“El narcotráfico está ya incrustado en la política y en la economía de América Latina”

Roberto Orozco, investigador y experto en seguridad y crimen organizado, explicó cómo en las últimas décadas el narcotráfico ha sido una vía empleada, tanto por la derecha como por la izquierda, para conseguir sus objetivos políticos, en una charla con Envío que transcribimos.

Roberto Orozco

www.envio.org.ni / diciembre 2019

La presencia del narcotráfico en la política, y el empleo de palabras que escuchamos cada vez más a menudo para calificar a algunos gobiernos como “narcogobierno”, “narcoestado”, “narcodictadura”, han tenido una especial relevancia con la caída del régimen de Evo Morales en Bolivia. Las acusaciones se dirigen contra los gobiernos del ALBA y aparecen como un fenómeno relativamente reciente. Pero el narcotráfico, una de las expresiones del crimen organizado, viene ocupando espacios políticos y económicos en todos los gobiernos de América Latina desde hace casi medio siglo.

A los vínculos del narcotráfico con la política, los medios de comunicación internacionales le están dando cada vez mayor cobertura, con historias que se actualizan continuamente porque hay ex-policías y ex-agentes de la seguridad del Estado, miembros de la CIA y del FBI, periodistas independientes y especializados en la materia que, cada vez con más arrojo, están investigando este tema. Pero el vínculo del narcotráfico con la política no es nuevo, viene de atrás. Y, para ponerlo en términos ideológicos, no tiene una relación exclusivamente con la izquierda. También la derecha se ha beneficiado del narcotráfico y ha logrado quitar y poner gobiernos con su ayuda. Tampoco la droga, que hoy nos parece omnipresente, es una realidad nueva. Tiene raíces antiquísimas.

Analizar las causas que han permitido la penetración del narcotráfico en la política y, más recientemente, en el sistema financiero y en la economía global, nos demostrará que hoy el narcotráfico se ha convertido en una realidad imprescindible para el funcionamiento de todos los países y de todos los gobiernos. Ningún gobierno, ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo, ha escapado a esos vínculos. A tal punto son imprescindibles que, basándome en estudios de especialistas de Naciones Unidas y de muchísimos otros investigadores, me permito afirmar que el narcotráfico llegó para quedarse.

Las drogas han estado siempre presentes en las sociedades humanas. El uso de drogas es una práctica humana antiquísima. Al vino, culturas como la romana y la griega, lo llamaron “elíxir de los dioses”. En todas las culturas humanas encontramos la costumbre de consumir sustancias tóxicas que afectan el cerebro para alterar estados emocionales.

De norte a sur de nuestro continente, los chamanes de Norteamérica, de Mesoamérica y de Suramérica consumieron siempre sustancias estimulantes para provocar éxtasis religiosos. La modernidad vino a masificar actividades y experiencias que hasta entonces eran exclusivas de algunos lugares, momentos y personas. Con la industrialización y el desarrollo del transporte, se masificó el consumo de las sustancias sicotrópicas. Y la globalización convirtió el tráfico de las drogas en un gran negocio.

El narcotráfico que hoy conocemos es el resultado de la masificación y de la globalización. ¿Para qué consumen drogas los jóvenes de Estados Unidos y de Europa? Para sentirse eufóricos, para alcanzar éxtasis, para aumentar los niveles de dopamina en su cerebro, para olvidar, para escapar… La consumen por razones similares a las que tenían los humanos que las consumían hace siglos, hace milenios.

Lo que ha cambiado es que ahora el consumo es masivo y que la presencia de la droga es global. También por estas razones el narcotráfico llegó para quedarse. Y está aquí para quedarse porque otro resultado de la modernidad y de la globalización es la incrustación del narcotráfico en los sistemas políticos y económicos de todo el mundo, que hoy no podrían existir sin el negocio del narcotráfico. Entre la política, la economía y el narcotráfico existe ya una relación simbiótica.

En un estudio no tan público -por sus obvias implicaciones- que hicieron los especialistas en crimen organizado y narcotráfico de la ONU en 1995, concluyen: “Las mafias (se refieren a todas las expresiones del crimen organizado, que son varias, las más importantes, las del narcotráfico) se han transformado en importantes y casi imprescindibles actores de la política económica y social de los gobiernos”. ¿Por qué Naciones Unidas llega a esa conclusión? Porque -dice el estudio- “los sistemas estatales se han desmoronado bajo el peso de las crisis financieras”.

Hoy todo el mundo sabe que los gobiernos de América Latina atraviesan permanentemente crisis financieras, que los presupuestos nacionales se han convertido en una carga pesada para los gobiernos porque siempre es mayor el déficit que la recaudación de impuestos. Esto es algo que sucede también en los países ricos, como Estados Unidos, donde la brecha del déficit se está ampliando cada vez más.

En las crisis financieras, ahora tan frecuentes, es cuando el crimen organizado comenzó a jugar un papel dominante e imprescindible en la economía y en la política de los Estados por las enormes ganancias que genera, especialmente el narcotráfico, una empresa que, de acuerdo a cálculos hechos por especialistas internacionales, en base a proyecciones, produce al menos un billón de dólares anuales, más que todas las expresiones del crimen organizado combinadas (el tráfico de armas, la trata de personas, la piratería…).

¿Qué hacer con tanto dinero de procedencia ilícita? Legalizarlo, darle apariencia de ganancia legal, creando empresas de fachada o introduciéndolo en el sistema financiero legal. De lo que se trata es de enmascarar esas ganancias. Y en la medida en que se fueron enmascarando se fue estructurando un sistema económico legal cuya base y fundamento es la economía ilegal.

Todas las expresiones del crimen organizado, incluido el narcotráfico, generan dos veces, tres veces y hasta diez veces más ganancias que transnacionales como Microsoft, Google o Facebook. Al absorber tan inmensas ganancias la economía formal depende cada vez más del narcotráfico. Por eso es que el narcotráfico llegó para quedarse.

Lógicamente, todos los gobiernos, todos los Estados, las empresas privadas, de acuerdo a este estudio de la ONU, buscan participar en esas ganancias. Las necesitan. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia, China, Rusia, todos los países donde el sistema estatal es fuerte, buscan cómo apoderarse de este sector de la economía porque eso les permite capitalizar, fortalecer e incrementar sus economías. Este dato habla por sí solo: cada año el sistema financiero de Estados Unidos lava 100 mil millones de dólares del narcotráfico.

Otro párrafo del estudio de la ONU señala: “La mayor parte de las ganancias recaudadas por organizaciones criminales es reciclada mediante canales perfectamente normales…” Ahí, la delgada línea roja entre lo legal y lo ilegal se difumina, se vuelve más opaca. Y al cruzar esa línea el dinero ilegal se recicla -añade el informe- “con la ayuda de otras partes legítimas, llámese gobierno o llámese empresa privada”. Se establece así entre lo legal y lo ilegal una relación simbiótica. Por eso el narcotráfico llegó para quedarse.

Esta es otra conclusión del informe: “El dinero sucio y encubierto se deposita en bancos comerciales y legales, que lo usan para ampliar sus préstamos a empresas, acciones y bonos gubernamentales…”. Así que los bonos que emiten los gobiernos para cubrir déficits sirven también para lavar dinero.

Hay varios gobiernos latinoamericanos que tienen venta de bonos estatales… ¿Y quién es la primera en comprarlos? La banca privada. “A través de esos bonos -dice el informe- las organizaciones criminales se convierten en acreedoras de gran parte de la deuda pública y ejercen una influencia táctica y tácita sobre la política macroeconómica de los gobiernos”. De este informe se deduce entonces que en los países en donde más crece la deuda pública es donde más dinero del crimen organizado hay. Cualquier coincidencia es mera casualidad…

Queda claro que los bancos reciben dinero de las diversas expresiones del crimen organizado y al aceptarlo lo “lavan”, legalizándolo. Y después lo usan para dar préstamos… Así se recicla el dinero sucio, que por llegar en tan enormes cantidades se ha convertido en materia imprescindible para el funcionamiento de todas las economías y de todos los gobiernos.

Nos dicen, y sabemos, que el modelo capitalista ha sido el causante del incremento de la pobreza en América Latina. Pero, ahora y según el estudio de la ONU, ya no es el capitalismo, ahora es el crimen organizado el que la incrementa. “El narcotráfico -dice el estudio- y otras expresiones del crimen organizado son los causantes de afianzar o de ensanchar la brecha entre ricos y pobres en nuestro tiempo”.

Este es el contexto en el que, viendo que todas las expresiones del crimen organizado, incluido el narcotráfico, están ya incrustadas en el sistema económico y político global, podemos analizar las más recientes crisis latinoamericanas, que el caso de Bolivia ha colocado en las primeras planas.

Acusaciones no confirmadas indican que en Bolivia se origina una ruta del narcotráfico que pasa a Venezuela, llega a Cuba y después a Estados Unidos. Se trata de un tráfico que se origina en la región cocalera del Chapare, en donde Evo Morales ha sido, y sigue siendo, líder del sindicato de cocaleros. Del Chapare sale hoja de coca y pasta de cocaína hacia otros países.

En la producción de cocaína, Perú le ha ganado a Colombia en los últimos años. Lo que sale de Bolivia son los insumos, la hoja de coca o la pasta de coca. La pasta producida en Bolivia es la más pura, el clorhidrato de cocaína boliviano tiene casi 100% de pureza. Y es esa pasta la más apreciada porque permite hacer mayor cantidad de kilos de cocaína.

Las acusaciones que se hacen a Bolivia están siendo investigadas desde hace tiempo. Ha sido solicitada una investigación multinacional por el tratado de asistencia recíproca de la OEA. Hay mucha información circulando, pero todavía falta mucha investigación. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha presentado ni una sola prueba o evidencia de que los tres gobiernos vinculados al ALBA, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, estén directamente vinculados con el narcotráfico o se hayan beneficiado del narcotráfico. Un coronel boliviano, German Cardona, denunció en 2015 cómo, en la región del Chapare, los cocaleros dirigidos por Evo Morales habían creado un mini-cartel para abastecer de materia prima a los carteles colombianos y peruanos, y cómo Evo inauguró el aeropuerto internacional de Chimoré, desde donde salían aviones cargados con cocaína hacia Venezuela. Es la única información, hasta hoy extraoficial, que existe sobre esos vínculos, pero aún no constituye evidencia.

Adelantándose a las investigaciones, medios de comunicación y expertos internacionales ya no hablan de “estados fallidos” en América Latina. Hablan de narcogobiernos y narcoestados porque, mal que bien, se ha comprobado que entre el crimen organizado y los estados y gobiernos hay una simbiosis que impide que “fallen” los estados. Como también se ha comprobado que el crimen organizado termina gobernando muy bien en las áreas donde no existe ni funciona el Estado. En estos casos, el crimen organizado es un estado dentro del Estado porque ejerce las funciones estatales donde domina: garantiza el control social, regula la economía, da protección y seguridad.

Si el consumo de drogas es una antigua actividad humana, el vínculo entre el narcotráfico y la política en América Latina tampoco es una novedad. Hay hechos y escándalos políticos en América Latina desde hace 40, 50 años, que demuestran que siempre ha habido vínculos, beneficios mutuos, una relación interactiva entre la política y el narcotráfico, y que esa relación no es exclusiva de la política de izquierda como se pretende ahora.

También la derecha ha hecho uso del narcotráfico para entronizarse en el poder político. Por ejemplo, en 1980, en Bolivia, el general de división Luis García Meza llegó a la Presidencia de la República por un golpe de Estado financiado por el principal narcotraficante que había entonces a nivel mundial, Roberto Suárez Gómez, conocido como “el rey de la cocaína”, que fue proveedor de Pablo Escobar.

García Meza era un hombre de derecha, de doctrina liberal, era un militar conservador, responsable del asesinato de Marcelo Quiroga y de otros intelectuales bolivianos. Fue acusado de crímenes de lesa humanidad, cayó preso por esa razón y murió de un infarto en la cárcel.

Otro caso, ya en la década de los 90, que demuestra los vínculos de los políticos de derecha con el narcotráfico, es el Proceso 8000, en Colombia. En ese proceso se investigó y se demostró el financiamiento del cartel de Cali a la campaña electoral de Ernesto Samper, que compitió por el Partido Liberal y que ganó la Presidencia en 1994. Samper no es un hombre de izquierda. Por cierto, Samper visitó Nicaragua en octubre de este 2019 para dar una charla sobre la paz en la UNAN.

También se enjuició en el Proceso 8000 al Fiscal General de la República, al Ministro de la Defensa y a casi el 50 por ciento de los diputados del Congreso colombiano por sus vínculos con el narcotráfico, y todos los enjuiciados eran políticos de ideología de derecha.

También en México hay ejemplos. Miembros del PRI, un partido de centro-derecha, cometieron en 1994 una serie de asesinatos políticos, entre los que destaca el que acabó con la vida del candidato a la Presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, un crimen transmitido en directo por la televisión, donde pudimos ver al sicario dispararle en la cabeza a Colosio en una actividad de cierre de campaña. Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, quien estaba en la Presidencia cuando ocurrió el crimen, fue acusado por el asesinato de Colosio y en el juicio salieron a luz todos los nexos que había entre Raúl, sus compinches y el narcotráfico.

Y si hay pruebas, ya en los años 80, de los vínculos del narcotráfico con la derecha, también los hay de sus vínculos con la izquierda. El caso de Pablo Escobar Gaviria es ilustrativo. Fue diputado de 1982 a 1983 por Alternativa Liberal, un partido de derecha. Y después de ser separado de ese cargo, se acercó a las izquierdas. Su paso por Nicaragua y su vínculo con dirigentes de la revolución nicaragüense en los años 80 está ampliamente documentado.

El punto de inflexión para analizar los vínculos de la izquierda con el narcotráfico, para entender lo que hoy estamos viendo en otros gobiernos de nuestra región, hay que buscarlo en las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Todo el mundo sabe por historia, por todo lo que ha investigado el gobierno colombiano y por autores independientes, de las relaciones entre la guerrilla colombiana y el narcotráfico.

Desde inicios de la década de los 80 del siglo pasado, las FARC recibían hoja de coca y pasta de coca de Bolivia y custodiaban los alijos y los cargamentos de droga que Pablo Escobar y otros narcotraficantes colombianos transportaban hacia Estados Unidos. También hacían las FARC labores de seguridad para garantizar ese tráfico. Hacer todo esto se lo facilitaba el dominio de los territorios donde tenían presencia armada.

Así comenzaron, vendiéndoles servicios a los narcotraficantes y obteniendo recursos por esos servicios. Pero llegó un momento en esos años en que, con la experiencia adquirida, se dieron cuenta que era más rentable para ellos convertirse en narcotraficantes que brindarles servicios a otros. Y desde entonces, hasta que se desmovilizaron con los acuerdos de paz de 2016, se convirtieron en la principal estructura organizativa del crimen organizado en Colombia, en los principales vendedores de droga de Colombia, sobrepasando las ventas del cartel de Medellín y del cartel de Cali. Y aunque no sólo por el narcotráfico se abastecían de dinero -también lo percibían por secuestros y extorsiones-, el grueso de sus ingresos provenía de la distribución y el traslado de droga hacia Norteamérica y Europa. Ya hay muchos jefes de bloques de las FARC denunciados y requeridos por la justicia estadounidense por el envío a Estados Unidos de centenares de kilos de droga durante años.

La Fiscalía General de Colombia reveló hace un par de años que, según sus cálculos y los del Ejército colombiano, la fortuna de las FARC al momento de la desmovilización era de 21 mil millones de dólares en efectivo. Se dice que las FARC exportaron parte de ese capital de 21 mil millones de dólares para ser lavado y disfrazado a través de proyectos de “cooperación”. Se dice, pero no está comprobado. Pero lo que sí está, y con abundantes pruebas, es que la raíz de la estrecha vinculación de las izquierdas con el narcotráfico hay que buscarla en las FARC, en sus relaciones con Venezuela, en sus relaciones con Cuba y en sus relaciones con los movimientos de izquierda en Latinoamérica.

Por las enormes riquezas que produce, el narcotráfico ha sido visto como un factor de oportunidad, tanto por las derechas como por las izquierdas de América Latina, para lograr, unas y otras, sus objetivos políticos, ya sea alcanzar el poder, ya sea sacar a alguien del poder, o cualquier otro objetivo.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre las dos visiones ideológicas, y esa diferencia es la que explica mejor el fenómeno actual. Mientras que la derecha vio en el narcotráfico un factor de oportunidad puntual, la izquierda lo vio como un factor de oportunidades estratégicas. Mientras que para la derecha el objetivo era coyuntural, para la izquierda el objetivo era estructural, de largo plazo. Volviendo al ejemplo de García Meza: este militar ocupó el narcotráfico para alcanzar el poder, y una vez alcanzado, le pagó al narcotraficante que lo financió, dejándole hacer sus negocios.

La izquierda no ha actuado así, fue siempre más allá. La izquierda se fue apropiando del narcotráfico, afianzó su poder en el narcotráfico y ha hecho del narcotráfico su negocio. Lo vio y lo ve como un asunto estratégico.

Esto lo aclaró ya el mismo Carlos Lehder, uno de los tres fundadores del cartel de Medellín, con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el mexicano” -después se sumaron a ese cartel los hermanos Ochoa-. Ya en 1985, en una entrevista con la televisión colombiana, Lehder declaró: “La cocaína es la bomba atómica de América Latina. Con el mercado que, aparentemente, los norteamericanos necesitan para funcionar, se están gestando los movimientos revolucionarios de América Latina”.

Ya entonces Lehder no tenía empacho en revelar que la cocaína estaba siendo usada para financiar los movimientos de izquierda en América Latina. Así que desde hace décadas la estrategia de emplear el narcotráfico para buscar el poder, ganar el poder, hacerse del poder y quedarse en el poder, ya estaba presente en los movimientos de la izquierda latinoamericana. En este asunto, como en tantos otros, debemos tener memoria histórica y revisar el pasado. Porque el pasado define el presente y el presente define el futuro.

Hemos visto ejemplos en México y Suramérica. También hay nexos entre la política y el narcotráfico en Centroamérica. Abundan los ejemplos. Hace poco se difundió un documental del Discovery Chanel, que puede ser considerado un testimonio, sobre la presencia de Pablo Escobar en Nicaragua. Carlos Lehder también estuvo en Nicaragua. Después de asesinar al Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, Lehder y otros narcos colombianos vivieron en Nicaragua en los años de la revolución. Sobran los testimonios que hablan de la presencia del narcotráfico en la Nicaragua de los años 80, origen y embrión de la presencia que hoy tiene el narcotráfico en nuestro país.

Tanto la CICIG (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad) de Guatemala, como la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad) de Honduras, han destapado en estos años los nexos con el narcotráfico de los gobiernos de estos dos países y de sus élites empresariales.

Hoy el gobierno hondureño enfrenta un grave problema porque el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, que era diputado, ha sido enjuiciado y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En El Salvador, el cartel de Texis, con amplias conexiones en el Ejecutivo, en la Asamblea Nacional y en los órganos de seguridad de ese país, está siendo investigado por delitos de narcotráfico.

Todo demuestra que el narcotráfico es parte de la vida política, de la vida gubernamental y de la vida estatal de los países de Centroamérica y Latinoamérica. Esa actividad, promovida, o si no permitida, por los gobiernos de la región, es también la principal amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Quiero señalar que a pesar de las múltiples acusaciones que se han hecho contra los países del ALBA, en Centroamérica sólo hay una expresión de vínculo con el crimen organizado que está siendo investigada judicialmente. Sucede eso en el Juzgado Cuarto de Paz de El Salvador, donde se recibieron acusaciones concretas basadas en investigaciones provenientes de Estados Unidos. Lo que se investiga es el vínculo de Alba Petróleos de El Salvador, una empresa a la que se le señala del supuesto delito de lavado de dinero por un monto de 3,200 millones de dólares. La acusación podría ser probada en ese proceso judicial ya abierto, en que el acusado es el secretario general del FMLN, José Luis Merino -”comandante Ramiro”, durante la guerra civil en ese país-, quien ha sido el principal administrador de la cooperación venezolana en El Salvador.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele tiene ante sí un gran reto. De enfrentarlo con éxito, podría tener alguna influencia positiva en la política del resto de gobiernos centroamericanos. El reto es proceder judicialmente contra quienes en el FMLN actuaron con corrupción los diez años en los que gobernaron. Bukele está pidiendo la extradición del ex-Presidente Mauricio Funes, quien tiene pendiente varios juicios por corrupción y vino a refugiarse en Nicaragua y recibe salario, él y sus hijos, de instituciones estatales, y hasta le dieron ciudadanía nicaragüense.

Pero es sólo un caso. Para que podamos ver el compromiso que tiene Bukele con la libertad y la democracia tiene que comenzar a escarbar más y a investigar más todos los problemas de corrupción que la izquierda dejó en su país.

El narcotráfico está presente hoy en el quehacer político y económico de toda Centroamérica. Desde hace mucho tiempo, Panamá ha sido un paraíso fiscal donde lavar dinero. El crecimiento económico experimentado por los países de Centroamérica se debe en gran medida a la inyección del dinero ilegal del narcotráfico en varios sectores de la economía: la construcción, el turismo, el transporte… Son muchas las actividades económicas que dependen hoy de ese dinero. Todo mundo en Centroamérica conoce a alguien que de repente se hace millonario y antes era simplemente un hotelero, un transportista… o un banquero.

Las acusaciones que hoy se están haciendo llamando “narcogobiernos” a los países del ALBA son muchas. Hay informes secretos que nacen desde adentro de los propios gobiernos, informaciones que se filtran y que llegan a Estados Unidos, pero aún no se ha comprobado su veracidad. Quiero ser muy claro: hasta la fecha de hoy, 26 de noviembre de 2019, no ha sido comprobada la participación en el narcotráfico de ninguno de estos gobiernos. Lo que hay es filtración de información, acusaciones en los medios internacionales. En toda esa maraña de acusaciones y señalamientos contra los países del ALBA, sólo existe ese proceso iniciado en El Salvador desde mediados de 2019.

Ante las acusaciones y el volumen de las informaciones que circulan actualmente, los gobiernos de los países “socialistas” señalados como “narcogobiernos” acusan a Estados Unidos de crear informaciones falsas para desestabilizarlos. Puede ser cierto. Pero la izquierda viene usando ese mismo argumento desde los años 70 y 80 para deslegitimar cualquier investigación de casos reales. A estas alturas nadie puede negar el vínculo que tienen las FARC, o que tuvieron las FARC, con el narcotráfico en Colombia, y cómo esa guerrilla se convirtió en el principal cartel del narcotráfico en ese país.

Nadie lo puede negar, es un hecho demostrado con miles de expedientes de procesos judiciales en contra de sus miembros. En el caso concreto de las FARC ha quedado claro, con suficientes evidencias, de que no se trata de una conspiración de la CIA y del gobierno de Estados Unidos que quieren destruir a los movimientos revolucionarios de izquierda. Está demostrado que es consecuencia de la estrategia de los movimientos revolucionarios de izquierda de vincularse al narcotráfico para obtener recursos para sus objetivos políticos. La responsabilidad la tienen ellos.

Quiero señalar aquí que no conozco ningún planteamiento de intelectuales de la nueva izquierda, de la izquierda renovada, tan críticos del caudillismo o de la cooptación de los movimientos sociales de los gobiernos de izquierda, que haya abordado lo que ha significado para las izquierdas latinoamericanas sus vínculos con el narcotráfico. No he leído a ningún escritor de izquierda analizar las consecuencias políticas y éticas de esos vínculos. Tampoco conozco que hagan propuestas de qué habría que hacer desde la izquierda ante el fenómeno del narcotráfico.

Una de las justificaciones que a menudo han usado las izquierdas para valerse de esta estrategia ya la señaló Carlos Lehder cuando dijo que “la cocaína es nuestra bomba atómica”… En consecuencia, dicen: inundemos Estados Unidos de drogas, si los gringos se quieren matar, que se mueran ellos… pero nosotros nos quedamos con el dinero.

Pero no se matan sólo ellos usando la droga. El crimen organizado genera siempre una gran violencia, una violencia directamente proporcional a la “densidad criminal”, que se define por el número de organizaciones criminales que ocupan un territorio específico y que, en la lucha por hegemonizar el mercado, provocan una enorme violencia. La Organización contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas elabora mapeos, que hace públicos, de la “densidad criminal” que hay en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia… No sólo mapean los cultivos y la producción, también las estructuras y las organizaciones.

Hay actualmente muchas corrientes de pensamiento que, para disminuir la violencia que genera el narcotráfico, consideran que el camino más efectivo sería legalizar la droga y no prohibirla y combatirla. Esa idea ha sido acuñada por la Comisión Internacional de la Droga, creada en Bogotá, y de la cual muchos ex-Presidentes latinoamericanos son miembros. Proponen la legalización de la droga porque sus gobiernos la combatieron, y al igual que el de Estados Unidos, no han tenido éxito en ese esfuerzo.

Creo que legalizar la droga podría ser una de las soluciones inmediatas al problema del narcotráfico y a la violencia que genera. Hay estudios hechos sobre las consecuencias del fin de la prohibición del licor en Estados Unidos y su legalización en los años 20 del siglo pasado que pueden ser usados como antecedentes. Se estudiaron los efectos que causó la legalización del licor en la seguridad ciudadana, en las familias, en diversos sectores. Esos estudios pueden servir de base para determinar cuáles podrían ser los efectos de la legalización de la droga.

Uno de los efectos inmediatos de legalizar la droga ya los conocemos en América Latina, cuando se legalizó la marihuana en Uruguay. En ese país, la droga retribuyó al Estado, que cobra ahora nuevos impuestos, como los cobra por la venta de cigarros. En California y otras partes de Estados Unidos también se legalizó y la droga paga impuestos. Y en todos estos lugares la legalización no ha tenido ningún impacto negativo importante en cuanto a la seguridad pública. Quitarles a los grandes empresarios del narcotráfico la hegemonía de las ganancias podría ser una solución: que no sólo ganen ellos, sino que también gane el Estado.

El problema aquí es un conflicto de intereses. Porque la verdad es que la interdicción de la droga le genera al Estado mucho más dinero que los impuestos que puede producir la venta legal de la droga. Y es por eso que Estados Unidos pasó de tener una única agencia antidrogas -cuando creó la política antidrogas- a tener 72 agencias en la actualidad. Por razones económicas, por ese conflicto de intereses, muchos Estados se resisten a legalizar la droga. También por eso afirmo que la droga llegó para quedarse.

Otra de las razones para sustentar que llegó para quedarse es el atractivo que ejerce en los jóvenes el enriquecimiento rápido que ofrece el narcotráfico. La oportunidad de un enriquecimiento acelerado convoca a muchas personas comunes y corrientes. El caso de Pablo Escobar es ilustrativo. Era un campesino que vivía en una región remota de Colombia. Para mejorar su posición entró primero a la delincuencia común y después al narcotráfico porque vio en eso la oportunidad de un enriquecimiento inmediato. En ese camino llegó a ser un potentado que ofreció pagar toda la deuda externa de Colombia…

Pablo Escobar cayó. Pero su negocio continuó. El narcotráfico ha sido siempre muy fluido. Los narcotraficantes siempre están rotando, sustituyéndose. Hay narcotraficantes que sobreviven a la violencia del narcotráfico y que al llegar a cierta edad se legalizan personalmente, legalizan su economía y sus propiedades, insertan sus empresas en el sistema legal de la economía y se retiran bajo la ley de la “omertá”, que significa el compromiso de no revelar los secretos del negocio. Algunos aprovechan el derrumbe de las estructuras donde ellos operaban para salirse, decir que se retiran, a veces cumplen alguna condena con la justicia, pero terminan siendo empresarios, hombres de negocio o apoderados. Hay muchos que invierten su dinero en la bolsa y que siguen ganando por ahorro o por inversiones o por préstamos. Pero los que llegan a la vejez y deciden hacer esto son contados con los dedos de la mano, no son muchos.

Hay otros que se meten de lleno a la violencia, esta se los come y mueren en el camino. Pero la red del narcotráfico se mantiene muy viva porque siempre hay quienes sustituyen a los que se legalizan y a los que mueren. Esto convierte al narcotráfico en un negocio muy dinámico, que siempre se está renovando. Mataron a Pablo Escobar y desarticularon al cartel de Medellín y nacieron cinco carteles más. Agarraron a los hermanos Rodríguez Orejuela, los metieron presos, desarticularon el cartel de Cali y surgieron cinco carteles más. En México, sólo el cartel de Sinaloa no se ha diseminado. Otros carteles mexicanos, la Familia Michoacana y el cartel de El Golfo se diseminaron en otros carteles más pequeños o fueron absorbidos por el cartel de Sinaloa.

¿Y qué pasa si un gobierno decide enfrentar al narcotráfico? El resultado puede ser peor. El resultado es más violencia. La prueba es México. Después de Vicente Fox, vino Calderón, y tras una época en la que hubo cierta tolerancia a las actividades del narcotráfico, por presiones extranjeras, fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos, Calderón inició la “guerra contra el narcotráfico” y ahí están los resultados. La alianza entre el gobierno y un solo cartel de la cocaína para que ese cartel combatiera a los otros carteles hasta exterminarlos, bajo la premisa de que era mejor combatir a un único enemigo que a cinco o seis, permitió fortalecerse al cartel de Sinaloa hasta convertirse hoy en la primera potencia mundial del narcotráfico, con presencia en 152 países del mundo y con narcotraficantes que aparecen en la lista de multimillonarios que publica la revista Forbes.

En conclusión, tenemos que admitir que es la masificación del narcotráfico generada por la globalización lo que ha permitido la incrustación de esa economía ilegal en la economía formal de todo el mundo, hasta hacer que hoy la economía legal ya no puede existir sin el narcotráfico, porque se ha creado una simbiosis, una codependencia.

Tenemos también que entender que la masificación del transporte permite que hoy la droga y el dinero ilegal lleguen muy pronto a cualquier rincón del mundo. No se trata de un plan maquiavélico de dominación, responde más bien a un factor de oportunidad que nos permite afirmar que el narcotráfico llegó para quedarse.

Y tenemos que esperar: si hay algo de cierto en el argumento de que las crisis en los gobiernos de izquierda latinoamericanos son consecuencia de los esfuerzos desestabilizadores de Estados Unidos, necesitamos un poco más de tiempo para conocer la verdad. Porque el tiempo lo desenmascara absolutamente todo.