www.eldiario.es/100716
En Alta Verapaz, el departamento más pobre de Guatemala, un complejo
hidroeléctrico que construye la española Cobra, filial del Grupo ACS, que
preside Florentino Pérez, mantiene “secuestrados” alrededor de 30 kilómetros
del río Cahabón, un elemento esencial en la vida y cultura de las comunidades
maya quekchí que viven en la región. Así lo vienen denunciando desde hace
tiempo habitantes de la zona y organizaciones ambientales del país.
Ahora, una investigación de Alianza por la Solidaridad evidencia los impactos ambientales y
sobre los derechos humanos de Renace, un proyecto que levantará la
hidroeléctrica más grande del país y que consta de cinco fases, de las cuales
ya han finalizado tres. Les prometieron el desarrollo pero la mayor parte de
esas comunidades indígenas sigue viviendo sin energía eléctrica ni agua
potable. Alianza calcula que hay unas 29.000 personas afectadas de forma
directa. Quienes denuncian, son criminalizados.
“Llegaron sin más, se instalaron sin ningún conocimiento de las
comunidades afectadas. Nosotros vivimos frente a la primera hidroeléctrica
[Renace I], el río ya no está”. Ervin Cac Chun es un joven estudiante de 28 años
que vive en la aldea de Changkay, en el municipio de San Pedro de Carchá, en
Alta Verapaz, donde se desarrolla desde finales de los noventa el mayor
proyecto hidroeléctrico del país, Renace, sobre el río Cahabón, cuya ejecución
está ahora en manos de la empresa española Cobra, del grupo ACS.
“Antes yo llegaba al río con mi mamá, ella lavaba ropa, íbamos a pescar,
a nadar en verano. Había mucha gente pero ahora ya no se ve nada. Nadie visita
la cuenca, hay poca agua. Ya no hay vida”, cuenta Ervin por teléfono a
eldiario.es.
Alianza por la Solidaridad ha publicado recientemente el informe “Caso Renace-Cobra (ACS): La hidroeléctrica que destruye
derechos en Guatemala”, una extensa investigación sobre los impactos e irregularidades de este
megaproyecto, propiedad de la empresa guatemalteca Corporación
Multi-Inversiones (CMI) quien, a su vez, y bajo un acuerdo de estricta
confidencialidad, contrató a la española Cobra para su ejecución a partir de la
segunda fase, Renace II.
“Antes de las leyes que permitieron el cambio de modelo económico en
nuestro país, esta empresa ya tenía puestos los ojos en el río”, explica Julio
González, de Madre Selva, una organización de defensa del medio ambiente que proporciona
acompañamiento y asesoramiento técnico y legal a las comunidades afectadas por
estos megaproyectos.
Detrás de CMI está la familia Gutiérrez
Bosch, una de las más poderosas e influyentes del país, con intereses en
múltiples sectores, particularmente en la industria avícola. Monopolizan la
producción de pollo y derivados, son los propietarios de la cadena de
restaurantes Campero, en expansión por todo el mundo, y de Telepizza para
Centroamérica, entre otros. En el caso de Renace, poseen una concesión para
explotar el río Cahabón durante 50 años.
“El negocio de la electricidad es uno de los más lucrativos porque la
generación de energía no paga impuestos, no lo hacen para dar luz al país, no
hay tales beneficios ni modelo de desarrollo. En los últimos 12 años lo que ha
aumentado es la pobreza”, denuncia González.
En San Pedro de Carchá, donde se ubica Renace, el índice de pobreza es
de un 88% y el de pobreza extrema, del 53,6%. En Guatemala, el crecimiento del
PIB (un 4% en 2015 respecto al año anterior) viene acompañado de un aumento de
la desigualdad: el 10% más rico acumula casi la mitad del total de ingresos,
según un informe del Procurador de Derechos Humanos.
“Ellos dicen que traen el desarrollo, pero el desarrollo es solo para
dos o tres personas porque donde nosotros estamos no hay energía
eléctrica. De las 50 comunidades afectadas por Renace solo dos tenemos agua
potable, y la ha gestionado nuestra comunidad, no tenemos instalaciones
educativas, no vemos el desarrollo, por eso defendemos nuestro territorio”,
subraya Ervin. Según datos del Banco Mundial, el 21,5% de la población
guatemalteca no tiene acceso a la luz eléctrica, unos dos millones de personas,
en particular, en las áreas rurales.
Impacto ambiental sin consulta previa
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, obliga a la
consulta previa e informada de las comunidades. Sin embargo, el procedimiento
para realizar estas consultas no ha sido reglamentado en el país. Esto da pie a
procesos muy cuestionables que, como en el caso de Renace, no pueden ser
considerados acordes a la norma internacional. Para obtener las licencias, las
empresas están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental, que
incluyen consultas a la población y que raras veces suelen ser rechazados.
Según la investigación de Alianza por la Solidaridad, no hay constancia
de estudios de impacto ambiental para la primera fase del proyecto, Renace I.
Para Renace II y III se contrató a una consultora que elaboró una encuesta.
Solo se preguntó a 57 personas, mayoritariamente hombres. “Tratan de orientar e
influir en la gente con preguntas sesgadas como: ¿usted quisiera tener
televisión en su casa, un equipo de sonido? Entonces, ¿le interesa que haya luz
eléctrica? ¿Usted no se opondría a un proyecto hidroeléctrico? ¿Y estaría
dispuesto a trabajar para ese proyecto? Cinco preguntas a las que la gente, en
un mar de necesidades, responde que sí. Eso no es una consulta”, precisa Julio
González. “Es como si estas comunidades no existieran, no son tomadas en
cuenta, se vulnera su derecho a la información”.
Una de las características de Renace es que las sucesivas licencias
para las cinco fases del proyecto se han ido concediendo en virtud de estudios
de impacto ambiental concretos de cada una de ellas, en los que no se tiene en
cuenta el conjunto de la obra. Estos estudios no están disponibles ni pueden
consultarse en la web de la empresa, donde apenas hay información.
“Presentan estudios por partes en los que no se ve la integralidad y
acumulación del daño, no se menciona que el río está secuestrado durante 30
kilómetros, los efectos que eso va a tener sobre el medio ambiente y la
biodiversidad. La zona está prácticamente condenada a la extinción”, vaticina
el responsable de Madre Selva. Por este motivo, entre las peticiones de las
organizaciones está la realización de un estudio de impacto ambiental global
del proyecto, más acorde a la realidad.
Los efectos ya son notorios. Las comunidades aseguran que hay zonas en
las que el río prácticamente desaparece. “La falta de agua es un problema. La
disminución del caudal del río va a traer problemas de salud, el agua queda
encharcada y es fuente potencial para vectores de malaria, dengue o zika, virus
que están ahora en auge en Centroamérica. El cambio climático ha aumentado el
calor y ahora los mosquitos están llegando a regiones más altas”, apunta
González.
La escasez de agua afecta a las comunidades que se ven obligadas a
ingeniárselas. “El agua ya no tiene corriente, da pena tomarla, es como un
charco. Solo en tiempo de lluvia tiene un poco pero en época de verano, cuando
más se necesita, no hay. En las comunidades donde no hay agua potable unos han
hecho tanques, han comprado aljibes para recolectar, y cuando se termina tienen
que viajar, van a otros ríos o a otros municipios”, explica Ervin.
¿Beneficios a las comunidades?
En su web, CMI hace gala de su “modelo de sostenibilidad” basado, entre otros, en
el “relacionamiento comunitario” y el “desarrollo sostenible”. Algunos de sus
programas sociales se articulan a través de la Fundación Juan Bautista
Gutiérrez, el brazo social de CMI, como “Mejores Familias” o “Mi salud, mi
responsabilidad”. Básicamente, consisten en acciones puntuales y limitadas,
como planes de trabajo temporal o cursos de formación, entrega de mochilas, reparto
de útiles para la agricultura, becas, patrocinio de eventos deportivos o
hinchables en fiestas infantiles, según recoge el informe de Alianza y puede
verse profusamente anunciado en su página de Facebook, donde reciben un buen número de críticas en los
comentarios.
Bajo los lemas “Con orgullo, somos parte de tu comunidad” o “Renace,
energía con sentido social”, se adjudican como mejoras la construcción de
carreteras que, sin embargo, son imprescindibles para el desarrollo de sus
proyectos. El volumen, inversiones e impacto real de estas acciones es difícil
de valorar pues tampoco hay informes de responsabilidad social
corporativa (RSC) ni en la web de CMI ni en la de su fundación.
Alianza por la Solidaridad advierte de la facilidad de
"comprar" voluntades en un contexto de necesidad y temor. La
realidad, sostienen desde la organización, es que la presencia de Renace ha
aumentado la conflictividad social dentro de las comunidades y entre ellas.
“Ellos son muy selectivos cuando eligen a quién dan privilegios, lo hacen con
la intención de tener aliados y frenar el descontento. No es una buena práctica
de RSC confrontar familias e inclusive municipios”, sostiene González.
Muchos vendieron sus tierras a cambio de la promesa de un trabajo, pero
éste ha llegado de forma precaria. Según el informe de Alianza, el empleo se da
solo en la fase de construcción y son contratos por turnos de 15 días para cada
persona que acaban generando sistemas de microcorrupción en la asignación de
los mismos.
"Una vez que concluye la construcción, la empresa se va y se acaba
el trabajo, es entonces cuando la gente se da cuenta de que se ha quedado sin
empleo, sin tierras, porque las ha vendido y sin río. La conflictividad está
creciendo especialmente allí donde las obras de Renace ya han finalizado",
matiza Rosa Martín Tristán, de Alianza por la Solidaridad, quien visitó la zona
en abril.
“Que se conozca esto y haya presión”
La constructora Cobra también hace alarde en su web de buscar “un crecimiento sostenible”, “prevenir la contaminación” y
“fomentar en empleados, proveedores y subcontratistas actuaciones respetuosas
con el medio ambiente”. En el caso de Renace, sobre el que apenas hay información, Cobra elude cualquier responsabilidad al
considerarse únicamente como empresa contratada. Así se manifiesta en el
informe de Alianza: “Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna
responsabilidad social. Si hay algún factor de riesgo en una zona, paramos la
obra, nos retiramos y que quien lo tenga que afrontar que lo haga”.
Eldiario.es se ha puesto en contacto con ACS pero la empresa no ha
realizado ninguna declaración. Su posición en este tema, apuntan, es la de la
promotora, CMI.
Fuentes de CMI confirman a eldiario.es que han revisado el informe de
Alianza por la Solidaridad. "Tenemos contacto con 33 comunidades, tenemos
programas de desarrollo y cuidado ambiental, estudios de impacto ambiental...
Entramos en contacto con las comunidades por donde va pasando nuestra operación,
hemos tenido conversaciones y diálogos, llegamos a acuerdos. A esto le llamamos
nuestra relación de 'buen vecino'", sostienen.
Estas fuentes recalcan que la conflictividad social es algo que se ha
"utilizado mediáticamente" en su contra, producto de la
"desinformación" y destacan que el impacto ambiental solo se produce
en la fase de construcción, "después de que la hidroeléctrica entra en
funcionamiento, el impacto disminuye". Dicen que, en virtud de la ley
guatemalteca, ellos son generadores de energía y no les corresponde vender la
electricidad a las comunidades pero que, en cambio, sí que las han ayudado a
gestionar las peticiones para tener suministro.
Veinte años después de su presencia en el departamento, la mayoría sigue
sin luz y viviendo en condiciones de pobreza. CMI no habla en nombre de Cobra o
ACS y, ante las acusaciones de falta de transparencia, asegura que están
trabajando en una web que contenga toda la información sobre este proyecto que
iniciaron a mediados de los noventa.
Desde Madre Selva, no tienen tan claro que Cobra no tenga ninguna
responsabilidad. “ACS está siendo cómplice solidario de un desastre ambiental,
no podemos catalogarlo de otra forma, ellos saben el daño que están causando
pero se escudan en que son subcontratados. Llegan, obtienen su dinero y
tranquilamente se pueden ir del país y dejar allá un gran riesgo para las
generaciones que vienen”, lamenta Julio González, quien hace unas semanas
visitó España “con el deseo de que se conozca esto y haya presión desde fuera,
porque allá en mi país los medios no lo van a divulgar”.
Precisamente con este fin, y tras el éxito obtenido con otras
denuncias de acaparamiento de recursos naturales, como con Coca-Cola en El Salvador, Alianza por la Solidaridad ha lanzado una campaña de firmas. “Queremos que Cobra/ACS se comprometa a suspender su participación
hasta que no se haga una evaluación exhaustiva del daño medioambiental y social
del complejo hidroeléctrico, que no sea cómplice de una violación de los
derechos humanos y que utilice su influencia para que el promotor respete los
derechos y los recursos naturales de la población de Alta Verapaz”, especifica
la responsable de la campaña TieRRRa, Almudena Moreno.
493 agresiones y 13 asesinatos en 2015
Oponerse a este tipo proyectos en el terreno se paga caro. “Estamos
criminalizados”, reconoce Julio González. Hace tan solo un mes, el 8 de junio,
fue asesinado en Alta Verapaz, Daniel Choc Pop. Este líder indígena de la comunidad de San Juan Tres Ríos, en el
municipio de Cobán, trabajaba en la defensa del derecho al agua y la tierra y
por la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.
Dos meses antes, también fue asesinado Walter Manfredo Méndez Barrios, miembro del Frente Petenero contra las
Represas, un movimiento nacional sobre los efectos negativos de estas
infraestructuras.
Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los
Derechos Humanos ( UDEFEGUA), en 2015 se produjeron 493 agresiones a líderes ambientales y
comunitarios en Guatemala, 13 asesinatos y 8 intentos de homicidio. La propia
Cámara de Comercio española en Guatemala reconocía a Alianza por la Solidaridad
que “los líderes de derechos humanos no tienen buena imagen entre las empresas
y la sociedad, ni las ONG internacionales; solo se piensa de ellas que son problemáticas
para los negocios y defienden a grupos de delincuentes y mafiosos”.
Julio González señala también la responsabilidad del Estado
guatemalteco. “El Gobierno pasado fue cómplice abierto para imponer proyectos a
la fuerza. El Estado ha estado cooptado por los intereses de los empresarios y
corporaciones. Hubo muertos, se persigue a los defensores, hay 18 compañeros
capturados sin ningún cargo, desde hace tres años han sido asesinados varios
periodistas por llevar este tipo de mensajes. Ya estamos hartos de la
impunidad”.
Desde Alta Verapaz, en Guatemala, Ervin, sin nombrarlo, habla de
neocolonialismo: “Ya los tiempos cambiaron, queremos que ya dejen de extraer
nuestros recursos, queremos decidir sobre nuestro propio desarrollo y que si
nuestra riqueza es explotada, que lo sea para el bienestar de nuestros
ciudadanos”.
