Blanco, Grasso,
Escudero, García
www.plazapublica.com.gt / 051117
En el marco de una
investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ), empezamos este domingo a publicar los
resultados de un año de trabajo. Estas son las preguntas clave para poder
entender los Paradise Papers y su alcance.
1.
¿Qué son los Paradise Papers?
Paradise Papers es el nombre de una
investigación periodística basada en una filtración múltiple. Incluye 13,4
millones de documentos procedentes de:
Dos bufetes de
abogados dedicados a proveer servicios 'offshore': Appleby, fundada en
Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones
de documentos; del segundo, cerca de medio millón.
Los registros
mercantiles de 19 jurisdicciones opacas: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves,
Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook,
Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente
Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia).
La documentación
ha sido obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitungy compartida con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Plaza
Pública, El Confidencial y La Sexta en España y otros 93 medios
internacionales, entre ellos The New York Times, Univisión, The Guardian, BBC,
Le Monde o La Nación de Argentina. En total, más de 380 periodistas de 67
países han investigado durante un año los 1,4 terabytes de información recibidos.
2.
¿Qué información aparece en esta nueva filtración masiva?
Paradise Papers
desvela la ocultación de patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de
dinero lejos de los ojos del fisco por parte de multimillonarios y
multinacionales. No en vano, la oferta básica de Appleby se basa en servicios
corporativos, constitución de trust y gestión de fondos de inversión. Entre los
nombres más ilustres que aparecen en los 13,4 millones de documentos de esta
nueva filtración figura el entorno de Donald Trump y sus lazos con inversores
rusos; el recaudador de la campaña electoral del primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, o la reina Isabel II de Reino Unido, además de famosos de talla
mundial como los cantantes Bono de U2 o Madonna.
Las
multinacionales más importantes a nivel global, como Glencore, Apple o Nike,
también tienen un lugar destacado en esta nueva investigación coordinada por el
ICIJ.
Para abrir boca: a la firma deportiva le basta una pequeña pila de documentos
en las oficinas de Appleby en Bermudas para cobrar en el país caribeño los
derechos del mítico logo sin apenas pagar impuestos. Detalles de esta y otras
prácticas de elusión fiscal serán desvelados por El Confidencial y La Sexta durante
los próximos días.
3.
¿Qué son y a qué se dedican Appleby y Asiaciti?
Fundado en el país
caribeño de Bermudas a finales del siglo XIX, Appleby es un despacho de
abogados que ofrece servicios offshore a sus clientes. Cuenta con diez oficinas
alrededor del mundo, todas en países que ofrecen baja o nula fiscalidad y
absoluta opacidad a los propietarios reales de las sociedades pantalla, como
las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, las islas del Canal o Hong
Kong. Appleby forma parte del denominado ‘círculo mágico offshore’ –término
acuñado a raíz de un artículo publicado en la revista 'Legal Business' en
2008–, el selecto grupo de los nueve despachos más prestigiosos y con más
recursos para proveer servicios offshore. Sus clientes suelen ser individuos
con fortunas a partir de los 30 millones de dólares, conocidos popularmente
como UHNWI (del inglés 'ultra-high-net-worth individual).
Con sede en
Singapur, Asiaciti Trust es también un despacho que crea compañías y
estructuras fiscales opacas, pero con una gestión familiar. Cuenta con oficinas
en países como Samoa o San Cristóbal y Nieves. Según cálculos del economista
Gabriel Zucman, el 10% de la riqueza mundial se oculta en paraísos fiscales.
4.
¿Qué significa proveedores de servicios offshore?
Los bufetes
implicados se dedican a crear complejas estructuras societarias para ocultar el
verdadero beneficiario de unos bienes, lograr una mejor optimización fiscal o
incluso evadir el pago de impuestos. Lo hacen principalmente a través de
sociedades, trust y fundaciones de interés privado.
Una sociedad
offshore es cualquier entidad jurídica creada según las leyes de un Estado
extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está
registrada. El término se utiliza para denominar aquellas empresas creadas en
un paraíso fiscal, donde no llevan a cabo ninguna actividad comercial y carecen
de empleados. A cambio, se aprovechan de las ventajas fiscales y el secretismo
del país.
Estas sociedades
se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen
otros fines, como comprar acciones, inmuebles, cuadros o desviar beneficios
personales o de una empresa. Como revelaron la lista Falciani y los Papeles de
Panamá, uno de sus usos más habituales consiste en la
apertura de cuentas bancarias en otros países a nombre de estas sociedades. Los
beneficiarios últimos pueden ocultar su identidad –y por consiguiente no
declararlas a Hacienda– para así eludir el pago de impuestos. De ahí que estas
compañías se conozcan también como 'sociedades pantalla', puesto que su único
fin es ocultar el verdadero dueño del patrimonio. A la sombra de estas compañías
se han cobijado jefes de Estado, políticos, narcotraficantes y criminales de todo el mundo.
Un trust o
fideicomiso, por su parte, es una figura jurídica procedente del derecho
anglosajón que permite administrar bienes y activos transferidos por uno o
varios constituyentes, denominados 'settlor' o 'grantor'. El trust suele ser
administrado por un agente gestor 'offshore' ('trustee'), del cual se beneficia
una serie de personas o sociedades designadas en la escritura de constitución
del fideicomiso. Se trata, en resumen, de una cesión de bienes o capital
procedentes de personas físicas o jurídicas, pero con la diferencia de que ese
poder legal se ejecuta en una jurisdicción 'offshore'. De esta forma, este
entramado se beneficia de los privilegios y el secretismo de los paraísos
fiscales.
En España, la
figura del trust no está reconocida jurídicamente. Es decir, no existe una
normativa que la ampare, por lo que se trata de una entidad jurídica al margen
de la legalidad.
5.
¿Y los 19 registros? ¿Qué información contienen?
La filtración
incluye seis millones de documentos procedentes de los registros mercantiles de
19 jurisdicciones opacas, territorios considerados como paraísos fiscales en
alguna de las listas internacionales elaboradas al respecto. Independientemente
del país en el que estén radicadas, estas sociedades offshore se suelen
utilizar para ocultar el dueño real de unos bienes, eludir el pago de impuestos
o elaborar esquemas fiscales transnacionales que resulten en una menor carga
fiscal sobre los resultados de las grandes empresas. Estos documentos
administrativos contienen información sobre los accionistas, administradores y
representantes legales de estas compañías.
6.
¿Pero los registros mercantiles no son públicos?
En Reino Unido,
Bulgaria y Dinamarca, por poner algunos ejemplos, sí. En cambio, Bermudas,
Malta o Aruba se consideran jurisdicciones secretas. Es decir, sus registros
mercantiles no cumplen con los mínimos de accesibilidad y publicidad. La
información puede ser de pago o restringida a elección de sus administradores.
Según el índice Open Company
Data, que analiza el nivel de publicidad de los registros
mercantiles en función de su accesibilidad, gratuidad y otras variables,
ninguno de los 19 registros mercantiles de los Paradise Papers cumple con al menos
la mitad de los requisitos para ser considerado público. De hecho, la mayoría
no cumple con ninguno de ellos.
7.
¿Por qué Malta, un país de la Unión Europea, es considerada una jurisdicción
opaca?
Lo primero que hay
que decir es que la Unión Europea no considera paraíso fiscal a ninguno de sus
28 Estados miembros. En cambio, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) sí incluye a dos países de la UE en su lista de países comprometidos con mejorar su transparencia y el intercambio
de información fiscal: Malta y Chipre. En esta relación también aparecen otros
ocho territorios europeos: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Isla de Man,
Liechtenstein, Mónaco y San Marino.
En Malta, el tipo impositivo
para el impuesto de sociedades es del 35%. Pero existe un sistema de créditos y
devoluciones para los accionistas que reduce el impuesto entre a cerca del 5% (varía
en función del tipo de sociedad que se crea). Además, la isla no impone ninguna
retención al pago de dividendos e intereses.
Varios organismos
internacionales y entidades sociales como Oxfam incluyen a Luxemburgo, Países
Bajos, Irlanda y, en menor medida, Bélgica dentro del grupo de países con
grandes ventajas fiscales. Otro país europeo, Suiza, también aparece en este
tipo de listados, en este caso por su secreto bancario.
8.
¿Es ilegal el uso de sociedades offshore y trust?
No, es legal
siempre y cuando el beneficiario último lo declare a las autoridades fiscales
del país en el que reside. Según un estudio del Banco Mundial, "en la
gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de
dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o
cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de
las personas involucradas en la corrupción".
El uso de este
tipo de instrumentos tiene además un impacto directo sobre la riqueza de los
países. De acuerdo con las estimaciones del economista Gabriel Zucman, las
multinacionales redistribuyen artificialmente alrededor de 600.000 millones de
euros cada año utilizando los paraísos fiscales, una cifra equivalente a la
mitad del PIB español. Según los cálculos de Zucman, el 10% de la riqueza
mundial se oculta en jurisdicciones secretas. Para paliar este déficit de
ingresos, los Estados tienen a su disposición dos tipos de políticas: la subida
de impuestos –que afectará sobre todo a aquellas personas que no pueden
permitirse estos instrumentos de ocultación en paraísos fiscales– o el recorte
del gasto público.
9.
¿Lo que hace Appleby es lo mismo que hacía Mossack Fonseca, el despacho de los
Papeles de Panamá?
Mossack Fonseca y Appleby proporcionan
servicios offshore a sus clientes, pero en diferentes niveles. Mientras el primero
se dedica en exclusiva a la constitución de sociedades, el segundo incorpora la
planificación fiscal en su catálogo de servicios. Además, las dos firmas no
juegan al mismo nivel. Los clientes de Appleby son principalmente grandes
fortunas y multinacionales. Su operativa es mucho más intrincada y compleja en
comparación con la firma panameña, que ya había estado en el centro de varios
escándalos –por su relación con personajes sospechosos, desde el dictador libio
Muamar el Gadafi hasta el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González– antes de la publicación
de los Papeles de Panamá. Appleby, en cambio, tiene una reputación y unos
recursos muy por encima de los del bufete panameño, además de diversificar su
oferta hacia los trust y los fondos de inversión, vehículos muy habituales en
la gestión de grandes patrimonios.
10.
¿Cuáles son las diferencias de esta investigación con los Papeles de Panamá?
Si Mossack Fonseca
era el bar de la esquina, Appleby es un restaurante con tres estrellas
Michelin. Por lo tanto, si los Papeles de Panamá permitieron conocer en detalle
el funcionamiento básico del mundo offshore por primera vez, Paradise Papers va
un paso más allá y se introduce de lleno en el mundo de la planificación
fiscal. Revela un sistema muy complejo para reducir o eludir las obligaciones
fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y las multinacionales
más importantes. Esta investigación deja patente, además, cómo se cuelan
operaciones al margen de la legalidad incluso en prestigiosos bufetes que
aseguran cumplir con los mayores estándares de control, como es el caso de
Appleby.
Los Paradise
Papers derriban además el muro de opacidad de 19 registros mercantiles a los
que hasta ahora apenas se podía acceder. Esta información, que el ICIJ
publicará en su página web durante el mes de noviembre, quedará así a
disposición de los ciudadanos y de las autoridades de cada país.
