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/ 230919
El muro de Donald Trump no empezó con
Donald Trump. Tampoco es el único dispositivo del que se sirve EEUU para el
control migratorio: es un elemento más de la amplia infraestructura desplegada
en el interior de EEUU y las zonas fronterizas con México. Cámaras, aviones,
sensores de movimiento, drones, sistemas de videovigilancia y biométricos
componen, desde hace años, el arsenal con el que Estados Unidos trata de frenar
la inmigración. Detrás, un grupo de empresas de seguridad y armamento que se
han embolsado "formidables ganancias" con el aumento de los
presupuestos gubernamentales para control fronterizo.
Son las principales conclusiones que
arroja la última
investigación del think tank
internacional Transnational Institute (TNI),
que documenta cómo algunas de las mayores
corporaciones armamentísticas del mundo se encuentran entre las
principales compañías "que han determinado la política de fronteras"
en EEUU durante las últimas tres décadas.
"Más que Trump, son estas
corporaciones globales, y sus aliados políticos y mediáticos, los que conforman
un complejo industrial de fronteras y han dado lugar a una respuesta
predominantemente militarizada frente a la migración, convirtiéndose en el
mayor impedimento para una respuesta humana al fenómeno", afirma el
instituto de investigación.
A la hora de sentar las bases de este
complejo industrial, los expertos del TNI señalan las aportaciones a campañas
políticas de estas empresas que suministran servicios de seguridad fronteriza,
labores de lobby o las 'puertas giratorias' entre el sector y el Gobierno.
"Estas empresas ayudaron a diseñar,
financiar y finalmente construir el muro del que se benefician", sostiene
a eldiario.es Nick Buxton, editor del estudio. "Como resultado, es mucho
más que un muro: es uno de los sistemas de vigilancia más militarizados del
mundo, integrado por miles de sensores, vigilado por helicópteros y aviones
teledirigidos y patrullado por un número récord de 21.000 agentes. Los
resultados son mortales a medida que los migrantes toman rutas cada vez más
peligrosas para escapar a la vigilancia", asegura.
En los últimos 15 años, los presupuestos
de EEUU para control fronterizo se han duplicado, pasando de 9.149 millones de
dólares en 2003 a 23.700 millones en 2018, según el estudio. Estas partidas
aumentaron enormemente a partir de la década de los ochenta y la tendencia se
ha ido acelerando desde entonces. Desde 1990, cuando se dedicaron 1.200
millones, el incremento es del 1.875%.
Estas cifras se destinan a la Oficina de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de las deportaciones y
detenciones en el interior del territorio, así como a la Oficina de Aduanas y
Protección de Fronteras (CBP), encargada de las patrullas fronterizas. La
investigación analiza cómo entre 2006 y 2018, la CBP firmó contratos por un
total de 26.100 millones de dólares. Algunas de las compañías que se
beneficiaron de ellos fueron Accenture, Boeing, Elbit, Flir Systems, G4S,
General Atomics, General Dynamics, IBM, L3 Technologies, Lockheed Martin,
Northrop Grumman, PAE, Raytheon, UNISYS.
La mayoría de ellas pertenecen la
industria armamentística y son las mismas que se benefician del elevado gasto
militar de EEUU. Es el caso de la mayor productora de armamento del mundo, la
estadounidense Lockheed Martin, que en 2009 firmó un contrato por más de 945
millones de dólares para mantener y conservar 16 aviones de vigilancia. O de
General Atomics, que cerró en 2016 un contrato de 276 millones de euros con la
CBP para el mantenimiento de sistemas de drones. Mientras, aquel mismo año, la
Oficina de reasentamiento de refugiados destinaba 14,9 millones de dólares a
nueve ONG humanitarias.
"Todo el debate en torno a la
frontera se ha centrado en los políticos populistas que demonizan a los
inmigrantes para atraer votos, pero ignora a los verdaderos beneficiarios de la
militarización de la frontera, que son algunas de las mayores empresas de armas
y seguridad del mundo", recalca Buxton.
Aportaciones
a campañas políticas y lobby
"Que las corporaciones consigan
contratos cada vez mayores no representa una bonanza imprevista, sino que es el
fruto esperado de la creciente participación de esas corporaciones en la
política estadounidense", concluyen los investigadores del TNI. De acuerdo
con el estudio, las principales beneficiarias de los contratos en control de
fronteras son también las empresas "que más aportan a las campañas
políticas, que más lobby hacen, que se reúnen más a menudo con funcionarios del
gobierno y que entran en el gobierno como asesoras y personal en posiciones de
influencia estratégicas". Por esta razón, desde el instituto sostienen que
las compañías "han determinado las políticas de militarización fronteriza
de las que se han beneficiado".
Ponen los ejemplos de Boeing, Lockheed
Martin, General Atomics, General Dynamics y Raytheon, las que más aportaciones
hicieron a las campañas políticas de los miembros de los organismos
responsables de los presupuestos y las políticas relacionadas con las
fronteras, los comités de Consignaciones Presupuestarias y de Seguridad
Nacional del Congreso. Entre 2006 y 2018, estas donaron a los primeros 27,6
millones de dólares y a los segundos, 6,5 millones, como se desprende de la
investigación. "Las posiciones de los políticos en estos comités,
independientemente de su filiación política, suelen estar en sintonía con los
intereses de sus donantes corporativos".
Muchas de estas empresas, indican desde el
TNI, son también las más activas a la hora de hacer lobby en el Congreso.
Matizan que su actividad también está vinculada con el gasto militar, pero los
contratos en materia de fronteras son igualmente importantes.
"En 2018, se alcanzó el mayor
presupuesto destinado a fronteras e inmigración en la historia de los Estados
Unidos –con más de 23 000 millones– tras una intensa labor de lobby de
representantes de estas empresas", señalan. Aquel año, General Dynamics
registró actividad de cabildeo 44 veces, Lockheed Martin, 41, Raytheon, 28 y
Northrop Grumman, 19. "Esta es solo una imagen parcial, ya que una gran
parte del lobby también se desarrolla a puerta cerrada, en especial en lo que
respecta a cuestiones controvertidas, como la inmigración", indican los
investigadores, en referencia a, por ejemplo, viajes de legisladores para
obtener apoyo para sus negocios.
La última pieza del puzle son las 'puertas
giratorias' existentes entre la industria de la seguridad fronteriza y la
administración. "A menudo, exfuncionarios del gobierno son contratados por
diversas corporaciones, o entran en el sector del lobby, no solo como
lobbistas, sino también como consultores y estrategas". Según el análisis
del TNI, entre 2003 y 2017, al menos cuatro jefes de la CBP y tres secretarios
del Departamento de Seguridad Nacional –equivalente a ministerio–, se
incorporaron a compañías que trabajan en materia de seguridad nacional o
consultoría tras abandonar el gobierno.
"Estas empresas deben ser examinadas
mucho más de cerca", opina Buxton, quien indica que el mercado no se
limita a la frontera de Estados Unidos, sino que "continúa expandiéndose,
tanto al sur de la frontera, a países vecinos como Guatemala; como, cada vez
más, hacia el interior de EEUU".
"El proceso es muy similar a lo que
está ocurriendo en Europa, donde las mayores corporaciones europeas de
armamento como Airbus o Thales– han sido las principales ganadoras de los
contratos de seguridad fronteriza. La militarización de la frontera se basa en
la promesa de seguridad, pero la única seguridad que proporciona es a los
balances contables de las mayores compañías de armas del mundo",
sentencia.
Fuente original: https://www.eldiario.es/desalambre/industria-armamentistica-politicas-fronterizas-Unidos_0_944206234.html
