Miguel Antonio Bernal
La constitución de 1972 fue y es ilegítima,
toda vez que la fuerza del regimen dictatorial y militar la impuso. Aún cuando
algunos, desde siempre y ahora, se valen de toda suerte de recursos para
pretender darle una legitimidad que nunca tuvo y que ya no puede pretender
tener.
Una
constitución impuesta nunca llega a ser una Constitución, a pesar de ser la
que contiene las normas constitucionales
y hay la obligación de obedecerla. Recordemos con Pedro de Vega que: ”El Estado
constitucional cimenta su estructura en dos pilares fundamentales: por un lado
el principio político democrático; por otro, en el principio jurídico de
supremacía constitucional. Conforme al principio político democrático se
entiende que corresponde al pueblo, en cuanto titular de la soberanía, el
ejercicio indiscutible del poder constituyente,
Según el principio de supremacía se considera que la Constitución es lex
superior, que obliga por igual a gobernantes y gobernados”.
Desde
1945 hasta el día de hoy, al pueblo panameño se le ha secuestrado y privado el
ejercicio de su poder constituyente. Los gobiernos post-invasión no han sido
otra cosa que la continuación de la imposición castrense, dado que también han
hecho, y hacen, lo imposible para impedir el ejercicio del principio político
democrático.
El
principio jurídico de supremacía constitucional continua viviendo en el exilio
desde 1968, cuando el golpe militar decapitó la Constitución de 1946 promulgada
por la Asamblea Constituyente de 1945. Desde entonces Panamá adolece de
supremacía constitucional, tanto para gobernantes como para gobernados.
Hoy
día, los partidarios de las reformas gatopardistas, pretenden con desesperación
legitimar la constitución militarista para impedir una nueva Constitución
producto de la participación ciudadana.
Buscan borrar la teoría, la doctrina y la historia constitucional, para
blindar sus intereses particulares por encima de los intereses generales de
todo el pueblo panameño.
Cabe
entonces no dejar de subrayar que:
1.-Panamá necesita una nueva Constitución
2.La vía más pacífica, participativa y polpular es darse
una nueva Constitución a través de un Proceso Constituyente, veraderamente
democrático.
3.-Una nueva Constitución no tiene por
qué, ni debe subordinarse a una constitución
ilegítima y mucho menos depender de ella.
La
legitimidad de una Constitución solo la puede dar ell pueblo, por ello: ¡La
Constituyente es el camino!
