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/ 12/12/2018
El Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular impulsado por Naciones
Unidas fue aprobado por aclamación por más de 150 países en Marruecos, pero
también registró el rechazo de once naciones, que adujeron que el acuerdo
afecta su soberanía, pero son los más xenófobos y los que más aplican medidas
antiinmigración.
Quince jefes de
Estado, ocho primeros ministros, numerosos cancilleres y otros representantes
participaron del encuentro en Marrakech, presidido por el secretario general de
la ONU, António Guterres, junto a la presidenta de la Asamblea General del
organismo, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
Guterres se
refirió a los países que se negaron a firmar el pacto, expresaron reservas
sobre el texto o pidieron más tiempo, al aclarar que “no es un tratado” y “no
es jurídicamente vinculante” y lamentó las “falsedades” sobre el documento y el
fenómeno migratorio. Explicó que el texto garantiza “el derecho soberano de los
Estados a determinar su política de migración y su prerrogativa para gobernar
la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho
internacional”.
Los que
rechazaron el acuerdo fueron Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia,
argumentando que atenta contra sus soberanías, mientras que Bulgaria, Estonia,
Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión.
También desde
los sectores progresistas se hacen duros reparos al texto aprobado y se señala
que detrás de conceptos que parecen positivos como el de los acuerdos globales
o facilitar determinadas llegadas, confirma un modelo global de migración que
imponen las políticas de unos países donde quien marca la agenda es la extrema
derecha, perpetuando un modelo de imposiciones políticas a terceros países, que
llega incluso a limitar los legítimos intereses de estos para que se cumplan
los intereses xenófobos de los países más ricos
En América
latina, Chile y República Dominicana también se apartaron del pacto. El
gobierno de Chile, argumentó que cada país es soberano para fijar sus propias
reglas sobre el asunto. El canciller Roberto Ampuero agregó que la migración no
es un derecho humano, en una declaración que provocó una ola de críticas.
La ex
presidenta chilena y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Michelle Bachelet, lamentó la decisión del gobierno y afirmó que suscribirse al
pacto puede ser muy positivo. Recordó que ella misma es bisnieta de una familia
francesa que fue acogida por Chile. “La antigua migración fue europea, luego de
los países cercanos, Bolivia y Perú, y en los últimos años haitianos,
venezolanos, dominicanos y refugiados colombianos”, explicó la ex presidenta
que consideró que la migración no es un problema sino un hecho histórico.
“El pacto es
incompatible con la soberanía de nuestro país y con la política migratoria que
esta llevado adelante el presidente Donald Trump”, afirmó Nikki Haley,
embajadora de Estados Unidos en la ONU. Washington, que negó a sumarse a la
iniciativa en diciembre de 2017, fue el principal ausente en los dos días de
debate.
“Las decisiones
sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir
legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más
importantes que puede tomar un país”, afirma el comunicado estadounidense.
El futuro
canciller brasileño, Ernesto Araújo, compartió su postura con Washington y
afirmó que Brasil se retirará del pacto luego de la asunción del presidente
electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero, “porque es un instrumento inadecuado
para lidiar con el problema”, planteó Araújo. “La inmigración no debe ser
tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la
soberanía de cada país”, agregó.
La salida de
Brasil del pacto es una nueva señal de acercamiento a la diplomacia de Trump.
Tanto Bolsonaro como Araújo ya habían expresado su admiración por el mandatario
estadounidense y su deseo de alinearse con él en materia de política exterior.
Una de sus últimas muestras de simpatía con EE.UU. fue su intención de
desvincularse del acuerdo de París contra el cambio climático.
De inmediato
Bolsonaro recibió felicitaciones del viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini,
otro desertor del acuerdo. “Comparto el espíritu y las motivaciones”, celebró
el funcionario italiano que en los últimos meses endureció sus medidas contra
la inmigración.
El rechazo del
gobierno de Sebastián Piñera es una expresión más del espíritu que ha modelado
el Estado chileno. Autoritarismo, control y sobre todo un enfermizo
nacionalismo. Las élites privilegiadas, todas al amparo de las grandes
corporaciones, entienden al país tal como lo hicieron las oligarquías durante
toda la república, señala el director del portal chileno Politika.cl, Paul
Walder
El Pacto
Mundial es un documento acordado en julio pasado por los Estados miembros de la
ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes. Sin embargo,
deberá ser sometido todavía a una última votación de ratificación el 19 de
diciembre en la asamblea general de la ONU.
La presidenta
de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, reiteró que el
documento es un instrumento flexible que se adapta a las necesidades nacionales
de los Estados y señaló que los Estados por más poderosos que sean, no pueden
afrontar el reto migratorio solos.
Realidades, un enfoque securitario
La migración se
ha convertido a escala global en una de las principales prioridades políticas y
las zonas más ricas del mundo están implementando recetas xenófobas muy
similares. Un ejemplo de ello es la externalización de fronteras y las
políticas de la Unión Europea que encierran a personas en Turquía, o financian
a las milicias autodenominadas como Guardia Costera libia, señaló el
catedrático español Jon Rodríguez.
Recordó que
estas políticas son similares a las políticas australianas de encerrar a
demandantes de asilo en la remota isla de Nauru, o las políticas
estadounidenses en las fronteras centroamericanas. En este marco, las
relaciones globales de desigualdad también se definen dividiendo entre países
emisores y receptores de personas migrantes, lo que se convierte en un elemento
que perpetúa modelos coloniales y postcoloniales de relaciones internacionales.
El texto que no
tiene un carácter verdaderamente vinculante, sino que tiene como objetivo la
promoción de modelos de acuerdos entre diferentes países u organizaciones
regionales. El enfoque es completamente securitario, ya que promueve un modelo
de gestión de frontera que criminaliza a todo el que trata de atravesarla,
promocionando así un modelo de migración selectiva, añade el académico español.
“Es decir, los
Estados pueden elegir a quién traer para satisfacer los intereses del mercado,
en un ejercicio de cosificación de las personas para su explotación, que
contrasta enormemente con el modelo global de libre circulación de capitales.
Llama la atención que se presente este tipo de migración selectiva como una
forma legal y segura de acceso, cuando la condicionan al cierre de fronteras,
un modelo que en la UE ha provocado más de 2.100 muertos en el Mediterráneo en
2018”, añade.
Otros analistas
indican que de los elementos que avanza el pacto es en la criminalización de
los migrantes y quienes son solidarios con ellos, es la recogida de toda clase
de datos personales, que el Pacto recomienda y llama a compartir entre las
fuerzas policiales de los diferentes Estados, lo que atenta contra el derecho a
la privacidad, y permitirá la creación de ficheros policiales sin control
alguno para aumentar la represión contra las personas migrantes.
Asimismo,
el Pacto anima a reforzar dos de los elementos de la política migratoria
europea que son violaciones de derechos humanos: la detención y las
deportaciones, y condiciona la política migratoria de entradas reguladas a la
encarcelación y expulsión de personas en base a su situación administrativa,
sin hacer excepción de menores de edad.
Lo que confirma
este pacto, señala Jon Rodríguez, es la utilización de la política
migratoria como un elemento más en las relaciones de desigualdad entre países
emisores y receptores, entre los países más ricos y los países más empobrecidos,
precisamente, por la explotación de sus trabajadoras y recursos naturales por
parte de las grandes empresas, mayoritariamente occidentales.
“Dictadores que
atentan gravemente contra los derechos de la mayoría de la población, como el
coronel Sisi en Egipto u Omar al-Bashir en Sudán, se convierten en miembros
respetables de la comunidad internacional, ya que la UE está dispuesta a
blanquear sus crímenes a cambio de su complicidad con estas políticas”, añade.
Eduardo
Camín
Periodista
uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU en
Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE, www.estrategia.la)
