www.rebelion.org / 271218
A la Guatemala profunda, la que cultiva caña y café como se hacía hace mil años [JS1] , se llega por carreteras endiabladas. Más de 4 horas en camioneta han empleado María Lucas, de 64 años, su hija y otros dos vecinos de Sipacapa, un municipio del departamento de San Marcos fronterizo con México, para recorrer los 65 kilómetros que separan sus casas de Santa Cruz. Acuden porque el Consejo de Pueblos del Quiché (CPK) ha convocado una asamblea con los líderes y lideresas indígenas que aun aguantan la presión de las todopoderosas oligarquías locales.
Los datos de los siete primeros meses de
este año alumbran el desastre: 137 dirigentes comunitarios agredidos, otros 22
asesinados y un número indeterminado de detenidos, todos bajo acusaciones que
las élites utilizan para aplastar una cultura confrontada con el orden del
mercado libre que engorda sus insaciables bolsillos. María, su hija y los dos
vecinos de Sicapaca son cuatro rostros más entre los cuatro millones de
indígenas sentenciados a vivir en la pobreza extrema.
La matriarca, cara arrugada y los ojos
brillantes, participa activamente en la asamblea. Es un debate muy vivo,
reflejo de los temores y la desconfianza que quedaron atrapadas en el alma de
estos mayas en la noche de los tiempos. Uno de los portavoces pide que “se
evite cualquier resistencia violencia” en las protestas periódicas que
diferentes comunidades y aldeas realizan contra la construcción de las grandes
infraestructuras proyectadas. En Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Izabal,
Sololá o en el propio departamento del Quiché. “Porque, compañeros, ese será el
motivo que utilicen para reprimirnos aún más”, suelta a viva a voz. La cuestión
se despacha con dilación porque lo que más inquieta, de momento, son las
consecuencias de esas inmensas instalaciones cuando echan a andar. “En San
Marcos tuvimos la mina Marlin y fue terrible. Extendieron el miedo, el
paramilitarismo, la muerte y la desigualdad”, comenta María en un castellano
frágil que no le impide repetir con fuerza el nombre del engendro: “Mina Marlin”.
En 2005, la empresa canadiense Goldcorp
puso sus ojos en el subsuelo de San Miguel Ixtahuacán, una aldea pobre, fría e
inhóspita cerca de la frontera con México, para extraer oro puro de la base de
una montaña. Para ganarse el apoyo de la población, unos 35.000 habitantes, la
transnacional minera forjó una suerte de jerarquía comunitaria a base de
regalos y dinero que algunas autoridades locales aceptaron de buen grado.
Otros, como María, vieron en aquellas dádivas los ingredientes inflamables de
la codicia, la influencia y la corrupción que siempre ha utilizado el poder en
estas tierras y lo rechazaron. Quienes la siguieron, perdieron su trabajo.
La aldea enmudeció. El equilibrio social,
ya debilitado desde el genocidio perpetrado en los años 80, se rompió del todo
y la singular relación que las comunidades mayas mantienen con sus tierras
quedó marcada con fuego. La bomba que escondían aquellos gestos filantrópicos
no tardó en estallar. Cuando comenzaron a horadar la mina a cielo abierto, las
humildes casas de adobe se resquebrajaron y los ríos que abastecían de agua se
contaminaron con arsénico. Los árboles se marchitaron como si un otoño perpetuo
se hubiera apoderado de ellos y varias especies de animales desaparecieron o
simplemente sufrieron un declive tristísimo del que aún no se han recuperado. La
salud de la población se resintió tanto que a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) no le quedó otro remedio que ordenar en 2010 la
suspensión temporal de la actividad minera.
Pero la dolorosa suerte de San Miguel
Ixtahuacán ya se había trazado. El coste de la canasta básica no dejó de
aumentar y el precio de la tierra se triplicó. Y con la especulación cabalgando
libre por estos caminos polvorientos llegaron las cantinas, las armas, la
violencia y el miedo. “¿Sabe usted lo que se llevaron los canadienses de allí?
¡200 libras de oro puro al día durante 9 años [JS2] !
Calcule, pues. Y de cada 100 dólares que la mina producía pagaban uno al
Estado. Imagínese”, interviene Domingo Hernández, 64 años y antiguo miembro del
Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) que combatió a la sangrienta dictadura de
Efraín Ríos Montt que gobernó el país a sangre y fuego entre 1982 y 1983. Para
muchos, San Miguel sigue siendo hoy el ejemplo palmario de la explotación
desenfrenada que gobierna Guatemala.
“Sepa usted que la guerra se acabó en 1996
con los Acuerdos de Paz, pero el terror ha seguido igualito. Sigue bien vivito
porque en Guatemala se elimina a los indígenas que denuncian el modelo de
convivencia, de malconvivencia, que tratan de imponernos. La cultura de la
violencia no se terminó con la paz”, añade Domingo bajando el tono de voz y
apretando los dientes. Recuerda a su amiga Lolita Chávez, a la que ametrallaron
por impedir el paso de las máquinas madereras dispuestas a arrasar los bosques
milenarios que rodean Santa Cruz del Quiché [JS3] ,
y a Bernardo
Caal.
Pero tampoco de Berta Cáceres, la
activista lenca asesinada en Honduras por oponerse al proyecto hidroeléctrico
de Agua Zarca; ni de Ovidio Xol, un joven de 20 años, desaparecido en 2014
durante la tensa expropiación de tierras ejecutada en el departamento de Alta
Verapaz para construir Renace, una de las mayores plantas hidroeléctricas de
toda Centroamérica en la que participó a la empresa Cobra, la filial
guatemalteca de ACS (España). Este complejo acaba de ser premiado por S&P
Global Platts , la biblia de la información energética y
extractivista a nivel planetario, “por el valor social compartido que
desarrolla desde hace siete años en Alta Verapaz”. Un contrasentido a tenor de
los datos oficiales.
Un informe sobre violencia del PNUD
certificó que, en lugar de un aumento del desarrollo humano, la paz firmada en
1996 trajo un agravamiento de la inseguridad en la población indígena. Según
datos de la propia policía nacional guatemalteca, la violencia homicida se ha
incrementado un 120% entre 1999 y 2006. Y la peor parte, de nuevo, se la llevan
las mujeres.
Nadie duda de que el patriarcado racista
es la gasolina que alimenta la maquinaria de la desigualdad y amordaza a las
víctimas. Una investigación realizada por el Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL) en el área rural de San Pedro Carchá (Alta Verapaz),
reportó en 2016 una veintena de violaciones sexuales perpetradas por los
trabajadores de la central Renace que andaban reparando unas torretas de alta
tensión. “La ausencia de más denuncias por parte de las mujeres violadas se
debe a que, además de vivir un fuerte trauma psicológico, sufren el drama
personal de ser las causantes de la deshonra familiar ante la comunidad”,
concluyeron sus autores. El drama no cesa. Algunas mujeres cuentan a la
asamblea relatos estremecedores de conocidos o familiares.
Sus testimonios se suceden, espontáneos.
Algunas lo hacen en lengua quiché, uno de los dialectos [JS4]
mayas más extendidos; otras se esfuerzan por expresarse en castellano.
Priscilla toma la palabra y habla en ambos idiomas con precisión y soltura. En
su discurso hace una defensa encendida de la educación “porque la cultura es el
mejor antídoto contra el engaño histórico. Lean, compañeros, lean y también
escriban, por favor”, proclama. Priscilla es joven y culta. Conoce el Popol
Vuh, la biblia q’eqchí [JS5] ,
cuya parte mitológica se desarrolla cerca de su casa. “La tierra, el aire, la
lluvia, los árboles, la energía. Esos son los referentes de nuestra cosmovisión
y los que las oligarquías están destruyendo”, explica. Ella, como casi todos
los asistentes al concurrido consejo, perdió un familiar en el genocidio
perpetrado por el ejército hace tres décadas.
Pese a recordar con todo lujo de detalles
la espeluznante noche que impuso el general Ríos Montt en estas tierras –400
aldeas arrasadas, miles de personas reubicadas a la fuerza en los llamados
“Polos de Desarrollo”, que, en realidad eran auténticos campos de
concentración, un millón de desplazados internos, más de 250.000 refugiados,
200.000 muertes, incalculables desapariciones–, Priscilla dice que aquello solo
fue el primer cimiento de lo que ha venido después. “Hoy somos un país
entregado al dinero extranjero por un gobierno corrupto que, bajo el pretexto
de modernizar el país, impone leyes que defiendan sus intereses: el saqueo de
nuestras tierras y el sometimiento a la pobreza extrema”, clama. Hay unanimidad
hacia sus palabras.
La gran aportación de los Acuerdos de Paz
en Guatemala fue la liberalización absoluta del país. Para el Banco Mundial
sigue siendo la primera economía del istmo, pero también la más desigual. Si
durante años se habló de que 22 grandes familias, todas mestizas [JS6] ,
controlaban la vida política, social y económica del país, la selección natural
ejecutada por el sistema financiero mundial en los últimos años lo ha reducido
a ocho. No es difícil conocer el motivo. En las negociaciones de paz olvidaron
detallar quién y cómo se debía gobernar un territorio poco más grande que
Andalucía, donde el 50% de la población es de etnia maya, xinca y garífuna,
abiertamente contrarios a un mercado libre que les condena.
En este escenario, la trayectoria de las
élites guatemaltecas, todos multimillonarios y muchos evangelistas, ha sido
compartir beneficios con grandes transnacionales extranjeras. Canadienses,
italianas y, sobre todo, españolas. Según el Directorio de empresas asentadas
en Guatemala, que elabora el ICEX, hay más de 120 firmas asentadas en este
pequeño país centroamericano. Y el abanico de sectores que abarcan es extenso y
variado. Desde las telecomunicaciones y el turismo al financiero y el
energético. “Encuentran muchas facilidades porque los sectores estratégicos han
sido desregularizados y, por lo tanto, son fáciles de apropiar y explotar”,
explica Jesús González Pazos, miembro de la organización Mugarik Gabe y autor de
un exhaustivo estudio sobre la realidad socioeconómica guatemalteca.
El informe también detalla las relaciones
íntimas que algunos de estos poderosos terratenientes guatemaltecos, como la
familia Gutiérrez-Bosch propietaria de la Corporación Multi Inversiones (CMI)
que agrupa a 300 empresas y es la aliada corporativa de ACS en el país, con el
Partido Popular y FAES. Fruto de estos estrechos vínculos es el nombramiento,
en 2006, de José María Aznar como doctor honoris causa en la Universidad
Francisco Marroquín, cuna de formación del liberalismo guatemalteco.
“En 2008 se produjo la muestra más
evidente de esta confluencia de intereses cuando Aznar llegó al Congreso que el
PP celebraba en Valencia a bordo de un jet privado que puso a su disposición
precisamente el dueño de la CMI, Dionisio Gutiérrez, interesado en acudir la
convención de los populares para aprender de la excelente experiencia
inmobiliaria de la Comunidad Valenciana y exportarla a su país”, afirma
González Pazos. El corolario de la gran amistad llegó en 2015 cuando la
embajada de España premió a Gutiérrez con la Orden del Mérito Civil.
Una delegación del Parlamento europeo,
entre los que se encontraba el miembro de Podemos, Xabier Benito, acaba de
visitar el país para conocer de primera mano la situación de los derechos
humanos. Tras la cadena de reuniones oficiales concertadas con miembros del
Gobierno que preside el humorista Jimmy Morales, Benito visitó Santa Cruz de
Quiché y Alta Verapaz, dos de los enclaves más golpeados por la depredación
industrial. Su conclusión es desoladora.
“Hay un incumplimiento sistemático por
parte del gobierno del derecho a la consulta de los pueblos indígenas sobre la
construcción de grandes infraestructuras que afecten los recursos comunitarios
y alteren la vida recogido en el Convenio 169 de la OIT y que Guatemala ha
ratificado. Y la negación de estas consultas se asocia a la invasión,
marginación y desposesión que han sufrido a lo largo de la historia y que ahora
se reproduce”, comenta. A todo esto, se le puede unir la ausencia de títulos
sobre la propiedad de las tierras. Es un factor de conflicto y también de
abuso.
Mauro Vay tiene 64 años y es agricultor,
aunque lleve seis años sin sembrar nada. La explotación, en los campos de
algodón, le convenció de que debía dedicarse a otros “cultivos”. Almas
rebeldes, por ejemplo. Formado por un jesuita belga [JS7]
en el compromiso cristiano con los pobres, terminó levantando al campesinado
“porque vivían en unas condiciones deplorables”. Herido durante la guerra, fue
encarcelado años después en Huehuetenango “por denunciar los atropellos de las
multinacionales eléctricas que nos secan los ríos y no garantizan la luz”. Vay
habla del caso de Cambalam I y II, en Santa Cruz Barillas, las dos centrales
fantasma, que la empresa gallega Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz iba a
construir en 2008 avalada por un consorcio financiero en el que figuraban
Bankia y el Banco Mundial.
También cita a sus propietarios, Luis y
David Castro Valdivia, cuyos caminos empresariales por Galicia están plagados
de oscuras sombras. “La protesta fue tan fuerte que, en 2016, renunciaron al
proyecto. Pese a todo, hubo detenciones de compañeros, órdenes de captura,
gente que huyó por las montañas a México y un estado de sitio general”,
rememora. No hay que olvidar que esto es Guatemala, el país donde priman los
intereses económicos por encima de cualquier otro. Para las transnacionales
españolas es un valor seguro.
[JS1]Mal
comienzo. Hace mil años no se cultivaba café ni caña en Guatemala.
[JS2]¿Qué
datos da para probar esto?
[JS3]No
hay bosques “milenarios” rodeando Santa Cruz del Quiché.
[JS4]¿Cómo
que “dialecto”? ¿No se ha enterado el autor que el k’iche’ es un idioma?
[JS5]Realmente,
este autor no sabe de lo que habla. El Popol Wuj es llamado “la biblia
k’iche’”, no q’eqchi’.
[JS6]¿????
[JS7]No
ha habido ningún jesuita “belga” en Guatemala desde hace muuuucho tiempo, si es
que hubo alguno.
