www.alainet.org
/ 16/07/2019
Una gran ola xenofóbica se ha levantado en
Panamá. Cuando parecían pasados los conflictos por la masiva llegada de
venezolanos, porque el flujo migratorio de ese país ha disminuido notablemente
desde que se impuso la visa hace 2 años, la diputada del Partido Revolucionario
Democrático (PRD), y primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Zulay
Rodríguez Lu, ha vuelto a levantar la xenofobia con más bríos por medio de un
anteproyecto de ley draconiano contra los migrantes pobres.
Una campaña plagada de mentiras
Para justificar las propuestas de
endurecimiento de la legislación migratoria se ha lanzado una campaña masiva
por los medios formales y alternativos para crear un ambiente propicio
cimentado de falacias y mentiras descaradas. La campaña se sustenta en
afirmaciones como que los inmigrantes, sobre todo venezolanos, ofenden a los
nacionales, nos irrespetan y desprecian nuestras leyes. A lo que se suma el
mito de que “nos quitan los puestos de trabajo” y que el creciente número de
delitos es producido por extranjeros.
La diputada Rodríguez, en una entrevista
en un canal televisivo internacional, llegó a afirmar que en Panamá había 1
millón de extranjeros, pero los mismos medios xenófobos estiman, sin
confirmación oficial, la reciente ola migratoria en unas 140 mil personas, lo
que apenas representaría el 3,5% del total de la población del país. Es poca
gente, pero sirve para distraer a los incautos respecto a los verdaderos
responsables que permanecen intocables de las disparidades sociales. Así que
los migrantes pobres se han convertido en chivos expiatorios.
El “enemigo” son los migrantes pobres
Parece que Panamá se ha vuelto una
sucursal de los Estados Unidos de Donald Trump, o de la Alemania de
Hitler, en la que los migrantes de los países hermanos deben andar con temor,
ya que a diario se producen incidentes.
La diputada Rodríguez Lu, quien es
descendiente de inmigrantes chinos por la vía materna, y los grupos organizados
de xenófobos que la apoyan, se han ocupado de focalizar la campaña contra el
migrante trabajador y pobre, y expresamente defienden la inmigración
empresarial (“vienen a invertir”), e indirectamente de europeos blancos, contra
la que no se dice nada, pese a un aumento significativo de españoles que llegan
a Panamá.
Una ley draconiana
El anteproyecto de ley consta de 17
artículos que reforman la legislación vigente y la hacen muy difícil de cumplir
para el migrante trabajador. En el artículo 1 deja claro el interés de ciertos
grupos de abogados que, en los últimos diez años, han combatido el programa
denominado “Crisol de Razas”, porque les quitó el negocio de tramitar los
papeles de residencia y los permisos laborales para extranjeros, ya que se ha
estado realizando de manera casi gratuita directamente por las autoridades de
migración. Se obliga en ese artículo a la regularización “a través de abogado
idóneo”.
El artículo 2 crea el Servicio Nacional de
Migración y lo adscribe al Ministerio de Seguridad Pública. El art. 4 crea la
llamada Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC) como una especie de
corporación cuasi policial que vigile el cumplimiento de la legislación por los
migrantes y persiga a los migrantes que no cumplan con las normas.
En 6 meses, desde la entrada en vigencia
de la nueva ley el migrante deberá entregar: “comprobante de domicilio”, que
consiste en contrato de arrendamiento o factura de servicio público; permiso de
trabajo; comprobante legal de su fuente de ingreso no menor al salario
mínimo; Paz y Salvo nacional de rentas; inscripción como asegurado en el
sistema de la Caja de Seguro Social que compruebe pago mínimo de 6 cuotas
(mensuales). Todo lo cual debe actualizarse anualmente (art. 5).
Quien conoce las difíciles condiciones de
vida y trabajo de un migrante sabe que conseguir el cúmulo de requisitos que se
pretende pedir es casi imposible. Muchos son superexplotados por los
empresarios, no reciben el salario mínimo legal, o sufren la inestabilidad
laboral siendo constantemente despedidos y recontratados, o directamente los
patrones les roban sus cuotas del seguro social.
Es fácil vaticinar que la nueva
legislación conseguirá lo contrario del fin que se propone expresamente, la
regularización de los inmigrantes, los cuales, en su mayoría, cumplen con los
actuales requisitos y están inscritos por la vía del programa Crisol de Razas.
A menos que el objetivo oculto de la ley sea justamente que no puedan cumplir
con la nueva normativa para justificar su expulsión, piensan algunos.
El incumplimiento involuntario de estos
requisitos, que además deben tramitarse con abogado de por medio y sus
“honorarios”, y quien no posea la documentación actualizada, acarrea una multa
de 500 dólares (art. 8). Y otros 500 dólares para el nacional o extranjero que
se haya hecho responsable por el migrante que incumpla la legislación, incluida
la inhabilitación (¿de funciones públicas?) hasta que pague (art. 7). Lo cual
dificultará que nacionales decidan respaldar a algún migrante.
El artículo 9 sanciona al migrante que
practique “directa o indirectamente el ejercicio de una profesión liberal
reservada según la Constitución Política, para los nacionales panameños”.
La apelación al patrioterismo mientras se entrega el
país a intereses imperialistas
El artículo 13 llega al paroxismo
xenofóbico cuando en su acápite 7 dice: “Aquellos extranjeros que
manifiesten públicamente ofensa e insultos hacia la nacionalidad panameña”,
los equiparan con quienes delincan y no cumplan la legislación, “…serán
deportados inmediatamente del territorio nacional”.
¿Qué se entiende por “ofensa o insulto”?
Entramos al terreno de las subjetividades, pues la queja más usual que se
escucha es de los venezolanos que reclaman atención correcta y eficiente en
almacenes y lugares de atención al público. Queja que compartimos muchos
nacionales, dada una cultura de la grosería por parte de algunas personas. ¿Un
migrante no podrá quejarse jamás de algo que no le satisfaga?
El artículo 14 establece que “el
extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en un lapso de
diez a quince años”. Sin mediar consideración, reconsideración, ni
apelación alguna, ni siquiera que tenga familiares en la República de Panamá.
Ningún
artículo del anteproyecto de ley de la diputada Zulay Rodríguez va contra los
intereses de grandes capitalistas extranjeros que controlan un alto porcentaje
de nuestra economía y someten al saqueo nuestros recursos.
No hay que olvidar que fue un gobierno del
partido de la diputada Rodríguez el que desnacionalizó las empresas públicas y
las entregó a empresas transnacionales. La electricidad y la telefonía
nacionalizadas por Omar Torrijos en los 70, fueron privatizadas por el partido
que fundó, irónicamente. Por supuesto, contra esos empresarios extranjeros no
va el anteproyecto xenofóbico, sino contra los migrantes de la clase
trabajadora.
La xenofobia en Panamá es de vieja data
En el pasado nuestro país ha sufrido otras
oleadas xenofóbicas. Un año después de que Estados Unidos nos separara de
Colombia para construir el canal controlado por el Pentágono, se emitía la Ley
6 de 1904, que impedía el ingreso al país de “norteafricanos, turcos y
orientales o asiáticos”. Es probable que los antecesores de la diputada
Rodríguez Lu fueran víctimas de aquella ola xenofóbica. Ironías de la historia.
El diputado Pablo Arosemena, el xenófobo
de entonces, intentaba impedir la entrada de chinos principalmente, a la vez
que intentaba promover la llegada de europeos blancos para lograr un
“cruzamiento” que “cambiaría las condiciones físicas del pueblo del porvenir” (Pizzurno,
P. Memorias e imaginarios de identidad y raza en Panamá. Siglos XIX y
XX. Colección Ricardo Miró. Premio Ensayo 2010).
En los años siguientes las víctimas de la
ola xenofóbica pasaron a ser los negros antillanos de habla inglesa que se
quedaron a vivir en el Istmo después de terminada la construcción del Canal de
Panamá. En los años 20, 30 y 40 se organizaron diversos movimientos que
buscaban la expulsión de los migrantes antillanos. El Movimiento de Acción
Comunal y la posterior Doctrina Panameñista, elaborada por el ex presidente
Arnulfo Arias llevaron esa política racista y xenofóbica al máximo, aunque
fracasaron.
La Constitución Política de 1941 declaró a
los negros de habla inglesa y a los chinos como “razas indeseables”. A los
chinos principalmente se les expropiaron negocios y se les prohibió el comercio
al detal. Las deportaciones de antillanos no se realizaron porque Arias fue
depuesto por los norteamericanos que controlaban el país, por sus simpatías
hacia Hitler (no por racista, que no es lo mismo).
La izquierda y el movimiento popular deben tomar
posición frente al problema
Frente a la ola xenofóbica, con ribetes fascistoides,
semejante a la que recorre Europa y Estados Unidos, la izquierda y las
organizaciones populares deben elaborar una respuesta unitaria y contundente.
Al igual que en otros países, en Panamá muchos trabajadores han sido
manipulados para convencerles de que sus enemigos son sus hermanos de clase de
origen extranjero.
Hay que corregir la falsificación
ideológica que pretende convertir la xenofobia contra humildes trabajadores
como si se tratara igual que la lucha por la soberanía contra Estados Unidos en
la Zona del Canal. Por el contrario, los políticos que aúpan la actual histeria
xenófoba son los que promueven la entrega del país al capital transnacional.
