables y que no contaban como pobres para las
estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), por lo cual, en
principio no eran beneficiarios del Plan Panamá Solidario.
Plan Panamá Solidario
que es apenas un paliativo mínimo que no alcanza para dar sustento adecuado a
una familia, menos a las familias pobres que son más numerosas: una bolsa de
comida cuyo valor calculan que no llega a los 20 balboas; y un bono de 80
balboas por familia.
El gobierno sabe,
porque los cálculos los hace el Ministerio de Economía (MEF), que al momento de
empezar la crisis el costo de una Canasta Básica de Alimentos en Panamá para
una familia promedio de 4 personas era de poco más de B/. 300.00, sin contar
con los costos de las otras necesidades básicas (Canasta Básica General), que
incluye: vivienda, electricidad, agua, transporte, vestido, etc.
Ya se ha sostenido que
un bono de B/. 300 no es imposible, lo están pagando en Costa Rica y otros
países de la región, solo hay que decidirse a tomarlos de los B/. 3,000
millones programados para pagar el servicio de la deuda.
¿Cómo las autoridades
piensan que puede estar satisfecha una familia que acaba de perder sus medios
de vida, empleo o negocio, con un bono y una bolsa que apenas representan la
tercera parte de lo que necesitan para subsistir? Encima la distribución del
paquete “solidario” es ineficiente y/o politiquero, pues no está llegando a
todas las comunidades. ¿Acaso no se explican por qué en las comunidades más
pobres del país, desde David, pasando por Chorrera y Arraiján, hasta San
Miguelito, la gente se tira a la calle a protestar incluso arriesgándose al
contagio para exigir los bonos?
En lo que sí ha sido
eficientemente rápido el gobierno es en la represión. Miles de policías en las
calles que, en un mes, ya habían arrestado a más de 20 mil personas por no
cumplir la cuarentena; represión efectiva incluso a balazo en las comunidades
que han salido a exigir su bono; compra de miles de dólares en equipos de
pistolas “taser” y cámaras que no solo miden la temperatura, sino que
identifican a la persona y su lugar de residencia. En fin, se ha hecho gala del
lema “proteger y servir” a la burguesía.
Todos los hombres del
presidente
La actuación del
presidente Cortizo y sus prioridades están definidas por su “equipo económico”,
al cual presentó orgulloso en televisión en días recientes. Pero no hubo sorpresas, porque todos son las
caras conocidas que han dirigido la política económica durante los último 40
años.
Esos individuos son los
responsables de la debacle social y económica que ha sufrido el pueblo
panameño: deterioro del nivel de vida; reformas laborales; empleos precarios y
mal pagados; privatizaciones; apertura de mercado, etc. Y son los responsables
del deterioro de los sistemas públicos de salud y educación.
Ahí estaban todos, y
todos hombres: desde sus ministros, empezando por Héctor Alexander, alumno
destacado de Nicolás Ardito Barletta; el equipo de Indesa, empezando por
Guillermo Chapman, responsable directo de la reforma al Código de Trabajo de
1994, en la que fueron asesinados 4 sindicalistas, de las privatizaciones del
IRHE y el INTEL, y de la baja de aranceles que afectó a los productores
nacionales. Estaban algunos de los “dueños de Panamá”, don Samuel Lewis Galindo
y los directivos del Banco General: González Revilla y Alemán Zubieta, entre
otros.
¿Qué esperanza puede
haber de que algo cambie si son los mismos de siempre? Estos son los que junto
al presidente están planeando el día “D”, es decir, el Asalto de Normandía a
las finanzas públicas y a los derechos de la clase trabajadora, a ver si pueden
exprimir aún más el limón para su beneficio.
Carlos González De La Lastra,
no hace mucho condenado por apropiación de la cuota obrero patronal de los
trabajadores del diario El Universal, y ex asesor del gobierno de Juan
C. Varela, y al parecer aspirante a asesor de Cortizo, develó en un artículo (La
Estrella de Panamá del 17/04/2020), lo que podría ser el día “D” de
la burguesía panameña, más de lo mismo: apoyar el sector logístico (comercio y
servicios) e inversión pública en carreteras.
Y se atrevió a sugerir
reestructurar el estado, que entidades autónomas no lo financien, lo que implica
despidos. Peor aún pidió liquidar la educación pública reduciéndola a algunas
escuelas modelo. Por supuesto, cónsono con el modelo neoliberal se pretende un
estado más pequeño y menos democrático con una Asamblea chica y manejable.
González De La Lastra tiene al menos el mérito decir en voz alta lo que los
otros piensan.
El diario cuyos dueños son los
directivos del Banco General, apunta en el mismo sentido en un artículo
reciente: “En los últimos diez
años, la planilla estatal aumentó en más de 70 mil funcionarios, hasta alcanzar
los 242 mil en diciembre de 2019, y el gasto anual se elevó en más de $2 mil
400 millones, hasta $4 mil 172 millones” (La Prensa 18/4/20).
¿Qué quiere La Prensa y De La
Lastra, qué despidan funcionarios públicos? ¿Quién va a absorber esa fuerza de
trabajo si queda cesante, la empresa privada? ¿Los salarios de los empleados
públicos no ayudan a dinamizar la economía?
Lo que se viene es una política
económica que seguirá beneficiando a los dueños de la banca, de los puertos y
aeropuertos, de los comercios de la Zona Libre de Colón y los capos de la
especulación inmobiliaria. En un marco en que, con la excusa de la crisis del
COVID, han desaparecido los derechos y conquistas laborales, el despido de
miles de empleados públicos y hasta una rebaja de sus salarios, todo para
asegurar que el déficit no se dispare asegurando así el pago de la deuda
pública y sus intereses a la banca.
Veámonos en el espejo de
Ecuador, donde el nefasto gobierno de Lenin Moreno pagó en marzo 320 millones
de dólares de la deuda externa, mientras los hospitales estaban sin insumos y
morían en las calles de Guayaquil centenares de personas por COVID. Encima los
tenedores de bonos de la deuda ecuatoriana le han dado al gobierno plazo hasta
agosto para que abone otros 800 millones de dólares. ¿Y los recursos para
salud? El capital por encima de la vida.
La avaricia de los capitalistas
es tan grande que si pudieran se tragarían toda la riqueza nacional ellos
solitos y no dejarían ni las sobras. La gula y la avaricia capitalista no les
permite ver que se meten un tiro en el pie cuando pretenden achicar el estado,
despedir funcionarios, cerrar escuelas, dejar que se enferme la fuerza de
trabajo, etc. Al actuar de esta manera ponen en jaque el propio sistema
capitalista, pues es un círculo vicioso el de la crisis sistémica: más
explotación, más ganancias, lo que implica menos empleos y menos salarios, pero
a su vez la consecuencia es menos consumo y por ello crisis sistémica.
Otro
país y otro mundo son posibles a raíz de la crisis del COVID
Se demuestra una vez más que si
queremos una sociedad donde la prioridad sea la vida de la gente, la salud
pública, el bienestar y la justicia social, basados en la administración
racional de los recursos naturales y económicos: NO pueden seguir gobernando
los capitalistas y sus agentes. La avaricia y la gula del sistema capitalista
les impide ver el mundo de una manera humana, que no tenga como centro la
ganancia. Ya lo decía Marx desde el siglo XIX, y cada vez es más cierto, el
capitalismo es la ley de la selva en economía.
Pero el presente y el futuro no
tienen que ser esa pesada losa de explotación y miseria para las clases
trabajadoras. Si nos disponemos, nos organizamos y luchamos, podemos voltear la
tortilla. De la tragedia de la Primera Guerra Mundial nació el primer gobierno de
obreros y campesino en Rusia y desaparecieron los imperios. De la desgracia de
la Segunda Guerra Mundial nacieron los movimientos de liberación y las
revoluciones en China, India, Argelia, Vietnam, etc.
Se requiere otro gobierno que
no sea instrumento de los capitalistas, sino instrumento de las mayorías
trabajadoras, de los sectores más pauperizados de la sociedad para que nos
saque de esta crisis con un plan verdaderamente solidario y socialista.
Para hacer el cambio se
requiere primero, la unidad de los sectores populares en la lucha contra la
pandemia del coronavirus y del gobierno al servicio de los empresarios,
exigiendo: renta básica universal para todos los afectados equivalente a una
canasta básica familiar; exigir la ratificación de los proyectos de ley 287 y
295; seguridad alimentaria para todas las familias comprando toda la producción
agropecuaria nacional; cese de la represión y el autoritarismo, por una gestión
democrática de la crisis reactivando los comités de salud comunitaria como lo propuso
recientemente el Prof. Gandásegui.
De esa lucha podrá nacer el
proyecto político unitario que proponga al país otro gobierno posible.
