“Los indígenas no aceptamos
el extractivismo. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras,
empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”. Los líderes mapuches
se defienden y contestan los discursos que los tratan de separatistas,
terroristas o cosas peores. “La plurinacionalidad
no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una
herramienta para la unidad en la diversidad”.
Se encargan de explicar lo
que – parecía- ya estaba dado: la propia legislación argentina reconoce los
derechos de los pueblos originarios. Pero no se cumple. Por qué: las presiones
de terratenientes y empresas como Benetton. La operación de los medios. El rol
del modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en
esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches, en medio de
la desaparición de Santiago Maldonado.
El modelo extractivo:
petrolero, minero, agropecuario, forestal.
Una multinacional
(Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de
despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo
su “nunca más”.
Sólo algunos de los
elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.
Extractivo
Durante el menemismo se
aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en
Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de
transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios
se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros
en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas
con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).
El macrismo continúa esa
línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro,
flexibilización laboral para trabajadores petroleros. Más extractivismo, más
avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional
contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto
en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras,
entre otras), que actúan con la complicidad, por acción u omisión, de los
gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña
del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado
capitalista, la Argentina del siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los
pueblos indígenas.
Preexistente
“Mapuche” significa en
mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas
del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su
historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus
hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Un argumento falaz para
atacar a los indígenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos
indígenas tienen miles de años de historia, y el pueblo mapuche en particular
existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir,
son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la
Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten”.
Ante cada campaña mediática
de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores
periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto
que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son
araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches
no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían
en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches
en lo que hoy es Argentina”.
Periodismo
represivo
“Denuncian vínculos de
grupos mapuches con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”,
tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido
al conflicto del lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton.
La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos,
la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una
forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas
limítrofes la gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y
periodistas y productores argentinos mencionan a las Farc colombianas como
parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona
liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones
Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes
10 de enero, hubo feroces represiones sobre el lof Mapuche. Una por la mañana (gendarmería
nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un
tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de
mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La
imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
A la campaña anti-indígena
se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo
22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento
que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por
Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de
Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en
“off”, sin nombre ni apellido, que acusan al lof Cushamen de hechos tan
insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:
-Los mapuches están
vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento
del kirchnerismo.
-Afirma que el lof Cushamen
ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros
hechos.
No se aporta ninguna prueba
de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces
en off.
Gonzalo Sánchez, autor de
la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula
al lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa
organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del
Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos
que acompañan.
Infobae no se quedó atrás.
“Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que
tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de
Martín Dinatale, con todas voces en off
y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría haber sido escrito por
Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia
Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The
Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No
aporta una sola prueba que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones
Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal
donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción
violenta”. Firmada por el corresponsal en Bariloche, Claudio Andrade, conocido
de las organizaciones mapuches por sus continuos ataques que rozan el racismo.
Por otro lado, también
sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en
echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo,
silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales
afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas
condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio
ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó
fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban
derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el
poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y
repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro
lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el
territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son
periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera:
legitiman represiones.
Genocidio
Robo de bebés. Desaparición
de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos. Lo sufrió la
sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar. Lo sufrió el
pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también
padeció robo de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de
concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco
reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos
indígenas.
Diana Lenton, doctora en
antropología y docente de la UBA, lo resume así: “El Estado se construyó sobre
un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los
tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en
la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son
genocidios que dan origen a un Estado”.
Recuperaciones
“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu”
significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una
práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios
volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos
quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo
mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes
terratenientes.
Los pequeños burgueses
urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los
departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de
Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy están en manos
de grandes empresas.
Los legalistas también
deben estar conformes: las recuperaciones territoriales están respaldadas por
tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible,
los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y
reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes
nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no
estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
La Declaración de las
Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en
septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a
los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho
a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los
territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o
utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados,
utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es
el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex
secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la Cidh, abordó la posesión
ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han
perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente
a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras
de igual extensión y calidad”.
La recuperación territorial
implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra,
que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo
suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”,
imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.
Benetton
En 2007, la comunidad
mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625
hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de
Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El
Bolsón. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir
y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al premio
Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que
prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció
parcelas que eran improductivas.
La comunidad no aceptó y
aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por
tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales,
hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton
nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras
comunidades repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el
Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la
comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció
la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche. La
comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió la
compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador
Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se
produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton.
“Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de
agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se
viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la
actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la
inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir
dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por lof
en resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo
(MAP).
Ya
no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.
Benetton descargó todo su
maquinaria legal contra los mapuches y contrató una agencia internacional de
prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel
provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego
Campal, que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y
gestión de crisis”.
Periódicamente llegaban las
gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría
la estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada
(Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los
mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das
Neves, y sus ministros.
La campaña mediático daba
sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA,
FARC).
Enemigo
interno
En diciembre de 2016, el
gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no
haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del lof en Resistencia de
Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con
delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población
desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea
un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad,
conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016
a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los
responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe
interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio
mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza
“tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas
para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso
de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían
comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de
organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de
Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)
emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al
Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó
al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones
territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado
privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio pasado, un
centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche
Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a
cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los
integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la
orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del
territorio indígena.
La gendarmería incluso
impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la gendarmería
para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni
autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni
exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y
fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de
la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del
lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada
de represión”.
Peligro
“Ser indígena hoy es ser
subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche,
músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los
indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir
luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos
consideran un peligro”.
Facundo Jones Huala, desde
la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El pueblo mapuche impulsa la
reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de extractivas del territorio.
Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con
pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y
armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden
actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para
el poder”.
Disparen
Ante la desaparición de
Santiago Maldonado, en el marco de una represión de gendarmería nacional el 1
de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades
indígenas: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de
la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del
Estado argentino, la lógica anarquista”.
La Sociedad Rural
Argentina, impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura
cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad para los
grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los mapuches).
La Confederación Mapuche de
Neuquén le contestó a la ministra de Seguridad: “La funcionaria Patricia
Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia,
construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos
básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados
Plurinacionales. Nuestra condición de nación mapuche está basada en la
preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. Negar
esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que
desconocen la diversidad”.
“Un estado plurinacional no
depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de
miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”,
explicó la Confederación Mapuche y afirmó: “La plurinacionalidad no es una propuesta
separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad
en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos
un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”.
El Consejo Asesor Indígena
(CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un
documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han
sucedido (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de
la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago
Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de
militarización que sufren los pueblos originarios”.
“No queremos que la actitud
de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y
racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el pueblo mapuche ha
sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte,
acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración:
“Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.
¿Solución?
Una pregunta recurrente es
por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se
respete la ley”.
Argentina tiene frondosa
legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución
Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160
(freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones
Unidas sobre Pueblos Indígenas.
La legislación vigente establece
que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que
se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho
que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a
territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede
llevar hasta años) con la comunidad.
De la mano de jueces y
fiscales, esas leyes no se cumplen.
¿Por qué el incumplimiento?
Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar
los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas
del agronegocio y mineras.
