Stella
Calloni
www.jornada.unam.mx / 090418
¿Puede
un Supremo Tribunal Federal (STF) en un país como Brasil funcionar y sesionar
como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales, uno de
ellos el actual jefe del ejército, advirtieran públicamente que si el ex
presidente Luiz Inácio Lula da Silva no iba preso, se verían obligados a dar un
golpe militar?
Después
de un intento de homicidio contra el ex presidente, ocurrido la semana pasada
en el estado de Paraná, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo a la
prensa en forma amenazante que el TSF induciría a la violencia en el país si
Lula no iba preso y amenazó con un golpe de Estado, mientras el general Paulo
Chagas advirtió: nuestro objetivo es evitar que se cambie la ley y que el jefe
de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule
libremente, pregonando el odio y la lucha de clases.
Horas
antes de que sesionara el STF el jefe del ejército, general Eduardo Villas
Boas, afirmó que su fuerza comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien
de repudiar a la impunidad. Más diplomáticamente, pero la amenaza es la misma.
Cualquier
magistrado simplemente apegado a la ley debió negarse a estar sentado en un
Tribunal que ante tal amenaza había perdido toda autoridad. Si hubiera justicia
esta sesión debería ser anulada.
El agosto
de 2016, la entonces presidenta Dilma Rousseff fue destituida por una
conjunción de medios de comunicación con la red O Globo a la cabeza, una
justicia manejada por jueces que trabajan desde hace tiempo para Estados Unidos
como Sérgio Moro, cumpliendo el papel que les asignaron, un parlamento
mayoritariamente corrupto que destituyó, sin pruebas, a la mandataria. Lo que resultó
en un golpe de Estado mediático, jurídico y parlamentario.
Aunque
en realidad comenzó en mayo de 2016, cuando Rousseff fue separada de su cargo y
asumió en remplazo transitorio el entonces vicepresidente Michel Temer (quien
apareció en documentos como informante del Comando Sur) cambiando el gabinete,
lo que no le correspondía, tomando medidas por decreto en forma ilegal,
destruyendo todas las conquistas populares y lesionando gravemente la soberanía
en Brasil, comenzando por la entrega de los grandes yacimientos de petróleo
(presal) sacándolos del control de Petrobras.
Esta
empresa, como todas las estatales, fueron víctimas de espionaje, como los
gobiernos de Lula y Dilma por Estados Unidos, lo que fue revelado por las
denuncias documentadas del ex contratista de la inteligencia estadunidense
Edward Snowden.
Sérgio
Moro, el juez que persiguió a Dilma y a Lula, es uno de los tantos jueces o
empleados judiciales cooptados por Washington, que de hecho ahora mantiene una
especie de Escuela de las Américas para policías y judiciales en El Salvador. La condena de Moro contra Lula es una
monstruosidad jurídica, ya que –como en el caso Dilma– no existe ninguna prueba
en la causa por la cual fue condenado, lo que lo convierte en un rehén
político, no ya de Brasil, sino de Washington.
El
esquema estadunidense de infiltrar a las estructuras judiciales de América
Latina surgió como metodología de trabajo en los planes contrainsurgentes y
estratégicos para la región, en la década de los 90, para aplicar en los
primeros años del siglo XXI. Se planteó entonces un nuevo modelo: las
democracias de seguridad nacional, en remplazo de las dictaduras de seguridad
nacional, que convirtieron en un cementerio a América Latina en el siglo XX.
En
realidad, son una forma de dictaduras encubiertas para manejar los conflictos
de baja intensidad en el siglo XXI, a lo que se añadió la dispersión del
Comando Sur mediante la instalación de bases y establecimientos militares en
territorios estratégicos de América Latina, para controlar directamente al
mejor estilo colonial la región.
En el
caso del juez Moro, quien estudió derecho en la Universidad regional de
Maringá, entró en contacto con Estados Unidos asistiendo a un programa especial
para instrucción de abogados nada menos que en la Harvard Law School (Estados
Unidos).
Participó
en el programa para visitantes internacionales organizado en 2007 por el
Departamento de Estado especializado en la prevención y el combate al lavado de
dinero. En ese curso realizó visitas a distintas agencias de Estados Unidos,
entre ellas las de inteligencia como la CIA y la FBI, y fue instruido en el
análisis de crímenes financieros, y en los delitos cometidos por grupos
criminales organizados y desde esos momentos pasó a ser un hombre al servicio
de Washington.
En un
artículo publicado en Brasil de Fato, Daniel Giovanaz denunció el caso del juez
Moro, convertido en héroe en Estados Unidos, demostrando que esta acusación no
era una teoría conspirativa, como suele banalizarse cualquier denuncia, porque
existen pruebas suficientes en hechos y documentos.
En junio
de 2016, la filósofa e investigadora Marilena Chauí, citada por Giovanaz,
afirmó que Moro había sido cooptado por la FBI para atender los intereses
estadunidenses en la conducción de la operación Lava Jato.
Él
recibió un entrenamiento característico de lo que hacía la FBI en el
Macarthismo (política de persecución anticomunista adoptada por Estados Unidos
en los años 50), señala la filósofa brasileña, estableciendo que Washington
tenía un objetivo: desestabilizar Brasil para apoderarse de los grandes
yacimientos petroleros, otros inmensos recursos y controlar nada menos que a la
gran potencia latinoamericana.
“En este
sentido la operación Lava Jato es, vamos a decir, un preludio de la gran
sinfonía de destrucción de la soberanía brasileña para el siglo XXI”, denunció
Chauí, cuya hipótesis fue respaldada por un documento de Wikileaks que se
conoció el 30 de octubre de 2009.
“El
nombre de Sergio Moro –además de su relación clave con Estados Unidos– es
citado como participante de una conferencia ofrecida en Río de Janeiro por
Bridges Project (Proyecto Pontes) vinculado al Departamento de Estado, cuyo
objetivo era “consolidar el tratamiento bilateral (entre Estados Unidos y
Brasil) para la aplicación de ley.
Moro fue
la figura clave para justificar la asesoría estadunidense en su país.
Entre
las conclusiones tomadas por Wikileaks sobre aquella conferencia, los
responsables del Proyecto Pontes sostuvieron la necesidad continua de asegurar
el entrenamiento a jueces federales y estudiantes de Brasil para enfrentar el
financiamiento ilícito de conducta criminal. La estrategia debía ser de largo
plazo y coincidir con la formación de fuerzas de tarea de entrenamiento que
podrían establecerse en Sao Paulo, Campo Grande o Curitiba.
Cinco
años después de ese acto en Río de Janeiro estalló la operación Lava Jato, que
instauró en el país un clima de inestabilidad política muy importante para los
planes de Estados Unidos que pasó a controlar, manejar y manipular operaciones
y el caso Odebrecht.
En los
últimos dos años, las visitas de Sérgio Moro a Estados Unidos se hicieron cada
vez más frecuentes, y era presentado en conferencias como líder central en el
fortalecimiento del estado de derecho en Brasil. Que en realidad desapareció
por el golpe de 2016 consolidado por este nuevo golpismo manu militari, condenando a Lula, quien es inocente y nunca se ha
probado lo contrario.
