Pablo Solón Romero
www.cpalsocial.org/040316
¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ocurrió con el proceso
de cambio que hace más de quince años conquistó su primera victoria con la
guerra del agua? ¿Por qué un conglomerado de movimientos que querían cambiar
Bolivia acabaron atrapados en un referéndum para que dos personas puedan
re-elegirse en el 2019?
Decir que todo esto es obra de la conspiración imperialista es un
despropósito. La idea del referéndum para la reelección no partió de la Casa
Blanca sino del Palacio Quemado. Ahora es obvio que el imperialismo y toda la
ultra derecha se aprovechen de este gran
error que fue la convocatoria a un referéndum para que dos personas puedan ser
reelectas.
El referéndum no es la causa del problema sino uno más de sus trágicos
episodios. El proceso de cambio anda por mal camino y es necesario reflexionar
más allá de los escándalos de corrupción y las mentiras, que aunque son
importantes, son sólo la punta del iceberg.
Hace cuatro años y medio dejé el gobierno y durante este tiempo he
buscado entender este devenir. Lo que pasa en Bolivia no es algo único. Desde
principios del siglo pasado diferentes movimientos revolucionarios, de
izquierda o progresistas llegaron al gobierno en diferentes países del mundo y,
a pesar de que varios de ellos generaron importantes transformaciones,
prácticamente todos terminaron cooptados por las lógicas del capitalismo y el
poder.
De manera muy resumida comparto aquí algunas ideas, autocriticas y
propuestas que espero contribuyan a recuperar los sueños de un proceso de cambio
que es muy complejo y que no es propiedad de ningún partido o dirigente.
La lógica del poder capturó al proceso
Los activistas de izquierda en el gobierno generalmente hablamos del
peligro de la derecha, del imperialismo y de la contra-revolución, pero casi
nunca mencionamos el peligro que
representa el poder en sí mismo. Los dirigentes de izquierda creen que
estando en el poder podrán transformar la realidad del país y no son
conscientes que ese poder los acabará también transformando a ellos mismos.
En los primeros momentos de un proceso de cambio generalmente el nuevo
gobierno promueve -por vía constitucional o insurreccional- la reforma o
transformación de las viejas estructuras de poder del Estado. Estos cambios,
aunque radicales, nunca serán suficientes para evitar que los nuevos
gobernantes sean cooptados por la lógica del poder que está presente tanto en
estructuras de poder reaccionarias como en estructuras de poder
revolucionarias. La única opción para evitar que un proceso de cambio sucumba
está fuera del Estado: en la fortaleza, independencia del gobierno,
autodeterminación y movilización creativa de las organizaciones sociales, de
los movimientos y los diferentes actores sociales que dieron nacimiento a esas
transformaciones.
En el caso boliviano, que comparativamente a otros procesos de cambio
era muy privilegiado por la fuerte presencia de vigorosas organizaciones
sociales, uno de nuestros errores más
graves fue debilitar a las organizaciones sociales incorporando a las
estructuras del Estado a una gran parte de sus dirigentes que terminaron
expuestos a las tentaciones y la lógica del poder.
Antes que cooptar a toda una generación de dirigentes había que formar
verdaderos equipos para gestionar las reparticiones claves del Estado. Entregar
sedes sindicales, movilidades, pegas y beneficios a las organizaciones sociales
que promovieron el proceso de cambio incentivo una lógica clientelar y
prebendalista.
Por el contrario, debíamos haber
potenciado la independencia y capacidad de autodeterminación de las
organizaciones sociales para que sean un verdadero contra-poder que proponga y
controle a quienes habíamos pasado a ser burócratas estatales. El verdadero
gobierno del pueblo no está, ni nunca estará en las estructuras del Estado.
Continuamos con una estructura jerárquica estatal del pasado y no
impulsamos una estructura más horizontal. Sin duda el concepto de “El jefe” o “El jefazo” fue un gravísimo error
desde un principio. El culto a la
personalidad jamás debió ser alimentado.
En un principio, muchas de estas equivocaciones se cometieron
presionados por las circunstancias y debido al propio desconocimiento de cómo
administrar de manera diferente un aparato del Estado. A nuestra inexperiencia
se sumó la conspiración y el sabotaje de la derecha y el imperialismo que obligó
a cerrar filas muchas veces de manera acrítica (caso Porvenir, negociación de
artículos de la Constitución Política del Estado, etc.). Los aciertos y
triunfos contra la derecha, lejos de abrir una nueva etapa para reconducir el
proceso e identificar nuestros errores, acentuaron las tendencias más
caudillistas y centralistas.
La lógica del poder es muy similar a la lógica del capital. El capital no es una cosa sino un proceso que sólo existe en tanto
genera más capital. Capital que no se invierte y no da ganancias es un capital
que sale del mercado. El capital para
existir debe estar en permanente crecimiento. De igual forma opera la lógica
del poder.
Sin darte cuenta, lo más importante en el gobierno pasa a ser como
preservarte en el poder y como adquirir más poder para asegurar tu continuidad
en el poder. Los argumentos para esta lógica que antepone la permanencia en el
poder y su expansión a toda costa son en extremo convincentes y nobles: “si no
se tiene mayoría absoluta en el Congreso la derecha volverá a boicotear al
gobierno”, “a mayor cantidad de gobernaciones y municipios que se controlan
mejor se pueden ejecutar los planes y proyectos”, “la justicia y otras
reparticiones del Estado deben estar al servicio del proceso de cambio”, “acaso
quieres que vuelva la derecha”, “qué será del pueblo si perdemos el poder…”.
Si el error primigenio del proceso de cambio fue creernos “el gobierno
del Pueblo”, el momento de inflexión del proceso de cambio comenzó con el
segundo mandato de gobierno.
El 2010 se alcanzaron más de dos tercios en el parlamento y había
energía suficiente para realmente avanzar hacia una transformación de fondo en
la línea del Vivir Bien. Era el momento de fortalecer más que nunca el
contrapoder de las organizaciones sociales y la sociedad civil para limitar el
poder de quienes estábamos en el gobierno, el parlamento, las gobernaciones y
los municipios. Era el momento de concentrar esfuerzos para promover nuevos
liderazgos y activistas creativos que nos remplacen porque las dinámicas del
poder nos iban a triturar.
Sin embargo, lo que se hizo fue
todo lo contrario. Se centralizó aún más el poder en manos de los jefes, se
transformó al parlamento en un apéndice del ejecutivo, se continuó fomentando
el clientelismo de las organizaciones sociales, se llegó al extremo de dividir
a algunas organizaciones indígenas y se intentó controlar el poder judicial a
través de burdas maniobras que acabaron frustrando el proyecto de contar con
una Corte Suprema de Justicia idónea, independiente y electa por primera vez en
la historia.
En vez de promover libre pensantes que incentivaran el debate en todos
los espacios de la sociedad civil y el Estado, se censuraron y persiguieron a
quienes discrepaban con las posiciones oficiales. Se cayó en una terquedad
absurda de querer justificar lo injustificable como Chaparina y de buscar
revertir a toda costa la victoria de los indígenas y ciudadanos que habían
hecho retroceder el proyecto de la carretera por el TIPNIS.
Este contexto, donde la obsecuencia era premiada y la crítica era
tratada como la peste, incentivó el control de los medios de comunicación a
través de diferentes vías, minó el surgimiento de nuevos dirigentes y
fortaleció el engaño de que el proceso de cambio de millones de personas
dependía de un par de personas.
La lógica del poder había capturado al proceso de cambio y lo más
importante pasó a ser la segunda reelección y ahora la tercera reelección.
Las alianzas que minaron el proceso
Todo proceso de transformación social desplaza a ciertos sectores,
catapulta a otros y engendra nuevos sectores sociales. En el caso boliviano el
proceso de cambio significó en un principio el desplazamiento de una clase
media tecnocrática y una burguesía parasitaria del Estado que durante décadas
se había turnado en el gobierno y que siempre tenía familiares en las
estructuras de poder para conseguir licitaciones, consultorías, concesiones,
contratos, tierras y otros beneficios.
El 2006 este sector fue desplazado y aunque varios de sus miembros
siguieron ocupando funciones estatales ya no tenían el poder de antes para
hacer negocios y negociados con el Estado. En el país comenzó una lucha muy
aguda entre, por un lado, sectores sociales antiguamente dominantes que habían
sido desplazados o que tenían miedo de perder sus privilegios (terratenientes,
agroindustriales y empresarios) y por otro lado, sectores sociales emergentes
indígenas, campesinos, de trabajadores y una clase media popular muy diversa.
Las oligarquías del oriente hábilmente desarrollaron un discurso de
“autonomías” para ganar apoyo en sectores de la población y la confrontación
nos llevó casi al borde de una guerra civil. Al final, gracias a la
movilización social y al referéndum revocatorio los sectores más reaccionarios
quedaron arrinconados. Sin embargo, a pesar de su derrota, esa oligarquía logró
ciertas victorias parciales con las modificaciones al texto constitucional que
en ese entonces parecían pequeñas frente al hecho de que por fin se iba a
contar con la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí empezó una nefasta política de alianza que
le fue drenando el espíritu al proceso cambio.
Los dirigentes en el gobierno que ya habían empezado a ser capturados
por la lógica del poder optaron por una estrategia que fue pactar con los
representantes económicos de la oposición mientras se perseguía a sus líderes
políticos. ¡Zanahoria económica y palo político!
Así, poco a poco, las banderas de
la revolución agraria fueron vaciadas de contenido. La gran mayoría de
terratenientes de antes del 2006 no fueron afectados. Se enfatizó el
saneamiento y la titulación de tierras que favoreció mayoritariamente a
indígenas y campesinos pero no se
procedió a desmantelar el poder de los latifundistas.
En este contexto se produjo una
alianza con el sector más importante de los agro-empresarios: los exportadores
de soya transgénica a los que se les permitió continuar e incrementar la
producción de transgénicos. La soya
transgénica que en el 2005 representaba sólo el 21% de la producción de soya en
Bolivia alcanzó el 92% en el 2012. Se postergó la verificación del
cumplimiento de la función económica social de las grandes propiedades que
hubiera llevado a su expropiación y reversión, se perdonaron los desmontes
ilegales de bosques y se llamó a ampliar la deforestación para beneficio
fundamental de los agroexportadores.
Estas alianzas que antes del 2006 hubieran sido impensables se
justificaron diciendo de que así se fracturaba a la oposición cruceña, se
viabilizaba que el gobierno sea bien recibido en ciudades del oriente, y se
evitaba una polarización como la de Venezuela, pues los sectores económicos de
la oposición de derecha verían que era mejor no malograr la estabilidad del gobierno.
Esta política de alianzas para estabilizar y consolidar “el gobierno del
pueblo” fue abarcando a casi todos los sectores de poder económico. La
burguesía financiera que, desde un principio fue tratada con guante blanco para
evitar el riesgo de una corrida bancaria, como en los tiempos de la UDP, fue
una de las más beneficiadas. Las utilidades del sector financiero en Bolivia
pasaron de 43 millones de dólares en el 2005 a 283 millones de dólares en el
2014.
Algo similar paso con la minería privada transnacional, que pese a
algunas nacionalizaciones, mantuvo a lo largo de los últimos diez años una
participación del 70% en las exportaciones. Según el propio Ministro de Finanzas
las utilidades del sector privado llegaron en el 2013 a los 4.111 millones de
dólares.
El proceso de cambio no sólo había sido capturado por la lógica del
poder sino que los intereses de sectores empresariales de derecha lo habían
empezado a minar desde adentro.
Los nuevos ricos
Estas políticas de alianza con el enemigo no hubieran sido posibles si
no se hubiera operado también una transformación en la base social del proceso
de cambio. En casi todos los procesos revolucionarios que se han dado en este y
el siglo pasado, después de un proceso de confrontación con los viejos sectores
desplazados, surge desde adentro del mismo proceso revolucionario grupos de
nuevos ricos y burócratas que quieren gozar de su nuevo estatus y que para ello
se alían con sectores de los antiguos ricos.
La mejora de las condiciones de vida de algunos sectores y en particular
de algunas dirigencias no lleva necesariamente a un mayor desarrollo de la
conciencia, sino todo lo contrario. La única forma de contrarrestar a estos nuevos
ricos y nuevas clases medias de origen popular es nuevamente la existencia de
fuertes organizaciones sociales. Sin embargo, cuando estas son debilitadas y
cooptadas por el Estado, no existe ningún contrapeso a estos nuevos sectores de
poder económico que empiezan a incidir de manera determinante en la toma de
decisiones.
Al comenzar el segundo mandato del gobierno en el 2010 quedaba claro que
el gran peligro para el proceso de cambio no estaba afuera sino dentro de los
dirigentes y nuevos grupos de poder que se estaban formando en los municipios,
gobernaciones, empresas estatales, reparticiones públicas, las fuerzas armadas
y los ministerios.
La repartición de la renta del gas entre todas estas entidades abrió una
oportunidad increíble de hacer negocios chicos y grandes de toda índole. En las
altas esferas se era consciente del peligro, pero no se adoptaron oportunamente
mecanismos eficientes de control interno y externo al aparato del Estado. La lógica dominante pasó a ser la de obras
y más obras para ganar más popularidad y así lograr la reelección. Así
fueron surgiendo nuevos sectores de poder económico de dirigentes políticos,
sindicales y contratistas que empezaron a escalar socialmente gracias al
Estado. A ellos se sumaron sectores de comerciantes, contrabandistas,
cooperativistas mineros, productores de hoja de coca, transportistas y otros
que consiguieron una serie de concesiones y beneficios gracias a que
representaban importantes masas electorales.
El problema del proceso de cambio es más profundo de lo que parece. No
se trata solamente de graves desaciertos de individuos o de escándalos de
corrupción de telenovela, sino de que ahora hay una emergente burguesía y clase
media popular, chola, aymara y quechua que lo que busca es continuar con su
proceso de acumulación económica.
Para reconducir el proceso de cambio es necesario revigorizar antiguas y
crear nuevas organizaciones sociales. Hoy no es seguro que los que fueron los
actores claves de hace una década sean los actores claves del mañana. Creer que
con un cambio de personas es posible reconducir el proceso de cambio es
engañarse a si mismos. El proceso de cambio es más complejo y requiere de la
reconstitución del tejido social que le dio origen.
Del vivir bien al extractivismo
Para revitalizar y reconducir el proceso de cambio es fundamental saber
qué país estamos construyendo y ser muy sinceros y autocríticos. Los logros de estos 10 años son innegables
en muchos aspectos y tienen su origen en el incremento de los ingresos del Estado
por la renegociación de los contratos con las transnacionales petroleras en un
momento de altos precios de los hidrocarburos.
En términos estrictos no podemos decir que hubo una nacionalización ya
que hoy día dos empresas trasnacionales (PETROBRAS y REPSOL) manejan el 75% de
la producción de gas natural en Bolivia. Lo que sí hubo fue una renegociación
de contratos que hizo que los beneficios de las empresas transnacionales por
costos recuperables y ganancias bajaran de 43% en el 2005 a sólo 22% en el
2013. Es innegable que las transnacionales del petróleo siguen en Bolivia y
ganan el triple de lo que ganaban hace diez años, pero el otro lado de la
medalla es que el Estado tiene ocho
veces más ingresos pasando de 673 millones en el 2005 a 5.459 millones de
dólares en el 2013[1].
Esta ingente cantidad de millones de dólares permitió un salto en la
inversión pública, la aplicación de una serie de bonos sociales, el desarrollo
de obras de infraestructura, la ampliación de servicios básicos, el incremento
de las reservas internacionales y otras medidas. Es innegable que, comparado
con las décadas pasadas, hubo una mejora en la situación de la población y esto
explica el respaldo que aún tiene el gobierno.
Sin embargo la pregunta es: ¿a
dónde nos está llevando este modelo? ¿al Vivir Bien? ¿al socialismo
comunitario? O por el contrario ¿hemos caído en la adicción al
extractivismo y el rentismo de una economía capitalista básicamente
exportadora?
La idea original era nacionalizar los hidrocarburos para redistribuir la
riqueza y salir del extractivismo de materias primas avanzando en la
diversificación de la economía. Hoy,
diez años después, a pesar de algunos proyectos de diversificación económica, no hemos superado esa tendencia y por el
contrario somos más dependientes de las exportaciones de materias primas
(gas, minerales y soya).
¿Por qué nos hemos quedado a medio camino y nos hemos vuelto casi
adictos al extractivismo y a las exportaciones? Porque esta era la forma más
fácil de conseguir recursos para mantenerse y continuar en el poder. No es
cierto que no había otras opciones, pero es evidente que todas ellas no iban a
generar rápidamente ingresos de divisas para ampliar la popularidad del
gobierno. Avanzar hacia una Bolivia agroecológica hubiera sido un camino mucho
más acorde con el Vivir Bien y el cuidado de la Madre Tierra, pero ello no
hubiera garantizado en lo inmediato cuantiosos ingresos económicos y hubiera significado
una confrontación con la gran agroindustria soyera transgénica.
Autocríticamente debemos decir que la visión de sustitución de
importaciones que teníamos hace más de diez años no es factible en la escala en
que nos imaginábamos por la competencia de mercancías internacionales mucho más
baratas y por el tamaño reducido de nuestro mercado interno. Esto es aún mucho
más difícil cuando no se establece una política de cierto monopolio del
comercio exterior y de control del contrabando. Medidas acertadas como frenar
los acuerdos de libre comercio de Bolivia, revertir el TLC con México y salirse
del CIADI, no fueron acompañadas de medidas de control efectivo del comercio
exterior.
El Vivir Bien y los derechos de la Madre Tierra cobraron notoriedad a
nivel internacional pero a nivel nacional se fueron devaluando cada vez más
porque sólo se limitaban a ser un discurso que no se ponía en práctica. El TIPNIS fue la gota que rebalsó el vaso y
mostró esa incongruencia entre el decir y el hacer.
Otra Bolivia es posible
Días antes del referéndum se difundió la noticia de que en Oruro se
construiría una planta de energía solar que generará 50 MW y que cubriría la
mitad de la demanda de energía eléctrica del departamento de Oruro, con un
costo de inversión de casi 100 millones de dólares. La noticia apenas circuló a
pesar de que es una pequeña muestra de que otra Bolivia es posible.
Bolivia puede ir dejando paulatinamente el extractivismo para colocarse
a la vanguardia de una verdadera revolución energética solar comunitaria. Si
Bolivia se lo propone con una inversión de 1.000 millones de dólares podría
generar 500 MW de energía solar que representa casi un tercio de la demanda
nacional actual. La transformación puede ser mucho más profunda si tomamos en
cuenta que el gobierno anuncia una inversión total de 47.000 millones de
dólares hasta el 2020.
Pero además, Bolivia podría apuntalar una energía solar comunitaria,
municipal y familiar que convierta al consumidor de electricidad en productor
de energía. En vez de subsidiar el diesel para los agroindustriales se podría
invertir ese dinero para que los bolivianos de menores ingresos generen energía
solar en sus tejados. De esta forma se democratizaría y descentralizaría la
generación de energía eléctrica. El Vivir Bien empezará a ser una realidad
cuando se empodere económicamente a la sociedad (como productores y no sólo
como consumidores y receptores de bonos de ayuda social) y se promuevan
actividades para recuperar el equilibrio perdido con la naturaleza.
La verdadera alternativa a la privatización no es la estatización sino
la socialización de los medios de producción. Muchas veces las empresas estatales se comportan como empresas
privadas cuando no existe la efectiva participación y control social. Apostar a
la generación de energía solar comunitaria, municipal y familiar contribuiría a
empoderar a la sociedad antes que al Estado y ayudaría a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.
El tema de la energía solar comunitaria y familiar es sólo una pequeña
muestra para que pensemos fuera de los patrones tradicionales del “desarrollo”.
Así mismo debemos recuperar la propuesta de una Bolivia agroecológica y
agroforestal porque la verdadera riqueza de las naciones de aquí a unas décadas
no estará en el extractivismo destructivo de materias primas sino en la
preservación de su biodiversidad, en la producción de productos ecológicos y en
la convivencia con la naturaleza, algo en lo cual tenemos un gran legado por
los pueblos indígenas.
Bolivia no debe cometer los mismos errores de los países llamados
“desarrollados”. El país puede saltar etapas si sabe leer las verdaderas
posibilidades y peligros del siglo XXI y dejar el viejo desarrollismo del siglo
XX.
Nadie está pensando en dejar de extraer y exportar gas en lo inmediato.
Pero definitivamente no es posible hacer planes para profundizar el
extractivismo cuando existen otras alternativas que quizás en el corto plazo
sean más complicadas pero en el mediano plazo son mucho más beneficiosas para
la humanidad y la Madre Tierra.
En vez de promover referéndums sobre la reelección de dos personas
deberíamos promover referéndums sobre los transgénicos, la energía nuclear, las
mega represas hidráulicas, la deforestación, la inversión pública y tantos otros temas que son cruciales para el proceso de cambio. Solo
es posible reconducir el proceso de cambio con un mayor ejercicio de la
democracia real.
Una lectura equivocada de lo ocurrido puede llevar a formas más autoritarias
de gobierno y al surgimiento de una derecha neoliberal como ocurre en la
Argentina. No hay duda que sectores de derecha operan tanto desde la oposición
como desde el interior del gobierno. Tampoco podemos cerrar nuestros ojos y no
reconocer que sectores de izquierda y de los movimientos sociales se dejaron
cooptar por el poder o no fuimos capaces de articular una clara propuesta
alternativa.
La reconducción del proceso de cambio pasa por:
a) discutir crítica y propositivamente los problemas de desarrollismo
tardío capitalista inviable que subyace en la agenda patriótica para el 2025,
b) evaluar, explicitar y asumir acciones dentro y fuera del Estado para
hacer frente a los problemas y peligros que genera la lógica del poder
(autoritarismo, clientelismo, continuismo, nuevos ricos, alianza pragmáticas
espurias, corrupción, etc.)
c) superar la contradicción entre el decir y el hacer, y hacer realidad
la aplicación de los derechos de la Madre Tierra y la ejecución de proyectos
que realmente contribuyan a la armonía con la naturaleza, y
d) ser autocríticos con uno mismo y con las propias organizaciones y
movimientos sociales que en algunos casos reproducen dañinas prácticas
caudillistas y prebendalistas.
¡El Vivir Bien es posible!
Notas
1] Carlos Arce
Vargas. Una década de gobierno ¿Construyendo el Vivir Bien o el capitalismo
salvaje? CEDLA. 2016. http://cedla.org/sites/default/files/una_decada_de_gobierno._construyendo_el_vivir_bien_o_un_capitalismo_salvaje.pdf
Sobre el autor
¿Quién es Pablo Solón Romero?
Antes de convertirse en embajador ante las Naciones Unidas, Pablo Solón
Romero trabajó como activista durante muchos años con diferentes organizaciones
sociales, movimientos indígenas, sindicatos de trabajadores, asociaciones
estudiantiles, de derechos humanos y organizaciones culturales en Bolivia. Bajo
el gobierno del presidente Evo Morales, se ha desempeñado como embajador
en materias determinadas de Integración y Comercio, el secretario de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) (diciembre 2006-mayo 2008) y un delegado en
la Comisión de Reflexión Estratégica para la Integración de América del Sur (2006).
Como embajador ante la ONU, Solón encabezó resoluciones exitosas sobre
el Derecho Humano al Agua, la Madre Día de la Tierra Internacional, Armonía con
la Naturaleza, y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Él era muy activo en
las negociaciones sobre cambio climático en el marco de la UNFCCC, y ayudó a
organizar la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático en
Cochabamba, Bolivia, en 2010.En la COP16, la conferencia de la UNFCCC en
Cancún, defendió una posición fuerte en Bolivia. Participó en diciembre de 2011
en la COP17 de Durban y abogó por ahí que es hora de
cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y restablecer la
armonía con la naturaleza. Criticar a los límites de la llamada "economía
verde", declaró: «La relación actual con la naturaleza es a través del
mercado.
El problema con la economía verde es que ellos están diciendo el
capitalismo ha fracasado porque no hemos puesto un precio a la naturaleza. La
lógica es que no se toma el cuidado de lo que no tiene un precio. Tenemos que
cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos con la Madre Tierra. No es un
problema de la compensación, es de la restauración. La economía verde incluirá
un modo seguro que si su propiedad se daña el medio ambiente va a ser compensado.
Necesitamos un tribunal de ciudadanos por el medio ambiente ».
En abril de 2012, se anunció que Solón había convertido en el Director
Ejecutivo de la ONG con sede en Bangkok Focus on the Global South, donde
continúa trabajando en el tema del cambio climático y promover la Declaración
sobre los Derechos de la Madre Tierra. En septiembre de 2012, participó en
varios talleres de la Universidad de Verano de la ONG
Altermundista Attac en Toulouse (Francia).