Olmedo Beluche
130419
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha elaborado un documento denominado “Agenda País 2019-2024”. Ahí está contenido el programa del próximo gobierno, que los sectores dominantes de la economía exigirán al próximo gobierno, sea quien sea el que gane.
La “Agenda País 2019-2024” es un documento
en que se trazan objetivos de corto y mediano plazo para 4 áreas de trabajo del
próximo gobierno: educación, Caja de Seguro Social y salud pública,
institucionalidad y crecimiento económico. Podemos avizorar dos fuertes
motivos de conflicto: la reforma a la Caja de Seguro Social y el tema de los
subsidios a los pobres frente a las exoneraciones e incentivos fiscales
empresariales.
La CCIAP propone dividir la CSS en dos
entidades, pasando el programa de salud, maternidad y riesgos profesionales a
un Sistema Integrado de Salud dirigidos por el MINSA, dejando la entidad solo
con el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Culpa a la “transición
demográfica” del déficit actuarial del sistema de Beneficio Definido, cuando en
realidad es culpa de la reforma de Martin Torrijos de 2005, que dividió el
sistema de jubilaciones pasando a los jóvenes a un sistema mixto.
En Panamá no hay una inversión de la
pirámide generacional en que hay más viejos que jóvenes; tampoco es cierto que
haya exceso de beneficiarios, pues estos han disminuido en 9% entre 1998 y
2016; ni hay una disminución de cotizantes, pues estos han aumentado 52% entre
1998 y 2016; tampoco hay una disminución de los aportes a las cuotas, las que,
por el contrario, aumentaron 72% entre 2007 y 2017. El problema es la Ley de la
Muerte impuesta por el PRD en 2005, la cual hay que derogar.
En concreto en la página 19 propone la
CCIAP: “Seguimiento y monitoreo de los beneficios de los subsidios y/o becas.
Se debe eliminar toda ayuda que no responda a necesidades reales y que solo
tiene fines partidistas”. Es decir, eliminar todos los programas sociales de ayuda
a los más pobres, que ellos llaman “subsidios”. Pero no menciona los subsidios
a los ricos, como las exoneraciones fiscales e incentivos al sector privado que
más bien sugieren ampliarlos, que son los que hacen un gran déficit en los
ingresos del Estado. Tampoco se habla de la corrupción y las licitaciones
amañadas.
Pretende que el estado subsidie: el
turismo, con B/. 20 millones para el Fondo de Promoción; la industria, que
se implemente la Ley 25 de 2017 que dicta medidas de fomento a la industria; el
comercio, propone eliminar la burocracia y regulaciones que les afectan.
Sobre la construcción, proponen modificar
los códigos de edificación (Reglamento Estructural-REP 2014, y Reglamento de
Seguridad Humano-NFPA) porque consideran que “aumentan los costos de manera
injustificada”, y revisar los Parámetros de Densidad y el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Panamá.
Respecto a la electricidad, proponen
convertir ETESA en sociedad anónima (privatizar) y construir la Cuarta Línea de
Transmisión, que nos costará 500 millones de dólares y sólo servirá para que
lucren exportando energía los dueños del sector.
En vez de depositar falsas esperanzas en
las elecciones y expectativas irracionales en el “nuevo” presidente(a), los
sectores populares debemos empezar a organizarnos para enfrentar el conjunto de
medidas antipopulares planificadas por la Cámara de Comercio, verdadero poder
político detrás del Ejecutivo.
